La UNED, a los efectos de la Ley 9/2017, es: Una entidad del sector público Una Administración pública Un poder adjudicador Todas las respuestas son correctas.
Son contratos típicos a la luz de la Ley 9/2017: Los contratos de suministros Los contratos de servicios Los contratos de concesión de servicios Todas las respuestas son correctas.
El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer al órgano de contratación es: El presupuesto base de licitación El valor estimado del contrato El precio del contrato Todas las respuestas son incorrectas.
El recurso especial en materia de contratación contra un acto de adjudicación del Ministerio de cultura es resuelto: Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional Por la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional Por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid Por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
Son contratos menores: Los contratos de servicios con valor estimado de 30.000€ Los contratos de obras con valor estimado de 40.000€ Los contratos de suministro con valor estimado de 30.000€ Los contratos de diálogo competitivo con valor estimado de 20.000€.
Se excluyen las ofertas por anormalmente bajas cuando: El precio se sitúa un 20% por debajo del valor estimado del contrato El precio se sitúa un 20% por debajo del precio medio del conjunto de ofertas (excluyendo la oferta considerada anormalmente baja) El precio se sitúa un 20% por debajo del presupuesto base de licitación Cuando así se derive del criterio fijado en los Pliegos.
NO es posible la cesión de un contrato del sector público Cuando un contrato de servicios se haya ejecutado el 40% del importe del contrato Cuando un contrato de obras se haya ejecutado sólo el 15% del importe del contrato Cuando en un contrato de concesión de servicios se haya ejecutado el 40% del importe del contrato Cuando en un contrato de concesión de obras se haya ejecutado sólo el 15% del importe del contrato.
En el procedimiento de expropiación urgente, el expediente de justiprecio se tramita: Efectuada la declaración de la urgente ocupación por el Consejo de Ministros Efectuada la consignación del deposito previo Efectuada la ocupación del bien Todas las respuestas son correctas.
El plazo legal de reversión expropiatoria por no ejecución de la obra es de: Cinco años Siete años Diez años Quince años.
La potestad expropiatoria sólo se reconoce a: Las Administraciones Públicas Los Entes territoriales Las Administraciones Públicas y a los beneficiarios Todas las respuestas son correctas.
El técnico municipal encargado del expediente de concesión de una licencia urbanística retrasa deliberada e injustificadamente la resolución con objeto de perjudicar al propietario, que resulta ser un vecino de la urbanización en la que él mismo reside y con el que ha tenido varias disputas públicas. Ante las quejas de dicho propietario, los superiores del citado técnico municipal toman cartas en el asunto y deciden resolver, otorgando la licencia al reunir el solicitante todos los requisitos exigidos. Sin embargo, al haberse retrasado injustificadamente en su concesión el triple de tiempo de lo que habitualmente se tarda en otorgarla, el propietario pretende reclamar a la Administración una indemnización por los daños y perjuicios padecidos:
La reclamación en tal caso deberá necesariamente dirigirse contra el técnico municipal, por haber actuado consciente de su actuación irregular y con la intención de causar los perjuicios que se derivaban del retraso excesivo en conceder la autorización La reclamación deberá dirigirse necesariamente contra la Administración, que no podrá sin embargo reclamar posteriormente, por vía de regreso, contra su técnico municipal La reclamación deberá dirigirse necesariamente contra la Administración, que deberá a su vez reclamar posteriormente, por vía de regreso, contra su técnico municipal Los retrasos en la actuación administrativa nunca generan responsabilidad patrimonial de la Administración.
En el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración, la exigencia de efectividad del daño significa Que el daño ha de ser real y no consistir en meras especulaciones sobre perjuicios o pérdidas contingentes o dudosas Que el daño ha de haberse producido sobre el patrimonio monetario (el “efectivo”) del perjudicado Que el daño ha de poder evaluarse económicamente En materia de responsabilidad de la Administración no se establece requisito alguno sobre la efectividad del daño padecido por el perjudicado.
La reclamación para exigir la responsabilidad patrimonial de la Administración debe formularse En el plazo de un año En el plazo de dos meses En el plazo de seis meses La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común no establece ninguna previsión sobre el plazo para presentar la reclamación a efectos de responsabilidad patrimonial de la Administración.
