Uno de tantos

Según la Constitución Española, si no hubiere ninguna persona a la quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá: De dos personas en todo caso. De una, dos o tres personas. De cuatro personas. De una, tres o cinco personas.

Según la Constitución Española, podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor: En el padre, la madre o ascendientes directos del Regente. En el padre, la madre o ascendientes directos del Rey. Siempre podrán acumularse. No podrán acumularse.

Según la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias se resolverán: Por ley ordinaria. Por las Cortes Generales. Por ley orgánica. Por la costumbre.

Según la Constitución Española, ¿Quién acredita a los embajadores y representantes diplomáticos?. El Presidente del Gobierno. El Rey. El Presidente del Congreso de los Diputados. El Presidente del Senado.

Según la Constitución Española, le corresponde al Rey: Sancionar y promulgar leyes. Convocar y disolver las Cortes Generales. El Mando Supremo de las Fuerzas Armadas. Todas son correctas.

Según la Constitución Española, el Príncipe heredero tendrá la dignidad de: Príncipe de Asturias únicamente. Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados a la Corona solo al producirse el llamamiento. Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. Ninguna es correcta.

Según la Constitución Española, indica cuántos diputados representarán a las poblaciones de Ceuta y Melilla. Cada una de ellas por un diputado. Cada una de ellas por dos diputados. Cada una por tres diputados. Ceuta por un diputado y Melilla por dos diputados.

Según la Constitución Española, las sesiones plenarias de las Cámaras serán: Secretas. Públicas. Secretas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento. Públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

Según la Constitución Española, ¿en qué casos cesa el Gobierno? Señala la respuesta correcta. Tras la celebración de elecciones generales. En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria prevista en la CE. Por dimisión o fallecimiento de su Presidente. Todas son correctas.

Según la Constitución Española ¿ante qué sala será exigible la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno?. Sala de lo Penal de Tribunal Supremo. Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia. Ninguna es correcta.

Según el artículo 31 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la provincia está definida como: Una división administrativa del Estado para la gestión territorial. Una entidad local determinada por la agrupación de municipios. Un territorio autónomo con competencias plenas en urbanismo. Una circunscripción electoral sin personalidad jurídica propia.

Según el artículo 31 de la Ley 7/1985, son fines propios y específicos de la Provincia: La ejecución de políticas educativas en su territorio. El fomento del desarrollo económico en áreas rurales. Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. Coordinar los servicios de transporte público.

Según el artículo 36 de la Ley 7/1985, una de las competencias propias de las Diputaciones Provinciales es: La recaudación de tributos estatales y autonómicos. El fomento del empleo público en todas las entidades locales. La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. La gestión del transporte interurbano de pasajeros.

Según el artículo 141 de la Constitución Española de 1978, el gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a: Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Al Pleno de la respectiva Diputación. Al Presidente de la Diputación. A la Comisión de Gobierno de la Diputación.

Según el artículo 32 de la Ley 7/1985, la Comisión de Gobierno: Existe en las Diputaciones que engloben a más de 50 municipios. Existe en todas las Diputaciones. No existe en las Diputaciones. Existe en las Diputaciones que engloben a más de 75 municipios.

¿En qué fecha solicitó España oficialmente su adhesión a la Comunidad Económica Europea?. 30/05/1980. 26/07/1977. 14/04/1983. 12/06/1985.

¿En qué fecha firmó nuestro país el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea?. 05/12/1988. 26/11/1983. 12/06/1985. 23/01/1986.

¿Qué significan las siglas UEM?. Unión Económica y Monetaria. Unión Europea Monetaria. Unión Ecológica y Medioambiente. Unión Europea y Medioambiente.

Entre los Tratados fundacionales de la Unión Europea se encuentra uno de los siguientes: Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía. Tratado constitutivo del Mercado Económico Europeo. Tratado de la Comunidad Económica Europe .

El principio de tributación local, que impide el sometimiento a gravamen de los bienes situados, actividades desarrolladas, rendimientos originados o gastos realizados fuera del territorio de la respectiva entidad, se predica en el artículo 6 de la Ley de Haciendas Locales respecto de: Las tasas. Los impuestos. Los precios públicos. Ninguno de los anteriores.

