01. CE - Test #3

Según el artículo 97 de la Constitución Española, ¿qué dirige el Gobierno?. La política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. La política interior y económica, la Administración civil y judicial y la defensa nacional. La política interior y exterior, la Administración pública y judicial y la seguridad del Estado. La política nacional e internacional, la Administración civil y militar y la protección del Estado.

Según el artículo 97, el Gobierno ejerce: La función legislativa y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. La función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. La función ejecutiva y la potestad legislativa de acuerdo con la Constitución y los reglamentos. La función jurisdiccional y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Según el artículo 98.1, ¿cuál de los siguientes miembros forma parte del Gobierno según la enumeración constitucional?. El Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. El Presidente, los Vicepresidentes, los Secretarios de Estado y los demás miembros que establezca la ley. El Presidente, los Ministros, los Presidentes autonómicos y los demás miembros que establezca la ley. El Presidente, los Vicepresidentes, los Ministros y los demás miembros que establezca el Congreso.

Según el artículo 98.1, los Vicepresidentes forman parte del Gobierno: Necesariamente, junto con el Presidente y los Ministros. En su caso, junto con el Presidente, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley. Cuando sean designados expresamente por el Congreso de los Diputados. Siempre que lo acuerde el Consejo de Ministros al inicio de cada legislatura.

Según el artículo 98.2, ¿quién dirige la acción del Gobierno?. El Congreso de los Diputados, mediante el control de la actividad del Gobierno. El Rey, mediante la coordinación de las funciones de sus miembros. El Presidente, que dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de sus miembros. El Consejo de Ministros, mediante la dirección conjunta de la política gubernamental.

Según el artículo 98.2, el Presidente coordina las funciones de los demás miembros del Gobierno: Sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión. Sustituyendo la competencia individual de éstos en todas sus decisiones. Asumiendo la responsabilidad exclusiva de la gestión de cada Ministerio. Siempre que cuente previamente con la autorización del Congreso de los Diputados.

Según el artículo 98.3, los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas: Salvo las propias del mandato parlamentario. Salvo las propias de su condición de miembros del Gobierno. Ni siquiera las propias del mandato parlamentario. Salvo las autorizadas expresamente por el Congreso.

Según el artículo 98.3, los miembros del Gobierno no podrán ejercer: Cualquier función pública, salvo las derivadas directamente de su cargo. Ninguna función pública, incluidas las que deriven directamente de su cargo. Cualquier función pública, salvo las autorizadas por el Consejo de Ministros. Únicamente funciones públicas que sean incompatibles con el mandato parlamentario.

Según el artículo 98.3, los miembros del Gobierno no podrán ejercer: Actividad profesional o mercantil alguna. Actividad profesional o mercantil incompatible con su cargo. Actividad profesional remunerada o actividad empresarial pública. Actividad mercantil privada, salvo autorización legal expresa.

Según el artículo 98.4, ¿qué regulará la ley respecto de los miembros del Gobierno?. Su estatuto y sus incompatibilidades. Su régimen electoral y sus competencias. Su responsabilidad penal y su procedimiento de investidura. Su organización interna y la duración de su mandato.

Según el artículo 99.1, ¿cuándo procede, entre otros supuestos, la propuesta de un candidato a la Presidencia del Gobierno?. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados. Después de cada renovación del Senado. Después de la celebración de cualquier elección autonómica. Después de cada sesión constitutiva del Consejo de Ministros.

Según el artículo 99.1, antes de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno, el Rey realizará consulta con: Los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria. Todos los Diputados y Senadores que integren las Cortes Generales. Los Presidentes de los partidos políticos con representación en el Congreso. Los representantes de los Grupos parlamentarios con representación exclusivamente en el Congreso.

Según el artículo 99.1, el Rey propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno: A través del Presidente del Congreso. A través del Presidente del Senado. A través del Presidente del Tribunal Supremo. Directamente ante las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta.

