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Título del Test:
JAMM

Descripción:
Test estabilización

Autor:
Yo
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Fecha de Creación:
05/10/2023

Categoría: Oposiciones

Número Preguntas: 400

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Temario:

De conformidad con el artículo 60 de la Ley de Cabildos Insulares, el Consejo de Gobierno Insular ejerce funciones: Ejecutivas y consultivas. Ejecutivas y administrativas. Ejecutivas, consultivas y administrativas.
Según el artículo 55 de la Ley de Cabildo Insulares, la Junta de Portavoces es: Un órgano consultivo. Un órgano complementario. Un órgano asesor.
Según el artículo 61. 2 de la Ley 8/2015, de Cabildos Insulares, los miembros del Consejo de Gobierno Insular están sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en: La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado Es incompatible con cualquier cargo político. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General y en la legislación básica de régimen local.
Los vicepresidentes del Cabildo: Son nombrados por el Pleno del Cabildo. Son nombrados por el Presidente del Gobierno de Canarias. Son nombrados y separados libremente por el Presidente del Cabildo insular, de entre los consejeros insulares que formen parte del Consejo de Gobierno Corporación.
Según la Ley de Cabildos Insulares, no son atribuciones del Presidente del Cabildo: El nombramiento y cese del personal eventual. La propuesta al pleno del número, denominación y ámbito de actuación de las comisiones permanentes del pleno. La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano.
La representación máxima del Cabildo la ostenta: La Junta de Portavoces. El Presidente del Cabildo. El Pleno del Cabildo.
De conformidad con el art. 50 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, no son órganos de gobierno de los cabildos insulares: El consejo de gobierno insular. El o los vicepresidentes. La Junta de portavoces.
De conformidad con el art. 53 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la competencia para la alteración de la calificación jurídica de los bienes del patrimonio insular y la cesión gratuita de bienes inmuebles a otras administraciones o instituciones públicas corresponde a: El presidente. El pleno. El consejo de gobierno insular.
De conformidad con el art. 54 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, señale la afirmación correcta en relación con las comisiones de pleno: El pleno se organiza en las comisiones que determine el reglamento orgánico, pudiendo ser permanentes o especiales. Los consejeros insulares no adscritos se integrarán sin voz ni voto en las comisiones del pleno, en los términos que determine el reglamento de organización del cabildo insular. Corresponde la presidencia del pleno al presidente del Cabildo insular, sin que pueda delegarla en otros miembros de la corporación.
De conformidad con el art. 57 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, el nombramiento y cese del personal eventual corresponde a: El presidente. El consejero competente en materia de recursos humanos. El consejo de gobierno insular.
De conformidad con el art. 60 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares el reglamento orgánico del cabildo insular: Podrá prever la designación como miembros del consejo de gobierno insular de personas que carezcan de la condición de consejeros insulares electos, hasta el límite no superior a un tercio de los integrantes del mismo. Podrá prever la designación como miembros del consejo de gobierno insular de personas que carezcan de la condición de consejeros insulares electos, hasta el límite no superior a la mitad de los integrantes del mismo. Podrá prever la designación como miembros del consejo de gobierno insular de personas que carezcan de la condición de consejeros insulares electos, hasta el límite no superior a una quinta parte de los integrantes del mismo.
De conformidad con el art. 62 de la L8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano corresponde a: El pleno. El consejo de gobierno insular. El director/a insular de la consejería competente.
De conformidad la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, la aprobación de la relación de puestos de trabajo corresponde a: El presidente. El consejo de gobierno insular. El pleno.
¿A qué órgano del Cabildo le corresponde el planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras administraciones públicas?: A la persona que ostente la Presidencia del Cabildo. Al Consejo de Gobierno Insular. Al Pleno.
De conformidad con el artículo 84.2 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, contra los actos que no agoten la vía administrativa dictados por los consejeros o consejeras titulares de áreas o departamentos insulares, los coordinadores o coordinadoras insulares y los directores o directoras insulares, cabe interponer: Recurso especial ante la presidencia del cabildo insular. Recurso potestativo de reposición. Recurso de alzada ante la presidencia del cabildo insular.
Ponen fin a la vía administrativa los acuerdos, actos y resoluciones que se dicten por los siguientes órganos insulares: El pleno del cabildo insular, así como los de sus comisiones cuando estas resuelvan por delegación de aquel. El presidente del cabildo insular. Las opciones a y b son correctas.
La aprobación del proyecto de presupuesto le corresponde en el Cabildo Insular: Al Pleno. A la Comisión de Hacienda. Al Consejo de Gobierno Insular.
Contra los acuerdos, actos y resoluciones que ponen fin a la vía administrativa dictados por el Consejo de Gobierno Insular: Podrán ejercerse las acciones judiciales que procedan ante la jurisdicción competente. Contra los mismos podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición. Las opciones a y b son correctas.
Las normas reglamentarias de los Cabildos insulares se publicarán: Íntegramente y únicamente en el Boletín Oficial de Canarias. Íntegramente y únicamente en el boletín oficial de la provincia que corresponda. Ninguna es correcta.
El ejercicio de la potestad sancionadora está atribuida: Al Consejo de Gobierno Insular en todo caso. Al Pleno. Al Consejo de Gobierno Insular, salvo que por ley esté atribuida a otro órgano.
Según el artículo 54.1 de la Ley de Cabildos Insulares, las comisiones del pleno pueden ser: Ordinarias y especiales. Ordinarias y extraordinarias. Permanentes o especiales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, los decretos y resoluciones de los órganos unipersonales de los cabildos insulares deberán: Publicarse en la sede electrónica del Cabildo Insular a los solos efectos de transparencia. Publicarse en la página web corporativa a los solos efectos de transparencia. Registrarse en el libro de decretos y resoluciones.
Los actos administrativos de los órganos directivos de los Cabildos Insulares adoptarán la forma de: Decreto. Resolución. Acuerdo.
De conformidad con el art. 81 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares las normas y actos que dicte el pleno del cabildo insular adoptarán, entre otras, según corresponda, la forma de (señalar la incorrecta): Decreto. Ordenanza. Reglamento.
De conformidad con el art. 82 de la 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares, a efectos de entrada en vigor de las normas reglamentarias de los cabildos insulares: Regirá la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias. Regirá la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Regirá la fecha de aprobación por el órgano competente de la respectiva norma reglamentaria.
Señale la opción correcta en relación con lo dispuesto en el artículo 82.2 de la Ley de Cabildos Insulares: Las normas reglamentarias de los cabildos insulares se publicarán íntegramente en el boletín oficial de la provincia que corresponda y en el «Boletín Oficial de Canarias». Las normas reglamentarias de los cabildos insulares se publicarán, en extracto, en el boletín oficial de la provincia que corresponda y, de forma íntegra, en el «Boletín Oficial de Canarias». Las normas reglamentarias de los cabildos insulares se publicarán, de forma obligatoria, en el boletín oficial de la provincia que corresponda y, potestativamente, en el «Boletín Oficial de Canarias».
La ley que regula a nivel estatal la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es: La Ley 3/2007, de 12 de marzo. La Ley Orgánica 22/2007, de 3 de abril. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
¿Qué título de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres se refiere las políticas públicas para la igualdad? El Título II. El Título III. El Título IV.
Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye: Acoso por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo.
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo, constituye: Acoso sexual. Acoso por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo.
Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se considerarán: Anulables y sin efecto durante el primer año; pasado ese tiempo, si no hay denuncia, tendrán efectos legales. Nulos, pero con efecto. Nulos y sin efecto.
La capacidad y la legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa del derecho de igualdad entre mujeres y hombres, corresponden a: La persona acosada, únicamente. Cualquier ciudadano. Las personas físicas y jurídicas con interés legítimo.
Según el artículo 15 de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades informará la actuación de todos los poderes públicos: Con carácter transversal. De forma equilibrada. Con carácter no vinculante.
Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar: Una estadística o encuesta que posibilite el conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones y condiciones, de mujeres y hombres en el ámbito de acción del proyecto o plan. Un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Un informe sobre su impacto por razón de género.
La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados, ¿se denomina? Discriminación relativa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo.
Señale la afirmación correcta. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: Se aplica a las personas físicas, pero no a las jurídicas. Diferencia entre el acoso sexual y acoso por razón de sexo. Prevé el concepto de transversalidad, que es aquella situación en que se encuentra una persona al ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
Señala la opción incorrecta: El condicionamiento de un derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo. No constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. Se considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso como consecuencia de la presentación de una queja destinada a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
Como se define, según el artículo 9, de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres Discriminación sexual. Mainstreaming. Discriminación por razón de sexo.
Señale la afirmación correcta. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres establece que: En los procedimientos en los que las alegaciones se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la parte actora probar la existencia de la discriminación. Es discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con la maternidad. persona acosada es la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual.
¿Cuál de los siguientes no es un criterio general de actuación de los poderes públicos, de los establecidos por la citada Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo?: La protección de la maternidad. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo. La paridad en la designación de altos cargos en la Administración General del Estado.
La situación en que una disposición aparentemente neutra pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, es la definición de: Discriminación directa por razón de sexo. Discriminación indirecta por razón de sexo. Acoso por razón de sexo.
Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, el principio de igualdad de trato y oportunidades informará la actuación de todos los poderes públicos: Con carácter transversal. De forma equilibrada. Solo cuando se trate de colectivos de especial vulnerabilidad o de violencia de hecho.
Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, se considerará: Discriminación por razón de sexo. Acoso sexual. Acoso por razón de sexo.
Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo constituye: Acoso sexual Acoso por razón de sexo. Discriminación directa por razón de sexo.
Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio: Informador del ordenamiento jurídico. Fundamental del ordenamiento jurídico. Regulador del ordenamiento jurídico.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de: La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La maternidad, la paternidad, las obligaciones familiares y el estado civil. La maternidad, el embarazo, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
¿Cuál de los siguientes no es un criterio de actuación de las Administraciones Públicas de conformidad con la Ley 3/2007, de 22 marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombre: Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional. Prestar especial atención a los currículos y en todas las etapas educativas al principio de igualdad entre mujeres y hombres. Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera profesional.
Señalar el enunciado incorrecto. Son criterios generales de actuación de los Poderes Públicos: La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones. Establecer medidas que aseguren el trabajo de las mujeres y hombres, así como el fomento de la corresponsabilidad en las labores domésticas. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo.
El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en los términos previstos en la normativa aplicable (señala la incorrecta) En el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia. En la formación profesional y en la promoción profesional. En la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, salvo las prestaciones concedidas por las mismas.
Una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado: Constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación necesaria. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, salvo la formación necesaria.
Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica: Puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. No puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad ilegítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
Señale la opción correcta en relación con las acciones de planificación equitativa de los tiempos (art. 22 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres): Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales deberán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las corporaciones locales podrán establecer Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad. Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, el Gobierno de la Nación elaborará un Plan nacional de organización del tiempo de trabajo y de conciliación de la vida familiar y personal.
En relación con la colaboración entre Administraciones Públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, el artículo 21 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres menciona que: Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones públicas. En el seno de la Conferencia Sectorial de la Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con esta finalidad. Las opciones a) y b) son correctas.
El artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres señala que: Que los proyectos de disposiciones de carácter general, los presupuestos generales así como las ordenanzas municipales deberán incorporar un informe de impacto por razón de género. Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género. Que los proyectos legislativos y las de disposiciones de carácter general del Estado y de las Comunidades Autónomas deberán incorporar un informe de impacto por razón de género.
Señalar cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta en relación al acuerdo que llevarán a cabo los representantes legales de los trabajadores en caso de adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores El empresario estará obligado, en el plazo de 24 horas, a ordenar la paralización acordada. Se comunicará a la empresa y a los trabajadores y en el plazo de 48 horas, la cual deberá anular o ratificar la paralización acordada. Será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
¿Cuándo debe impartirse la formación a los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales?: Siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. En todo caso fuera de la jornada de trabajo. Fuera de la jornada de trabajo de manera que no interfiera con el normal funcionamiento del centro de trabajo.
Entre los principios de la acción preventiva recogidos por el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no figura: Tener en cuenta la evolución de la técnica. Evitar los riesgos. Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
Según el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuál de los siguientes documentos no será de obligada elaboración por parte del empresario? Relación de accidentes de trabajo y enfermedades comunes que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo Plan de prevención de riesgos laborales Todos los anteriores son de obligada elaboración.
¿Qué actuación se debe seguir por parte del empresario en caso de riesgo grave e inminente? Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que no resulte necesario que los trabajadores interrumpan su actividad o abandonen el lugar de trabajo. Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que deban adoptarse. Dotar a los trabajadores de los equipos de protección individuales que resulten pertinentes a ojos de ofrecerles una protección íntegra y eficaz.
Respecto al derecho a la protección frente a los riesgos laborales: Los empresarios tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo El derecho de paralización de la actividad en caso de riesgo probable no forma parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
Los principios de la acción preventiva por parte del empresario no incluyen: Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Deberán utilizarse equipos de protección individual: Cuando los riesgos no puedan limitarse suficientemente mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. Cuando los riesgos no se puedan evitar. Todas son correctas.
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización o a los trabajadores específicamente capacitados para ello. Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los trabajadores específicamente capacitados para ello.
En cuanto a la formación de los trabajadores: El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva en el momento de su contratación, salvo que se trate de un contrato temporal. Su coste recaerá sobre los trabajadores. Se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos.
