Universidad de Córdoba - Tema 6 - Ley 39

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 39/2015? (Solicita el temario si no lo tienes a oposicionesuco2026@gmail.com). Regular la organización de las Administraciones Públicas. Regular el régimen jurídico del sector público. Regular el procedimiento administrativo común y las relaciones con los ciudadanos. Regular exclusivamente la Administración General del Estado.

¿Quiénes están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas? (Solicita el temario si no lo tienes a oposicionesuco2026@gmail.com). Solo las personas físicas. Las personas jurídicas, entre otros sujetos. Solo los funcionarios públicos. Únicamente las empresas con más de 50 trabajadores.

La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas corresponde: (Solicita el temario si no lo tienes a oposicionesuco2026@gmail.com). Solo a los mayores de edad. A quienes la ostenten conforme a las normas civiles. Solo a las personas jurídicas. Exclusivamente a los españoles.

La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas corresponde : (Solicita el temario si no lo tienes a oposicionesuco2026@gmail.com). Solo a los mayores de edad. A quienes la ostenten conforme a las normas civiles. Solo a las personas jurídicas. Exclusivamente a los españoles.

¿Quién puede actuar mediante representante ante la Administración? (Si no tienes el temario solicítalo a oposicionesuco2026@gmail.com). Solo las personas jurídicas. Solo las personas físicas. Los interesados. Exclusivamente los abogados.

Los registros electrónicos generales deberán permitir: (Si no tienes el temario solicítalo a oposicionesuco2026@gmail.com). Presentar documentos solo en horario de oficina. Presentar documentos únicamente mediante certificado digital. La presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. Presentar exclusivamente solicitudes.

¿Qué sistema permite acreditar la identidad de los interesados? (Si no tienes el temario solicítalo a oposicionesuco2026@gmail.com). Firma manuscrita exclusivamente. DNI en papel únicamente. Sistemas de identificación admitidos por la Administración. Solo certificado electrónico.

Las notificaciones electrónicas se entenderán rechazadas cuando: No se acceda a su contenido en diez días naturales. No se acceda a su contenido en diez días hábiles. No se acceda a su contenido en quince días naturales. No se acceda a su contenido en veinte días naturales.

El plazo máximo para notificar una resolución expresa será: El fijado por la norma reguladora correspondiente. Siempre seis meses. Siempre tres meses. Siempre un año.

Cuando las normas reguladoras no fijen plazo máximo para resolver, este será de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado tendrá carácter: Negativo siempre. Positivo como regla general. Positivo solo para funcionarios. Negativo siempre que exista recurso.

¿Qué acto administrativo debe estar motivado?. Todos los actos administrativos. Ninguno. Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. Solo las sanciones.

Los actos administrativos producirán efectos: Desde el día siguiente a su notificación. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Desde su publicación exclusivamente. A los treinta días de dictarse.

Son nulos de pleno derecho los actos administrativos que: Sean desfavorables al interesado. Infrinjan el ordenamiento jurídico de forma leve. Lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. No estén firmados electrónicamente.

Los actos anulables son aquellos que: Incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico distinta de la nulidad de pleno derecho. Nunca pueden ser convalidados. Son inexistentes. Lesionan derechos fundamentales.

La convalidación de un acto anulable produce efectos: Desde su origen. Solo hacia el futuro. Nunca produce efectos. Solo tras autorización judicial.

¿Cuándo puede iniciarse un procedimiento administrativo?. Solo de oficio. Solo a solicitud del interesado. De oficio o a solicitud del interesado. Exclusivamente por denuncia.

La fase de instrucción del procedimiento tiene por finalidad: Resolver el procedimiento. Determinar y comprobar los hechos. Ejecutar la resolución. Publicar la resolución.

El trámite de audiencia se concede: Antes de redactar la propuesta de resolución. Después de la resolución. Únicamente en procedimientos sancionadores. Solo si lo solicita el interesado.

¿Cuál es el plazo general para el trámite de audiencia?. No inferior a 10 días ni superior a 15 días. Cinco días. Veinte días exactos. Treinta días.

La terminación convencional del procedimiento supone: El desistimiento automático. Un acuerdo entre Administración e interesados cuando la ley lo permita. La caducidad. La renuncia obligatoria del interesado.

La caducidad se produce: Por inactividad de la Administración. Por inactividad del interesado en procedimientos iniciados a su solicitud. Por falta de presupuesto. Por silencio administrativo.

Los recursos administrativos tienen como finalidad: Modificar leyes. Impugnar actos administrativos. Revisar sentencias judiciales. Aprobar reglamentos.

El recurso de alzada se interpone contra: Actos que no ponen fin a la vía administrativa. Actos firmes. Disposiciones generales. Sentencias judiciales.

El recurso de alzada se interpone ante: El órgano judicial competente. El órgano superior jerárquico. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo.

El plazo para interponer recurso de alzada contra un acto expreso es de: 15 días. 20 días. 1 mes. 3 meses.

El plazo máximo para resolver un recurso de alzada es de: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.

El recurso potestativo de reposición se interpone ante: El órgano que dictó el acto. El órgano superior jerárquico. El juzgado contencioso-administrativo. El Consejo de Estado.

El plazo para interponer recurso potestativo de reposición contra un acto expreso es de: Quince días. Un mes. Dos meses. Tres meses.

La revisión de oficio permite a la Administración: Modificar libremente cualquier acto administrativo. Declarar la nulidad de actos nulos de pleno derecho. Revocar sentencias judiciales. Resolver recursos de alzada.