01. CE - Test #02D

Según el artículo 53.1, los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I vinculan: Exclusivamente a los jueces y tribunales. A todos los poderes públicos. Únicamente al Gobierno y a la Administración. Solo a las Cortes Generales.

Según el artículo 53.1, ¿cómo podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades del Capítulo segundo?. Por cualquier disposición administrativa, respetando su contenido esencial. Solo por ley, que podrá suprimir su contenido esencial. Mediante instrucciones del Gobierno, sin necesidad de ley. Solo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial.

¿A qué precepto remite expresamente el artículo 53.1 para la tutela de esos derechos y libertades?. Al artículo 161.1.a). Al artículo 161.1.b). Al artículo 161.2. Al artículo 162.2.

Según el artículo 53.2, ¿qué derechos y libertades puede cualquier ciudadano tutelar mediante el procedimiento allí previsto ante los Tribunales ordinarios?. Todos los reconocidos en cualquier título de la Constitución. Exclusivamente los principios del Capítulo tercero del Título I. Los reconocidos en el artículo 14 y en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I. Únicamente los reconocidos en la Sección segunda del Capítulo segundo del Título I.

Según el artículo 53.2, ¿qué vías de tutela se establecen para los derechos y libertades allí indicados?. Un procedimiento administrativo y, posteriormente, un recurso ante el Gobierno. Un procedimiento basado en preferencia y sumariedad ante los Tribunales ordinarios y, en su caso, amparo ante el Tribunal Constitucional. Exclusivamente un recurso de amparo ante los Tribunales ordinarios. Un procedimiento basado en oportunidad y discrecionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Según el artículo 53.2, el recurso de amparo será también aplicable a: Cualquier obligación tributaria del artículo 31. La libertad de empresa del artículo 38. Todos los principios del Capítulo tercero, sin condiciones. La objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.

Según el artículo 53.3, ¿qué efectos tienen los principios reconocidos en el Capítulo tercero?. Informarán la legislación, la práctica judicial y la actuación pública; solo podrán alegarse ante la Jurisdicción ordinaria conforme a sus leyes de desarrollo. Solo orientarán la actuación del Gobierno, sin afectar a la legislación ni a la práctica judicial. Podrán alegarse ante la Jurisdicción ordinaria prescindiendo siempre de sus leyes de desarrollo. No tendrán efectos hasta que sean incorporados a un tratado internacional.

Según el artículo 54, ¿qué tipo de ley regulará la institución del Defensor del Pueblo?. Una ley de presupuestos. Una ley ordinaria. Una ley orgánica. Una ley autonómica.

Según el artículo 54, el Defensor del Pueblo es: Un alto comisionado del Gobierno, designado por su presidente. Un alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas. Un delegado del Tribunal Constitucional, designado por sus miembros. Un representante de la Administración, elegido por los funcionarios.

Según el artículo 54, ¿qué función corresponde al Defensor del Pueblo?. Defender exclusivamente los derechos de los miembros de las Cortes Generales. Sustituir a los tribunales en la resolución de los recursos de amparo. Supervisar la Administración y dar cuenta exclusivamente al Gobierno. Defender los derechos del Título I, pudiendo supervisar la actividad administrativa y dando cuenta a las Cortes Generales.

Según el artículo 55.1, ¿qué declaraciones permiten suspender los derechos allí enumerados, en los términos constitucionales?. El estado de excepción o el estado de sitio. Exclusivamente el estado de alarma. El estado de alarma o cualquier situación de emergencia administrativa. Únicamente una declaración de catástrofe realizada por una autoridad local.

¿Qué relación de preceptos coincide con la enumeración del artículo 55.1, sin perjuicio de su excepción sobre el artículo 17.3?. Artículos 17; 18.1 y 18.4; 19; 20.1.a), 20.1.d) y 20.5; 21; 28.2 y 37.2. Artículos 17; 18.2 y 18.3; 19; 20.1.b), 20.1.c) y 20.5; 21; 28.2 y 37.2. Artículos 17; 18.2 y 18.3; 19; 20.1.a), 20.1.d) y 20.5; 21; 28.2 y 37.2. Artículos 17; 18.2 y 18.3; 19; 20.1.a), 20.1.d) y 20.5; 22; 28.1 y 37.1.

Según el artículo 55.1, ¿qué apartado queda exceptuado de la suspensión para el supuesto de declaración del estado de excepción?. El apartado 2 del artículo 18. El apartado 3 del artículo 17. El apartado 2 del artículo 28. El apartado 5 del artículo 20.

Según el artículo 55.2, ¿qué derechos pueden ser suspendidos de forma individual en los casos allí previstos?. Los reconocidos en los artículos 17.1 y 18.4. Todos los derechos del Título I, sin distinción. Los reconocidos en los artículos 19, 21 y 22. Los reconocidos en los artículos 17.2 y 18.2 y 18.3.

Según el artículo 55.2, ¿qué instrumento y garantías se prevén para la suspensión individual de derechos?. Una ley orgánica, con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario. Una ley ordinaria, sin intervención judicial. Una resolución policial, con control exclusivo del Gobierno. Una decisión administrativa, sin control parlamentario.

Según el artículo 55.2, la suspensión individual de derechos puede afectar a personas determinadas en relación con: Cualquier investigación administrativa sobre infracciones leves. Toda investigación penal, cualquiera que sea su objeto. Las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. Exclusivamente los conflictos colectivos laborales.

Según el artículo 55.2, ¿qué consecuencia producirá la utilización injustificada o abusiva de las facultades previstas en esa ley orgánica?. Únicamente responsabilidad administrativa. Responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes. Exclusivamente responsabilidad política. Ninguna responsabilidad si la actuación la realiza una autoridad pública.