El empresario deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de (señala la incorrecta): Lucha contra incendios. Evacuación de los trabajadores. Riesgo sanitario.
Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. Todas son correctas.
Respecto a la información médica de carácter personal no es correcto: En ningún caso podrá facilitarse al empresario. El empresario y las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo. Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.
No se incluye en el plan de prevención elaborado por el empresario: Recursos necesarios para realizar la acción de prevención. Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo. Estructura organizativa de la empresa.
Respecto a los daños para la salud de sus trabajadores producidos con motivo del desarrollo de su trabajo, el empresario: Deberá comunicarlo por escrito a la autoridad laboral. Deberá comunicarlo verbalmente a la autoridad laboral. No está obligado a comunicarlo.
Disfrutan del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios: Los trabajadores con relaciones de duración determinada. Los contratados por empresas de trabajo temporal. Todas son correctas.
En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores: La empresa usuaria. La empresa de trabajo temporal. El trabajador.
Será responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de formación y vigilancia de la salud: La empresa usuaria. La empresa de trabajo temporal. El trabajador.
El trabajador respecto a cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores debe informar de inmediato A su superior jerárquico directo. A los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención A su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención.
El acuerdo de paralización de la actividad de los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de: 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 48 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 72 horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a: Un día de trabajo Dos días de trabajo. Tres días de trabajo.
Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasión de la vigilancia de la salud prevista, aparezcan indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, llevará a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos: La Comisión de Seguridad y Salud El empresario La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo: Los derechos de información, consulta y participación. La paralización de la actividad ante cualquier riesgo. Todas son correctas.
El Plan de Prevención de Riesgos Laborales del Cabildo de Gran Canaria contiene normas de obligado cumplimiento: Sólo para los niveles inferiores de la línea jerárquica. Sólo para determinados niveles de funcionarios. Para todos los niveles de la línea jerárquica.
En el Cabildo de Gran Canaria ¿quiénes son los responsables de la gestión efectiva de los equipos de protección individual y de velar por su utilización? Los mandos intermedios y responsables de cada unidad. Las personas titulares de las jefaturas de servicio. Los técnicos de prevención de la Corporación.
¿Cuáles el contenido mínimo de la información a proporcionar a un trabajador de nuevo ingreso en la Corporación insular? Ficha de puesto de trabajo. Instrucciones de actuación en caso de emergencia Las opciones a) y b) son correctas.
Las personas titulares del derecho subjetivo a los servicios sociales pueden reclamar: Directamente, como personas físicas. A través de personas jurídicas legalmente habilitadas. Ambas son correctas.
El acceso a las prestaciones del sistema público de servicios sociales se configura como un derecho objetivo, dentro del marco de los requisitos generales de acceso al mencionado sistema y de los requisitos específicos que se regulen para cada prestación o servicio. Solo cuando se trate de prestaciones económicas. Falso en todos los casos. Verdadero para todos los casos.
El acceso a las prestaciones del sistema público de servicios sociales se configura como un derecho: Objetivo. Subjetivo. Prioritario.
Las personas titulares del derecho subjetivo a los servicios sociales pueden reclamar: En la vía judicial directamente o a través de las personas jurídicas legalmente habilitadas. En la vía administrativa y judicialmente, directamente o a través de las personas jurídicas legalmente habilitadas En la Seguridad social directamente o a través de las personas jurídicas legalmente habilitadas.
Cuando se estime una reclamación del derecho subjetivo a los servicios sociales en vía judicial, el órgano administrativo competente para ejecutarla: No tiene la obligación de asumir la resolución judicial. Adoptará las medidas necesarias para restablecer a la persona titular en su derecho. Adoptará las medidas necesarias para restablecer a la persona titular en su derecho, cuando la estimación de la reclamación sea firme.
El conjunto de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de titularidad pública y privada constituyen: El sistema público de atención a la dependencia. El tercer sector. El sistema público de servicios sociales.
Los servicios sociales de titularidad pública y los de titularidad privada integran el sistema público de servicios sociales: Verdadero en todos los casos. Solo cuando los de titularidad privada estén acreditados de acuerdo con la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Falso en todos los casos.
La Red Pública de Servicios sociales de Canarias se configura: Por los servicios públicos de atención a la dependencia Por los servicios sociales de titularidad pública y los de titularidad privada conjuntamente. Por los servicios sociales generales y los servicios sociales especializados.
El acceso a las prestaciones del sistema público de servicios sociales se configura como un derecho subjetivo, dentro del marco de los requisitos generales de acceso al mencionado sistema y de los requisitos específicos que se regulen para cada prestación o servicio. Verdadero. Falso. Solo en el caso de las prestaciones económicas.
El sistema público de servicios sociales está constituido por: Los centros de servicios sociales y sus equipamientos El conjunto de recursos, equipamientos, proyectos, programas y prestaciones de titularidad pública y privada. Ambas son correctas.
Los servicios sociales: Deben coordinarse con los sistemas de salud, igualdad, educación, empleo y otros que inciden en la calidad de vida de las personas. No tienen competencias de coordinación. La coordinación solo se establece con los centros y profesionales de los servicios sociales.
Las personas usuarias de los servicios sociales no tienen derecho a dar instrucciones previas para situaciones futuras de limitación de su capacidad de obrar: Cierto, solo cuando se trate de instrucciones sobre sus ingresos económicos. Falso en todos los casos. Cierto.
El funcionamiento de los servicios sociales debe ser: Mediante reuniones de profesionales de los centros de servicios sociales. Mediante reuniones de profesionales de los centros de servicios sociales, con la participación de las personas usuarias. De forma participada y coordinada en red.
Los servicios sociales se dirigen de manera especial: A prevenir las drogodependencias, la desigualdad y la exclusión. A la atención de las dificultades económicas de las personas usuarias. A la prevención y compensación del déficit económico y social en situaciones de riesgo y exclusión social.
Los servicios sociales tienen entre sus funciones: Proveer recursos económicos a las personas usuarias. Promover la inclusión de las personas desde una perspectiva integral y participada. Promover la perspectiva de género.
La ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias garantiza los derechos de las personas usuarias del sistema público de Servicios Sociales: A acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad. A acceder a los servicios sociales previa petición de cita. Al acceso a los servicios sociales cuando exista una situación de precariedad económica.
Siguiendo la ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, las personas usuarias del sistema público de servicios sociales tendrán garantizado el ejercicio de los siguientes derechos: A acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, dignidad y privacidad. Al acceso y seguimiento, por vía telemática, de su expediente. Ambas respuestas son correctas.
Siguiendo la ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, las personas usuarias del sistema público de servicios sociales tendrán garantizado el ejercicio de los siguientes derechos: A tener asignada una persona titulada en trabajo social como profesional de referencia. A disponer de un plan de intervención social personalizado. Ambas respuestas son correctas.
Siguiendo la ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, las personas usuarias del sistema público de servicios sociales tendrán garantizado el ejercicio de los siguientes derechos: A la libre elección del profesional de referencia y a un segundo diagnóstico de su situación A participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar, así como a dar o denegar su consentimiento en relación con una determinada intervención. Ambas respuestas son correctas.
Siguiendo la ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, las personas usuarias del sistema público de servicios sociales tendrán garantizado el ejercicio de los siguientes derechos: A participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar, así como a dar o denegar su consentimiento en relación con una determinada intervención. A formular quejas y reclamaciones sobre la atención y servicio recibidos y a obtener respuestas a las mismas. Ambas respuestas son correctas.
Siguiendo la ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, las personas usuarias del sistema público de servicios sociales tendrán garantizado el ejercicio de los siguientes derechos: A recibir atención en el propio domicilio familiar cuando las personas tengan dificultad grave de movilidad física. A la asistencia jurídica gratuita. Ninguna respuesta es correcta.
Siguiendo la ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, las personas usuarias del sistema público de servicios sociales tendrán garantizado el derecho a recibir información profesional, suficiente, veraz y fácilmente comprensible, y si lo requiere por escrito, sobre: Los servicios y prestaciones disponibles y los requisitos necesarios para acceder a los mismos. Los derechos y deberes de las personas usuarias. Las respuestas a y b son correctas.
Siguiendo la ley 16/2019 de Servicios Sociales de Canarias, las personas usuarias del sistema público de servicios sociales tendrán garantizado el derecho a recibir información profesional, suficiente, veraz y fácilmente comprensible, y si lo requiere por escrito, sobre: Los mecanismos de presentación de quejas y reclamaciones. Los servicios y prestaciones disponibles y los requisitos necesarios para acceder a los mismos. Ambas son correctas.
El plan de intervención social es: Un plan realizado para administrar las prestaciones a las que tiene derecho la persona usuaria. Un plan de trabajo realizado con la persona usuaria, con su participación y autorización, que no puede ser modificado. Un plan de carácter personalizado, que se realiza con la persona usuaria o con las personas que le representen, revisable y participado.
La persona usuaria de los servicios sociales tiene derecho a : Recibir información profesional suficiente, veraz y comprensible solo verbalmente, sobre servicios, prestaciones y requisitos de acceso a los mismos, así como a la presentación de quejas y reclamaciones. Recibir información profesional suficiente, veraz y comprensible verbal o escrita, sobre servicios, prestaciones y requisitos de acceso a los mismos, excluida la presentación de quejas y reclamaciones. Recibir información profesional suficiente, veraz y comprensible verbal o escrita, sobre servicios, prestaciones y requisitos de acceso a los mismos, así como sobre la presentación de quejas y reclamaciones.
Las personas usuarias de los servicios sociales pueden renunciar al uso y disfrute de los servicios y prestaciones que tengan reconocidos: Una vez reconocidos los servicios y prestaciones no es posible renunciar a ellos. Solo si su ejecución no viene impuesta por resolución judicial o se deriven efectos perjudiciales para menores de edad o personas con capacidad de obrar modificada. Sí, en cualquier caso y en cualquier momento del proceso de intervención.
El acceso y seguimiento de las personas usuarias a su expediente, por vía telemática Es un derecho reconocido en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Es una potestad de los/las profesionales Es una potestad que los profesionales pueden usar en algunos casos determinados.
La confidencialidad en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias se entiende como: Guardar el secreto profesional de las conversaciones y contactos establecidos entre el/la profesional de los servicios sociales y la persona usuaria o su representante. La firma del documento de tratamiento de datos que debe constar en todos los expedientes. El derecho a que los datos de carácter personal que obren en el expediente de la persona usuaria o en otros documentos, sean tratados con respeto, de acuerdo a lo previsto en la legislación de protección de datos de carácter personal.
Disponer de un plan de intervención personalizado, elaborado con su participación y autorización y revisable: Es un derecho reconocido en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias para las personas usuarias. Es una potestad de los/las profesionales. Es un derecho reconocido en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias para las personas usuarias o para las personas responsables de su entorno familiar o social que les representen.
Las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho a: La asignación de un/a profesional del Trabajo social como profesional de referencia. La asignación de cualquier profesional de la rama social como profesional de referencia. Ambas son correctas.
El plan de intervención social, una vez realizado con la persona usuaria no admite modificaciones. El plan de intervención social debe ser revisable, de acuerdo con las circunstancias y resultados Una vez acordado el plan de intervención social no puede ser modificado hasta la fecha de cierre de la intervención. El plan de intervención social solo puede modificarse si lo considera el profesional de referencia de la persona usuaria.
La información a la persona usuaria sobre sus derechos y deberes debe realizarse: Por escrito, mediante impreso que debe ser firmado por la persona usuaria. Verbalmente, en la primera entrevista con el/la profesional de referencia. Por escrito o verbalmente, de manera comprensible para la persona usuaria.
El plan de intervención social diseñado por el/la profesional de referencia de la persona usuaria: Es de obligado cumplimiento para la persona usuaria. No es de obligado cumplimiento para la persona usuaria. Constituye un acuerdo para la intervención solo cuando se realiza con la participación y autorización de la persona usuaria.
El/la profesional asignada a la persona usuaria como profesional de referencia, debe tener titulación de: Trabajador/a social. Educador/a social. Agente de igualdad.
Las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho a: Formular reclamaciones y quejas y a que se les informe verbalmente o por escrito de los mecanismos de presentación. Formular reclamaciones y quejas pero es su obligación obtener información sobre los mecanismos de presentación. La formulación de quejas y reclamaciones no constituye un derecho para las personas usuarias.
El/la profesional asignada a la persona usuaria como profesional de referencia: Debe ser un/a trabajador social, preferentemente integrado en un equipo interdisciplinar de profesionales de los servicios sociales. Puede ser cualquier profesional de lo social, siempre que esté integrado en un equipo interdisciplinar de profesionales de los servicios sociales. La persona usuaria puede ser atendida sin asignación específica de profesional de referencia.
Conocer la valoración, diagnóstico e itinerario de situación, así como el tipo de intervención asignada: Constituye un derecho de las personas usuarias. Es una potestad del/la profesional de los servicios sociales, que puede comunicar o no a la persona usuaria. No es un derecho reconocido para la persona usuaria.
Las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho a: A la libre elección de su profesional de referencia y a un segundo diagnóstico de su situación. A disponer de equipamientos y atenciones en condiciones de higiene, salubridad e intimidad adecuadas. Todas son correctas.
