Son poderes adjudicadores, pero no Administraciones Públicas a los efectos de la Ley 9/2017 Las autoridades administrativas independientes Las entidades gestoras de la Seguridad Social Los organismos autónomos Las fundaciones públicas.
Las sociedades mercantiles en cuyo capital social participa directamente una entidad pública se consideran entidad del sector público a los efectos de la Ley 9/2017: En todo caso Cuando la participación supero el 50% Cuando la participación es del 100% Nunca.
No es un contrato sujeto a regulación armonizada en la Ley 9/2017: El contrato de concesión de obras El contrato de concesión de servicios El contrato de suministros El contrato de defensa legal por abogado ante órganos jurisdiccionales.
Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas: Se rigen por las normas de Derecho privado por lo que respecta a sus efectos y extinción Se rigen por la Ley 9/2017 por lo que respecta a su preparación y adjudicación Se rigen por las normas de Derecho privado por lo que respecta a su modificación Todas las respuestas son correctas.
En el marco de los contratos del sector público, la contratación verbal: No se admite nunca Se admite en todos los contratos menos los de concesión Se admite sólo en los contratos de emergencia Se admite en los contratos urgentes.
El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer al órgano de contratación es: El presupuesto base de licitación El valor estimado del contrato El precio del contrato Todas las respuestas son incorrectas.
NO es objeto de recurso especial en materia de contratación: Los Pliegos El cuerdo de adjudicación La formalización de encargos a medios probatorios El acto de formalización del contrato.
La modificación de un contrato del sector público no prevista en los Pliegos es posible: En toda circunstancia, siempre que se pueda justificar por necesidades del servicio Cuando lo permita el Consejo de Ministros mediante decisión particularizada En ninguna circunstancia ya que está siempre prohibida Todas las respuestas son incorrectas.
El procedimiento de expropiación urgente se inicia: Con la declaración de la urgente ocupación de los bienes por el Consejo de Ministros o equivalente autonómico Con el acta previa de ocupación emitida por el beneficiario Con la declaración pública de utilidad Todas las respuestas son incorrectas.
Cuando el beneficiario de una expropiación no es un Ente territorial, la hoja de aprecio ha de presentarla: El Ente territorial El beneficiario El Delegado del Gobierno Un tercero independiente.
Estando estacionado su vehículo en la calle, se viene abajo el muro de una obra que estaba realizando la empresa X para la construcción de un centro educativo público en el marco de un contrato de obras entre dicha empresa y la Consejería de Educación de su Comunidad Autónoma. Dada la situación ¿quién responde por los daños causados a su vehículo? Responde siempre y en todo caso la empresa, pues los daños se han producido al ejecutar el contrato de obras entre ella y la Consejería Responde siempre y en todo caso la Consejería de Educación, pues los daños se han producido en ejecución de un contrato administrativo Responde siempre el contratista, salvo que el derrumbe del muro sea consecuencia de una orden inmediata y directa dada por la Consejería o por un defecto en el proyecto de la obra que en su día elaboró la propia Consejería Los daños que se producen durante la construcción de una obra pública no generan nunca responsabilidad patrimonial de la Administración, pues los ciudadanos tenemos el deber general de soportarlo.
En el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la exigencia de individualización del daño signifca Que sólo son indemnizables los daños que sufren los individuos y no las personas físicas o jurídicas Que sólo son indemnizables los daños que se concentran en el patrimonio de los afectados, sin ser una carga común que todos los administradores tengan el deber de soportar Que sólo son indemnizables los daños que se concretan en el patrimonio de los afectados, aunque sean también una carga común que todos los administrados tengan el deber de soportar Que sólo son indemnizables los daños que se producen por actos administrativos individuales y no por normas abstractas y generales.
El procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración Sólo se puede iniciar de oficio Sólo se puede iniciar por petición de los interesados Se puede iniciar tanto de oficio como por petición de los interesados La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común no establece ninguna previsión sobre la forma de iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Según el Estatuto Básico del Empleado Público, el ejercicio de funciones que supongan la participación en la salvaguarda de los intereses generales de una Administración Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera, cuando dicha participación es directa, y a los funcionarios interinos, cuando la misma es indirecta Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera, cuando dicha participación es indirecta y a los funcionarios interinos, cuando la misma es directa Corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, sea directa o indirecta dicha participación Corresponde exclusivamente a los empleados públicos.