Según el artículo 99.2, el candidato propuesto expondrá ante el Congreso: El programa político del Gobierno que pretenda formar. El programa legislativo aprobado por los Grupos parlamentarios. La composición definitiva del Gobierno que pretende constituir. El programa político de la legislatura aprobado por el Rey.

Según el artículo 99.2, tras exponer su programa político, el candidato: Solicitará la confianza de la Cámara. Solicitará la aprobación del Senado. Pedirá el refrendo del Rey. Solicitará la mayoría absoluta de las Cortes Generales.

Según el artículo 99.3, si el Congreso otorga su confianza al candidato en la primera votación, deberá hacerlo mediante: El voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. El voto favorable de la mayoría simple de sus miembros. El voto favorable de tres quintos de sus miembros. El voto favorable de dos tercios de sus miembros.

Según el artículo 99.3, si el candidato obtiene la confianza del Congreso por mayoría absoluta: El Rey le nombrará Presidente. El Presidente del Congreso le nombrará Presidente. El Rey convocará una segunda votación para confirmar la confianza. El Congreso procederá directamente al nombramiento mediante decreto.

Según el artículo 99.3, si no se alcanza la mayoría absoluta en la primera votación, la misma propuesta se someterá a nueva votación: Veinticuatro horas después de la anterior. Cuarenta y ocho horas después de la anterior. Setenta y dos horas después de la anterior. Una semana después de la anterior.

Según el artículo 99.3, en la segunda votación la confianza se entenderá otorgada si el candidato obtiene: Mayoría simple. Mayoría absoluta. Mayoría de tres quintos. Mayoría de dos tercios.

Según el artículo 99.4, si efectuadas las votaciones no se otorgase la confianza para la investidura: Se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Se disolverá inmediatamente el Congreso y se convocarán elecciones generales. El Rey nombrará un Presidente en funciones hasta la siguiente legislatura. El Senado propondrá directamente un candidato alternativo.

Según el artículo 99.5, ¿desde qué momento comienza a computarse el plazo de dos meses para que un candidato obtenga la confianza del Congreso?. Desde la primera votación de investidura. Desde la propuesta del primer candidato por el Rey. Desde la constitución del Congreso de los Diputados. Desde la celebración de las elecciones generales.

Según el artículo 99.5, si transcurridos dos meses ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso: El Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones. El Rey disolverá únicamente el Congreso y convocará nuevas elecciones. El Gobierno continuará en funciones hasta que el Congreso designe un candidato. El Presidente del Congreso convocará nuevas elecciones sin disolver las Cámaras.

Según el artículo 99.5, la disolución de ambas Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones se realizará: Con el refrendo del Presidente del Congreso. Con el refrendo del Presidente del Gobierno. Con el refrendo del Presidente del Senado. Con el refrendo del Ministro de Justicia.

Según el artículo 100, los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados: Por el Rey, a propuesta de su Presidente. Por el Congreso, a propuesta del Rey. Por el Presidente del Gobierno, previa autorización del Congreso. Por el Rey, a propuesta del Presidente del Congreso.

Según el artículo 101.1, el Gobierno cesa, entre otros supuestos: Tras la celebración de elecciones generales. Tras la celebración de cualquier elección. Tras cada renovación del Congreso de los Diputados. Tras la pérdida de la mayoría absoluta parlamentaria.

Según el artículo 101.1, el Gobierno cesa en los casos de: Pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución. Pérdida de la mayoría absoluta prevista en el Reglamento del Congreso. Rechazo parlamentario de cualquier proyecto de ley del Gobierno. Disolución de una de las Cámaras de las Cortes Generales.

Según el artículo 101.1, el Gobierno cesa por: Dimisión o fallecimiento de su Presidente. Dimisión o fallecimiento de cualquiera de sus Ministros. Incapacidad temporal o ausencia de cualquiera de sus Vicepresidentes. Cese de más de la mitad de los miembros del Gobierno.