Señale la respuesta correcta: Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia no son órganos integrados en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal y como indica el artículo 6 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional no son órganos integrados en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal y como indica el artículo 6 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo es un órgano integrado en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, tal y como indica el artículo 6 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todas las respuestas son correctas.

Indica el artículo 6.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que los procedimientos de evaluación de los riesgos para la salud de los trabajadores se regularán por el Gobierno... Mediante Ley. Mediante Ley, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Mediante normas reglamentarias, previa consulta a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Mediante reglamentos.

El órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo es, según el artículo 13 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales... Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Las Administraciones públicas competentes en materia laboral. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Forma parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz frente a los riesgos laborales, según el artículo 14 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales... La formación en materia preventiva. El derecho de información, consulta y participación. La paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente. Todas son correctas.

Indica el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales que el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan, entre otras circunstancias, cambios en las funciones que desempeñe. Ello supone el cumplimiento de: El deber de prevención. El deber de protección. El deber de información y actualización. El deber de evaluación del puesto.

Cuando en un mismo centro de trabajo desarrolle actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deben cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención. A ello lo denomina del artículo 24 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividad preventiva. Coordinación de actividades empresariales. Cooperación en actividades preventivas. Cooperación interadministrativa en materia de seguridad y salud.

Según el artículo 31.4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, la formación, especialidad, dedicación y número de componentes de los servicios de prevención (entre otros), vendrá determinado por: El número de trabajadores de la empresa, según los tramos que señala el artículo. Los tipos de riesgo a los que puedan encontrarse expuestos los trabajadores. El sector empresarial en el que se desempeñe la actividad, según lo establecido en el propio artículo. Todas son correctas.

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Según el artículo 35.2 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en una empresa de 501 a 1.000 trabajadores serán: 4. 5. 6. 7.

¿Cómo denomina el artículo 38 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales al órgano paritario y colegido de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos?. Comisión de Seguridad e Higiene. Comisión de Seguridad y Riesgos. Comité de Seguridad y Salud. Comité de Seguridad y Seguimiento.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local así como 7 de la Ley de Haciendas Locales, las entidades locales podrán delegar las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria: En ningún caso. En el Estado. En cualquier otra entidad local. En la Comunidad Autónoma.

Dispone el artículo 9 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales respecto de los beneficios fiscales: No podrán reconocerse en los tributos locales otros que no sean los previstos por las normas con rango de ley orgánica. No podrán reconocerse otros que los expresamente previstos en las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados internacionales. No podrán reconocerse otros que los expresamente legislados por la propia entidad local. No podrán reconocerse otros que los expresamente legislados por la propia entidad local en sus Ordenanzas Fiscales y normativa autonómica acorde.

Según la Ley 3/2007, de 22 de marzo, con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer. Planes estratégicos de igualdad de oportunidades. Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Todas son correctas. Planes Locales de cooperación para la igualdad y oportunidades.

De acuerdo con el tenor literal del artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre, es un criterio general de actuación de los poderes públicos: La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas, con el objetivo de segregar y evitar aquellas situaciones en la aplicación del principio de igualdad de trato, no discriminación e igualdad de oportunidades. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de implementar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas, con el objetivo de segregar y evitar aquellas situaciones en la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. Ninguna es correcta.

La Ley orgánica 1/2004 establece para las mujeres víctimas de violencia de género la atención multidisciplinar en la que no estará especialmente incluida: Apoyo a la formación e inserción laboral. Todas son correctas. Apoyo económico. Apoyo educativo a la unidad familiar.

Indica el artículo 16.1 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que los acuerdos de aprobación de ordenanzas fiscales... Deben adoptarse con carácter previo a los acuerdos de imposición de los respectivos tributos. Deben adoptarse con carácter posterior a los acuerdos de imposición de los respectivos tributos. Deben adoptarse simultáneamente a los acuerdos de imposición de los respectivos tributos. El artículo sólo indica que deben adoptarse ambos acuerdos sin especificar orden alguno.

Tiene consideración de ingresos de derecho privado al amparo de lo previsto en el artículo 3 de la Ley de Haciendas Locales: Adquisiciones a título de legado. El producto de las operaciones de crédito. Las multas y sanciones. Los rendimientos derivados de la prestación de servicios públicos.