El plan de carácter personalizado, que se realiza con la persona usuaria o con las personas que le representen, revisable y participado se define como: El plan de intervención social. El plan de intervención familiar. El proyecto educativo individual.
Las personas usuarias de los servicios sociales tienen entre sus obligaciones contribuir a la financiación de los servicios recibidos: Solo cuando lo establezca la normativa aplicable. tienen la obligación de contribuir a la financiación de los servicios recibidos. Solo cuando lo establezca la normativa aplicable, teniendo en cuenta su capacidad económica o la de su unidad familiar.
El diagnóstico y la valoración técnicos de la persona usuaria: Debe ser conocido por la persona usuaria, para lo cual se le debe informar en lenguaje claro y comprensible. Es un documento técnico, que forma parte del expediente y no se da traslado del mismo a la persona usuaria. Solo se le dará traslado a la persona usuaria del diagnóstico, cuando lo haya solicitado expresamente.
La persona usuaria tiene la obligación de presentar todos los documentos que les sean requeridos: Solo los documentos imprescindibles. Solo los documentos imprescindibles, cuando éstos no obren en poder de la Administración requiriente. Sí, debe presentar todos los documentos que le sean solicitados por los/las profesionales.
La cooperación de la persona usuaria con el/la profesional: Constituye una obligación para la persona usuaria. Consiste en facilitar al profesional los datos de la situación en la primera entrevista Constituye un derecho del/la profesional.
Cuando existan en la persona usuaria dificultades graves de movilidad: En ese caso, la persona usuaria tiene derecho a ser atendido/a en su propio domicilio. Se establecerán medidas de adaptación de los espacios de atención para las personas en estas situaciones. Queda a criterio del/la profesional de los servicios sociales atender personal o telemáticamente a la persona usuaria.
La asignación de una persona titulada en Trabajo social como profesional de referencia debe cumplir la condición preferente de: Ser el/la profesional con disponibilidad en el centro recurso de atención a la persona usuaria Estar integrado/a en un equipo interdisciplinar de profesionales de los servicios sociales. Establecer una relación empática que facilite el proceso de ayuda a la persona usuaria.
Firmar el acuerdo del servicio o prestación con la entidad prestadora de los mismos es para la persona usuaria: Un derecho del que puede hacer uso o no, según su criterio. Una obligación reconocida legalmente. Un derecho de la entidad prestadora del servicio o prestación.
Poder formular quejas y reclamaciones sobre la atención y servicios recibidos y obtener respuesta a las mismas es: Un derecho reconocido a las personas usuarias. Se reconoce como derecho la formulación de quejas y reclamaciones, pero no la obtención de respuesta. Ambas son incorrectas.
Cuando la se hubiera modificado judicialmente la capacidad de autogobierno de la persona usuaria, ésta tendrá derecho a: La asignación de un/a representante para la relación con los servicios sociales. La modificación judicial de la capacidad de autogobierno no otorga derechos específicos a la persona usuaria. Recabar o recibir ayuda de instituciones u organizaciones de apoyo, protección o tutela.
Las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho a: Participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar y dar o denegar su consentimiento respecto a las intervenciones. Participar en el proceso de toma de decisiones sobre su situación personal y familiar. Otorgar o denegar su consentimiento respecto a las intervenciones.
El consentimiento otorgado respecto a las intervenciones que impliquen el alojamiento en centro o servicio residencial de las personas usuarias: Debe realizarse por escrito. Puede realizarse por escrito o verbalmente. No es necesario consentir.
Las personas usuarias de los servicios sociales tienen entre sus obligaciones: Facilitar a la Administración pública información veraz de los datos personales, convivenciales, económicos y familiares, en todos los casos, cualquiera que sea la finalidad de su obtención. Facilitar a la Administración pública información veraz de los datos personales, convivenciales, económicos y familiares, cuando su conocimiento sea necesario para la valoración y atención de su situación. No está, entre las obligaciones de la persona usuaria, facilitar datos personales, convivenciales, económicos y familiares.
El acuerdo de servicios o las prestaciones que procedan deben ser firmadas por la persona usuaria con la entidad prestadora de las mismas. Verdadero. Falso. Solo si se trata de acuerdos que impliquen el acogimiento en centro residencial.
Cuando las prestaciones económicas o tecnológicas recibidas por la persona usuaria no fueran aplicadas al fin para el que fueran concedidas: La Administración podrá requerir su reintegro total o parcial y la persona usuaria estará obligada a efectuar el reintegro. La Administración podrá requerir su reintegro total o parcial pero la persona usuaria no estará obligada a efectuar el reintegro. La Administración no podrá requerir su reintegro total o parcial una vez concedidas las prestaciones económicas o tecnológicas.
Acudir a las citas y entrevistas marcadas por el personal profesional de los servicios sociales, para valorar la situación, es para la persona usuaria: Un derecho del que puede hacer uso de acuerdo con su criterio personal. Constituye una obligación para la persona usuaria. Ninguna de las anteriores es cierta.
La persona usuaria de los servicios sociales está obligada a: Hacer un uso responsable de los bienes muebles, equipamientos e instalaciones en los que se preste la atención. Hacer un uso responsable de los equipamientos en los que se preste la atención. El uso responsable de los bienes muebles, equipamientos e instalaciones en los que se preste la atención no es obligación de la persona usuaria.
Las situaciones en las que la persona usuaria agreda al profesional de los servicios sociales suponen la vulneración de: La obligación de las personas usuarias de mantener el control de sus impulsos. La agresión a los/las profesionales de los servicios sociales solo constituye una vulneración de las obligaciones de la persona usuaria, cuando se trate de agresiones físicas. La obligación de las personas usuarias de respetar la dignidad de las autoridades y personal que gestionan los recursos y prestan los servicios del sistema público de servicios sociales.
Los servicios sociales se articulan funcionalmente: En una red de servicios y prestaciones estructurada en niveles de atención coordinados y complementarios entre sí. En una red de servicios y prestaciones. En una red coordinada de centros de servicios sociales.
Los niveles de atención del sistema público de servicios sociales son: Servicios sociales de atención primaria y servicios sociales de atención comunitaria y servicios sociales especializados. Servicios sociales de atención primaria y comunitaria. Servicios sociales generales y servicios sociales especializados.
La estructura del sistema público de servicios sociales: Constituye una estructura de dos niveles coordinados y complementarios. Constituye una estructura de dos niveles independientes. Constituye una estructura única coordinada y complementaria de los centros de servicios sociales.
La organización funcional del sistema público de servicios sociales debe responder a la racionalización del acceso a los servicios y prestaciones, así como a las necesidades de ordenación de las actuaciones de las administraciones públicas, de acuerdo con los principios de: Eficiencia, proximidad, transparencia y economía. Eficacia y descentralización Normalización, transparencia y responsabilidad pública.
El funcionamiento de los niveles de atención del sistema público de servicios sociales debe realizarse: De manera independiente, de acuerdo con su finalidad y objeto de intervención. De manera independiente para cada uno de los niveles, para garantizar la autonomía y la capacidad organizativa de las administraciones de las que forman parte. De forma coordinada e integrada, que permita la autonomía y la capacidad organizativa de las administraciones de las que forman parte.
La estructura del sistema público de servicios sociales se configura mediante: El conjunto de los centros de servicios sociales especializados. El conjunto de los centros de servicios sociales y de los centros especializados. Ambas son incorrectas.
La homogeneidad en los criterios de intervención de los servicios sociales se garantiza por medio de: La aplicación de instrumentos comunes de valoración, diagnóstico e intervención. La orientación e información a los/las profesionales sobre criterios de actuación. Las reuniones informativas y de coordinación.
La cumplimentación de la historia social única y la aplicación del plan de intervención social constituyen estrategias para: Garantizar que todos/as los profesionales dispongan de la misma información del caso. Facilitar la coordinación entre profesionales. Garantizar la homogeneidad en los criterios de intervención de los servicios sociales.
Los niveles de atención del sistema público de servicios sociales y las administraciones de las que dependen deben funcionar de modo integrado y coordinado mediante: La homogenización de los procedimientos e instrumentos, la participación en el sistema canario de información de los servicios sociales y la cooperación interadministrativa. La homogenización de los procedimientos e instrumentos, la coordinación con el sistema canario de información de los servicios sociales y la organización interadministrativa. La homogenización de los procedimientos e instrumentos, la información y la cooperación.
Los servicios sociales de atención primaria y los servicios sociales especializados constituyen la estructura del sistema público de servicios sociales: Verdadero. Falso. Constituyen el conjunto de los centros de servicios sociales.
La actualización de la historia social única requiere, por parte de los servicios sociales especializados: La incorporación de protocolos de retorno de la información a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria. El establecimiento de reuniones profesionales periódicas con los servicios sociales de atención primaria y comunitaria. Ambas son correctas.
La aplicación de instrumentos comunes de valoración, diagnóstico e intervención favorece: La coordinación de las actuaciones de los servicios sociales. La homogeneidad en los criterios de intervención de los servicios sociales. Ambas son incorrectas.
La urgencia social es: La situación extraordinaria, que requiere actuación, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y desprotección de una comunidad. La situación excepcional o extraordinaria y puntual, que requiere actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y desprotección de una persona o unidad de convivencia. Cualquier situación puntual o periódica, que requiere actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y desprotección de una persona.
La emergencia social se define como: La situación de necesidad, constatada por los servicios sociales de atención primaria y comunitaria u otras instancias de las administraciones públicas competentes, de atención inmediata a personas o grupos de convivencia por situaciones de crisis social, catástrofes o accidentes. La situación de necesidad, en la que se encuentran las personas o grupos de convivencia por situaciones de crisis social, catástrofes o accidentes. Las situaciones en las que es necesario intervenir de manera inmediata.
Los servicios sociales de atención primaria y los centros de servicios sociales constituyen la estructura del sistema público de servicios sociales. Verdadero. El sistema público de servicios sociales carece de estructura. Falso.
En las situaciones de emergencia y de urgencia social se pueden establecer excepciones a todos a alguno de los requisitos establecidos para el acceso a un servicio o prestación. Sí, para dar respuesta eficaz a las emergencias y urgencias sociales. Sí, cuando se requiera de un servicio o prestación, de forma extraordinaria. En ningún caso.
La situación excepcional o extraordinaria y puntual, que requiere actuación inmediata, sin la cual podría producirse un grave deterioro o agravamiento del estado de vulnerabilidad y desprotección de una persona o unidad de convivencia se define como: Emergencia social. Urgencia social. Cualquiera de las dos anteriores.
Asegurar una respuesta rápida y eficaz de las situaciones de urgencia y emergencia social requiere Protocolizar las situaciones en los niveles de atención primaria y comunitaria, así como en los de atención especializada. Protocolizar las situaciones en el nivel de atención primaria y comunitaria. Protocolizar solo las situaciones que sean previsibles en los niveles de atención primaria y comunitaria, así como en los de atención especializada.
Las intervenciones de urgencia o emergencia deberán: Dar cobertura a las necesidades básicas de las personas, con carácter temporal y salvaguardarlas de los daños o riesgos a los que estuviera expuesta. Dar cobertura a las necesidades básicas de las personas y ofrecerles alojamiento alternativo. Salvaguardar a las personas de los daños o riesgos a los que estuvieran expuestas.
En las intervenciones de urgencia o emergencia se debe: Generar la documentación necesaria que permita evaluar la actuación y transmitir la información necesaria para el seguimiento del caso o situación desde los servicios sociales de atención primaria. Transmitir la información necesaria para el seguimiento del caso o situación desde los servicios sociales de atención primaria. Atender a las personas afectadas mientras la situación de urgencia o emergencia permanezca, informando, si es posible al profesional de referencia.
Puede ser objeto de mediación familiar: Cualquier conflicto entre miembros de la misma unidad familiar. Cualquier conflicto familiar sobre materias en las que el ordenamiento jurídico reconozca la libre disponibilidad o la posibilidad de ser homologados judicialmente. Los conflictos derivados de las relaciones paternofiliales.
Si en el transcurso de la intervención con la persona usuaria o en el proceso de valoración de su situación ocurriera algún hecho que pudiera afectar al proceso, la persona usuaria: Está obligada a comunicar las modificaciones que ocurran en su situación personal, que puedan afectar al proceso de inserción social o a los servicios y prestaciones solicitadas o recibidas. Es recomendable que informe las modificaciones que ocurran en su situación personal, que puedan afectar al proceso de inserción social o a los servicios y prestaciones solicitadas o recibidas. No existe ninguna obligación para la persona usuaria en estas circunstancias.
Según la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar, el conflicto familiar es: El conflicto que surja entre cónyuges o parejas de hecho que tengan hijos en común. El conflicto que surja entre familiares y sean consecuencia de las relaciones paternofiliales. Ambas son incorrectas.
Los asuntos susceptibles de ser considerados conflicto familiar son preferentemente: Los relativos al ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas. Los relativos al ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas, pensiones, uso del domicilio familiar, disolución de bienes gananciales o en copropiedad, cargas y ajuar familiar y otros que deriven o sean consecuencia de las relaciones paternofiliales. Los relativos a la situación económica de las unidades familiares y al ejercicio de la patria potestad y guarda y custodia.
