Están incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público Los contratos de concesión sobre bienes de dominio público Los contratos de compraventa sobre bienes inmuebles Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles Los contratos de concesión de servicios.
NO forman parte del sector público, a los efectos de aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público Las entidades gestoras de la Seguridad Social Los organismos autónomos Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación de entidades públicas sea inferior al 50% Las asociaciones constituidas por las entidades del sector público.
De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores será competente para resolver: La jurisdicción civil La jurisdicción contencioso-administrativa La jurisdicción penal Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Los contratos menores pueden ser objeto de prórroga Verdadero Sólo si el valor del contrato es inferior a 15.000 euros Sólo si el valor del contrato es inferior a 18.000 euros Falso.
Señale la respuesta correcta: Esta afirmación es falsa: Una oferta económica en un procedimiento de adjudicación de contratos del sector público puede ser desvelada con anterioridad al momento de licitación en caso de urgencia Esta afirmación es falsa: Una oferta económica en un procedimiento de adjudicación de contratos del sector público no puede ser desvelada con anterioridad al momento de licitación Esta afirmación es correcta: Una oferta económica en un procedimiento de adjudicación de contratos del sector público no puede ser desvelada con anterioridad al momento de licitación Esta afirmación es falsa: Un licitador no puede presentar oferta en su propio nombre y al mismo tiempo en nombre de una Unión Temporal de Empresas en la que participe.
En el procedimiento restringido, el órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los que invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a: Tres Cuatro Cinco Seis.
Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas adminitrativas particulares, siempre cumpliendo los requisitos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público Ambas respuestas anteriores son correctas Las dos primeras respuestas son incorrectas.
El contrato que tiene por objeto la realización por el contratista de prestaciones de restauración y reparación de construcciones existentes y la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor del contratista consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio es el: Contrato de obra Contrato de concesión de obras Contrato de concesión de servicios Contrato mixto.
Las entidades del sector público podrán contratar verbalmente: Los contratos menores Los contratos no sujetos a regulación armonizada Los contratos con carácter de emergencia Nunca cabe la contratación verbal.
¿Cuál de las siguientes condiciones es necesaria que concurra siempre para que se pueda iniciar de oficio el procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración? Que los daños hayan sido producidos por un acto administrativo que haya sido declarado inválido Que los daños hayan sido producidos por una disposición general administrativa declarada inválida Que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado Que sean varias las Administraciones responsables.
En el ámbito de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de la Administración derivadas de la actuación médica o sanitaria, el criterio de la lex artis significa: Que la Administración responde por el mero hecho de haber producido un daño o lesión a una persona como consecuencia de la actuación médica o sanitaria Que las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de la Administración derivadas de actuaciones médicas o sanitarias se rigen exclusivamente por la Legislación sanitaria específica y no por las Leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo y 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público Que en caso de daños producidos por actuaciones médicas y sanitarias no es suficiente la existencia de tales daños sino que también es necesario analizar si la actuación médica y sanitaria en cuestión fue correcta y conforme con el estado del saber y de los conocimientos de la ciencia y de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos Que se trata de una responsabilidad por actuaciones del Estado legislador (lex) al regular el ejercicio de las profesiones médicas y sanitarias (artis) y como consecuencia directa de la aplicación singular de dichas leyes.
Los daños morales Son indemnizables, aunque su valoración económica sea difícil No son indemnizables, pues su valoración económica es imposible Son indemnizables cuando para su valoración económica haya acuerdo entre la Administración y el reclamante Son indemnizables cuando su valoración económica sea inferior a 50.000€.
Para que se pueda exigir responsabilidad del Estado legislador es necesario que los daños deriven: De normas con rango de ley cuya inconstitucionalidad esté siendo al menos analizada por el Tribunal Constitucional De normas con rango de ley cuya inconstitucionalidad sea alegada junto con la reclamación de responsabilidad si no han sido previamente declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional De normas con rango de ley cuya inconstitucionalidad haya sido previamente declarada por el Tribunal Constitucional De normas con rango de ley del Estado -nunca de las Comunidades Autónomas- cuya inconstitucionalidad haya sido previamente declarada por el Tribunal Constitucional.