Las Administraciones tributarias del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten. Ésta es una particularidad del principio regulado en el artículo 8 de la Ley de Haciendas Locales bajo la denominación: Cooperación. Colaboración. Cohesión. Asistencia Mutua.

La competencia del orden contencioso-administrativo, artículo 4 de la Ley 29/1998, reguladora de dicha jurisdicción, se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, pero relacionadas con el correspondiente recurso, salvo, entre otras: Las de carácter civil. Las de carácter constitucional. Las de carácter mercantil. Las de carácter social.

¿Existe Sala de lo Contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, según el artículo 6 de la Ley 29/1998, reguladora de esta jurisdicción?. Sí. No. Sí, integrada en los correspondientes Tribunales de Justicia. Sí, integrada en las correspondientes Audiencias Provinciales.

El artículo 8 de la ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa otorga competencia a los Juzgados de su orden para el conocimiento de los recursos interpuestos frente a actos de entidades locales, excluidas las impugnaciones de: Los instrumentos del planeamiento urbanístico. Las cuestiones de personal. Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Las sanciones administrativas superiores a 3.000 €.

El artículo 23 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa dispone que las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado en: Actuaciones previas a la interposición del recurso contencioso-administrativo. En actuaciones de ejecución de sentencias del orden contencioso-administrativo. En actuaciones ante órganos unipersonales. En actuaciones ante órganos colegiados.

Indica el artículo 28 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que el recurso contencioso-administrativo interpuesto respecto de actos confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma: Será desestimado. No se dará curso al mismo. Será inadmitido. Se admitirá y tramitará hasta su resolución.

Dispone el artículo 46 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa que el plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo es: De seis meses desde la publicación de la disposición impugnada. De dos meses desde el acto presunto. De seis meses desde la publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. De diez días a contar desde el requerimiento realizado por el interesado a la Administración actuante en el caso de vía de hecho.

¿En qué forma dispone el artículo 48.4 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa que debe remitirse el expediente administrativo solicitado a la Administración?. Completo, en soporte electrónico. Completo, en soporte papel o electrónico, foliado y firmado. Completo, en soporte electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. Completo, en soporte papel o electrónico, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga.

En la Ley orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 1/2004, en concreto en su artículo 19, estable los principios básicos de los servicios de asistencia social a las mujeres víctimas de violencia de género, entre las que se encuentra: Todas son correctas. Atención urgente. Unidisciplinariedad profesional. Especialización de prestaciones.

En la Ley Orgánica 1/2004, en concreto en su artículo 27.3 establece que en la tramitación de las ayudas sociales a las que tienen derecho las mujeres víctimas violencia de género deberá incorporarse informe de: El Ministerio Fiscal. Ninguna es correcta. Asuntos Sociales. La respuesta a y c son correctas.

De acuerdo con artículo 15.4 de la Ley Orgánica 1/2004, las Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, en el ámbito sanitario, los planes Nacionales de Salud contemplarán un apartado de: Ninguna es correcta. Previsión e intervención integral en violencia de género. Intervención y previsión integral en violencia de género. La respuesta b y c son correctas.

La Ley orgánica 1/2004, en su artículo 19.2, establece que en la atención multidisciplinar para la atención a las mujeres víctimas de violencia de género, quedará especialmente incluido: Apoyo facultativo a la unidad familiar. Atención primaria. Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. Todas son correctas.

Según lo establecido en la Ley 13/2007, se considerarán víctimas de violencia de género y tendrán reconocidos los derechos de esta norma con necesidad de interposición de denuncia, tanto si se trata de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual o violencia económica: La mujer que, por el hecho de serlo, independientemente de su edad, orientación o identidad sexual, origen, etnia, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, sufra un daño o perjuicio sobre su persona. A estos efectos, el término “mujer” incluye a las menores de edad que puedan sufrir violencia de género. Las hijas que tengan reconocido el sufragio pasivo. Solo las personas mayores, las personas con discapacidad o en situación de dependencia, que estén sujetas a la tutela o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género y que convivan en el entorno violento. Ninguna es correcta.

