En cuanto a la estructura y al contenido de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señale la respuesta correcta: La citada Ley tiene un total de 41 artículos repartidos a lo largo de cuatro Títulos. El ámbito subjetivo de aplicación se recoge en el Título Preliminar. Dedica el Capítulo II del Título I a regular la publicidad activa. Todas las anteriores son correctas.
Entre el ámbito subjetivo de aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 19/2013 no se encuentra/n: La Casa de su Majestad el Rey. El Defensor del Pueblo. Los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.
El artículo 3 de la Ley 19/2013, que regula otros sujetos obligados; en el cual se establece que las disposiciones del Capítulo 2 del Título 1 (arículos 5 a 11) serán aplicables a: Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50% del total de -sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 120.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.
En relación a la Información económica, presupuestaria y estadística, el artículo 8 de la Ley 19/2013 cuando hace referencia a la publicación de la información relativa a los contratos menores establece que: Podrá realizarse semestralmente. Podrá realizarse trimestralmente. Podrá realizarse anualmente. No deberá publicarse la información relativa a los contratos menores.
Conforme la Ley 19/2013, la Administración General del Estado desarrollará un Portal de Transparencia dependiente de: El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (actual Ministerio Política Territorial y Función Pública). Ministerio de la Presidencia (RD 863/2018 lo transfiere al actual Ministerio Política Territorial y Función Pública). La Comisión Delegada del Gobierno creada al efecto.
Al hablar de los principios técnicos dentro de la publicidad activa aludimos a que se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. Ello responde, conforme a la Ley 19/2013, al principio de: Reutilización. Accesibilidad. Interoperabilidad. Ninguno de los principios anteriores.
En relación a la solicitud de acceso a la información a que alude la Ley 19/2013: El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá directamente a estas. El solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a información. La ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la misma. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, este debe informar al solicitante de esta circunstancia para que la remita al competente. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
En relación a la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información de la Ley 19/2013: Debe notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Debe notificarse al solicitante y a todos los terceros afectados en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Debe notificarse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de la solicitud con independencia de la fecha de recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. El plazo de un mes para resolver podrá ampliarse por otro mes en el caso de que la naturaleza de la información que se solicita así lo haga necesario.
Frente a las resoluciones en materia de acceso a la información podrá interponerse una reclamación potestativa y previa a la impugnación en vía contenciosa-administrativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será conforme la Ley 19/2013: 1 mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá estimada. 1 mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá desestimada. 3 meses, transcurrido el. cual la reclamación se entenderá desestimada. 3 mes, transcurrido el cual la reclamación se entenderá estimada.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, tiene por objeto: Ampliar y reforzar la transparencia de la información pública. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información y participación en la actividad pública. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias penales derivadas de su incumplimiento. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Tal y como establece el artículo 6 de la Ley 19/2013 relativo a la información institucional, organizativa y de planificación, los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación publicarán información relativa a (Señale la respuesta incorrecta): Normativa que les sea de aplicación. Funciones que desarrollan. Estructura organizativa. Declaración de bienes y situación patrimonial.
Conforme la Ley 19/2013 el Portal de la Transparencia contendrá información contemplada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios (señale la respuesta incorrecta): Publicidad. Accesibilidad. Interoperabilidad. Reutilización.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. La política económica y monetaria, la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores y la seguridad pública. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Establece la Ley de Transparencia que, en el ámbito de la Administración General del Estado, existirán unidades de información especializadas. ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia de estas Unidades?: Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo 2 del título 1 de esta Ley. Asesorar en materia de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno. Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que se queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder el órgano. Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada.
Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿está obligado el solicitante a motivar su solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública?: Sí, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. Sí, ya que la ausencia de motivación será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.
Según la Ley de Transparencia, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La protección del medio ambiente. La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, exclusivamente. Los partidos políticos. El derecho de acceso a la información pública no podrá ser limitado en ningún caso.
¿En qué Artículo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública aparecen reguladas las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública?: En el artículo 19. En el artículo 17. En el artículo 18. En el artículo 16.
Dispone la Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que la resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado: En el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. En el plazo máximo de tres meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. En el plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud por el solicitante. En el plazo máximo de un mes desde la presentación de la solicitud por el solicitante.
El artículo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no señala entre los objetivos que persigue dicha Ley: Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública. La ordenación de las relaciones "ad extra" de la Administración con los ciudadanos. Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a la actividad pública.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno ¿se aplica a la Casa de Su Majestad el Rey? No, en ningún caso. Si, en relación con sus actividades de naturaleza política. Sí, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Sí, en relación con todas sus actividades.
Las disposiciones del Titulo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a: 50.000 euros. 5.000 euros. 100.000 euros 150.000 euros.
Las disposiciones del Titulo 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se aplicarán a las entidades privadas cuando al menos: El 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 5.000 euros. El 50% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 4.000 euros. El 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 4.000 euros. El 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen, como mínimo, la cantidad de 5.000 euros.
El Capítulo 2 del Título 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece una serie de obligaciones para los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación, que habrán de difundir determinada información ¿qué tipos de datos no se incluyen en esa información obligatoria?: Datos de naturaleza económica. Datos de relevancia social. Datos de naturaleza presupuestaria y estadística. Datos sobre información institucional, organizativa y de planificación.