Los/las mediadores/as familiares, en el ejercicio de su actividad no pueden crear ni integrarse en personas jurídicas, ya sea de carácter público o privado. No, los/las mediadores familiares solo pueden ejercer como personas físicas Los/las mediadores familiares pueden crear e integrarse en personas jurídicas públicas o privadas. los/las mediadores familiares pueden crear o integrarse en personas jurídicas solo con carácter privado.
Los conflictos familiares surgidos entre personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o de acogida. Tienen la consideración de conflictos objeto de mediación familiar. No tienen la consideración de conflictos objeto de mediación familiar. Tienen la consideración de conflictos objeto de mediación familiar solo en asuntos relacionados con la gestión del patrimonio familiar.
Los conflictos que surjan entre cónyuges, parejas de hecho, padres e hijos, abuelos con nietos, entre hijos o los que surjan entre los adoptados o acogidos y sus familias biológicas, adoptivas o de acogida se entienden para la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar, como conflicto familiar. Sí, en los asuntos definidos por la ley. No, en ningún caso. Sí cualquiera que sea el asunto de la mediación.
Según la Ley 15/2003, de 8 de abril, de la mediación familiar, el conflicto familiar es: Cualquier conflicto familiar, siempre que verse sobre materias respecto de las que el ordenamiento jurídico vigente reconozca a los interesados, la libre disponibilidad o la posibilidad de ser homologados judicialmente. Cualquier conflicto familiar, sobre cualquier materia, en los que se recomiende no judicializar el proceso. Los conflictos surgidos entre familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
Las actuaciones derivadas de un proceso de mediación familiar pueden iniciarse a instancia de una de las partes. Verdadero Falso. Solo cuando la otra parte del proceso no pueda ser localizada.
Las partes en conflicto pueden apartarse o desistir del proceso solo cuando éste no haya sido iniciado. Pueden desistir en cualquier momento del proceso. Pueden desistir en cualquier momento del proceso, siempre que no se hayan suscrito acuerdos respecto al objeto de la mediación. No se puede desistir en ningún momento del proceso.
Una vez iniciado el proceso de mediación, las partes en conflicto pueden apartarse o desistir del mismo: Sí, en cualquier momento del proceso las partes en conflicto pueden apartarse o desistir del mismo. No, una vez iniciado el proceso las partes en conflicto no pueden apartarse o desistir del mismo. Sí, siempre que no se hubieran suscrito acuerdos sobre los asuntos objeto de mediación.
Los/las mediadores/as familiares, en el ejercicio de su actividad pueden crear e integrarse en personas jurídicas, ya sea de carácter público o privado. Verdadero. Falso. Solo cuando se trate de personas jurídicas de carácter público.
Son principios informadores de la mediación familiar : Voluntariedad y rogación, flexibilidad y antiformalismo, inmediatez y carácter personalísimo. Confidencialidad y secreto profesional, imparcialidad y neutralidad y reserva de las partes. Ambas son correctas.
El/la mediador/a familiar está obligado a guardar secreto profesional de los datos, hechos o documentos relativos al objeto de la mediación. Mientras dure el proceso de mediación Hasta el momento de la firma de los acuerdos sobre los asuntos objeto de mediación. Durante el proceso de mediación y aún después de finalizado, haya o no acuerdo al respecto del asunto objeto de mediación.
El carácter personalísimo de la mediación implica que: Todos los/las participantes, incluido el el/la mediador/a actuante deben asistir personalmente a las sesiones, valiéndose de representantes o intermediarios/as debidamente acreditados cuando no puedan asistir. Todos los/las participantes, excepto el/la mediador/a actuante deben asistir personalmente a las sesiones, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios/as. Todos los/las participantes, incluido el el/la mediador/a actuante deben asistir personalmente a las sesiones, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios/as.
El principio de flexibilidad y antiformalismo de la mediación implica: Que se trata de un proceso que se debe desarrollar de forma espontánea, en la medida en que evolucione el caso. Que se trata de un proceso en el que no existe un plan de intervención. Que se trata de un proceso que se ha de desarrollar sin sujeción a procedimiento reglado, excepto los mínimos legales establecidos.
En el proceso de mediación, el/la mediador/a actuante: Debe mantener una actitud neutra respecto de los puntos de vista de las partes en conflicto. Debe favorecer la postura de una de las partes hasta llegar a un acuerdo. Debe abstenerse de promover actuaciones que comprometan la neutralidad, excepto cuando haya menores o personas discapacitadas, en cuyo caso debe tomar partido por éstos.
Las partes en conflicto deben guardar reserva de los datos, hechos o documentos que hayan conocido durante el proceso de mediación: Sí, constituye una obligación para las partes en conflicto. Solo mientras dure el proceso de mediación y hasta la firma de los acuerdos. Las partes en conflicto no tienen obligación de reserva de datos, hechos o documentos, es responsabilidad del mediador/a.
Todos los/las participantes, incluido el el/la mediador/a actuante deben asistir personalmente a las sesiones, sin que puedan valerse de representantes o intermediarios/as. Es el principio de inmediatez y carácter personalísimo de la mediación. Es el principio de reserva de las partes de la mediación. Es el principio de antiformalismo de la mediación.
Son principios informadores de la mediación familiar: Normalización, descentralización y responsabilidad pública. Información y asesoramiento Ambas son incorrectas.
El procedimiento de mediación solo puede iniciarse a instancia de todas las partes en conflicto, pudiendo éstas apartarse o desistir en cualquier fase del procedimiento ya iniciado, siempre que no hubieran suscrito acuerdos sobre los asuntos objeto de la mediación. Principio de reserva de las partes. Principio de flexibilidad y antiformalismo. Principio de voluntariedad y rogación.
La imparcialidad, el antiformalismo y la responsabilidad pública son tres de los principios orientadores de la mediación familiar: Verdadero para imparcialidad y responsabilidad pública. Verdadero en todos los casos. Falso.
Las partes en conflicto pueden designar representantes para asistir a las sesiones de mediación Sí cuando ambas partes lo acuerden. Sí, a propuesta del mediador. No.
El/la mediador/a familiar no puede valerse de representantes o intermediarios para asistir a las sesiones de mediación. Sí, puede valerse de representantes o mediadores, cuando por causa justificada no pueda asistir a las sesiones. No puede valerse de representantes o mediadores en ningún caso. Sí, puede valerse de representantes o mediadores.
La mediación familiar está sujeta a procedimientos reglados que se regulan específicamente en los reglamentos de desarrollo de la Ley 15/2003 de 8 de abril de la mediación familiar: Sí, la mediación familiar requiere ser una actividad reglada. No, la mediación familiar no está sujeta a procedimientos reglados, excepto los mínimos establecidos legalmente. La ley establece la reglamentación de los procesos de mediación familiar.
El procedimiento de mediación: Solo podrá iniciarse a instancia de las partes en conflicto. Se inicia a instancia de una de las partes en conflicto. Se inicia a instancia del/la mediador/a.
El/la profesional de la mediación familiar debe tener titulación universitaria en las carreras de: Derecho, Psicología, Trabajo social u otras Ciencias Sociales. Psicología, Magisterio, Educación social u otras Ciencias sociales. En cualquier especialidad siempre que se trate de titulación universitaria superior.
Para el ejercicio como mediador/a familiar se exige: Titulación universitaria, colegiación profesional e inscripción en el Registro Público de Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias. Titulación universitaria en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo social u otras Ciencias Sociales. Inscripción en el Registro Público de Mediadores Familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las entidades de mediación familiar, como personas jurídicas, deben tener como objeto social único el conocimiento de asuntos de carácter familiar, al menos un mediador y estar inscritas en el Registro Público de Mediadores familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sí. No, el objeto social puede ser más amplio e incluir otros asuntos. No.
En el proceso de mediación, el/la mediador/a familiar: Debe garantizar el respeto de los puntos de vista de las partes en conflicto y preservar su igualdad. Debe garantizar el respeto de los puntos de vista de las partes en conflicto, favoreciendo la postura de quien argumente mejor las razones del conflicto. Debe escuchar a las partes en conflicto y favorecer los acuerdos con las menores intervenciones posibles.
Las personas con titulación universitaria superior en carreras técnicas como la Arquitectura o la Ingeniería pueden ejercer como mediadores/as familiares. Sí siempre que estén colegiados en sus respectivos colegios profesionales. No, en ningún caso. Sí en todos los casos.
En los siguientes casos, señale la opción de quien puede ejercer como mediador/a familiar. Trabajador/a social, inscrito/a en el Colegio Profesional de Trabajo social, sin formación específica en mediación. Trabajador/a social, inscrito/a en el Colegio Profesional de Trabajo social, con formación específica en mediación. Trabajador/a social, inscrito/a en el Colegio Profesional de Trabajo social, con formación específica en mediación e inscrito/a en Registro de Mediadores familiares de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Las entidades de mediación familiar, como personas jurídicas, deben tener en su objeto social único: Conocimiento de asuntos de carácter familiar. Conocimiento de asuntos sociales. Conocimiento de derecho de familia.
El/la mediador/a familiar debe tener titulación universitaria en las carreras de Derecho, Psicología, Trabajo social u otras Ciencias Sociales y además: Acreditar formación específica en técnicas de resolución de conflictos. Acreditar formación específica en mediación familiar. Acreditar formación específica en la atención a víctimas del delito.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: Garantía del carácter eminentemente educativo de las medidas que se adopten con los menores con la colaboración de los mismos y sus familias. Reconocimiento de su dimensión privada y educativa. Organización de los centros públicos de atención a los menores.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: (señala la INCORRECTA) Reconocimiento de su dimensión personal y social. Subsidiaridad de las funciones parentales respecto a la actuación administrativa. Remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su formación integral.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: Prevalencia del interés de los menores sobre cualquier otro recurrente. Gestión de prestaciones económicas. Aprobación de los planes de atención integral a los menores.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: (señala la INCORRECTA) Coordinación con los diferentes poderes púbicos que actúen en la atención de los menores. Sensibilización de la población en relación con los derechos de los menores y las actuaciones ante situaciones de indefensión, riesgo y desamparo. La aprobación de los programas de formación permanente y perfeccionamiento profesional.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: Promoción de la participación y de la solidaridad social, así como de los valores de tolerancia, respeto, igualdad y observancia de los principios democráticos de convivencia. Desarrollar intervenciones que activen las potencialidades de los menores y sus familias. Integrar la concesión de prestaciones económicas en un proyecto global de intervención familiar.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: (señala la INCORRECTA) Desarrollar intervenciones que generen procesos educativos vinculados a la vida cotidiana. Subsidiariedad de la actuación administrativa respecto a las funciones parentales. Remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su formación integral.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: Dotar de los recursos y programas necesarios que potencien factores de riesgo. Proteger la integridad y seguridad de los menores. Prevalencia del interés de los menores sobre cualquier otro recurrente.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: (señala la INCORRECTA) Garantía del carácter eminentemente educativo de las medidas que se adopten con los menores con la colaboración de los mismos y sus familias. Lograr el desarrollo de la familia para que esta asuma la satisfacción de las necesidades de los menores. Sensibilización de la población en relación con los derechos de los menores y las actuaciones ante situaciones de indefensión, riesgo y desamparo.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: La disminución de los factores de riesgo. La promoción de los factores de protección. Reconocimiento de su dimensión personal y social.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: en materia de atención integral a los menores, las actuaciones administrativas responderán a los siguientes principios: (señala la INCORRECTA) Promoción de la participación y de la solidaridad social, así como de los valores de tolerancia, respeto, igualdad y observancia de los principios democráticos de convivencia. Garantía del carácter eminentemente educativo de las medidas que se adopten con los menores con la colaboración de los mismos y sus familias. Lograr la creación de una Red de Equipos Territoriales Especializados para la Atención de menores en situación de riesgo.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la “subsidiariedad de la actuación administrativa respecto a las funciones parentales”, es: El objeto de la Ley. La finalidad de la Ley. Un principio rector de la actuación administrativa.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, ¿cuál es un principio rector de la actuación administrativa? Subsidiariedad de las funciones parentales respecto de la actuación administrativa. Subsidiariedad de la actuación administrativa respecto a las funciones parentales. Subsidiariedad de la actuación pública respecto a las funciones parentales.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, ¿cuál es un principio rector de la actuación administrativa? Garantía del carácter eminentemente educativo de las medidas que se adopten con los menores con la colaboración de los mismos y sus familias. Remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su formación integral. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, ¿cuál es un principio rector de la actuación administrativa? Promoción de la participación y de la solidaridad social, así como de los valores de tolerancia, respeto, igualdad y observancia de los principios democráticos de convivencia. Sensibilización de la población en relación con los derechos de los menores y las actuaciones ante situaciones de indefensión, riesgo y desamparo. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, ¿cuál es un principio rector de la actuación administrativa? Lograr la creación de una Red de Equipos Territoriales Especializados para la Atención de menores en situación de riesgo. Subsidiariedad de la actuación pública respecto a las funciones parentales. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, ¿cuál es un principio rector de la actuación administrativa? Lograr el desarrollo de la familia para que esta asuma la satisfacción de las necesidades de los menores. Desarrollar intervenciones que generen procesos educativos vinculados a la vida cotidiana. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la “Sensibilización de la población en relación con los derechos de los menores y las actuaciones ante situaciones de indefensión, riesgo y desamparo” es: Una competencia de los ayuntamientos. Un derecho de la ciudadanía. Un principio rector de la actuación administrativa.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, ¿cuál es un principio rector de la actuación administrativa? Garantía del carácter eminentemente educativo de las medidas que se adopten con los menores con la colaboración de los mismos y sus familias. Lograr el desarrollo de la familia para que esta asuma la satisfacción de las necesidades de los menores. Reconocimiento de su dimensión privada y educativa.
