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OPO AUX ADM LEY 40/2015, de 1 de OCTUBRE (BLOQUE II)
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OPO AUX ADM LEY 40/2015, de 1 de OCTUBRE (BLOQUE II) Descripción: oposición auxiliar administrativo jccm Autor:
Fecha de Creación: 07/09/2021 Categoría: Otros Número Preguntas: 38 |
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Interrumpirá la prescripción de la infracción, la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante: Un mes por causa no imputable al presunto responsable Más de un mes por causa no imputable al presunto responsable Más de un quince días por causa no imputable al presunto responsable Más de un veinte días por causa no imputable al presunto responsable. El artículo 31 de la LPACAP, respecto a las sanciones, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento, se dispone que: Podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente No podrán sancionarse hechos en ningún caso Solo podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penalmente No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente . Una disposición administrativa sancionadora puede tener efectos retroactivos: Respecto de todo tipo de infracciones En ningún caso, al contravenir los preceptos constitucionales Cuando favorezca al presunto infractor Siempre . La aplicación analógica en materia sancionadora: Sirve para cubrir las lagunas legales existentes Se admite cuando favorezca al presunto infractor Está expresamente prohibida Significa que, ante la ausencia de una norma administrativa regulando expresamente el tema de que se trate, se aplican los principios del Derecho Penal. La primera norma que consagró con carácter general la responsabilidad patrimonial de la Administración fue: Ley de Expropiación Forzosa, del 16 de diciembre de 1954 Reglamento del régimen interno del Cuerpo de telégrafos de 1900 Ley 30/92, de 26 de noviembre La Constitución Republicana de 1931. El sistema de responsabilidad patrimonial se aplica: A todas las Administraciones Públicas A las Comunidades Autónomas A las Comunidades Autónomas y la Administración Local A la Administración Local. El derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos se reconoce a: Los particulares Las personas jurídicas Los ciudadanos Las Administraciones. ¿Cómo ha de ser el daño alegado en las reclamaciones de responsabilidad patrimonial? Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación con una persona o grupo de personas Directo y resarcible Susceptible de valoración y demostrable Debe producir consecuencias negativas en la actividad de la persona dañada. No serán indemnizables los daños: Que el particular no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley Producidos por fuerza mayor Producidos por circunstancias evitables Producidos por un hecho superable. Existirá responsabilidad patrimonial si la lesión es consecuencia del: Funcionamiento en general de los servicios públicos Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos Funcionamiento anormal de los servicios públicos Funcionamiento ilegal de los servicios públicos. La regla general es que la responsabilidad concurrente de diferentes Administraciones Públicas es: Mancomunada Solidaria Indiferente Indistinta. La Administración podrá abonar la indemnización derivada de una responsabilidad patromonial: En metálico y regalo de bienes En especie, si media acuerdo con el interesado Solo se le permite que el pago lo haga a plazos Solo podrá utilizarse el pago en especie . En los supuestos en los que el particular conoce a la autoridad o empleado público que le ha causado el daño: Lo demandará ante los tribunales civiles No lo podrá demandar ante la Administración hasta que el empleado haya reconocido su culpa Reclamará a la Administración donde el empleado público presta sus servicios Las respuestas a y b son correctas (lo demandará ante los tribunales civiles y no lo podrá demandar ante la Administración hasta que el empleado haya reconocido su culpa). En relación con la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas el Código Penal no recoge el siguiente tipo delictivo: Malversación Cohecho Homicidio Desobediencia . El plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial es de: Cinco años Seis meses Un año Nunca prescribe . En el caso de daño físicos el plazo de prescripción del derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial comienza a contarse desde: La fecha de producción del daño Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas La fecha de manifestación del efecto lesivo La fecha del accidente . Si el daño que ha sufrido el particular se ha producido por dolo, culpa o negligencia grave de la autoridad o empleado público: La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, les exigirá de oficio en vía administrativa la responsabilidad en que hubieran incurrido Una vez satisfecha la indemnización la Administración podrá exigir al empleado público su responsabilidad La Administración correspondiente le pedirá el dinero para después pagar al reclamante La Administración no exigirá al empleado público su responsabilidad. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial sin que haya recaído y notificado resolución expresa podrá entenderse que los efectos que se producen son: Desestimados según los casos Los que señale la propuesta de resolución Estimatorios Desestimatorios. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial: Ponen fin a la vía administrativa No ponen fin a la vía administrativa Ponen fin a la vía administrativa en los casos determinados por la ley No ponen fin a la vía administrativa en los casos determinados por la ley. La responsabilidad administrativa se ha incluido en el siguiente artículo de la Constitución: 103 137 9.1º 106. Cuando la Administración debe indemnizar a un particular por un daño que le ha ocasionado al desarrollar legalmente un servicio público, estamos ante un supuesto: Incluido en la teoría de la indemnización Incluido en la teoría de la responsabilidad Que no puede darse en la realidad En el que no cabe dicha indemnización . Actualmente, la responsabilidad de la Administración se basa en: La culpabilidad de la misma como causa de un daño a un tercero La existencia real de este daño por la actuación administrativa La propia responsabilidad del funcionario actuante Su actuación ilegítima solamente . Por eso se dice que la responsabilidad de la Administración es: Ilimitada Objetiva Irreclamable Subjetiva . Y como consecuencia de lo anterior: Al particular se le abonará la indemnización procedente, en su caso, al margen de que haya o no culpa en los funcionarios actuales La Administración se ve impelida a indemnizar en cualquier supuesto de daño a un particular Primero habrá que reclamar al funcionario y luego a la Administración La Administración no tiene por qué abonar indemnización alguna . La antijuridicidad del detrimento patrimonial que sufre un particular como consecuencia de la Administración significa que: La Administración incurre en una ilegalidad El particular es el que debe incurrir en dicha ilegalidad El particular no está obligado legalmente a soportar el daño causado Todas las respuestas anteriores son correctas . Si el daño causad por la Administración afecta a la generalidad de los administrados, respecto a la responsabilidad de la misma: No puede exigírsele Deberá indemnizar a todos los lesionados Solo indemnizará a los que efectivamente demuestren la lesión sufrida Nada de lo anterior es correcto. En el supuesto de caso fortuito que provoque un daño, la Administración: Está obligada a indemnizar No está obligada a indemnizar Lo estará cuando así lo establezca la Ley No se puede incurrir en responsabilidad. Para estar obligado a indemnizar no es necesario que el daño sea: Efectivo Evaluable económicamente Individualizado General . Cuando un Tribunal anula un acto administrativo: No se responderá por la Administración Incurrirá en responsabilidad esta Puede dar lugar a esta responsabilidad Se presume esta responsabilidad . La acción de regreso en materia de responsabilidad administrativa: Compete al funcionario declarado responsable Es subsidiaria en la exigencia de la responsabilidad Se le permite a la Administración en algunos casos Corresponde a los perjudicados por el suceso que da lugar a la responsabilidad . Si la Administración se ve obligada a resarcir a un particular por un daño causado por una actuación administrativa en la que ha mediado negligencia grave de un funcionario: Solo le abonará si el funcionario es insolvente y después de dirigirse el particular contra él Le indemnizará y exigirá de oficio al funcionario su responsabilidad, para la devolución de lo abonado Indemnizará y abrirá expediente disciplinario al funcionario Las respuestas a y b son ciertas (solo le abonará si el funcionario es insolvente y después de dirigirse el particular contra él y le indemnizará y exigirá de oficio al funcionario su responsabilidad, para la devolución de lo abonado). Cuando la Administración actúe como persona de Derecho Privado, la exigencia de responsabilidad: Se planteará en vía contencioso-administrativa y, después, ante los Tribunales ordinarios Se planteará, judicialmente, en vía contencioso-administrativa Se planteará ante el Consejo de Ministros o Consejo de Gobierno, en su caso No prosperará. El ejercicio de la responsabilidad pierde su viabilidad a partir del/ de los: Año en que se causó el daño Seis meses desde dicho daño Dos años desde el mismo No tiene límite alguno. En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder el plazo de su emisión de: Un mes Veinte días Quince días Diez días. Señala la respuesta incorrecta respecto a los convenios: Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades Públicas entre sí o con sujeto de derecho privado para un fin común No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y legibles Los convenios podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos Todas las respuestas son correctas. Salvo que normativamente se prevea un plazo superior, los convenios suscritos por las Administraciones Públicas, deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a: Diez años Cinco años Cuatro años Seis años. Los convenios que suscriban la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán de: El informe de su servicio técnico La autorización previa del consejo de Ministros para su firma, modificación, prórroga y resolución por mutuo acuerdo entre las partes Cualquier informe preceptivo que establezca la normativa aplicable Todas las respuestas son correctas. Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas: Serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Serán remitidos al Congreso de los Diputados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Serán remitidos al Consejo de Ministros por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Serán remitidos a la Comisión Nacional de Convenios Administrativos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas . |
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