Según el artículo 101.2, el Gobierno cesante continuará: En funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. En funciones hasta la celebración de nuevas elecciones generales. Con plenas facultades hasta la investidura del nuevo Presidente. Únicamente para asuntos urgentes hasta el nombramiento de un candidato.

Según el artículo 102.1, la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante: La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional. La Audiencia Nacional en pleno. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Según el artículo 102.2, si la acusación fuera por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá plantearse por iniciativa de: La cuarta parte de los miembros del Congreso. La quinta parte de los miembros del Congreso. Un tercio de los miembros del Congreso. La cuarta parte de los miembros de las Cortes Generales.

Según el artículo 102.2, además de la iniciativa exigida, la acusación deberá countar con: La aprobación de la mayoría absoluta del Congreso. La aprobación de la mayoría simple del Congreso. La aprobación de tres quintos del Congreso. La aprobación de la mayoría absoluta de ambas Cámaras.

Según el artículo 102.3, la prerrogativa real de gracia: No será aplicable a ninguno de los supuestos del artículo 102. Será aplicable únicamente con autorización del Congreso. Será aplicable salvo en los delitos contra la seguridad del Estado. Será aplicable únicamente a los demás miembros del Gobierno.

Según el artículo 103.1, la Administración Pública sirve con objetividad: Los intereses generales. Los intereses públicos definidos por el Gobierno. Los intereses de los ciudadanos y de las Administraciones territoriales. Los intereses generales establecidos por las Cortes Generales.

Según el artículo 103.1, ¿cuál de los siguientes es uno de los principios conforme a los cuales actúa la Administración Pública?. Eficacia. Representatividad. Soberanía. Independencia política.

Según el artículo 103.1, la Administración Pública actúa de acuerdo con los principios de: Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Eficiencia, autonomía, descentralización, representación y coordinación. Eficacia, jerarquía, centralización, desconcentración y colaboración. Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación.

Según el artículo 103.1, la Administración Pública actúa con: Sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Sometimiento exclusivo a la Constitución y a las leyes. Sometimiento preferente a la ley sobre cualquier otra norma. Independencia funcional respecto de la ley en su actividad administrativa.

Según el artículo 103.2, los órganos de la Administración del Estado son: Creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Creados, dirigidos y controlados de acuerdo con la Constitución. Organizados, financiados y coordinados de acuerdo con la ley. Creados, regidos y supervisados por el Gobierno.

Según el artículo 103.3, la ley regulará el estatuto de: Los funcionarios públicos. Todos los empleados públicos. Los funcionarios de la Administración General del Estado. Los miembros del Gobierno y de la Administración Pública.

Según el artículo 103.3, el acceso a la función pública se regulará de acuerdo con los principios de: Mérito y capacidad. Igualdad, mérito y capacidad. Mérito, capacidad y publicidad. Igualdad, objetividad y capacidad.

Según el artículo 103.3, la ley regulará las peculiaridades del ejercicio del derecho de: Sindicación de los funcionarios públicos. Huelga de los funcionarios públicos. Asociación profesional de los funcionarios públicos. Negociación colectiva de los funcionarios públicos.

Según el artículo 103.3, la ley regulará: El sistema de incompatibilidades de los funcionarios públicos. El régimen disciplinario de los funcionarios públicos. El sistema de responsabilidad política de los funcionarios públicos. El régimen electoral aplicable a los funcionarios públicos.

Según el artículo 103.3, la ley establecerá garantías para: La imparcialidad en el ejercicio de las funciones de los funcionarios públicos. La independencia política de los funcionarios en el ejercicio de sus cargos. La responsabilidad directa de los funcionarios en toda actuación administrativa. La estabilidad laboral de los funcionarios durante el ejercicio de sus funciones.

Según el artículo 104.1, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad están bajo la dependencia: Del Gobierno. Del Estado. Del Ministerio del Interior. De las Cortes Generales.

Según el artículo 104.1, una de las misiones de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad es: Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades. Garantizar el ejercicio de los derechos políticos y sociales. Proteger exclusivamente los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Garantizar el libre ejercicio de las libertades públicas mediante autorización judicial.