Una amiga suya fue nombrada en el gabinete técnico del Consejero de Sanidad de su Comunidad Autónoma, dada la confianza que dicho Consejero tenía en ella al haber trabajado durante varios años en la misma unidad y por los sólidos conocimientos sobre sanidad pública que posee. Sin embargo, tras unas desavenencias públicas con el Presidente de la Comunidad, éste cesa al Consejero, nombrando para tal cargo a otra persona. Dadas las circunstancias, su amiga se plantea dimitir de su cargo por lealtad hacia la persona del Consejero cesado, pero duda por cuanto considera que debe a la función pública que presta en el gabinete por razón de sus conocimientos. Ante esta situación ¿en qué situación jurídica se encuentra a efectos de continuar en su puesto en el gabinete? Esta persona continuará perteneciendo al gabinete, pero su continuidad quedará condicionada a que la nueva persona que ocupe el la Consejería decida si quiere seguir contando con ella Esta persona continuará perteneciendo al gabinete, independientemente de lo que decida la nueva persona que ocupe la Consejería, pues así lo exigen su capacidad y conocimientos sobre sanidad pública que constituyeron en su día la base de su nombramiento Esta persona no se tiene que preocupar por decidir si dimite o no, pues ha sido cesada automáticamente como miembro del gabinete en el momento en que fue cesado el Consejero que la nombró Esta persona continuará o no como miembro del gabinete según lo que establezca respecto a ella el Presidente de la Comunidad Autónoma en el Decreto por el que cesa al Consejero que la nombró.
El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de todas las Administraciones Públicas que corresponde incluir en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado Se negociará previamente en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas Se negociará exclusivamente por el Estado en su Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado Se negociará por cada Administración en su Mesa General de Negociación y el resultado se trasladará al Gobierno de la Nación para que elabore el proyecto de ley de presupuestos El incremento global de las retribuciones del personal al servicio de todas las Administraciones Públicas que corresponde incluir en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado no debe ser objeto de negociación colectiva, pues se trata de una cuestión sometida a reserva material de ley.
Ante la falta de efectivos para gestionar los Fondos europeos Next Generation, el Ministerio de Economía ha decidido convocar un proceso selectivo para seleccionar y nombrar 2.300 funcionarios del Cuerpo de Gestión de Fondos Europeos aunque la Oferta de Empleo público sólo preveía 2.000 plazas El Ministerio sólo puede convocar el número de plazas recogido en la Oferta de Empleo Público, pues su previsión en la misma es un requisito legal imprescindible El Ministerio podrá convocar todas las plazas que considere necesarias, pues la Oferta de Empleo Público es meramente orientativa El Ministerio podrá convocar todas las plazas que considere necesarias, dada la urgente necesidad de gestionar los Fondos Europeos y evitar que se pierda el dinero que nos concede la Unión Europea El Ministerio podrá convocar todas las plazas que considere necesarias, pero sólo podrá nombrar funcionarios por el número de plazas previstas en la Oferta de empleo público y por el número no previsto sólo podrá contratar personal laboral.
¿Cuál de los siguientes requisitos no viene establecido por el Estatuto Básico del Empleado Público respecto a los órganos de selección? Que su número sea impar Que sean colegiados Que su composición tenderá a la paridad entre mujer y hombre Que su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad.
El Ayuntamiento del Municipio en el que usted vive pretende incorporar dos funcionarios a su plantilla. Como quiere que se trate de personas que ya conocen el trabajo y las funciones que hay que desarrollar, para que así sean operativas desde el primer momento, ha optado por convocar un concurso-oposición, en el que la fase de oposición vale un 10 por 100 y la fase de méritos el resto, valorándose particularmente la experiencia previa en el tipo de funciones correspondientes a las plazas. ¿Considera que la actuación del Ayuntamiento es conforme con los establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público? No, pues el estatuto Básico establece que, en un concurso-oposición, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrá suponer una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso selectivo, y asignar un 90 por 100 a la fase de méritos resulta desproporcionado y determina en definitiva a quien se nombrará sin que la fase de oposición sirva para seleccionar también a los candidatos No, pues el concurso-oposición sólo puede ser utilizado por las Administraciones del estado y de las Comunidades Autónomas, sin que a los Ayuntamientos les sea posible convocar nunca procesos selectivos por concurso-oposición Sí, pues el Ayuntamiento es el que decide libremente, en ejercicio de su potestad de autoorganización, el sistema de selección que aplicará y el valor de los méritos en el caso de un concurso-oposición Sí, pues el Ayuntamiento justifica adecuadamente, por razones de eficacia, el por qué de ese porcentaje a la valoración de los méritos, lo que permite no sólo no aplicar la prohibición que establece el Estatuto Básico de una desproporción en el valor de los méritos sino también excepcionar el principio de igualdad en el acceso a la Función Pública.