Señale la afirmación falsa. La información sujeta a las obligaciones de transparencia: Será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web. Para su difusión, requerirá la previa solicitud concreta de los administrados. Será comprensible, de acceso fácil y gratuito. Será publicada, preferiblemente, en formatos reutilizables.
Los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como actividades, medíos y tiempo previsto para su consecución, y que deben ser objeto de publicidad activa por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, forman parte de los datos: De relevancia jurídica. De información económica. De información presupuestaria y estadística. De información institucional, organizativa y de planificación.
Los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, deberán hacer pública, como mínimo, la información relativa a determinados actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. De los siguientes, señale aquél que no está expresamente previsto como de publicidad obligatoria: Las indemnizaciones percibidas por los altos cargos con ocasión del abandono del cargo. Las declaraciones anuales de bienes y actividades de los representantes locales, en los términos previstos en la Ley 7 /1985, de 2 de abril. Las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos. Las resoluciones de nombramiento de empleados públicos por el procedimiento de libre designación cuando las retribuciones íntegras anuales superen los 50.000 euros.
Según el artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se debe hacer públicos todos los contratos, con indicación de objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los cuales se han publicitado, número de licitadores e identidad del adjudicatario así como las modificaciones del contrato. La publicación de la información relativa a los contratos menores: No se exige en la Ley. Podrá realizarse mensualmente. Podrá realizarse trimestralmente. Podrá realizarse al finalizar cada ejercicio económico.
Los partidos políticos deberán publicar la información relativa a los contratos y convenios que suscriban: Cuando su importe sea superior a 5.000 euros. Cuando se celebren con una Administración Pública. En cualquier caso. Solamente cuando se trate de encomiendas de gestión.
El artículo 10 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia, dependiente: Del Ministerio de Hacienda y Función Pública.(Actual Ministerio Política Territorial y Función Pública). De la Presidencia del Gobierno. Del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales. (Actualmente transferido por RD 863/2018 a Ministerio Política Territorial y Función Pública).
El Portal de Transparencia incluirá, además de la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa: Aquella cuyo acceso se solicite con más frecuencia. Aquella relativa a las entidades privadas que, voluntariamente, consientan su difusión. Aquel la cuyo contenido haya sido elaborado, en el ejercicio de sus funciones, por los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
El derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución Española, desarrollados por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se reconoce: A todas las personas. Solamente a los ciudadanos españoles. A los que tengan la condición de interesados en los procedimientos correspondientes. Solamente a las personas residentes en territorio español.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se entiende por información pública: Exclusivamente aquella que deba ser objeto de publicidad activa. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte. que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones y no contengan datos de carácter personal. Los contenidos o documentos, en formato electrónico, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para determinadas materias. Señale la que no corresponde: Los intereses económicos y comerciales. Las relaciones exteriores. Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. La política social.
En relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso: No se podrá autorizar en ningún caso. Únicamente se podrá autorizar contando con el consentimiento expreso del afectado. C) Únicamente se podrá autorizar contando con el consentimiento expreso y por escrito del afectado. La respuesta c) es correcta a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
El artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece una serie de límites al derecho de acceso. Señale el que no corresponde: La seguridad nacional. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. La calidad de la prestación de los servicios públicos. La seguridad pública.
Cuando la información pública solicitada no contenga datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada: Del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los ciudadanos. Del interés público en la divulgación de la información y la garantía de confidencialidad. Del interés del solicitante y los derechos de los ciudadanos. Del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada.
Si la solicitud de información pública no identifica de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de: 48 horas. 72 horas. 5 días. 10 días.
Señale la afirmación falsa en relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública: La solicitud de acceso debe dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posee la información. La ausencia de motivación de la solicitud podrá ser causa de rechazo de la solicitud. La solicitud se podrá dirigir por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que se solicita, de la dirección de contacto (preferiblemente electrónica) y de la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. La ley dispone la creación de unidades especializadas en la Administración General del Estado para gestionar las solicitudes de información.
Si la información pública solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros debidamente identificados ¿qué plazo se les concederá para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas?: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.
La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a la información pública solicitada deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de: 10 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. 20 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Señale la afirmación falsa en relación con la resolución de la solicitud de acceso a Información pública: El plazo para resolver puede ampliarse por otros quince días en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita lo hagan necesario. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones que concedan el acceso parcial a la información solicitada deberán ser motivadas.
Frente a la resolución expresa o presunta en materia de acceso a información pública, podrá interponerse reclamación, de carácter potestativo, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de: 20 días. Un mes. Dos meses. Tres meses.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de la reclamación de carácter potestativo que se impone ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo: Un mes. Dos meses. Tres meses. Seis meses.
Pese a la posibilidad prevista de interponer reclamación, de carácter potestativo, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso, la resolución dictada por uno de los siguientes órganos solamente admite la interposición de recurso contencioso-administrativo. Señálelo: El Banco de España. Una entidad gestora de la Seguridad Social. Una Universidad Pública. Una Agencia Estatal.