Según el artículo 104.1, las Fuerzas y Cuerpos de seguridad tienen como misión: Garantizar la seguridad ciudadana. Garantizar la seguridad nacional. Defender la seguridad del Estado. Proteger exclusivamente el orden público.

Según el artículo 104.2, determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad: Una ley orgánica. Una ley ordinaria. Un reglamento del Gobierno. Un real decreto legislativo.

Según el artículo 105.a), la ley regulará la audiencia de los ciudadanos: Directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley. Únicamente a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley. Directamente o mediante los representantes de los Grupos parlamentarios. Directamente o a través de las Administraciones Públicas territoriales.

Según el artículo 105.a), la audiencia de los ciudadanos se refiere al procedimiento de elaboración de: Las disposiciones administrativas que les afecten. Las disposiciones legislativas que les afecten directamente. Los reglamentos parlamentarios que les afecten. Los actos administrativos de carácter general.

Según el artículo 105.b), la ley regulará: El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. El acceso de los ciudadanos a todos los archivos públicos sin excepción. El acceso de los interesados exclusivamente a los registros administrativos. El acceso universal a los documentos de las Administraciones Públicas.

Según el artículo 105.b), el acceso a los archivos y registros administrativos podrá exceptuarse en lo que afecte a: La seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. La seguridad nacional, la investigación judicial y la protección de los datos administrativos. La defensa nacional, la persecución de los delitos y la privacidad de los funcionarios públicos. La seguridad ciudadana, la investigación de infracciones y la intimidad de los interesados.

Según el artículo 105.c), la ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse: Los actos administrativos. Las disposiciones administrativas. Los reglamentos administrativos. Los acuerdos del Consejo de Ministros.

Según el artículo 105.c), el procedimiento de producción de los actos administrativos garantizará, cuando proceda: La audiencia del interesado. La audiencia de todos los ciudadanos. La intervención preceptiva del Ministerio Fiscal. La aprobación previa del órgano superior.

Según el artículo 106.1, los Tribunales controlan: La potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. La potestad legislativa y la oportunidad de la actuación administrativa. La función ejecutiva y la eficacia de la actuación administrativa. La potestad reglamentaria y la constitucionalidad de toda actuación administrativa.

Según el artículo 106.1, los Tribunales controlan también: El sometimiento de la actuación administrativa a los fines que la justifican. La conveniencia de la actuación administrativa respecto de los fines del Gobierno. La oportunidad política de la actuación administrativa en cada caso concreto. El sometimiento de toda actuación administrativa a las decisiones del Parlamento.

Según el artículo 106.2, los particulares tendrán derecho, en los términos establecidos por la ley, a ser: Indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. Compensados por toda lesión que sufran exclusivamente en sus bienes patrimoniales. Indemnizados por toda lesión causada por cualquier actuación de la Administración. Reparados por toda lesión que afecte únicamente a sus derechos fundamentales.

Según el artículo 106.2, el derecho a ser indemnizado queda exceptuado: En los casos de fuerza mayor. En los casos de culpa leve del particular. Cuando la lesión afecte a bienes de escaso valor. Cuando el servicio público actúe mediante una norma reglamentaria.

Según el artículo 106.2, para que exista el derecho a indemnización, la lesión deberá ser consecuencia: Del funcionamiento de los servicios públicos. De una actuación ilícita de los servicios públicos. De una resolución judicial o administrativa firme. De un funcionamiento anormal y culposo de los servicios públicos.

Según el artículo 107, el Consejo de Estado es: El supremo órgano consultivo del Gobierno. El supremo órgano asesor de las Cortes Generales. El máximo órgano jurisdiccional en materia administrativa. El órgano superior de coordinación de la Administración Pública.

Según el artículo 107, ¿qué norma regulará la composición y competencia del Consejo de Estado?. Una ley orgánica. Una ley ordinaria. Un real decreto. El Reglamento del Congreso de los Diputados.