En relación a los principios rectores de la actuación administrativa según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: La protección de los menores es responsabilidad de todos los ciudadanos. La protección de los menores es responsabilidad pública. Ambas son correctas.
Entre los principios rectores de la actuación administrativa según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, se encuentra: La integración familiar y social de los menores. La garantía del carácter eminentemente social de las medidas que se adopten con los menores. La promoción de los factores de protección de las familias y menores.
Entre los principios rectores de la actuación administrativa según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, se encuentra la promoción de la participación y de... La coordinación entre administraciones. La satisfacción de las necesidades de los menores. La solidaridad social.
La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en relación a los principios rectores de la actuación administrativa, recoge en uno de sus principios que la responsabilidad pública de la protección de los menores tendrá una actuación prioritaria en: La prevención de situaciones de riesgo, desamparo y graves carencias que afecten a su desarrollo. Garantizar la permanencia del menor en su entorno. Ambas son correctas.
La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en relación a los principios rectores de la actuación administrativa, recoge como uno de los principios la integración familiar y social de los menores… Garantizando la permanencia en su entorno familiar y social. Garantizando la permanencia en su entorno familiar y social, salvo que no resultase conveniente para sus intereses primordiales. Garantizando la permanencia en su entorno familiar y educativo, salvo que no resultase conveniente para sus intereses primordiales.
La Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en relación a los principios rectores de la actuación administrativa, recoge como uno de los principios la sensibilización de la población en relación con… Los derechos de los menores Las actuaciones ante indefensión, riesgo y desamparo. Ambas son correctas.
Entre los principios rectores de la actuación administrativa según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, se encuentra la promoción de la participación y de la solidaridad social… Así como de los valores de tolerancia, respeto, igualdad y observancia de los principios democráticos de convivencia. Así como la coordinación y transparencia de las administraciones públicas. Así como el desarrollo de canales de comunicación entre los agentes sociales implicados con los menores.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: El órgano municipal competente iniciará el oportuno expediente tendente a la comprobación de la situación. El órgano municipal competente comunicará el inicio al órgano competente de la Administración autonómica. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: El órgano municipal competente iniciará el oportuno expediente tendente a la comprobación de la situación. La resolución que declare la situación de riesgo determinará las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de protección dentro de la institución familiar. La opción a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: Se garantizará la audiencia de quienes estén ejerciendo las funciones parentales, así como del menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los catorce años. Se garantizará la audiencia de quienes estén ejerciendo las funciones parentales, así como del menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los doce años. Se garantizará la audiencia de quienes estén ejerciendo las funciones parentales, así como del menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los dieciséis años.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: La declaración que declare la situación de riesgo determinará las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de riesgo de la institución familiar. La declaración que declare la situación de riesgo determinará las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de protección de la institución familiar. La declaración que declare la situación de riesgo determinará las medidas de asistencia tendentes a potenciar los factores de protección de la institución familiar.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: La declaración que declare la situación de riesgo determinará las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de protección de la institución familiar. En el procedimiento para la declaración de la situación de riesgo se garantizará la audiencia de quienes estén ejerciendo las funciones parentales, así como del menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los catorce años. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: Deberá solicitarse informe del órgano autonómico competente en materia de atención a los menores. En el procedimiento para la declaración de la situación de riesgo se garantizará la audiencia de quienes estén ejerciendo las funciones parentales, así como del menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los doce años. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: La resolución que declare la situación de riesgo determinará las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de riesgo dentro de la institución familiar. Dicha resolución deberá notificarse a quienes ejerzan las funciones parentales. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: (señala la INCORRECTA) La resolución que declare la situación de riesgo determinará las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de riesgo dentro de la institución familiar. Dicha resolución no deberá notificarse a quienes ejerzan las funciones parentales. En el procedimiento para la declaración de la situación de riesgo se garantizará la audiencia de quienes estén ejerciendo las funciones parentales, así como del menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los doce años.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: Cuando se tenga conocimiento de que un menor pueda encontrarse en situación de riesgo, el órgano municipal competente iniciará el oportuno expediente tendente a la comprobación de aquella situación, y comunicará el inicio al órgano competente de la Administración autonómica. En los supuestos en que el órgano municipal no proceda al inicio y resolución del procedimiento, el órgano autonómico competente en materia de atención a los menores, previo requerimiento al ayuntamiento correspondiente, podrá declarar la situación de riesgo de un menor y adoptar las medidas de asistencia necesarias. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor: (señala la INCORRECTA) En el procedimiento para la declaración de la situación de riesgo se garantizará la audiencia de quienes estén ejerciendo las funciones parentales, así como del menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los dieciséis años. La resolución que declare la situación de riesgo determinará las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de riesgo dentro de la institución familiar. Dicha resolución deberá notificarse a quienes ejerzan las funciones parentales.
Siguiendo el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor que establece la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores: Se garantizará la audiencia de quienes no estén ejerciendo las funciones parentales. Se garantizará la audiencia del menor, si tuviere juicio suficiente o hubiere cumplido los catorce años. Ambas son incorrectas.
Siguiendo el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor que establece la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la resolución que declare la situación de riesgo determinará… Los contenidos trabajables para alcanzar los objetivos propuestos. Las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de riesgo dentro de la institución familiar. La asunción de responsabilidades parentales y la organización de la vida cotidiana.
Siguiendo el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor que establece la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la resolución que declare la situación de riesgo deberá… Notificarse a quienes ejerzan las funciones parentales. Comunicarse al órgano competente en materia de atención a los menores de la Administración autonómica. Ambas son correctas.
Siguiendo el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor que establece la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, “las medidas de asistencia tendentes a eliminar los factores de riesgo dentro de la institución familiar” se determinan... En la resolución que declare la situación de riesgo. Al inicio del expediente. La respuestas a) y b) son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de situación de riesgo de un menor, en los supuestos en que el órgano municipal no proceda al inicio y resolución del procedimiento… El órgano autonómico competente podrá declarar la situación de riesgo de un menor y adoptar las medidas de asistencia necesarias. El órgano autonómico competente no podrá declarar la situación de riesgo de un menor, requiriendo al ayuntamiento correspondiente para que proceda al inicio del procedimiento. Ambas son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en la colaboración en la ejecución de las medidas de asistencia acordadas en la declaración de riesgo: (señala la INCORRECTA) Los padres, tutores o guardadores vendrán obligados a colaborar activamente en la ejecución de las medidas de asistencia acordadas. Los menores vendrán obligados a colaborar activamente en la ejecución de las medidas de asistencia acordadas. La ejecución de las medidas de asistencia acordadas podrá realizarse por entidades colaboradoras.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, con respecto a la ejecución de las medidas de asistencia acordadas en la declaración de riesgo, la negativa a la colaboración podrá dar lugar a: La declaración de desamparo. La ejecución de las medidas, sin ser necesario el consentimiento de los padres, tutores o guardadores. Ambas son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en la colaboración en la ejecución de las medidas de asistencia acordadas en la declaración de riesgo: Los padres, tutores o guardadores vendrán obligados a colaborar activamente en la ejecución de las medias de asistencia acordadas. Los padres, tutores o guardadores no vendrán obligados a colaborar activamente en la ejecución de las medias de asistencia acordadas. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en la colaboración en la ejecución de las medidas de asistencia acordadas en la declaración de riesgo: La ejecución de las medidas de asistencia acordadas podrá realizarse por entidades colaboradoras, siempre y cuando estén contempladas como entidades públicas. La ejecución de las medidas de asistencia acordadas podrá realizarse por entidades colaboradoras La ejecución de las medidas de asistencia acordadas podrá realizarse por entidades públicas o privadas que no sean colaboradoras de la administración pública.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en la colaboración en la ejecución de las medidas de asistencia acordadas en la declaración de riesgo, la ejecución de las medidas podrá realizarse por entidades colaboradoras: Sí, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. Sí, siempre que sean entidades de derecho público. No, puesto que es responsabilidad del órgano municipal competente.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, se considera situación de desamparo: La que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral y material. Cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para la separación del menor de su familia. La respuesta a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral y material, de conformidad con: La Constitución Española. El Estatuto de Autonomía Canario. El Código Civil.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia… moral y educativa. moral, material y educativa. moral y material.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, se considera situación de desamparo: La que se produce de hecho a causa del cumplimiento del ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores. La que se produce de hecho a causa del adecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando sus padres o tutores no soliciten la recuperación de la guarda una vez desaparecidas las circunstancias justificativas de la asunción de ésta por la Administración. Cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para la separación del menor de su familia. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando sea objeto de malos tratos físicos o psíquicos, o de abusos sexuales, por parte de familiares o de terceros, producidos en el ambiente familiar del menor. Cuando sea utilizado por las personas bajo cuyo cuidado se encuentra para la mendicidad, prostitución, trabajo infantil, esporádico o estable, o cualquier otra explotación económica de naturaleza análoga. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando no asista de forma reiterada y sin justificación al centro escolar donde se halla matriculado, debido a la conducta negligente de los padres, tutores o guardadores, o se aprecie la ausencia de escolarización del menor, estando en edad para ello. Cuando las personas que integran la unidad de convivencia del menor y, especialmente, sus padres, tutores o guardadores se dediquen, habitualmente, al consumo de alcohol o sustancias tóxicas o psicotrópicas, perjudicando con su conducta gravemente el desarrollo y bienestar del menor Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, cuando se aprecie la ausencia de escolarización del menor, se considera que este se encuentra: En situación de riesgo. En situación de desamparo. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, cuando los padres o tutores no soliciten la recuperación de la guarda del menor una vez desaparecidas las circunstancias justificativas de la asunción de ésta por la Administración, se considera: Que el menor se encuentra en situación de desamparo. Que el menor se encuentra en situación de riesgo. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando asista de forma reiterada al centro escolar donde se halla matriculado. Cuando sus padres o tutores soliciten la recuperación de la guarda del menor una vez desaparecidas las circunstancias justificativas de la asunción de ésta por la Administración. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para la separación del menor de su familia. Cuando sea utilizado por las personas bajo cuyo cuidado se encuentra para la mendicidad, prostitución, trabajo infantil, esporádico o estable, o cualquier otra explotación económica de naturaleza análoga. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando falten las personas a las que por ley les corresponda el ejercicio de las funciones de guarda o cuando las mismas, por perturbaciones o trastornos mentales u otras circunstancias, se encuentren imposibilitadas para su ejercicio o las ejerzan con grave peligro para el menor. Cuando sea objeto de malos tratos físicos o psíquicos, o de abusos sexuales, por parte de familiares o de terceros, producidos en el ambiente familiar del menor. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando no asista de forma reiterada y sin justificación al centro escolar donde se halla matriculado, debido a la conducta negligente de los padres, tutores o guardadores, o se aprecie la ausencia de escolarización del menor, estando en edad para ello. Cuando sea utilizado por las personas bajo cuyo cuidado se encuentra para la mendicidad, prostitución, trabajo infantil, esporádico o estable, o cualquier otra explotación económica de naturaleza análoga. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando las personas que integran la unidad de convivencia del menor y, especialmente, sus padres, tutores o guardadores se dediquen, habitualmente, al consumo de alcohol o sustancias tóxicas o psicotrópicas, perjudicando con su conducta gravemente el desarrollo y bienestar del menor. Cuando se produce la negativa de los progenitores a prestar el consentimiento respecto de los tratamientos médicos necesarios para salvaguardar la vida o integridad física o psíquica de un menor. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, específicamente se considera que el menor se encuentra en situación de desamparo: Cuando no asista de forma reiterada y sin justificación al centro escolar donde se halla matriculado, debido a la conducta negligente de los padres, tutores o guardadores. Cuando se aprecie la ausencia de escolarización del menor, estando en edad para ello. Las respuestas a) y b) son correctas.
En relación a la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en situaciones de desamparo de los menores deberán adoptarse las medidas previstas en: El Código Civil. La Constitución Española. Las respuestas a) y b) son incorrectas.
Siguiendo la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la declaración de desamparo: Se iniciará de oficio por acuerdo de un órgano superior. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente de la Administración autonómica. Se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente de la Administración municipal.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la declaración de desamparo se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente de la Administración autonómica: A solicitud del menor que ponga de manifiesto su situación. A instancia del Ministerio Fiscal Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la declaración de desamparo se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente de la Administración autonómica: Por denuncia de cualquier persona que ponga en conocimiento el posible desamparo de un menor. Por propia iniciativa, cuando tenga conocimiento de cualquier menor que se encuentre en situación de desamparo. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de desamparo, la declaración de desamparo habrá de ordenarse a: La verificación de la situación denunciada o detectada. La adopción de las medidas necesarias para asegurar la asistencia moral y material del menor. Las respuestas a) y b) son correctas.