¿Cuál de las siguientes no es una situación administrativa en la que se pueda encontrar un funcionario de carrera? La excedencia La suspensión de funciones La incapacidad temporal El servicio activo.
¿Cuál de las siguientes modalidades de jubilación no está prevista en la actualidad en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público? La jubilación voluntaria La jubilación parcial La jubilación forzosa La jubilación por incapacidad.
La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios Es la misma para todos los funcionarios independientemente de la Administración para la que trabajen Cada Administración puede aprobar jornadas de trabajo propias, siempre que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto Cada Administración puede aprobar jornadas de trabajo propias, sin ningún tipo de condición, pues es una manifestación de su autonomía organizativa Es diferente según se trate de funcionarios de carrera y de funcionarios interinos.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 ha establecido una cuantía por sueldo, referida a doce mensualidades, para los funcionarios del Subgrupo A1 de 14.864,16 euros. El Ayuntamiento de su localidad se plantea redondear dicha cifra para sus funcionarios hasta 15.000 euros, para compensar así su pérdida de poder adquisitivo ante la subida de los precios de la luz, del gas y del petróleo. ¿Es correcta su decisión? Sí, pues el Ayuntamiento puede decidir la cuantificación del sueldo en ejercicio de su autonomía organizativa Sí, pues la Ley de Presupuestos Generales del Estado sólo puede cifrar la cuantía del sueldo para los funcionarios de la Administración General del Estado No, pues la cuantía del sueldo se cifra con carácter básico por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para todos los funcionarios de todas las Administraciones No, pues la cuantía del sueldo la fija el Estado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, a no ser que la Ley autonómica aplicable permita a los municipios de sus territorio fijar el sueldo de sus funcionarios.
Salvo que proceda pasar a otra situación específica, en el caso de que un funcionario de la Administración del Estado acceda a un puesto de trabajo en el sector público que es incompatible con el que viene desempeñando Deberá elegir entre uno y otro dentro del plazo de toma de posesión, entendiéndose de no decidir expresamente que opta por el nuevo puesto y pasando en el anterior a la situación de excedencia Deberá elegir entre uno y otro dentro del plazo de toma de posesión, entendiéndose de no decidir expresamente que opta por el primer puesto pasando en el nuevo a la situación de excedencia Deberá elegir entre uno y otro dentro del plazo de toma de posesión, entendiéndose de no decidir expresamente que opta por el nuevo puesto y renunciando a la condición de funcionario respecto al primero Un funcionario puede compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector público, pues la Administración está obligada a reconocerle la autorización para el desempeño de ambos, salvo que se encuentren en distinta localidad y que su horario de trabajo sea materialmente inconciliable.
Las faltas muy graves de los funcionarios públicos Sólo pueden ser tipificadas por ley básica del Estado, para que así se apliquen por igual a todos los funcionarios de todas las Administraciones Sólo pueden ser tipificadas por la ley básica del Estado y por las leyes de Función Pública de cada Administración Pueden ser tipificadas por la ley básica del Estado, por las leyes de Función Pública de cada Administración y por los reglamentos de personal aprobados por las Entidades locales. Pueden ser tipificadas por la ley básica del Estado, por las leyes de Función Pública de cada Administración, por los reglamentos de personal aprobados por las Entidades locales y por los Acuerdos que cada Administración celebre con las organizaciones sindicales representativas en el marco de la negociación colectiva.
RESERVA- El error judicial que genera la responsabilidad del Estado Debe ser declarado necesariamente en una sentencia, que siempre será la que resuelva el recurso contra la sentencia que cometió tal error Debe ser declarado necesariamente en una sentencia, dictada siempre por el Tribunal Supremo en un procedimiento especial que a tal efecto regula la Ley Orgánica del Poder Judicial Debe ser declarado necesariamente en una sentencia, pudiendo ésta ser tanto la que resuelva el recurso contra la sentencia que cometió tal error como la que dicte el Tribunal Supremo en un procedimiento especial que a tal efecto regula la Ley Orgánica del Poder Judicial La comisión de un error judicial puede ser declarado tanto por una sentencia como por el Ministerio de Justicia ante el que se presente la reclamación.
RESERVA- El número mínimo de ofertantes invitados a un procedimiento abierto será de: 3 4 5 No está previsto que se invite a ofertantes.
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