UNED DERECHO ADMINISTRATIVO III - SEPTIEMBRE 2023

NO es un requisito para que una entidad sea considerada medio propio: Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades. Que más del 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo. La condición de medio propio personificado de la entidad destinataria del encargo respecto del concreto poder adjudicador que hace el encargo deberá reconocerse expresamente en sus estatutos o actos de creación. Que el ente destinatario del encargo tenga auditadas sus cuentas anuales por un auditor debidamente acreditado por el Tribunal de Cuentas.

La UNED, como universidad pública que es, a los efectos de la Ley 9/2017, debe ser considerada: Una Administración pública. Una entidad del sector público. Un poder adjudicador. Todas las respuestas son correctas.

NO es un contrato típico: El contrato de obras. El contrato de concesión de servicios. El contrato de concesión de obras. El contrato de gestión de servicios públicos.

A todos los contratos armonizados les es de aplicación: La regulación comunitaria relativa a los procedimientos de adjudicación de los contratos. El régimen de adjudicación previsto en la Ley 9/2017 para los contratos menores. Las reglas sustantivas sobre la ejecución de los contratos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

En el procedimiento abierto el número mínimo de candidatos invitados será: Tres. Cuatro. Cinco. Todas las respuestas son incorrectas.

El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación es. El presupuesto base de licitación. El valor estimado del contrato. El precio del contrato. El coste del contrato.

Los contratos privados que celebren las Administraciones Públicas: Se rigen por las normas de Derecho privado por lo que respecta a sus efectos y extinción. Se rigen por la Ley 9/2017 por lo que respecta a su preparación y adjudicación. Se rigen por las normas de Derecho privado por lo que respecta a su modificación. Todas las respuestas son correctas.

La clasificación se exige en la Ley 9/2017: Para licitar en todos los contratos. Para licitar en todos los contratos de obras. Para licitar en los contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros. Todas las respuestas anteriores son correctas.

NO es objeto de recurso especial en materia de contratación: Los Pliegos. El acuerdo de adjudicación. La formalización de encargos a medios propios. El acto de formalización del contrato.

Se excluyen las ofertas por anormalmente bajas cuando: El precio se sitúa un 20% por debajo del valor estimado del contrato. El precio se sitúa un 20% por debajo del precio medio del conjunto de ofertas (excluyendo la oferta considerada anormalmente baja). El precio se sitúa un 20% por debajo del presupuesto base de licitación. Cuando así se derive del criterio fijado en los Pliegos.

El recurso especial en materia de contratación contra un acto de adjudicación del Ministerio de Transportes es resuelto: Por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Por la Sala de lo Civil de la Audiencia Nacional. Por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

El procedimiento de expropiación urgente se inicia: Con la declaración de la urgente ocupación de los bienes por el Consejo de Ministros o equivalente autonómico. Con el acta previa de ocupación emitida por el beneficiario. Con la declaración de pública utilidad. Todas las respuestas son incorrectas.

En España, el pago del justiprecio debe realizarse antes de la ocupación del bien expropiado. La Constitución así lo exige en el artículo 33. No es una exigencia constitucional, pero es la práctica habitual. En el procedimiento de urgencia no se exige el previo pago del justiprecio. Todas las respuestas son incorrectas.

En el marco de la responsabilidad patrimonial de la Administración, el deber de indemnizar se extiende a lesiones que los particulares sufran: En sus bienes o derechos. Sólo en sus bienes. Sólo en sus derechos. En sus bienes, si son muebles, y en sus derechos, si son patrimoniales.