Siguiendo el procedimiento de desamparo de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, el procedimiento para la declaración de desamparo se iniciará de oficio… Por acuerdo del órgano competente de la Administración autonómica. Por acuerdo de los progenitores. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de desamparo habrán de ser oídos: Cuando sea necesario, el menor que hubiere cumplido doce años o tuviese suficiente juicio. En todo caso, el menor que hubiere cumplido doce años o tuviese suficiente juicio. Cuando sea necesario, el menor que hubiere cumplido diez años o tuviese suficiente juicio.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de desamparo, habrán de ser oídos: En todo caso, el menor que hubiere cumplido doce años o tuviese suficiente juicio. Siempre que sea posible, sus padres, tutores o guardadores. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de desamparo, habrán de ser oídos: En todo caso, el menor que hubiere cumplido doce años o tuviese suficiente juicio. En todo caso, el menor que hubiere cumplido catorce años o tuviese suficiente juicio En todo caso, el menor que hubiere cumplido dieciséis años o tuviese suficiente juicio.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de desamparo, habrán de ser oídos: Obligatoriamente los padres, tutores o guardadores. Siempre que sea posible, los padres, tutores o guardadores. Siempre que sea posible, el menor que hubiere cumplido catorce años o tuviese suficiente juicio.
Siguiendo la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento de declaración de desamparo, en los casos en que exista un grave riesgo para el menor o cualquier otra causa que exija una intervención inmediata, el órgano competente declarará: La situación provisional de desamparo. La situación de riesgo. La situación irrevocable de desamparo.
Teniendo en cuenta la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la resolución que declare la situación de desamparo del menor: Será notificada, en el plazo de 48 horas, a los padres, tutores o guardadores de forma presencial, siempre que ello sea posible, o a través de cualquiera de los medios admitidos en Derecho. Será notificada, en el plazo de 24 horas, a los padres, tutores o guardadores de forma presencial, siempre que ello sea posible, o a través de cualquiera de los medios admitidos en Derecho. Será notificada, en el plazo de 72 horas, a los padres, tutores o guardadores de forma presencial, siempre que ello sea posible, o a través de cualquiera de los medios admitidos en Derecho.
Teniendo en cuenta la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la resolución que declare la situación de desamparo del menor será notificada: A los padres, tutores o guardadores. Al Ministerio Fiscal Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, ¿podrá recabarse la cooperación y asistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la ejecución de las medidas acordadas en la declaración de desamparo? Sí, con el alcance previsto en la legislación general. No. Sí, con el alcance previsto en la resolución.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la resolución que declare la situación de desamparo del menor será notificada: En el plazo de 48 horas, a los padres, tutores o guardadores de forma presencial. En el plazo de 48 horas, al Ministerio Fiscal. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la declaración de desamparo conlleva: La asunción de la tutela por el órgano competente. La asunción de la tutela por los progenitores. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la declaración de desamparo conlleva la asunción de la tutela por el órgano competente: De la Administración Pública municipal. De la Administración Pública autonómica. De la Administración Pública estatal.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la tutela de los menores se ejercerá, de conformidad con el Código Civil, acordando alguna de las medidas siguientes: Acogimiento familiar y Acogimiento residencial Acogimiento familiar, Acogimiento residencial y profesionalizado. Acogimiento familiar, Acogimiento residencial y adopción.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la tutela de los menores se ejercerá, de conformidad con el Código Civil, acordando alguna de las medidas siguientes: Acogimiento familiar. Acogimiento residencial. Ambas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, asumida la tutela por el órgano competente, los menores recibirán atención inmediata en los centros o unidades de primera acogida habilitados al efecto: Por el tiempo imprescindible para determinar las medidas de amparo más adecuadas. Por tiempo indefinido. Por el tiempo que soliciten los progenitores.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, el órgano competente de la Administración autonómica podrá asumir la guarda voluntaria de un menor: A petición del menor. A petición de los padres o tutores. A petición de los padres o tutores y del menor.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, el órgano competente de la Administración autonómica podrá asumir la guarda voluntaria de un menor: A petición del mismo órgano. petición de los padres o tutores y del menor, obligatoriamente. Ninguna respuesta es correcta.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, los padres o tutores podrán solicitar la guarda voluntaria de un menor cuando: Justifiquen no poder cuidar al menor por circunstancias graves. Manifiesten no querer cuidar al menor por circunstancias leves Manifiesten no querer cuidar al menor por circunstancias graves.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la guarda voluntaria tendrá carácter: Definitiva. Temporal. Revisable.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en la guarda voluntaria: Podrá exigirse a los padres o tutores del menor, que contribuyan, de acuerdo con su capacidad económica, al sostenimiento de las cargas que se deriven del cuidado y atención del menor. Se atenderá en todo momento a la reintegración del menor en su familia de origen. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la guarda voluntaria cesará: A petición de los padres o tutores. Por constitución de la tutela por ministerio de la ley. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la guarda voluntaria cesará: Una vez se compruebe por el órgano competente la desaparición de las causas que motivaron su asunción. Cuando se verifique que no han desaparecido las causas que la justificaron y que las mismas están recogidas como alguno de los supuestos en que se considera al menor en situación de desamparo. Ambas respuestas son correctas.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, la guarda voluntaria cesará: A petición del menor. A petición de los padres o tutores y del menor, obligatoriamente. Ninguna respuesta es correcta.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, asumida la guarda voluntaria del menor. Su entrega deberá formalizarse por escrito. Su entrega no deberá formalizarse por escrito. Su entrega deberá formalizarse por escrito, de manera opcional.
Según la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, en el procedimiento para la asunción de la guarda: Habrá de ser oído el menor que hubiere cumplido doce años o tuviese suficiente juicio. Hay que dejar constancia de que los padres o tutores han sido informados de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto del menor. Las respuestas a) y b) son correctas.
Siguiendo el Pacto de Estado contra la violencia de género, ¿cuál es el Eje 1 de actuación del mismo? La ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad y de la prevención de la violencia de género. La mejora de la respuesta institucional a través de la coordinación y el trabajo en red, entre las autoridades y organismos responsables. El perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección que se ofrece a las mujeres víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas.
Siguiendo el Pacto de Estado contra la violencia de género, ¿cuál es el Eje 4 de actuación del mismo? El compromiso económico con las políticas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. La intensificación de la asistencia y protección de menores. El impulso de la formación de los distintos agentes para garantizar la mejor respuesta asistencial.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”, debe ser: Cuestión de cada Comunidad Autónoma. Cuestión de Estado. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, una de las medidas incluidas en los ejes de actuación es la ruptura de silencio mediante el fomento de acciones de sensibilización de la sociedad y prevención de la violencia de género desarrollando acciones dirigidas a sensibilizar: A todas las comunidades. A toda la sociedad. A la comunidad educativa, para la prevención y el trato temprano.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, las actuaciones tendrán como destinatarios principales: Niños/as, adolescentes y jóvenes. Toda la comunidad. Los estudiantes junto con sus familias.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, las actuaciones hacia niños/as, adolescentes y jóvenes busca: Conocer los tipos de violencia y saber detectarlos, así como prevenirlos. Sensibilizar sobre la gravedad de la violencia de género. Interiorizar la igualdad como valor esencial para la convivencia entre mujeres y hombres.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, debido a la especial incidencia, se desarrollaran campañas de sensibilización específicamente a: Mujeres del ámbito rural. Mujeres que sufren algún tipo de discapacidad. Ambas son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, debido a la especial incidencia, se desarrollaran campañas de sensibilización específicamente a: Mujeres víctimas de violencia de género. Mujeres del ámbito rural o mujeres con alguna discapacidad Ninguna es correcta.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en las acciones de sensibilización se tendrá en consideración: El papel que cumplen los Servicios Sociales. El papel de los medios de comunicación, en orden a la prevención y lucha. El papel de la comunidad educativa como contexto de prevención.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, los medios de comunicación tienen un papel insustituible por el desarrollo de acciones de sensibilización mediante: La divulgación de noticias respecto a la violencia de género, y concienciación ante estas. La prevención y elaboración de contenidos basados en valores de igualdad y respeto. La divulgación de noticias y emisión de campañas de prevención ante las violencias machistas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, una de las medidas necesarias para la ruptura del silencio es: Promoción en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual. Reforzar y ampliar en materia de Educación, los valores igualitarios y la educación afectivo-sexual obligatoria en todos los niveles educativos. La respuesta a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, una de las medidas necesarias para la ruptura del silencio es: Ofertar en los programas de Formación permanente del profesorado, al menos un programa específico de prevención y lucha contra la violencia de género. Revisar y reforzar la elaboración de protocolos de detección precoz en el ámbito educativo. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género respecto a las campañas: Utilizar las consultas médicas, centros sanitarios y farmacias como plataformas informativas sobre la violencia de género, con carteles, folletos, etc. Fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y recomendaciones directas a empresas y espacios educativos. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, se busca la intensificación de: Las normas de convivencia. Los derechos y deberes de los menores. La asistencia y protección de menores.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, hay una necesidad de: Ampliar y mejorar las medidas dirigidas a la asistencia y protección de los menores como víctimas directas. Mejorar las acciones en sensibilización. Ambas respuestas son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, se necesita: Revisar las medidas civiles relativas a la custodia de los menores. Fomentar actuaciones de refuerzo positivo en el ámbito educativo y de impulso de especialización de Puntos de Encuentro Familiar para los casos de violencia de género. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, una de las medidas para la intensificación de la asistencia y protección de menores puede ser: Realizar estudios sobre la situación de los menores (custodia, régimen de visitas…) Realizar estudios sobre las condiciones familiares. Hacer valoración de los núcleos de socialización del menor.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, una de las medidas para la intensificación de la asistencia y protección de menores puede ser: Promover la puesta en marcha de Puntos de Encuentro Familiar exclusivos y especializados para la atención, y en su defecto elaborar y aplicar protocolos específicos. Estudiar las modificaciones legislativas para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en sustracción internacional de menores. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, se debe: Trabajar con las Comunidades Autónomas para la rehabilitación de los menores agresores en casos de Violencia de Género. Trabajar con los Servicios Sociales para la rehabilitación de los menores agresores en casos de Violencia de Género. Trabajar en las Comunidades Educativas y en los barrios para la rehabilitación de los menores agresores en casos de Violencia de Género.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, se posibilita: Que los niños y niñas tengan libertad absoluta en toma de decisiones en los temas que le afecten. Que los niños y niñas puedan ser escuchados, pero en los asuntos que les afecten, tendrán voz sus padres/tutores por estos ser menores de edad. Que los niños y niñas a ser escuchados y participen en los asuntos que les afecten, teniendo en cuenta sus condiciones de edad y madurez.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en el desarrollo de las acciones de sensibilización se tendrá en cuenta el papel insustituible que cumplen: Las instituciones públicas. Los medios de comunicación. Los equipos de prevención de los servicios especializados.
Siguiendo el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, estas se centran en los siguientes ámbitos: Educación, Campañas, Sectores Vulnerables, Medios, Deportes, Laboral y Sanidad. Educación, Servicios Sociales, Laboral y Sanidad. Sanidad, Laboral, Educación y Responsabilidad Pública.
