UNED- Dcho. Administrativo III

A los efectos de la Ley 9/2017: Todas las entidades consideradas Administraciones Públicas forman parte del sector público. Todas las entidades del sector público forman parte de las Administraciones Públicas. Todos los poderes adjudicadores forman parte de las Administraciones Públicas. Todas las respuestas anteriores son erróneas.

El contrato que tiene por objeto la realización de prestaciones consistentes en la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio es considerado por la Ley 9/2017 como: Un contrato de obras. Un contrato de concesión de obras. Un contrato de concesión de servicios. Un contrato mixto.

Los contratos sujetos a una regulación armonizada: a) Están sujetos a la Ley 9/2017. b) Son contratos del sector público. c) Las respuestas a) y b) son correctas. d) Las respuestas a) y b) son falsas.

El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones: Relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos. Las que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos privados de las Administraciones Públicas. Las relativas a la preparación y adjudicación de los contratos del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.

Los contratos celebrados por los poderes adjudicadores serán inválidos: Cuando concurra en ellos alguna causa que los invalidan de conformidad con las disposiciones de derecho civil. Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorios o del procedimiento de adjudicación, por concurrir en los mismos alguna de las causas de derecho administrativo. En aquellos casos en que la validez derive de la ilegalidad de su clausulado. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Serán actos recurribles en el recurso especial en materia de contratación, las siguientes actuaciones: Los anuncios de licitación. Los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación. Los acuerdos de adjudicación. Todos los anteriores.

Todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores: En el procedimiento restringido. En el procedimiento abierto. En el procedimiento negociado con publicidad. En el diálogo competitivo.

Se admiten modificaciones del contrato cuando se conozcan circunstancias sobrevenidas por imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y cuando se cumplan tres condiciones (tachar la que no proceda): Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever. Que la cláusula de modificación esté formulada de forma clara, precisa e inequívoca. Que la modificación no altere la naturaleza del contrato. Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

Para la cesión del contrato se exige: Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato de concesión de obras o concesión de servicios, que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración del contrato. Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y la solvencia que resulte exigible. Que la cesión se formalice en escritura pública. Todo lo anterior.

El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación se denomina: Importe del contrato. Valor estimado del contrato. Presupuesto base de licitación. Precio del contrato.

La expropiación forzosa no podrá ser acordada por: El Estado. Una Provincia. Un organismo autónomo. Un Municipio.

La indemnización económica compensatoria por la expropiación de un bien se denomina: Reversión. Justiprecio. Valoración. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La reversión expropiatoria se reconoce: a) En la expropiación de carácter urbanístico. b) En la expropiación de mutuo acuerdo. c) En a) y b). d) En ninguno de los casos anteriores.

El término "servicio público", a efectos de la responsabilidad administrativa: Hace referencia exclusivamente a la actividad administrativa de servicio público, en sentido estricto. Hace referencia exclusivamente a la actividad administrativa de servicio público en sentido estricto y a la actividad administrativa de fomento. Hace referencia exclusivamente a la actividad administrativa de servicio público en sentido estricto, a la actividad administrativa de fomento y a la de policía o limitación. Debe entenderse en un sentido amplio, haciendo referencia a toda actividad administrativa.

De las siguientes, ¿cuál no es una causa de exoneración de la responsabilidad administrativa por excluir la relación de causalidad entre la actuación de la Administración y el resultado dañoso?. La fuerza mayor. La obligación de soportar el daño. El hecho de tercero. La falta o culpa de la víctima.

La indemnización, a título de responsabilidad administrativa,. Sólo puede abonarla la Administración en directo. Puede abonarla la Administración en dinero o en especie. Puede abonarla la Administración en especie, de una sola vez o de forma periódica. Puede abonarla la Administración en dinero, en cuyo caso siempre deberá hacerlo de una sola vez.

¿Qué régimen jurídico se aplica a los funcionarios interinos?. El establecido en el acto de nombramiento. El Texto Refundido del Empleado Público y, en lo no previsto en él, en el Estatuto de los Trabajadores. El régimen jurídico de los funcionarios de carrera, en todo caso. El régimen jurídico de los funcionarios de carrera, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición.

Según el Tribunal Constitucional, en las Administraciones Públicas. La clase de empleados públicos prevalente debe ser el funcionario, y excepcionalmente el personal laboral. La clase de empleados públicos prevalente debe ser el personal laboral, y para los puestos que impliquen ejercicio de potestades públicas será necesario nombrar funcionarios. Sólo es necesario nombrar funcionarios para los puestos que impliquen ejercicio de potestades públicas, pudiéndose nombrar para el resto de puestos personal laboral. Se pueden nombrar funcionarios o contratar personal laboral indistintamente par todo tipo de puestos, sin que deba prevalecer una clase de empleados públicos respecto a otra y sin que existan puestos reservados a funcionarios.

El personal eventual. Solo cesa cuando es cesada la autoridad que lo nombró. Solo cesa cuando lo decide libremente la autoridad que lo nombró. Puede cesar tanto cuando es cesada la autoridad que lo nombró como cuando ésta lo decide libremente. Puede cesar cuando es cesada la autoridad que lo nombró, cuando lo decide libremente dicha autoridad o cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en los órganos de selección para ingresar en la Función Pública como funcionarios de carrera. Es necesario que haya siempre representantes de organizaciones sindicales. Puede haber funcionarios interinos. Puede haber miembros de designación política. Ningun de las tres respuestas es correcta.

No es un sistema de selección para ingresar en la Función Pública. La elección política. La oposición. El concurso. El concurso-oposición.

Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿a partir de qué edad se puede ingresar en la Función Pública?. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público no establece edad mínima para ingresar en la Función Pública, remitiéndose para ello a las Leyes de Función Pública que lo desarrollen en cada Administración. Dieciséis años. Dieciocho años. El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público no establece edad mínima para ingresar en la Función Pública, señalando que será la que establezca cada convocotaria.

La jubilación forzosa de los funcionarios. Se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, quedando excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. Se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, quedando excluidos los funcionarios que puedan demostrar que están en perfectas condiciones físicas e intelectuales para seguir trabajando. Se declarará de oficio al cumplir el funcionario los setenta y cinco años de edad, quedando excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación. Se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta años de edad, quedando excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación.

¿En qué instrumento organizativo del empleo público se agrupan los puestos en función de sus características para ordenar la selección, la formación y la movilidad funcionarial?. Los Planes de Recursos Humanos. Las relaciones de Puestos de trabajo. Los Registros de Personal. La Oferta de Empleo Público.

Las retribuciones básicas de los funcionarios públicos: Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Se fijan en la Ley de Presupuestos de cada Administración Pública. Se fijan en la relación de puestos de trabajo. Se fijan en los Acuerdos que celebre cada Administración con los representantes sindicales.

RESERVA- Haber sido sancionado por infracciones tributarias es motivo de: Prohibición de contratar. Insolvencia económica. Insolvencia técnica. Valoración negativa.

RESERVA- Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de indicios fundados de crimienalidad. La Administración podrá sancionar disciplinariamente al funcionario, pero la sanción quedará en suspenso mientras la jurisdicción penal no se pronuncie. La Administración no podrá sancionar al funcionario, independientemente de que exista o no responsabilidad penal. La Administración deberá suspender la tramitación del procedimiento disciplinario, poniéndolo en conocimiento del ministerio fiscal. La Administración podrá sancionar disciplinariamente al funcionario, sin tener que suspender el procedimiento disciplinario y sin verse condicionada o vinculada por la eventual sentencia penal que posteriormente se pudiera dictar.