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EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARM 2023_General
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EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO CARM 2023_General Descripción: 50 preguntas Autor: Filologia3D OTROS TESTS DEL AUTOR Fecha de Creación: 27/01/2024 Categoría: Otros Número Preguntas: 53 |
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Este test es privado . Contraseña:. Adelante con el EXAMEN de AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la CARM de 2023 Examen muy polémico y con denuncia por presuntas filtraciones . En virtud del art. 18.3 de la Constitución Española (en adelante CE), se garantiza el secreto de las comunicaciones: Salvo en caso de delitos de terrorismo Salvo en caso de flagrante delito Salvo resolución judicial En todo caso. El art. 106.1 de la CE establece que los Tribunales controlan: (Indique la respuesta INCORRECTA) El sometimiento de la actividad administrativa a los fines que la justifican La legalidad de la actuación administrativa La potestad reglamentaria El funcionamiento de los servicios públicos. De acuerdo con el art. 55.2 de la CE, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas puede ser suspendido para personas determinadas: (Indique la respuesta INCORRECTA) El secreto de las comunicaciones La inviolabilidad del domicilio La duración máxima de la detención preventiva La libertad de circulación por el territorio nacional. De conformidad con el art. 55.2 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia (en adelante EARM), una vez aprobado el proyecto de reforma del Estatuto por la Asamblea, se someterá a la aprobación de: Las Cortes Generales El Consejo de Gobierno El Gobierno de la Nación La mayoría del censo electoral de la Región. En virtud del art. 33 del EARM, compete al Presidente del Consejo de Gobierno: Aprobar el Reglamento de la Asamblea Regional Aprobar el programa del Consejo de Gobierno Plantear la cuestión de confianza ante la Asamblea Regional Autorizar la prestación del consentimiento para obligarse por los convenios en que la Comunidad Autónoma sea parte. De acuerdo con el art. 3 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia (en adelante Ley 6/2004), entre las atribuciones del Presidente como representante supremo de la Región de Murcia se incluye: Crear y suprimir las Consejerías Mantener relaciones con el Gobierno de la Nación Convocar elecciones a la Asamblea Regional Firmar los decretos aprobados por el Consejo de Gobierno. Según el art. 17 de la Ley 6/2004, la situación de suspensión provisional de funciones del Presidente no podrá tener una duración superior a: 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses. Según el art. 14.3 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante Ley 7/2004), la creación de las unidades administrativas inferiores al nivel de sección se aprobará: Por orden de cada Consejería, previo informe preceptivo y favorable de la Consejería competente en materia de organización administrativa. Mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno Por orden de la Consejería competente en materia de organización administrativa, previo informe preceptivo y favorable de la competente en materia de hacienda Por orden de cada Consejería, previo informe preceptivo y favorable de la Consejería competente en materia de hacienda. En virtud del art. 2 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo (en adelante RD 203/2021), el sector público deberá respetar en sus actuaciones y relaciones electrónicas el principio de: Simplicidad de los sistemas Generalización y proactividad Proporcionalidad Agilidad tecnológica. La desconcentración consiste en: La transferencia temporal de competencia entre entes públicos u organismos La transferencia temporal de competencia dentro de un mismo ente público u organismo La transferencia permanente de competencia entre entes públicos u organismos La transferencia permanente de competencia dentro de un mismo ente público u organismo. Según el art. 4 de la Ley 7/2004, las relaciones de la Administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con los ciudadanos se ajustarán a los principios de: (Indique la respuesta INCORRECTA) Efectividad de sus derechos Objetividad y transparencia Participación Buena fe y confianza legítima. Según el art. 2 del RD 203/2021, el sector público deberá respetar el siguiente principio en sus actuaciones y relaciones electrónicas: De personalización y proactividad De Racionalización y agilidad De Sencillez, claridad y proximidad a los ciudadanos De cooperación. Según el art. 39.