Siguiendo el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, estas se centran en los siguientes ámbitos: Educación, Deportes, Laboral y Sanidad. Campañas, Sectores Vulnerables y Medios. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, son medidas en el ámbito de la educación: Incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad. Promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual, trabajando específicamente con los niños y valores adolescentes. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, son medidas en el ámbito de la educación: Incluir contenidos de igualdad y contra la violencia de género en los temarios de acceso a los cuerpos docentes. Introducir en los libros de Historia el origen, desarrollo y logros del Movimiento Feminista. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “incluir, en todas las etapas educativas, la prevención de la violencia de género, del machismo y de las conductas violentas, la educación emocional y sexual y la igualdad” pertenece al siguiente Eje: Eje 1 de actuación. Eje 4 de actuación Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “Introducir en los libros de Historia el origen, desarrollo y logros del Movimiento Feminista”, pertenece al siguiente Eje de actuación: Eje 1 de actuación. Eje 4 de actuación. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, son medidas en el ámbito de las campañas: Elaborar materiales informativos para madres y padres que les ayuden a detectar la violencia de género de la que pueden ser víctimas o agresores sus hijas o hijos adolescentes. Utilizar las consultas médicas, centros sanitarios y farmacias como plataformas informativas sobre la violencia de género. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, son medidas en el ámbito de las campañas Visibilizar en campañas y actuaciones a las mujeres mayores. Dar formación a los jóvenes sobre el uso adecuado y crítico de internet y las nuevas tecnologías, especialmente en la protección de la privacidad y sobre los ciberdelitos. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “revisar los criterios de las campañas publicitarias institucionales de prevención, para introducir contenidos enfocados a ofrecer pautas de actuación a las víctimas, incluyendo la identificación de situaciones de riesgo ”, pertenece al siguiente Eje de actuación: Eje 1 de actuación. Eje 4 de actuación. Eje 2 de actuación.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y recomendaciones directas a empresas y espacios educativos” pertenece al siguiente Eje de actuación: Eje 4 de actuación. Eje 2 de actuación. Ninguna respuesta es correcta.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “promover que en el marco de la cooperación internacional se destinen recursos para medidas específicas contra la violencia machista dentro de los protocolos de actuación en campos de refugiados y refugiadas”, pertenece al siguiente Eje de actuación: Eje 1 de actuación. Eje 4 de actuación. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, son medidas en el ámbito de los medios: Visibilizar en campañas y actuaciones a las mujeres mayores. Comprometer a los medios de comunicación a divulgar las sentencias condenatorias recaídas en casos de violencia de género. Ninguna respuesta es correcta.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, son medidas en el ámbito de la sanidad: Incluir la formación en género en los estudios de los y las profesionales sanitarios y en todos los planes de las especialidades del MIR. Impulsar campañas institucionales contra la violencia de género, en colaboración con los centros de atención primaria y atención especializada de la sanidad pública. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “atender las necesidades informativas de la juventud para frenar conductas machistas que desembocan en malos tratos”, pertenece al siguiente Eje de actuación: Eje 1 de actuación. Eje 3 de actuación. Eje 4 de actuación.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 1 de actuación, son medidas en el ámbito de la sanidad: Mejorar la detección precoz de la violencia de género en los centros sanitarios, a través de una mayor formación especializada de los y las profesionales sanitarios difundiendo los protocolos de actuación. Incluir la formación en género en los estudios de los y las profesionales sanitarios y en todos los planes de las especialidades del MIR. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 4 de actuación, se encuentran: Adoptar las medidas que permitan la custodia compartida en ningún caso se imponga en casos de violencia de género en los supuestos previstos en el artículo 92.7 del Código Civil, y que no pueda adoptase, ni siquiera provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección. Promover, desde la representación de España en la Organización Mundial del Trabajo, un Acuerdo Internacional contra la violencia de género en el lugar de trabajo. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 4 de actuación, se encuentran: Prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género. Impedir que el padre maltratador pueda acceder a las grabaciones realizadas con motivo de la exploración judicial de los menores. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 4 de actuación, se encuentran: Promover la puesta en marcha de Puntos de Encuentro Familiar exclusivos y especializados para la atención a los casos de violencia de género y en su defecto elaborar y aplicar protocolos específicos. Eximir del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en otros impuestos sobre la renta las ayudas y prestaciones que se perciban por razón de la violencia de género por los hijos e hijas menores de edad. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “reforzar el apoyo y asistencia a los menores hijos e hijas de víctimas mortales de la violencia”, pertenece al siguiente Eje de actuación: Eje 4 de actuación. Eje 3 de actuación Eje 2 de actuación.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “establecer el uso preceptivo de la videograbación de las declaraciones de los menores para evitar la revictimización”, pertenece al siguiente Eje de actuación: Eje 4 de actuación. Eje 3 de actuación. Eje 2 de actuación.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, en relación a las medidas concretas del Eje 4 de actuación, se encuentran: Impulsar la aplicación práctica del reconocimiento de los y las menores como víctimas directas de la Violencia de Género. Trabajar con las Comunidades Autónomas para que la rehabilitación de los menores agresores en casos de Violencia de Género aplique perspectiva de género. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Pacto de Estado contra la violencia de género, la medida de “prohibir las visitas de los menores al padre en prisión condenado por violencia de género”, pertenece al siguiente Eje de actuación: Eje 4 de actuación. Eje 3 de actuación. Eje 2 de actuación.
El Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), tiene como objetivo: Garantizar el derecho de las mujeres víctimas de maltrato a vivir una vida libre de violencia. Garantizar el derecho de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos e hijas, a vivir una vida libre de violencia, mejorando la coordinación entre todos los equipos, áreas y agentes sociales intervinientes ante situaciones de violencia de género. Salvaguardar el bienestar de los y las menores víctimas de violencia de género.
El Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), se dirige de forma directa a: Las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. Todos los agentes sociales y áreas intervinientes ante situaciones de violencia de género (Ámbito Policial, Ámbito Judicial, Ámbito Sanitario, Ámbito de los Servicios Sociales y Servicios Especializados de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Ámbito Educativo, Unidades de Violencia de Género, Emergencias, Ámbito de Familia e Infancia). Los Servicios Sociales de atención primaria y los Juzgados.
El Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), se dirige de forma indirecta: A todas las mujeres mayores de edad, así como a sus hijos e hijas, que estén sufriendo o hayan sufrido violencia de género (violencia física, psicológica, económica, emocional o sexual) en su entorno íntimo, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre. A todas las mujeres mayores o menores de edad, así como a sus hijos e hijas, que estén sufriendo o hayan sufrido violencia de género (violencia física, psicológica, económica, emocional o sexual) en su entorno íntimo, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentre. A todas las mujeres mayores o menores de edad, así como a sus hijos e hijas, que estén sufriendo o hayan sufrido violencia de género (violencia física, psicológica, económica, emocional o sexual) en su entorno íntimo.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), las administraciones públicas, los equipos profesionales y las áreas intervinientes, deberán actuar de conformidad a los siguientes principios generales: Enfoque de derechos de la ciudadanía. Perspectiva de género. Desarrollo de Políticas de Igualdad.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), las administraciones públicas, los equipos profesionales y las áreas intervinientes, deberán actuar de conformidad a los siguientes principios generales: Coordinación y colaboración entre instituciones. Garantía de derechos. Asistencia integral y especializada a través de una respuesta holística.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), las administraciones públicas, los equipos profesionales y las áreas intervinientes, deberán actuar de conformidad a los siguientes principios generales: Evitar la revictimización o victimización secundaria. b) Garantía de formación continua especializada. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), las administraciones públicas, los equipos profesionales y las áreas intervinientes, deberán actuar de conformidad a los siguientes principios generales: Garantizar el interés superior de los y las menores. Garantía de formación continua especializada. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), las administraciones públicas, los equipos profesionales y las áreas intervinientes, deberán actuar de conformidad a los siguientes principios generales: Enfoque de derechos humanos. Enfoque de género. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), el desarrollo de políticas de igualdad y la intencionalidad hacia la igualdad de género son: Objetivos del protocolo. Principios generales. Actuaciones de los Servicios Especializados.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), la asistencia integral y personalizada a través de una respuesta holística y el enfoque centrado en la víctima/superviviente son: Objetivos del protocolo. Principios generales. Actuaciones de los Servicios Especializados.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), la victimización secundaria es definida como: El trauma adicional causado por los prejuicios, actitudes, comportamientos, prácticas y procesos en los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género, ocasionados por su proceso de recuperación. El trauma adicional causado por los estereotipos, actitudes, comportamientos, prácticas y procesos en los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género, ocasionados por su agresor. El trauma adicional causado por los estereotipos, actitudes, comportamientos, prácticas y procesos en los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia de género, ocasionados por instituciones, servicios de atención, operadores jurídicos, fuerzas y cuerpos de seguridad, medios de comunicación, la comunidad, familia y el entorno más próximo.
Siguiendo el principio general de no discriminación del Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), la discriminación queda prohibida en todos los ámbitos, Procurando el igual acceso a la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, así como la atención a los sectores de mujeres que sufren discriminación múltiple. Garantizando el igual acceso a la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, así como la atención a los sectores de mujeres que sufren discriminación múltiple. Facilitando el igual acceso a la protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, así como la atención a los sectores de mujeres que sufren discriminación múltiple.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), las instituciones intervinientes en la elaboración y actualización de este Protocolo, que asimismo formarán parte de la coordinación, pertinencia y evaluación de su implementación son: Delegación del Gobierno de España en Canarias y Unidades de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno/Dirección Insulares. Servicios Sociales especializados en Violencia de Género. Cuerpo General de la Policía Local.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), las instituciones intervinientes en la elaboración y actualización de este Protocolo, que asimismo formarán parte de la coordinación, pertinencia y evaluación de su implementación son: Delegación del Gobierno de España en Canarias y Unidades de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno/Dirección Insulares. Dirección General de Juventud, Infancia y Adolescencia. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), el 112 es el Teléfono Único de Emergencias desde el cual se coordinará la respuesta adecuada a una urgencia o emergencia a través del centro coordinador desde el que se gestionan los recursos de emergencia que existen en el Archipiélago, actuando: Las 24 horas de los 365 días del año. Todos los días del año, excepto los días oficiales declarados festivos en Canarias. Durante todo el día, permaneciendo inactivo a partir de las 22:00 horas, debiendo dirigirse a otro servicio.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), en las Salas Operativas del CECOES se integra el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género (S.A.M.V.V), encargado de prestar un servicio: Telefónico a través de una atención coordinada ante situaciones de urgencia y emergencia por violencia de género. Presencial a través de una atención coordinada ante situaciones de urgencia y emergencia por violencia de género. Ambas respuestas son correctas.
Siguiendo el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), el S.A.M.V.V es un: Servicio de atención inmediata atendido por profesionales especialistas en atención a víctimas y supervivientes de violencia de género, que trabajan en coordinación con el resto de servicios de emergencias (policiales, sanitarios, servicios especializados, etc.) también presentes en las Salas Operativas del CECOES, las 24 horas todos los días del año. Servicio de atención temprana atendido por profesionales especialistas en atención a víctimas y supervivientes de violencia de género, que trabajan en coordinación con el resto de servicios de emergencias (policiales, sanitarios, servicios especializados, etc.) también presentes en las Salas Operativas del CECOES, las 24 horas todos los días del año. Servicio de atención integral atendido por profesionales especialistas en atención a víctimas y supervivientes de violencia de género, que trabajan en coordinación con el resto de servicios de emergencias (policiales, sanitarios, servicios especializados, etc.) también presentes en las Salas Operativas del CECOES, las 24 horas todos los días del año.
Siguiendo el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), el S.A.M.V.V es el: Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Servicio de Ayuda a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Servicio de Actuación a Mujeres Víctimas de Violencia de Género.
Siguiendo el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), el D.E.M.A es el: Dispositivo de Emergencias ante situaciones Machistas por un Agresor. Dispositivo de Emergencias ante situaciones Machistas por varios Agresores. Dispositivo de Emergencias para Mujeres Agredidas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), destacar la importancia del informe que deberá emitir el/la Fiscal, referido a la: Acreditación de situaciones de violencia de género relativo a las víctimas de violencia de género que precisen ayudas sociales de contenido económico. Acreditación de situaciones de pobreza relativo a las víctimas de violencia de género que precisen ayudas sociales de contenido económico. Acreditación de situaciones de pobreza y escasez de recursos relativo a las víctimas de violencia de género que precisen ayudas sociales de contenido económico.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), son Recursos de Acogida Temporal para Víctimas de Violencia de Género: Centros de Acogida Inmediata (CAI) Casas de Acogida (CA) Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), son Recursos de Acogida Temporal para Víctimas de Violencia de Género: Pisos Tutelados (PT) Pisos de emancipación (PE) Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), son Recursos de Acogida Temporal para Víctimas de Violencia de Género: Casas de Acogida (CA) Pisos Tutelados (PT). Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), los recursos de acogida temporal deberán: Prestar una atención integral y multidisciplinar a través de un Plan de Atención Individualizada (PAI Promover actividades encaminadas a fortalecer las redes sociales de apoyo. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), se define un Centro de Acogida Inmediata (CAI) como: Centros de asistencia operativos las 24 horas del día, todos los días del año, en donde se proporciona acogida inmediata, a través del alojamiento y manutención temporal (máximo 15 días) a todas las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que así lo soliciten, por ser víctimas de violencia de género o encontrarse en una situación de riesgo, que precisen abandonar su domicilio habitual. Centros de acogida, a través de los cuales se presta alojamiento y manutención temporal (máximo 12 meses) a todas las mujeres que así lo soliciten y a sus hijos e hijas menores, por ser víctimas de violencia de género o encontrarse en una situación de riesgo y que precisen no retornar a su domicilio habitual, así como el desarrollo de programas de apoyo e intervención para su fortalecimiento personal y de reintegración sociolaboral. Viviendas destinadas a la acogida temporal (máximo 12 meses) a través de los cuales se presta alojamiento a las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que se encuentre en disposición de abandonar una casa de acogida o que hayan agotado el plazo máximo de permanencia en ésta.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), se define un Piso Tutelado (PT) como: Centros de asistencia operativos las 24 horas del día, todos los días del año, en donde se proporciona acogida inmediata, a través del alojamiento y manutención temporal (máximo 15 días) a todas las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que así lo soliciten, por ser víctimas de violencia de género o encontrarse en una situación de riesgo, que precisen abandonar su domicilio habitual. Centros de acogida, a través de los cuales se presta alojamiento y manutención temporal (máximo 12 meses) a todas las mujeres que así lo soliciten y a sus hijos e hijas menores, por ser víctimas de violencia de género o encontrarse en una situación de riesgo y que precisen no retornar a su domicilio habitual, así como el desarrollo de programas de apoyo e intervención para su fortalecimiento personal y de reintegración sociolaboral. Viviendas destinadas a la acogida temporal (máximo 12 meses) a través de los cuales se presta alojamiento a las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que se encuentre en disposición de abandonar una casa de acogida o que hayan agotado el plazo máximo de permanencia en ésta.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), se define una Casa de Acogida (CA) como: Centros de asistencia operativos las 24 horas del día, todos los días del año, en donde se proporciona acogida inmediata, a través del alojamiento y manutención temporal (máximo 15 días) a todas las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que así lo soliciten, por ser víctimas de violencia de género o encontrarse en una situación de riesgo, que precisen abandonar su domicilio habitual. Centros de acogida, a través de los cuales se presta alojamiento y manutención temporal (máximo 12 meses) a todas las mujeres que así lo soliciten y a sus hijos e hijas menores, por ser víctimas de violencia de género o encontrarse en una situación de riesgo y que precisen no retornar a su domicilio habitual, así como el desarrollo de programas de apoyo e intervención para su fortalecimiento personal y de reintegración sociolaboral. Viviendas destinadas a la acogida temporal (máximo 12 meses) a través de los cuales se presta alojamiento a las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que se encuentre en disposición de abandonar una casa de acogida o que hayan agotado el plazo máximo de permanencia en ésta.