Cuando no pueda darse el acceso a la información pública en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a: Cinco días. Diez días. Quince días. Veinte días.
La formalización del acceso a la información pública solicitada por el ciudadano, se realizará: Preferentemente por comparecencia física del solicitante en la sede del órgano competente. Preferentemente por vía electrónica. Preferentemente a través de la unidad de quejas y sugerencias. Por cualquier de los medios que permita el acceso, sin preferencia al respecto.
¿En qué plazo se interpondrá la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra una resolución presunta en materia de acceso a la información pública?: En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el plazo de tres meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
La reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tendrá la consideración de: Sustitutiva de la queja o sugerencia. Sustitutiva de los recursos jurisdiccionales. Sustitutiva de los recursos administrativos. Sustitutiva del recurso contencioso-administrativo.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución contra la reclamación potestativa efectuada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será de: Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada. Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada. Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
Cuando la denegación de acceso a la información pública solicitada se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará, previamente a la resolución de la reclamación por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Ofrecimiento de desistimiento a la persona solicitante de información. Un plazo para la práctica de pruebas que pongan de manifiesto el interés público en la divulgación. Un trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que convenga a su derecho. Todas las respuestas son correctas.
¿Pueden las Comunidades Autónomas atribuir la competencia para la resolución de la reclamación potestativa, frente a una resolución en materia de acceso a información pública, al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?: No, porque contra las resoluciones dictadas por las Comunidades Autónomas en materia de acceso a información pública, sólo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo. Sí, debiendo celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado. No, porque deben atribuir dicha competencia a un órgano específico independiente. No es necesario que las Comunidades Autónomas le atribuyan la competencia dado que la tiene ya atribuida, con carácter general, por la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
El Portal de Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a determinados principios técnicos. Señale el que no corresponde: Accesibilidad. Interoperabilidad. Transmisibilidad. Reutilización.
Los interesados en un procedimiento administrativo podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes en un plazo: No inferior a diez días ni superior a quince. No superior a treinta días. No inferior a quince días ni superior a treinta. No inferior a diez días ni superior a treinta.
Conforme lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 9.1 LO 3/18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales
--> Sobre ideología, afiliación sindical, religión o creencias
el acceso:
(Modificado por LO 3/18 que modifica 15.1) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado sin excepción alguna. Se podrá autorizar cuando aquel estuviera amparado por una norma con rango de Ley. Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contanse con el consentimiento expreso del afectado o si estuviera amparado por una norma con rango de ley Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 19/2013 de transparencia, a¡:ceso a la información pública y buen gobierno, ¿está obligado el solicitante a motivar su solicitud para ejercer el derecho de acceso a la información pública?: Si, el solicitante está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Deberá exponer los motivos por los que solicita la información que serán tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No, el solicitante no está obligado en ningún caso a motivar su solicitud de acceso a la info711ación. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información que deberán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. Si. ya que la ausencia de motivación será por si sola causa de rechazo de la solicitud.
Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa: Salvo las que concedan el acceso parcial. Sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Las dos respuestas anteriores son correctas. Las dos respuestas anteriores son falsas.
Conforme lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, si la información solicitada contuviera datos especialmente protegidos a los que se refiere el artículo 9.1 LO 3/18, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales
--> Origen racial, salud o vida sexual, datos genéricos o biométricos o datos sobre comisión infracciones penales o administrativas que no conlleven amonestación pública
el acceso:
(Modificado por LO 3/18 que modifica 15.1) Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado sin excepción alguna. Se podrá autorizar cuando aquel estuviera amparado por una norma con rango de Ley. Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contanse con el consentimiento expreso del afectado o si estuviera amparado por una norma con rango de ley Únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso.
Respecto a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no es causa de inadmisión a trámite de las solicitudes que se formulen de acceso a la información, una de las siguientes. Señálela: Las solicitudes que se formulen de acceso a la información cuando el solicitante no la motive. Las solicitudes que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Las solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Las solicitudes que se manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley 19/2013.
Conforme lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración una serie de criterios no encontrándose entre los mismos uno. Señálelo: La repercusión que haya tenido o pueda tener en la ciudadanía, valorándose especialmente que el número de solicitudes en un año formulada por la misma persona. La justificación del solicitante de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tenga la condición de investigador y motive el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone que cuando la información pública solicitada por una persona no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, dicho órgano tomará particularmente en consideración una serie de criterios entre los que no se encuentra uno. Señálelo: La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos. El número de personas aludidas en el documento cuyo contenido se pretende acceder. El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos. La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece en su artículo 20 la siguiente regulación respecto a las resoluciones de concesión o denegación del acceso a la información pública: A) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. El plazo A) podrá ser ampliado por otros dos meses más en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. C) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La reclamación potestativa aludida C) se interpondrá en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo y que se resolverá y notificará en el plazo máximo de dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece la previsión de que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: La seguridad nacional, defensa o relaciones exteriores. La seguridad pública. La protección del medio ambiente, los intereses económicos y comerciales y la política económica y monetaria. Todas las respuestas anteriores son correctas.
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