Las modalidades de contratación del personal laboral que trabaja al servicio de la Administración Pública Son las que específicamente se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público Son las que específicamente se recogen en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la legislación que en cada Comunidad Autónoma lo desarrolla Son las que están previstas en la Legislación laboral Son las que libremente establecen la Administración y las organizaciones sindicales a través de los Acuerdos colectivos que son resultado de la negociación colectiva.
Un Ayuntamiento quiere aprobar un Reglamento de personal, pues hasta la fecha carece de uno. Al analizar el régimen jurídico del personal al servicio de los Entes locales en España, le entran dudas sobre el sistema de fuentes, pues se encuentra con varias leyes básicas del Estado (Ley de Bases de Régimen Local de 1985 y Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público de 2015), además de la legislación de su Comunidad Autónoma Se aplica preferentemente la Ley de Bases de Régimen Local sobre el Estatuto Básico del Empleado Público Se aplica preferentemente el Estatuto Básico del Empleado Público sobre la Ley de Bases de Régimen Local Se aplica preferentemente la legislación de la Comunidad Autónoma en la que se ubica el Municipio sobre la Ley de Bases de Régimen Local pero no sobre el Estatuto Básico del Empleado Público Se aplica preferentemente la legislación de la Comunidad Autónoma en la que se ubica el Municipio sobre el Estatuto Básico del Empleado Público, pero no sobre la Ley de Bases de Régimen Local.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en la que reside ha firmado y aprobado un Acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas por las que se establecen determinadas condiciones de trabajo para los funcionarios de la Administración autonómica (más concretamente, la duración de 15 minutos de la pausa-café de la que se pueden beneficiar aquellos). Sin embargo, en la Consejería en la que usted trabaja, el Consejero dictó el año anterior un reglamento que fijaba que dicha pausa-café se limitaría a 7 minutos El Acuerdo firmado y aprobado por el Consejo de Gobierno no se aplicará en la Consejería, pues la norma reglamentaria prima sobre el Acuerdo El Acuerdo firmado y aprobado por el Consejo de Gobierno se aplicará directamente en su Consejería, sin que sea necesario previamente modificar o derogar el reglamento aprobado en su día por el Consejero El Acuerdo firmado y aprobado por el Consejo de Gobierno se aplicará directamente en su Consejería, pero sólo después de que se haya modificado o derogado el reglamento aprobado en su día por el Consejero El personal laboral podrá beneficiarse del Acuerdo firmado y aprobado por el Consejo de Gobierno, mientras que a los funcionarios se les seguirá aplicando el reglamento del Consejero.
Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué instrumento de ordenación del personal figurará la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias? En la Oferta de Empleo Público En el Registro de Personal En el Registro de Puestos En la Relación de Puestos de Trabajo o instrumento similar.
El Ayuntamiento del Municipio en el que usted reside ha convocado una oposición para nombrar un nuevo funcionario municipal que se encargue de la aplicación de los programas de dependencia financiados por la Comunidad Autónoma. Teniendo en cuenta la escasa población municipal, el alto número de vecinos en situación de desempleo y la conveniencia de que el nuevo funcionario tenga un conocimiento lo más completo posible del lugar y de los beneficiarios de dichos programas de dependencia, ha establecido como requisito para poder participar en el procedimiento de selección estar empadronado en el Municipio que convoca la plaza. ¿Considera que es legal este requisito? Sí, pues está plenamente justificado no sólo por razones sociales (el alto desempleo entre los vecinos) sino por razones de eficacia (nombrar a una persona que conoce el lugar y al resto de vecinos que necesitan la ayuda municipal) Sí, pues en todo caso se trata de una obligación de los funcionarios de residir en el Municipio en el que se encuentra su lugar de trabajo No, pues se trata de un requisito discriminatorio y que no guarda relación alguna con los principios de mérito y capacidad para el desempeño del puesto No, pues el Estatuto Básico no recoge ese requisito como requisito general de acceso a la Función Pública, aunque sí sería legal si así lo recogiera la normativa autonómica, la normativa local o incluso un Acuerdo negociado y firmado entre el Municipio y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito municipal.
¿Qué procedimiento de provisión de puestos de trabajo consiste en la valoración de los méritos, capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos? La libre designación El concurso La oposición La provisión provisional.
¿Cuál de las siguientes no es una variedad de excedencia prevista en el Estatuto Básico del Empleado Público? Excedencia voluntaria por interés particular Excedencia voluntaria por interés público Excedencia voluntaria por agrupación familiar Excedencia por razón de violencia de género.