El Jurado provincial de expropiación, que se constituirá en cada capital de provincia, estará formado por un Presidente, que lo será el Magistrado que designe el Presidente de la audiencia correspondiente, y cuatro vocales, entre los que NO se encuentra: Un Abogado del Estado de la respectiva Delegación de Hacienda Dos funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la provincia, que serán nombrados según la naturaleza de los bienes a expropiar Un magistrado de lo contencioso-administrativo Un Notario de libre designación por el Decano del Colegio Notarial correspondiente.
Es presupuesto del ejercicio del derecho de reversión: La restitución de la indemnización expropiatoria por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente del justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. La determinación de este importe se efectuará por la Administración en el mismo acuerdo que reconozca el derecho de reversión La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado, actualizada conforme a la evolución del índice de precios al consumo en el período comprendido entre la fecha de iniciación del expediente de justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión. La determinación de este importe se efectuará por el Jurado provincial de expropiación La restitución de la indemnización expropiatoria percibida por el expropiado. La determinación de este importe se efectuará por el Jurado provincial de expropiación.
El expediente expropiatorio se inicia con: La declaración de utilidad pública El acuerdo de necesidad de ocupación La ocupación del bien Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
¿Cuál de las siguientes circunstancias no ampara el nombramiento de un funcionario interino? La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera La sustitución transitoria de un contrato laboral La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses.
Es personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas El que en virtud de nombramiento, es contratado en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral y presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito o verbalmente, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas El que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas expresa y exclusivamente en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas.
En relación con el personal al servicio de la Administración local Se aplica preferentemente la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local sobre el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Se aplica preferentemente el Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público sobre la Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local Se aplica preferentemente la legislación autonómica sobre la legislación básica del Estado Se aplica preferentemente la legislación autónoma de la Función Pública sobre la legislación básica del Estado relativa al régimen local.
¿Cuál de los siguientes no es un procedimiento selectivo para acceder a la Función Pública? La oposición La votación en elecciones democráticas El concurso-oposición El concurso.
Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué contenido mínimo deben incluir las relaciones de puestos de trabajo? La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión, el contenido funcional de los puestos y las retribuciones complementarias La denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones básicas y complementarias El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no establece ningún contenido mínimo a las relaciones de puestos de trabajo, pues es una cuestión que deja a la completa libertad de cada Administración.
¿Qué técnica de provisión de puestos de trabajo consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto? El concurso La oposición La libre designación El concurso-oposición.
¿Dónde se fijan las retribuciones básicas que perciben los funcionarios? En casa relación de puestos de trabajo En la Ley de Presupuestos aplicable a cada Administración En los Acuerdos que celebren Administración y representantes de los funcionarios En la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Los permisos de los funcionarios públicos: Son los que establezca cada Administración reglamentariamente Son los que establezca cada Ley de Función Pública que desarrolla el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público Son los que fija de manera uniforme el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para todas las Administraciones Públicas Son los que se establezcan en los correspondiente Acuerdos y Pactos que celebren Administraciones y sindicatos en el marco de la negociación colectiva.
Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de la función pública, Constituye una falta disciplinaria muy grave Constituye una falta disciplinaria grave si así lo recoge la correspondiente Ley de Función Pública de desarrollo del Estatuto Básico Constituye una falta disciplinaria leve si así lo recoge la correspondiente Ley de Función Pública de desarrollo del Estatuto Básico No constituye falta disciplinaria alguna pues se trata meramente de un principio de conducta de empleados públicos.
RESERVA- La duración máxima de un contrato de servicios será de: 3 años 4 años 5 años 6 años.
RESERVA- ¿En qué consiste la sanción disciplinaria de "demérito" En la penalización exclusivamente a efectos de carrera y promoción En la penalización exclusivamente a efectos de movilidad voluntaria En la resta de puntos en los concursos de méritos a los que se presente el sancionado En la penalización exclusivamente a efectos de carrera, promoción y movilidad voluntaria.
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