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPAC), en el supuesto de requerimiento previo de una Administración Pública a otra distinta para que anule o revise un acto, de rechazarse el requerimiento, se podrá interponer: El recurso de alzada El recurso potestativo de reposición El recurso extraordinario de revisión El recurso contencioso-administrativo. Según el art. 34 de la LPAC, el contenido de los actos se ajustará: A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos A lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines del ordenamiento jurídico A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley A lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines de las Administraciones Públicas. De acuerdo con el art. 59 de la LPAC, en relación con el inicio del procedimiento a propia iniciativa, se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento: Directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación Siempre directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación Siempre directo de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano superior al que tiene atribuida la competencia de iniciación Directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de resolución. Según el art. 62 de la LPAC, en la iniciación del procedimiento administrativo por denuncia, se entiende por denuncia: El acto por el cual cualquier persona mayor de edad, en cumplimiento siempre de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento siempre de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo El acto por el que cualquier persona o administración, en cumplimiento siempre de acción legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Según el art. 77.2 de la LPAC, cuando la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo: No superior a treinta días, ni inferior a quince, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes No superior a veinte días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes No superior a veinte días ni inferior a quince, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes No superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. En virtud del art. 95.1 de la LPAC, contra la resolución que declare la caducidad en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado: Únicamente procederá el recurso contencioso-administrativo No cabrá recurso alguno Procederán los recursos pertinentes Únicamente procederá el recurso extraordinario de revisión. De acuerdo con el art. 107.2 de la LPAC, la declaración de lesividad de actos anulables no podrá adoptarse una vez transcurridos: Cuatro años desde que se notificó el acto administrativo Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo Seis meses desde que se dictó el acto administrativo Seis meses desde que se notificó el acto administrativo. Según el art. 109.1 de la LPAC, ¿en qué plazo podrán las Administraciones Públicas revocar sus actos de gravamen o desfavorables? En el plazo de seis meses desde que se dictaron En el plazo de tres meses desde que se dictaron Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad. En virtud del art. 112.1 de la LPAC, contra los actos de trámite que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, el interesado: Podrá interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición Podrá interponer los recursos de alzada y extraordinario de revisión Podrá interponer los recursos potestativo de reposición y extraordinario de revisión No podrá interponer recurso alguno, si bien la oposición a los mismos podrá alegarse en el recurso contra la resolución del procedimiento. Según el art. 89.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 30 de octubre (en adelante TREBEP), en la excedencia para el cuidado de un familiar a su cargo, se tendrá derecho cuando el grado de parentesco sea de hasta: El segundo grado inclusive de consanguinidad o cuarto de afinidad El cuarto grado inclusive de consanguinidad o afinidad El cuarto grado inclusive de consanguinidad o segundo de afinidad El segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Según el art. 87.1 del TREBEP, los funcionarios de carrera se encuentran en la situación de servicios especiales, cuando: Accedan a la condición de miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben cualquier tipo de retribución por la realización de la función Sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en otras Administraciones Públicas Sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas Sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional y no opten por permanecer en la situación de servicio activo. Según el art. 80 del texto refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero (en adelante TRLFP), los funcionarios serán responsables de la buena gestión de los servicios que tengan encomendados: Procurando resolver por propia iniciativa las dificultades que encuentren en el ejercicio de su función Procurando resolver las dificultades que encuentren en el ejercicio de su función solicitando instrucciones a sus superiores jerárquicos y no por propia iniciativa Y la Administración Pública de la Región de Murcia podrá dirigirse contra el funcionario causante de daños por dolo, culpa o negligencia graves Y la Administración Pública de la Región de Murcia se dirigirá de oficio contra el funcionario causante de daños, haya intervenido o no dolo, culpa o negligencia graves. Según el art. 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP), ¿cuál de las siguientes entidades se considera Administración Pública? Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social Los consorcios y otras entidades de derecho público, siempre que puedan ser considerados poder adjudicador, estén vinculados o sean dependientes de una o varias Administraciones Públicas y que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Las fundaciones públicas Ninguna de las opciones anteriores es correcta. Según el art. 35 de la LCSP, los documentos en que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir necesariamente y en todo caso: El precio cierto Las condiciones de pago Los supuestos en que proceda la modificación El crédito presupuestario con cargo al que se abonará el precio. De acuerdo con la LCSP, indique la opción correcta: Todos los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de urgencia Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de internet su perfil de contratante Ninguna de las opciones anteriores es correcta. ¿Cuál de las siguientes circunstancias es una prohibición para contratar, según el art. 71 de la LCSP? Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social Haber solicitado la declaración de concurso voluntario Haber sido sancionada con carácter firme por infracción grave en materia medioambiental Haber sido sancionada con carácter firme por infracción muy grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades. Conforme al art. 1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre (en adelante TRLHRM), la Hacienda Pública Regional está constituida por: El conjunto de recursos y dotaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos El conjunto de recursos y dotaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional y a sus organismos autónomos El conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico cuya titularidad corresponde a la Administración Pública Regional, a sus organismos autónomos, entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma, sociedades mercantiles regionales, fundaciones del sector público autonómico y consorcios adscritos a ella. Según el art. 29.2 del TRLHRM, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma contendrán: Los estados de gastos en los que se incluirán, debidamente especificados, los ingresos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones Los estados de ingresos en los que figuren las estimaciones de los distintos derechos económicos a liquidar en el ejercicio Los estados de gastos en los que se incluirán, debidamente separados, los gastos necesarios para atender al cumplimiento de las obligaciones Los presupuestos administrativos, de explotación y de capital de los organismos autónomos, entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma, sociedades mercantiles regionales, fundaciones del sector público autonómico y consorcios adscritos a ella. Según el art. 31 del TRLHRM, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma deberá ser acompañado de la siguiente documentación: (Indique la opción INCORRECTA) La cuenta consolidada de los Presupuestos Generales Las memorias explicativas de los contenidos de cada uno de ellos y de las principales modificaciones que presenten en relación con los Presupuestos Generales del año anterior La liquidación de los Presupuestos Generales del año anterior y un avance de la del ejercicio corriente Un informe económico y financiero. Según el art. 28.4 del Decreto n.º 302/2011, de 25 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Gestión Electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante Decreto 302/2011), en la sede electrónica de la Administración Pública de la CARM deberá estar accesible, en todo caso, la siguiente información: (Indique la opción INCORRECTA) El ámbito subjetivo de la sede El BORM y el BOE La estructura organizativa de cada Consejería, organismo público y entidad de derecho público hasta el nivel de negociado, incluyendo la dirección postal de cada órgano o unidad administrativa y un instrumento de contacto por medios electrónicos Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Según el art. 26.3 de la LPAC, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas: Requerirán de firma electrónica, en cualquier caso No requerirán de firma electrónica si no forman parte de un expediente administrativo, siendo necesario, en todo caso, identificar el origen de los documentos Requerirán de firma electrónica, aunque no formen parte de un expediente administrativo No requerirán de firma electrónica si no forman parte de un expediente administrativo, sin que sea necesario identificar el origen de los documentos. Según el art. 26.2 de la LPAC, para ser considerados válidos, los documentos administrativos electrónicos deberán: Incorporar una referencia normativa del momento en que han sido emitidos Incorporar los metadatos mínimos exigidos Contener información de naturaleza administrativa archivada en cualquier tipo de soporte susceptible de identificación Todas las opciones anteriores son correctas. Según el art. 70 de la LPAC, respecto al expediente administrativo electrónico: (Indique la opción INCORRECTA) Contendrá un índice numerado de todos los documentos que contenga, salvo que en virtud de una norma no sea precisa su remisión Deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo La autenticación del índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma. Según el art. 3 del Decreto 236/2010, de 3 de septiembre, de Atención al Ciudadano en la Administración Pública de la Región de Murcia (en adelante Decreto 236/2010), con carácter general, la actividad de atención al ciudadano se regirá, entre otros, por el principio de: Libertad en la elección del canal de atención para relacionarse con la Administración Pública Deferencia, esmero y máximo respeto en la prestación de los servicios de atención y, en general, en el trato con los ciudadanos Presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones, en los términos de la legislación básica en la materia y en el presente Decreto Igualdad y discriminación en el acceso a los servicios de atención al