En la Ley orgánica 1/2004, en concreto en su artículo 21.5, establece, que las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les considerará en situación de cese temporal de la actividad en los términos previstos: En el texto articulado de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 31 de octubre. En el texto articulado de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 8/2015, de 30 de octubre. En el texto articulado de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Ninguna es correcta.

Según la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres; a tal fin, la Consejería competente en materia de presupuestos: En coordinación con el conjunto de las Consejerías, con participación del Observatorio Andaluz de Igualdad de Género, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio. En coordinación con el conjunto de las Consejerías, con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio. En coordinación con el conjunto de las Consejerías, con participación del Centro Municipal de Información a la Mujer, emitirá el informe de evaluación de impacto de género sobre el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de cada ejercicio. Ninguna es correcta.

Entre los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos, regulados en el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se encuentra: El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, excluido el doméstico. La implantación de un lenguaje sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Todas las respuestas son correctas.

Según lo establecido en el artículo 9 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía: Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan indirectamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. Las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan indirectamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe reconocerán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres. Ninguna de las respuestas es correcta.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o psíquico de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Las respuestas a y b son correctas. El artículo 7 no regula tal definición.

Según lo establecido en el artículo 70 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica: Señale la incorrecta. Los responsables de los tratamientos. Los encargados de los tratamientos. Los representantes de los responsables o encargados de los tratamientos no establecidos en el territorio de la Unión Europea. El delegado de protección de datos.

Según lo establecido en el artículo 76.4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado: Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la infracción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese inferior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica. Ninguna respuesta es correcta.

Según la Constitución Española, ¿cuál es el porcentaje de miembros del Congreso de los Diputados que puede plantear una iniciativa de acusación por traición a los miembros del Gobierno?. La mitad más uno. Tres cuartas partes. La cuarta parte. Unanimidad.

.-“Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación...”, ¿qué artículo de nuestra constitución recoge esta prohibición?. 139. 20. 17. 38.

¿Qué artículo de la Constitución de 1978 permite la federación de las comunidades autónomas?. 145. 146. 147. Ninguno.

El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde la apreciación de esta necesidad a: Mayoría simple del Congreso. Mayoría absoluta del Congreso. Mayoría absoluta del Senado. Mayoría absoluta de Congreso y Senado.

En qué fecha se publica en el B.O.E., como Ley Orgánica 6/1981, el Estatuto de Autonomía de Andalucía?. 17/03/1982. 24/02/1981. 11/01/1982. 30/12/1981.

El vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía se regula en la: Ley Orgánica 2/2007 de 19 de marzo. Ley Orgánica 1/2007, de 19 de marzo. Ley Orgánica 3/2007, de 19 de marzo. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según el artículo 1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son: La ley. La costumbre. Los principios generales del derecho. Todas las anteriores son correctas.

Indica qué artículos integran el título I de la Constitución Española. Comprende del artículo 10 al 55. Comprende del artículo 15 al 55. Comprende del artículo 15 al 29. Comprende del artículo 11 al 55.

Según la Constitución Española, las bases de la organización militar se regularán: Mediante ley ordinaria. Mediante ley militar. Mediante ley orgánica. Mediante ley de bases.

Según la Constitución Española, en qué caso se pueden prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes. En ningún caso se pueden prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. En todo caso se pueden prohibir las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. Ninguna es correcta.

¿En qué artículo de la Constitución Española se consagra el derecho a la vida?. En el artículo 14. En el artículo 15. En el artículo 16. En el artículo 10.

Según la Constitución Española de 1978, ¿es un valor superior del ordenamiento jurídico?. Pluralismo político. Libertad. Justicia. Todos los son.

Según la Constitución Española de 1978, la soberanía nacional: Reside en el pueblo español. Corresponde al Gobierno de la Nación. Corresponde al Rey. Corresponde al Estado.

¿Cuántas disposiciones adicionales tiene la Constitución Española?. Nueve. Cuatro. Uno. Cinco.

Según el artículo 142 de la Constitución Española de 1978, la Hacienda de las entidades locales se nutre principalmente de: Los tributos estatales y los recursos europeos asignados por el gobierno central. Los impuestos transferidos por las Comunidades Autónomas y el Fondo de Cooperación Municipal. Recursos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. Los ingresos procedentes de la gestión de su patrimonio y la participación en los ingresos del Estado.

