Test práctica procesal contenciosa-administrativa

TEST BORRADO, QUIZÁS LE INTERESE: PRÁCTICA PROCESAL CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

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Título del Test:
PRÁCTICA PROCESAL CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

Descripción:
MÁSTER ABOGACÍA Y PROCURA UNED

Autor:

Sonimar

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Fecha de Creación:
22/02/2024

Categoría: Otros

Número Preguntas: 22

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Temario:

1. La Administración ha otorgado una concesión demanial por un procedimiento de adjudicación directa, omitiendo el procedimiento de concurso establecido por la correspondiente legislación. La adjudicación: a. Es nula de pleno derecho. b. Es anulable. c. Es válida, pues se trata de una irregularidad no invalidante. d. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para: a. Entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en determinados supuestos. b. Entenderla siempre y en cualquier caso desestimada. c. Considerar caducado el procedimiento. d. Entender archivado el procedimiento. .
Según la Ley 39/2015, tienen la condición de interesados en el procedimiento administrativo: a. Únicamente los titulares de derechos subjetivos que hayan promovido el procedimiento. b. Sólo los titulares de intereses legítimos que hayan promovido el procedimiento o no habiéndolo promovido se personen en el mismo en tanto no haya recaído resolución definitiva. c. Siempre cualquier persona aunque no sea titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo, en defensa de la mera legalidad. d. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. .
De conformidad con la Ley 39/2015, siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días: a. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. b. Se entiende que éstos son naturales. c. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. d. Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos, pero no los declarados festivos.
Según dispone la Ley 39/2015: a. Una vez presentada la solicitud de iniciación del procedimiento no podrán realizarse más alegaciones ni presentarse nuevos documentos que no se hayan acompañado con la misma. b. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. c. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de prueba, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. d. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. .
Según la Ley 39/2015: a. La revisión de oficio de los actos nulos de pleno derecho no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. b. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo. c. La declaración de lesividad podrá adoptarse en cualquier momento desde que se dictó el acto administrativo. d. La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos dos años desde que se dictó el acto administrativo.
De acuerdo con la Ley 39/2015, el derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: a. Prescribe a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. b. Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. c. Caduca a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. d. Ninguna de las anteriores es correcta. .
8. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en sus actuaciones ante órganos colegiados las partes: a. Podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. b. Deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. c. Podrán comparecer por sí mismas sin necesidad de conferir su representación aun Procurador ni ser asistidas por Abogado. d. Deberán conferir su representación a un Procurador y podrán ser asistidas por Abogado.
12. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el emplazamiento a cuantos aparezcan como interesados en el expediente administrativo se practicará: a. Por el Secretario Judicial. b. Por la Administración demandada a quien el Secretario Judicial requerirá para que remita el expediente administrativo ordenándole que practique los emplazamientos. c. Por el Juez o Tribunal. d. Por el demandante una vez que el Secretario Judicial acuerde que se le remita el expediente administrativo para que deduzca la demanda.
13. Según la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si de la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito: a. El recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan en cualquier momento anterior al trámite de vista y conclusiones. b. El recurrente ya no podrá pedir el recibimiento a prueba. c. El recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan en el acto de la vista o en el escrito de conclusiones. d. El recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios de prueba que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma. .
15. Las sentencias que, siendo susceptibles de casación de conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sólo serán recurribles en casación si: a. El recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. b. El recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho Autonómico que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. c. El recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario aunque no sean relevantes y determinantes del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora. d. El recurso pretende fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, aunque no hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.
1. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con: a. Los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación. b. Los Decretos legislativos, en todo caso. c. Los Decretos-leyes cuando excedan de los límites de la delegación. d. Los Decretos-leyes, en todo caso. .
De acuerdo con la Ley 39/2015: a. Las Administraciones Públicas no iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico. b. Las Administraciones Públicas podrán en cualquier momento iniciar actuaciones materiales de ejecución de resoluciones que limiten los derechos de los particulares incluso aun cuando no se hubiera adoptado la resolución que le sirva de fundamento jurídico. c. El órgano que ordene un acto de ejecución material no estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. .
El Ayuntamiento inició hace más de un año un procedimiento destinado a la demolición de una vivienda de su propiedad. A Vd. le parece demasiado el tiempo transcurrido sin que le haya sido notificada una resolución municipal a este respecto. Consulta con un abogado que le confirma que el plazo para resolver y notificar era de nueve meses. De acuerdo con la LEY 39/2015: a. Puede entender estimada su solicitud. b. Puede entender desestimada su solicitud. c. Procede que la Administración declare la caducidad y el archivo de las actuaciones. d. Ninguna de las anteriores es correcta.
De conformidad con la Ley 39/2015: a. No puede actuarse por medio de representante. b. Es obligatorio actuar por medio de representante. c. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. d. Es obligatorio actuar por medio de abogado y procurador.
Según la Ley 39/2015: a. La Administración no podrá conceder bajo ningún concepto una ampliación de los plazos establecidos. b. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, sin necesidad de ningún otro requisito. c. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. d. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de un tercio de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y aunque se perjudiquen derechos de tercero.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia, de acuerdo con la Ley 39/2015: a. Siempre que la Administración lo considere conveniente. b. Siempre que el interesado ya hubiera efectuado en el procedimiento alegaciones con anterioridad a dicho trámite, aunque para dictar la resolución deban de ser tenidos en cuenta otros hechos, alegaciones o pruebas distintos de los aducidos por el interesado. c. En ningún caso. d. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. .
De acuerdo con la Ley 39/2015: a. No cabrá interponer ningún otro recurso en vía administrativa. b. Podrá interponerse recurso de reposición. c. Podrá interponerse nuevamente recurso de alzada. d. No cabrá otro recurso en vía administrativa salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en la Ley.
De acuerdo con la Ley 39/2015: a. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. b. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, sin posibilidad de prueba en contrario. c. Los hechos constatados por cualquier funcionario, y que se formalicen en documento público o privado observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados. d. Ninguna de las anteriores es correcta.
9. NO corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a. Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica. b. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. c. La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos. d. Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
10. Conforme a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(Ley 29/1998), cuando se impugnen planes de ordenación urbana y actuaciones urbanísticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervención administrativa en la propiedad privada, la competencia territorial corresponderá: a. Al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado la disposición o el acto originario impugnado. b. A elección del demandante, al juzgado o el tribunal en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado. c. Al órgano jurisdiccional en cuya circunscripción radiquen los inmuebles afectados. d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
14. De acuerdo con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa(Ley 29/1998), la medida cautelar solicitada podrá denegarse cuando de ésta: a. Pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. b. Pudiera seguirse perturbación grave o leve de los intereses generales, aunque no de terceros, que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. c. Pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales, aunque no de terceros, o de tercero que el Juez o Tribunal ponderará en forma circunstanciada. d. Ninguna de las anteriores es correcta.

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