Un funcionario de un Ayuntamiento que trabaja en la Oficina de licencias de actividades económicas de un municipio recibe la solicitud de un vecino suyo que quiere abrir un local de restauración. La relación entre ambos es muy mala, por diferentes desencuentros en relación con el uso de las zonas comunes de la urbanización en la que ambos habitan. El funcionario decide, pues, postergar la solicitud, relegándola continuamente en la tramitación de los expedientes. Aunque es consciente de actuar incorrectamente y de estar causando graves perjuicios al solicitante, continúa con esa actitud durante varios años, a pesar de requerimientos y peticiones que el solicitante realiza para que se tramite su solicitud. Al no poder abrir el local y no tener ingresos para ir pagando las cuotas del préstamo que ha solicitado a una entidad financiera, el solicitante se plantea pedir una indemnización por los daños económicos que el retraso en la tramitación de la solicitud de la licencia le está causando. Sin embargo, no sabe cómo debe proceder a la vista de la mala intención del funcionario y a quién le debe exigir responsabilidades por esos daños: El solicitante sólo podrá exigir dicha responsabilidad al funcionario, sin perjuicio de que éste pueda posteriormente reclamar a la Administración la cantidad abonada. El solicitante podrá exigir dicha responsabilidad indistintamente al Ayuntamiento o al funcionario, sin perjuicio de que uno u otro se dirijan posteriormente contra el otro para reclamar la cantidad abonada a título de indemnización. Sólo podrá exigir dicha responsabilidad al Ayuntamiento, sin perjuicio de que éste ejerza posteriormente la acción de regreso contra el funcionario. Sólo podrá exigir dicha responsabilidad al funcionario, que no podrá posteriormente reclamar a la Administración la cantidad abonada por la concurrencia de esa mala intención en su actuación.

En el caso de daños personales, el plazo para exigir la responsabilidad y la indemnización a la Administración causante de aquellos es. De un año, desde que se produjeron los hechos causantes de los daños. De un año, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. De dos años, desde la curación ola determinación del alcance de las secuelas. La exigencia de responsabilidad patrimonial a la Administración por daños personales no está sujeta a plazo.

En el caso de daños producidos durante la ejecución de un contrato de obras que la Administración ha celebrado con una empresa. Responde siempre y en todo caso la empresa, pues los daños se han producido al ejecutar el contrato de obras entre ella y la Administración. Responde siempre y en todo caso la Administración, pues los daños se han producido en ejecución de un contrato administrativo. Responde siempre el contratista, salvo que los daños se produzcan como consecuencia de una orden inmediata y directa dada por la Administración o por un defecto en el proyecto de la obra que en su día elaboró la propia Administración. Los daños que se producen durante la construcción de una obra pública no generan nunca responsabilidad patrimonial de la Administración, pues los ciudadanos tenemos el deber general de soportarlos.

Un funcionario de carrera del servicio administrativo en el que usted trabaja ha solicitado y le ha sido concedida una excedencia para el cuidado de un familiar dependiente durante dos años. Como hay mucho trabajo, el Jefe del servicio estudia las diferentes posibilidades que tiene: Se puede nombrar a un funcionario interino para sustituir al funcionario en excedencia hasta que este vuelva. No se puede nombrar a un funcionario interino porque para sustituir a un funcionario de carrera sólo se puede nombrar a otro funcionario de carrera. El puesto debe quedar desocupado mientras el funcionario disfruta de su excedencia, por lo que el resto de compañeros del servicio deben asumir más carga de trabajo y, en particular, el Jefe del servicio, por ser él quien ha concedido la excedencia. Se puede nombrar un empleado como personal eventual, pues esta figura está prevista para sustituir transitoriamente a los funcionarios de carrera.

Señale la afirmación incorrecta: Los funcionarios interinos son funcionarios, pero su duración es temporal. Los funcionarios de carrera son nombrados y no contratados. Los funcionarios interinos son nombrados y no contratados. Los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos tienen el mismo régimen jurídico.

En el concurso-oposición, en cuanto que procedimiento selectivo,. Sólo se valoran los méritos de los aspirantes, sin establecer orden de prelación entre ellos. Sólo se determina la capacidad de los aspirantes, pero estableciendo orden de prelación entre ellos. Se valoran los méritos de los aspirantes y se determina su capacidad, estableciendo el orden de prelación entre ellos. Se valoran los méritos de los aspirantes y se determina su capacidad, pero sin necesidad de establecer el orden de prelación entre ellos.