La rehabilitación en la condición de funcionario no es posible para quienes la perdieron Por pérdida de la nacionalidad Por jubilación por incapacidad permanente para el servicio Por renuncia Por condena a la pena principal o accesoria de inhabilitación.
Teniendo en cuenta las previsiones del Estatuto Básico del Empleado Público y del resto de la normativa funcionarial aplicable, ¿por cuál de las siguientes causas no puede verse privado de su puesto de trabajo un funcionario que lo ha obtenido por concurso? Por modificación del contenido del puesto Por apreciarse falta de capacidad del funcionario para el desempeño del puesto Por pérdida de la confianza del superior que lo nombró en el puesto Por evaluación negativa de su desempeño, si así lo recoge conforme al Estatuto Básico la Legislación autonómica de desarrollo del mismo.
La Comunidad Autónoma en la que usted reside ha decidido abonar a sus funcionarios cuatro pagas extraordinarias, incorporando para ello una previsión específica en su Ley de Presupuestos e incluyendo en cada una de ellas el importe de una mensualidad de las retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones complementarias, salvo las relativas a la productividad y a los servicios extraordinarios. ¿Es esto posible? Sí, porque cada Comunidad Autónoma puede establecer por Ley las retribuciones básicas y complementarias que paga a sus funcionarios, siempre que respete el límite de incremento salarial establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado cada año No, porque el Estatuto Básico del Empleado Público establece claramente que sólo se pueden abonar como pagas extraordinarias el importe de las retribuciones básicas, no de las complementarias No, porque el Estatuto Básico del Empleado Público establece taxativamente que las pagas extraordinarias serán sólo dos al año Sí, porque el Estatuto Básico del Empleado Púbico sólo regula las retribuciones básicas, no siendo tales las pagas extraordinarias, quedando por tanto a la libre configuración y decisión de cada Comunidad Autónoma.
Cuando un funcionario quiere compatibilizar el ejercicio de su puesto con una actividad privada, le Ley de incompatibilidades exige que obtenga previamente Una autorización de compatibilidad, que es un acto reglado El reconocimiento de compatibilidad, que es un acto discrecional Una autorización de compatibilidad, que es un acto discrecional El reconocimiento de compatibilidad, que es un acto reglado.
Las sanciones disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos Sólo son las tipificadas por el Estatuto Básico del Empleado Público, para que así se apliquen por igual a todos los funcionarios de todas las Administraciones Sólo pueden ser tipificadas por la ley básica del Estado y por las leyes de Función Pública de cada Administración Pueden ser tipificadas por la ley básica del Estado, por las leyes de Función Pública de cada Administración y por los reglamentos de personal aprobados por las Entidades locales Pueden ser tipificadas por la ley básica del Estado, por las leyes de Función Pública de cada Administración, por los reglamentos de personal aprobados por las Entidades locales y por los Acuerdos que cada Administración celebre
con las organizaciones sindicales representativas en el marco de la negociación colectiva.
RESERVA- Un funcionario del Ayuntamiento en el que usted trabaja como responsable de recursos humanos es nombrado, mediante libre designación, para un puesto de trabajo en el Ayuntamiento colindante. Ante esta situación, tiene dudas sobre la situación jurídica en la que queda dicho funcionario: El funcionario deberá ser cesado como tal funcionario en su Ayuntamiento, al convertirse en funcionario del pueblo de al lado El funcionario deberá ser declarado en situación de excedencia en su Ayuntamiento, pasando a servicio activo en el Ayuntamiento del pueblo de al lado El funcionario deberá ser declarado en situación de servicio en otras Administraciones Públicas en su Ayuntamiento, al haber obtenido un puesto de trabajo en el Ayuntamiento del pueblo vecino a través de un procedimiento
de puestos de trabajo El funcionario deberá ser declarado en excedencia voluntaria por incompatibilidad con otro puesto en el sector público, no pudiendo declararse en situación de servicio en otras Administraciones Públicas pues a esta situación sólo se puede pasar cuanto se obtiene puesto en otra Administración por participar en procesos selectivos de ingreso o por procesos de transferencia.
RESERVA- En el procedimiento con negociación: Siempre se exige previa publicación de un anuncio de licitación No se exige previa publicación de un anuncio de licitación Se permite que no se realice previa publicación de un anuncio de licitación en casos tasados en la Ley Todas las respuestas son incorrectas.
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