ciudadano. El art. 28.1 del Decreto 236/2010, otorga la consideración de Oficinas Corporativas de Atención al Ciudadano a: Las unidades constituidas con la finalidad de prestar el servicio de atención presencial, telefónica y electrónica a los ciudadanos Las unidades constituidas con la finalidad de prestar el servicio de atención presencial y telefónica a los ciudadanos Las unidades constituidas con la finalidad de prestar el servicio de atención presencial a los ciudadanos Ninguna de las opciones anteriores es correcta. De acuerdo con el art. 22 del Decreto 236/2010, las quejas presentadas por los ciudadanos: Solo podrán ser formuladas por personas físicas, nunca por personas jurídicas Podrán ser anónimas Tendrán la calificación de recursos administrativos Serán presentadas por los ciudadanos acreditando obligatoriamente su identidad. ¿Cuál de los siguientes documentos tendrá la consideración de documento privado histórico según el art. 3.2 de la Ley 6/1990, de 11 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Región de Murcia (en adelante Ley 6/1990)? Aquellos cuya antigüedad sea superior a 60 años Los generados conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso de antigüedad superior a 20 años Los generados, conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de carácter privado de antigüedad superior a 40 años Aquellos sobre los que recaiga tal declaración en relación a su importancia e interés comunitario de antigüedad superior a 20 años. Según el art. 7.8 de la Ley 6/1990, se depositará en el archivo histórico que se determine, la documentación existente en el Archivo de la Administración Regional que tenga: Más de quince años de antigüedad y un interés para la investigación que justifique su conservación definitiva Más de veinticinco años de antigüedad y un interés para la investigación que justifique su conservación definitiva Más de diez años de antigüedad y un interés para la investigación que justifique su conservación definitiva Más de cinco años de antigüedad y un interés para la investigación que justifique su conservación definitiva. Según el art. 7.1 de la Ley 6/1990, el Archivo de la Administración Regional tiene carácter de: Archivo de Gestión Archivo Histórico Archivo Intermedio Archivo Central. El Manual de documentos administrativos del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), clasifica los documentos administrativos como: Documentos de constancia, de juicio, de transmisión y de decisión o resolutivos Documentos de juicio, de transmisión y de decisión o resolutivos Documentos de constancia, de juicio y de decisión o resolutivos Documentos de juicio y de constancia. Los documentos que contienen una declaración de voluntad de un órgano administrativo sobre materias de su competencia son: El certificado y el acuerdo El acta y el certificado El acta y la resolución El acuerdo y la resolución. Conforme al Manual de documentos administrativos del MAP, el estilo administrativo recomendado en la redacción de documentos administrativos que se caracteriza por la naturalidad en la expresión, sin pretensiones retóricas, literarias o artificialmente elegantes es: La claridad La sencillez La concisión Sin pretensiones literarias. Según el art. 22.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (en adelante LPRL), los reconocimientos médicos son obligatorios para el trabajador: Cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud Para trabajos peligrosos, nocivos, insalubres o penosos Para los trabajadores menores de edad y discapacitados físicos y psíquicos En ningún caso, ya que los reconocimientos médicos son voluntarios para el trabajador. Según el art. 30.5 LPRL, y cumpliendo los requisitos establecidos en ese apartado, el empresario podrá asumir personalmente la actividad preventiva en empresas que cuenten con un máximo de: 6 trabajadores 9 trabajadores 10 trabajadores 50 trabajadores 20 trabajadores 25 trabajadores. Según el art. 21.3 de la LPRL, cuando los trabajadores puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo y el empresario no adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los mismos: Los trabajadores podrán acordar por mayoría paralizar la actividad de la empresa Los representantes legales de los trabajadores podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo Los Delegados de Prevención podrán paralizar la actividad de la empresa Todas las opciones anteriores son correctas. En virtud del art. 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, siempre que se cree un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Según su art. 1, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno tiene por objeto: (Indique la respuesta INCORRECTA) Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos Garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública Fomentar la participación en las políticas públicas como un derecho de los ciudadanos. Según los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos, en adelante RGPD), entre los derechos del interesado se incluye el derecho de: Rectificación de los datos personales sin necesidad de que se trate de datos incompletos o inexactos Acceso a la información pública Supresión de los datos personales sin necesidad de que concurran determinadas circunstancias A la limitación del tratamiento cuando se cumplan determinadas condiciones. |
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