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los puestos de la Administración que impliquen una participación en el ejercicio del poder público. Sólo pueden ser ocupados por funcionarios de carrera españoles. Sólo pueden ser ocupados por funcionarios de carrera, aunque no sean españoles. Pueden ser ocupados por funcionarios de carrera y por personal laboral, pero siempre que sean españoles. Pueden ser ocupados por funcionarios de carrera y por personal laboral, sin necesidad de que sean españoles.

Un funcionario de carrera, Técnico de Hacienda de la Comunidad en que reside, renunció en 2010 a su condición funcionarial para dirigir una empresa que había heredado de sus padres, dedicada a la exportación de productos derivados del cerdo ibérico. Sin embargo, determinadas decisiones erróneas de inversión y el cierre de algunos mercados con motivo de la guerra de Ucrania, le obligan a cerrar la empresa. Se plantea, entonces, volver a trabajar en la Administración: El funcionario podrá solicitar el reingreso en la Administración, que le será concedido por ésta al haber desaparecido la causa por la que dejó el servicio público. El funcionario no puede solicitar el reingreso en la Administración, porque la pérdida de la condición funcionarial por renuncia no permite tal vía para volver a trabajar en la Administración, aunque puede presentarse a procedimientos selectivos de ingreso para adquirir nuevamente la condición funcionarial. El funcionario no puede solicitar el reingreso ni puede siquiera volver a presentarse a procedimientos selectivos de ingreso, pues la renuncia a la condición funcionarial le inhabilita para reingresar y para ingresar nuevamente. El funcionario sólo puede solicitar el reingreso, que le será concedido por la Administración, pues no puede ingresar nuevamente a través de procedimientos selectivos de ingreso.

El traslado, en cuanto que sanción,. Sólo puede ser voluntario y no implica nunca cambio de domicilio. Sólo puede ser forzoso e implica siempre cambio de domicilio. Sólo puede ser forzoso y puede implicar o no cambio de domicilio. Sólo puede ser forzoso y nunca implica cambio de domicilio.

Señale la afirmación correcta: Las retribuciones básicas son fijadas por cada Administración Pública. Las retribuciones básicas son fijadas por la Ley de Presupuestos Generales. Las retribuciones básicas incluyen el sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. Las retribuciones básicas y las retribuciones complementarias son fijadas por la Ley de Presupuestos Generales.

La renuncia del funcionario a su condición funcionarial. Sólo puede ser aceptada por la Administración si el funcionario no está sujeto a expediente disciplinario en ese momento o se ha dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de un delito. Debe ser siempre aceptada por la Administración, aunque el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario en ese momento o se haya dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de un delito. Sólo puede ser aceptada por la Administración si el funcionario no está sujeto a expediente disciplinario en ese momento o se ha dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de un delito y, además, la renuncia no es contraria a las necesidades del servicio. Sólo puede ser denegada por la Administración cuando sea contraria a las necesidades del servicio.

El plazo legal de reversión expropiatoria por no ejecución de la obra es de: Cinco años. Siete años. Diez años. Quince años.

En el marco de una amplia redistribución de competencias en su Comunidad Autónoma, numerosas competencias que antes ejercía ésta son atribuidas ahora a los Ayuntamientos. Como consecuencia de esta operación, usted es transferido al municipio en el que reside para trabajar en su Ayuntamiento. Sin embargo, tiene dudas de cuál es su situación respecto a la Comunidad Autónoma: Usted será cesado como funcionario autonómico, perdiendo tal condición, al convertirse en funcionario municipal e integrarse en la Función Pública de su municipio. El funcionario deberá ser declarado en situación de excedencia en la Comunidad Autónoma, pasando a servicio activo en el Ayuntamiento del pueblo de al lado. El funcionario deberá ser declarado en situación de servicios especiales en la Comunidad Autónoma. El funcionario deberá ser declarado en situación de servicio en otras Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma, al haber sido transferido al municipio para trabajar a partir de ahora en ese Ayuntamiento.