Siguiendo el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), se define como ”viviendas destinadas a la acogida temporal (máximo 12 meses) a través de los cuales se presta alojamiento a las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que se encuentre en disposición de abandonar una casa de acogida o que hayan agotado el plazo máximo de permanencia en ésta” a: Pisos de emancipación (PE). Pisos tutelados (PT). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Siguiendo el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), se define como “centros de asistencia operativos las 24 horas del día, todos los días del año, en donde se proporciona acogida inmediata, a través del alojamiento y manutención temporal (máximo 15 días) a todas las mujeres y a sus hijos e hijas menores, que así lo soliciten, por ser víctimas de violencia de género o encontrarse en una situación de riesgo, que precisen abandonar su domicilio habitual” a: Centros de Acogida Inmediata (CAI) Casas de Acogida (CA) Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), corresponde a los Juzgados de Violencia contra la Mujer: La adopción de las órdenes de protección y otras medidas de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, de sus hijos o hijas o menores que estén sufriendo violencia de género en su puesto de trabajo. La adopción de las órdenes de protección y otras medidas de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, de sus hijos o hijas o menores que estén sufriendo violencia de género en su entorno social. La adopción de las órdenes de protección y otras medidas de protección de las mujeres víctimas de violencia de género, de sus hijos o hijas o menores que estén sufriendo violencia de género en el entorno íntimo.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), el objetivo de los “Servicios de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género” que forman la Red Insular de Servicios Especializados en materia de Violencia de Género es: Proporcionar atención, información, asesoramiento e intervención integral a las mujeres y a sus hijos e hijas. Desarrollar actuaciones de prevención y sensibilización ante la violencia de género. Ambas respuestas con correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), en la Comunidad Autónoma Canaria existe una Red de apoyo para la atención a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas en cada isla, que deberá ser conocida por todos los agentes sociales implicados en: Garantizar la protección, seguridad, reparación del daño y recuperación de las mujeres víctimas/supervivientes de violencia de género. Garantizar la protección de las mujeres en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Garantizar la protección de las y los menores.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), los “Servicios de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género”, son de carácter: Multidisciplinar, destinados a atender, informar, orientar y asesorar en las áreas social, jurídica, psicológica, laboral y educativa, realizando en su caso una intervención integral e interdisplinar. Multidisciplinar, destinados a atender a la mujer y a su familia sobre medidas de protección. Insular, destinados a la protección familiar.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), para que una mujer pueda recibir atención y asesoramiento en los “Servicios de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género”, ¿es necesario denunciar?: Siempre se tiene que denunciar. Será atendida esté en disposición de denunciar o no. Si denuncia sólo puede ser atendida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), para que una mujer pueda recibir atención y asesoramiento en los “Servicios de prevención y atención integral a mujeres y menores víctimas de violencia de género”, ¿es necesario que se encuentre en situación administrativa regular? Es imprescindible que esté en situación administrativa regular. Se atenderá a las mujeres extranjeras independientemente de su situación administrativa. Sólo se atenderá a mujeres con nacionalidad española y residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), los recursos de acogida temporal deben: Prestar una atención integral y multidisciplinar a través de un Plan de Atención Individualizado (PAI). Promover actividades encaminadas a fortalecer las redes sociales de apoyo. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), en caso de que una mujer, en una situación valorada de riesgo, decida abandonar un recuso de acogida, esto se notificará a: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Unidad contra la Violencia de Género de la Dirección General. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), la actuación de los servicios especializados de atención a víctimas de violencia de género tiene la obligación de asegurar tres elementos fundamentales: Disponibilidad, actuación e intervención. Disponibilidad, accesibilidad y calidad. Protección, atención e intervención.
Según el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención a las Víctimas de la Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Canarias (2018), la intervención que realizan los servicios de atención a las mujeres y a sus hijos e hijas, en coordinación con otros agentes sociales, estará encaminada a: Garantizar el apoyo necesario para procurar la permanencia de las y los menores con la madre, con independencia de su edad. Garantizar la protección, atención especializada y recuperación de los menores. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia: Se garantiza para todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Se garantiza sólo para los niños, niñas y adolescentes con residencia legal en España. Se garantiza sólo cuando quede acreditada la situación de violencia de género de la madre.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las administraciones públicas pondrán los medios necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley, a disposición de: Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, así como de sus representantes legales. Los representantes legales. Los niños, niñas y adolescentes.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las administraciones públicas pondrán los medios necesarios para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos previstos en esta ley, a disposición de: Los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Los representantes legales. Ambas son correctas.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece en su artículo 9 que los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a que: Su orientación sexual e identidad de género, sentida o expresada, sea respetada en todos los entornos de vida, así como a recibir el apoyo y asistencia precisos cuando sean víctimas de discriminación o violencia por tales motivos. Su orientación sexual e identidad de género, sea respetada sólo en los procesos judiciales por discriminación. Su orientación sexual e identidad de género, sea respetada sólo cuando las y los menores estén escolarizados/as.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de los derechos previstos en esta ley, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia contarán con la asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que actuarán: Como mecanismo de coordinación del resto de recursos y servicios de protección de las personas menores de edad. Sin ningún tipo de coordinación con agentes externos, para preservar la intimidad de las personas afectadas. Sólo coordinándose con las y los representantes legales del o la menor.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las administraciones públicas proporcionarán información sobre las medidas contempladas en esta ley: A los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de acuerdo con su situación personal y grado de madurez, y, en su caso, a sus representantes legales, y a la persona de su confianza designada por él o ella misma. Sólo a los y las representantes legales de los y las menores de edad. Sólo a los niños, niñas y adolescentes.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las administraciones públicas proporcionarán información sobre las medidas contempladas en esta ley: A los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia de acuerdo con su situación personal y grado de madurez. En su caso, a sus representantes legales, y a la persona de su confianza designada por él o ella misma. Ambas respuestas son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la información y el asesoramiento a los niños, niñas y adolescentes por parte de las administraciones públicas y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, deberá proporcionarse: En un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal Cuando se trate de territorios con lenguas cooficiales el niño, niña o adolescente podrá recibir dicha información en la lengua cooficial que elija. Ambas respuestas son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la información y el asesoramiento a los niños, niñas y adolescentes por parte de las administraciones públicas y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, deberá proporcionarse: Sólo en el idioma del país de procedencia del o la menor, sin posibilidad de utilizar a un o una intérprete para preservar su derecho a la intimidad. Sólo en presencia de un o una abogada. En un lenguaje claro y comprensible, en un idioma que puedan entender y mediante formatos accesibles en términos sensoriales y cognitivos y adaptados a las circunstancias personales de sus destinatarios, garantizándose su acceso universal.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que regula en su artículo 11 el derecho de las víctimas a ser escuchadas, establece: Que en ningún caso el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes podrá ser restringido. Que el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse, de manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior. Que sólo podrá restringirse el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes en los procesos penales.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que regula en su artículo 12 el derecho a la atención integral, las administraciones públicas deberán: Adoptar las medidas de coordinación necesarias entre todos los agentes implicados con el objetivo de evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes con los que en cada caso, deban intervenir. Adoptar las medidas de coordinación necesarias exclusivamente con las y los representantes legales de las y los menores. Adoptar las medidas de coordinación exclusivamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad, y con los juzgados, para una mejor defensa del o la menor.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se contempla como derecho a la atención integral de los niños, niñas y adolescentes: La información y apoyo a las familias y, si fuera necesario y estuviese objetivamente fundada su necesidad, seguimiento psicosocial, social y educativo de la unidad familiar. La información y el apoyo a las familias en ningún caso es un derecho del o la menor La información y el apoyo a las familias sólo será derecho del o la menor si tiene residencia legal en España.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia una atención integral, que comprenderá: Medidas de protección y de apoyo. Medidas de acogida y de recuperación. Ambas respuestas son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia una atención integral, que comprenderá: Medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación. Exclusivamente medidas de protección Exclusivamente medidas de acogida, y en casos motivados medidas de protección.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia están legitimados para defender sus derechos e intereses en todos los procedimientos judiciales que traigan causa de una situación de violencia. Dicha defensa se realizará, con carácter general, a través de sus representantes legales. En el caso de que estén bajo la guarda y/o tutela de una entidad pública de protección y que denuncien a esta o al personal a su servicio por haber ejercido violencia contra ellos, se entenderá: Que no podrán denunciar a la entidad o al personal a su servicio, al ser entidades públicas. En todo caso, que existe un conflicto de intereses entre el niño o niña y su tutor o guardador. Que no podrán denunciar al no tener otros representantes legales.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que regula en su artículo 14 el derecho a la asistencia jurídica gratuita: Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Las personas menores de edad víctimas de violencia tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por procurador de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el personal funcionario que desarrolle su actividad profesional en los servicios sociales, en el ejercicio de sus funciones relativas a la protección de los niños, niñas y adolescentes, tendrá condición de: Agente de la autoridad. Protector de la Infancia. Agente de Igualdad.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos por: Preferentemente, por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía. Obligatoriamente por profesionales de la educación social, de la psicología, del trabajo social y de la abogacía. Obligatoriamente por profesionales del trabajo social, de la psicología y de la educación social.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las administraciones públicas dotarán a los servicios sociales: De profesionales y equipos de intervención familiar y con la infancia y la adolescencia. De profesionales no especializados en la intervención familiar. Ambas respuestas son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la valoración por parte de los servicios sociales de atención primaria de los casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia deberá realizarse: Siempre que sea posible, de forma interdisciplinar y coordinada con la entidad pública de protección a la infancia. Con aquellos profesionales de los ámbitos de la salud, la educación, la judicatura o la seguridad que puedan aportar información sobre la situación de la persona menor de edad y su entorno familiar y social. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los poderes públicos garantizarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género: Una atención integral para su recuperación a través de servicios de atención primaria. Una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados. Una atención integral para su recuperación a través de servicios judiciales.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia procedente de servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la entidad pública de protección a la infancia, será incorporada al: Registro Unificado de atención a la violencia Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia. Registro Unificado Único.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el Registro Unificado de Servicios Sociales sobre Violencia contra la Infancia contiene: La información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia procedente de servicios sociales de atención primaria, junto con la procedente de la entidad pública de protección a la infancia. La información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia procedente de servicios sociales y de los juzgados. La información estadística de casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia procedente de los juzgados y de la entidad pública de protección a la infancia.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ¿quién garantizará a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos violentos y, en todo caso, de delitos de naturaleza sexual, de trata o de violencia de género, una atención integral para su recuperación a través de servicios especializados? Los poderes públicos. Los progenitores La ciudadanía, en general.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, las actuaciones desarrolladas por los servicios sociales de atención primaria en el marco del plan de intervención sobre casos de riesgo o sospecha de maltrato infantil se notificarán a: Los progenitores. Los servicios sociales especializados de protección de menores. El centro escolar.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos por: Preferentemente, por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social. Cuando sea necesario por profesionales de la abogacía. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia son: Derecho de información y asesoramiento. Derecho de las víctimas a ser escuchadas. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia son: Derecho a la atención integral Derecho a la asistencia jurídica gratuita. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia son: Derecho a la asistencia jurídica gratuita. Derecho a la comunicación. Derecho a una prestación económica.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia son: Derecho a la formación gratuita. Derecho a la sensibilización Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en el derecho de las víctimas a ser escuchadas, el derecho a ser oídos de los niños, niñas y adolescentes solo podrá restringirse: De manera motivada, cuando sea contrario a su interés superior. No podrá restringirse en ningún caso. Si la edad o madurez del menor no permite que sea escuchado.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los poderes públicos proporcionarán a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia una atención integral que comprenderá medidas de: Recuperación, asistencia, especialización y formación. Protección, apoyo, acogida y recuperación. Protección, atención, información y facilitación del proceso.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el derecho a la atención integral comprenderá especialmente medidas de: Información y acompañamiento psicosocial, social y educativo a las víctimas. Seguimiento de las denuncias o reclamaciones. Las respuestas a) y b) son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el derecho a la atención integral comprenderá especialmente medidas de: Atención terapéutica de carácter sanitario, psiquiátrico y psicológico para la víctima y, en su caso, la unidad familiar. Apoyo formativo, especialmente en materia de igualdad, solidaridad y diversidad. Ambas respuestas son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, el derecho a la atención integral comprenderá especialmente medidas de: Información y apoyo a las familias. Apoyo a la educación e inserción laboral Ambas respuestas son correctas.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en el derecho a la atención integral las administraciones públicas deberán adoptar las medidas de coordinación entre todos los agentes implicados con el objetivo de: Evitar la victimización primaria de los niños, niñas y adolescentes. Evitar la victimización secundaria de los niños, niñas y adolescentes. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en el derecho a la atención integral, las medidas de protección, apoyo, acogida y recuperación deberán tener: Un enfoque inclusivo y accesible. Un enfoque exclusivo y accesible. Un enfoque exclusivo y dinámico.
Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, “la legitimación para la defensa de los derechos e intereses en los procedimientos judiciales que traigan causa de una situación de violencia”: Es un derecho de los niños, las niñas y adolescentes frente a la violencia. Es una obligación de los progenitores de los niños, las niñas y adolescentes que sufren violencia Ambas respuestas son correctas.

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