Según el artículo 25 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), los municipios pueden intervenir en las siguientes materias: Comercio exterior, educación universitaria y medio ambiente. Urbanismo, promoción de la cultura y ordenación del tráfico. Defensa nacional, infraestructuras y administración de justicia. Policía autonómica, promoción industrial y turismo.

Según el artículo 7 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), las competencias locales son: Exclusivas del municipio, sin posibilidad de delegación a las Comunidades Autónomas. Delegadas por el Estado, salvo aquellas vinculadas a la gestión directa de recursos propios. Propias o atribuidas por delegación. Transferidas exclusivamente por las Comunidades Autónomas según su normativa.

Según el artículo 14 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), el cambio de denominación de un municipio requiere: La aprobación por mayoría absoluta del Pleno municipal y posterior inscripción en el Registro Civil. La autorización del Consejo de Ministros y publicación en el Boletín Oficial del Estado. Ser anotada en el Registro creado por la Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente Ley y que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. La propuesta de un tercio de los vecinos censados y la aprobación del Pleno municipal.

Según el artículo 16 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), el Padrón Municipal es: Un registro voluntario de los residentes habituales en un municipio. Un registro administrativo que constituye prueba de la residencia y del domicilio habitual. Un censo de votantes gestionado exclusivamente por la Junta Electoral Central. Un archivo de datos personales controlado por el Ministerio del Interior.

Según el artículo 13 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985): La alteración de términos municipales no podrá suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. La alteración de términos municipales no podrá suponer la modificación de los límites provinciales, salvo que así se apruebe por el Consejo de Ministros. La alteración de términos municipales podrá suponer la modificación de los límites provinciales, previo dictamen del Consejo de Estado. La alteración de términos municipales no podrá suponer la modificación de los límites provinciales, salvo que así se apruebe por la Comunidad Autónoma a la que pertenezca.

Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, el Pleno municipal está compuesto por: Todos los concejales, el alcalde y los directores de área. Todos los concejales y el alcalde como presidente. Los concejales, el alcalde y los representantes de las asociaciones vecinales. Exclusivamente los concejales con responsabilidad ejecutiva.

Según el artículo 21 de la Ley 7/1985, corresponde al Alcalde, entre otras competencias: Aprobar el presupuesto municipal sin necesidad de ratificación del Pleno. Convocar y presidir las sesiones del Pleno y la Junta de Gobierno Local. Aprobar la plantilla de personal. Elaborar los planes de desarrollo urbanístico sin intervención del Pleno.

Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, los municipios con más de 50.000 habitantes tienen la obligación de prestar: Servicios de biblioteca pública, seguridad ciudadana y transporte urbano. Servicios de transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Servicios de cementerio, alumbrado público y asistencia sanitaria. Servicios de tratamiento de aguas residuales, hospitales y universidades públicas.

El órgano a que se refiere el artículo 137 de la Ley 7/1985 en municipios de gran población se encarga de: Resolver conflictos entre vecinos y el Ayuntamiento. Emitir informes sobre el presupuesto municipal. Resolver reclamaciones económico-administrativas en materia tributaria local. Fiscalizar la gestión económica del Pleno municipal.

Según la Constitución Española, ¿Cuándo termina el mandato de los Senadores?. A los cuatro años desde su elección o el día de la disolución de la Cámara. El día siguiente a la disolución de la Cámara. A las 48 horas de la disolución. Ninguna de las anteriores es correcta.

Según la Constitución Española, las Cámaras funcionarán: Solo en pleno. Solo por Comisiones. En Pleno y por Comisiones. Ninguna es correcta.

¿Qué artículo de la Constitución Española hace referencia a la composición del Consejo General del Poder Judicial?. El artículo 122.1. El artículo 122.2. El artículo 121. El artículo 122.3.

¿Quiénes administran justicia según la Constitución Española?. Jueces y fiscales. Jueces y magistrados. Solo los magistrados. Solo los jueces.

Según la Constitución Española, ¿Quién nombra al Presidente del Tribunal Supremo?. El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Presidente del Tribunal Constitucional. El Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. El Rey, a propuesta del pleno del Tribunal Supremo.