Teniendo presente el artículo 89 del Código penal señale la afirmación correcta en todos sus términos: Las penas de prisión de más del año impuestas a un ciudadano extranjero podrán ser sustituidas por su expulsión del territorio español. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de 3 años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el Juez o Tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda Ja libertad condicional. El Juez o Tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena. Por regla general, la expulsión llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España.
A la luz del artículo 89 del Código penal, las penas de prisión de más de 1 año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a: Tres cuartas partes de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. Dos tercios de su extensión, y el cumplimiento del resto de la perla en territorio español. La mitad de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. Dos tercios de su extensión, y la sustitución del testo por la expulsión del penado del territorio español.
En el marco del artículo 89 del Código penal si el extranjero expulsado regresara a España antes de transcurrir el período de tiempo establecido judicialmente, cumplirá las penas que fueron sustituidas, salvo que, excepcionalmente, el Juez o Tribunal, reduzca la duración cuando su cumplimiento resulte innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la norma jurídica infringida por el delito. No obstante, si fuera sorprendido en la frontera: Será devuelto por la Autoridad judicial. Será expulsado directamente por la Autoridad gubernativa. Empezará a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada, descontando el tiempo que llevaba expulsado. No podrá regresar a España en un plazo de 1 a 4 años.
La expulsión del territorio nacional del extranjero no residente legalmente como sustitutiva de la medida de seguridad que le sea aplicable llevará consigo el no poder regresar a España en un plazo de: 10 años, contados desde la fecha de su expulsión. 10 años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la medida. 6 años, contados desde la fecha de su expulsión. 5 años, contados desde la fecha de su expulsión, y, en todo caso, mientras no haya prescrito la medida.
Conforme el artículo 89 del Código penal, si un ciudadano extranjero fuera condenado a más de un año de prisión por tráfico ilegal de personas se le sustituirá la pena por su expulsión del territorio español. Aunque excepcionalmente él Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español: Sólo si accede al tercer grado penitenciario. Cuando cumpla las tres cuartas partes de la condena y acceda al tercer grado penitenciario. Las disposiciones recogidas en apartados anteriores del artículo 89 del Código Penal no son de aplicación a un extranjero condenado por tráfico ilegal de personas. Sólo si previamente se ha decretado expulsión administrativa.
El extranjero expulsado en el marco del artículo 89 del Código penal no podrá regresar a España en un plazo de: Cinco a diez años, contados desde la fecha de su expulsión. Tres a cinco años, contados desde la fecha de comisión de los hechos. Cinco a diez años, contados desde la fecha de comisión de los hechos. Tres a cinco años, contados desde la fecha de su expulsión.
No es una medida de seguridad: Libertad vigilada. Custodia familiar. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. La expulsión del territorio nacional de extranjeros residentes legalmente en España.
El artículo 89.1 del Código Penal establece que serán sustituidas por su expulsión del territorio español las penas de prisión Impuestas a un ciudadano extranjero: Inferiores a un año. De más de un año y hasta cinco. De más de dos años y hasta tres. De más de un año y hasta tres.
El artículo 89.1 del Código Penal establece que serán sustituidas por su expulsión del territorio español las penas de prisión Impuestas a un ciudadano extranjero. Pero excepcionalmente, el juez o tribunal podrá acordar que se ejecute una parte de la pena que no podrá ser superior: A la mitad de su extensión. A la tercera parte de su extensión. A los dos tercios de su extensión. A los tres quintos de extensión.
El extranjero cuya pena de prisión haya sido sustituida por la expulsión del territorio nacional no podrá regresar a España en un plazo, contado desde la fecha de su expulsión: De dos a cinco años. De tres a seis años. De cinco a diez años. De tres a cinco años.
Conforme el artículo 27 del Reglamento penitenciario, cuando las medidas de expulsión sustituyen a las penas impuestas a internos extranjeros: A) Se notificará al Ministerio Fiscal la fecha previsible de extinción de la condena. La opción a) sólo es verdadera cuando los penados extranjeros extinguen condenas superiores a los seis años de privación de libertad. La opción a) sólo es verdadera cuando los penados extranjeros extinguen condenas inferiores a ocho años de privación de libertad. No será preceptivo, en ningún caso, notificar al Ministerio Fiscal la fecha previsible de extinción de la condena.
Señale de entre las siguientes la afirmación correcta respecto a los extranjeros: La expulsión gubernativa del territorio español podrá ser acordada respecto al autor de infracciones leves, graves y muy graves, previa tramitación del expediente administrativo. La salida obligatoria del territorio español se producirá en los supuestos de expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la LO 5/2000, de 11 de enero. Conforme el artículo 89.2 del Código penal cuando hubiera sido impuesta una pena de más de tres años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el Juez o Tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. Conforme LO 4/2000, la duración de la prohibición de entrada en territorio español del extranjero se determinará en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no excederá de 5 años, aunque excepcionalmente, por determinadas razones, podrá imponerse un período de prohibición de entrada de hasta 10 años.
En el marco del artículo 89 del Código penal, reformado por LO 1/2015, de 30 de marzo, ¿cuándo procederá la expulsión de un ciudadano de la Unión Europea?: Solamente cuando represente una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública en atención a la naturaleza, circunstancias y gravedad del delito cometido, sus antecedentes y circunstancias personales. Solamente cuando esté condenado a una pena privativa de libertad superior a cinco años. Solamente cuando esté condenado por un delito contra las personas. Solamente cuando su presencia en España conlleve una inseguridad jurídica.
Un extranjero al que se le haya sustituido una pena privativa de libertad por expulsión a su país de residencia, no podrá regresar a España: En un plazo de cinco a diez años desde la expulsión. Hasta que no haya prescrito la pena, siempre y cuando hayan transcurrido tres años. Una vez que haya transcurrido el tiempo de la pena inicialmente impuesta. En un plazo mínimo de tres años desde la expulsión.
Con el fin de poder dar cumplimiento a la medida de expulsión, se .comunicará al Ministerio Fiscal la propuesta de libertad condicional de extranjeros. ¿En qué plazo?: Dos meses antes de cumplir las 3/4 partes. Dos meses antes de cumplir las 2/3 partes. Con la antelación suficiente. No se establece criterio de temporalidad.
Además de la notificación prevista en el artículo 26 del Reglamento Penitenciario, el propio Reglamento, en el artículo 27, recoge que la fecha previsible de extinción de la condena en los supuestos legales de sustitución de la pena por medida de expulsión de territorio nacional y, en todo caso, cuando se trate de penados extranjeros que extingan condenas inferiores a seis años de privación de libertad, también se notificará: Al Juez de Vigilancia. Al Ministerio Fiscal. A la Delegación de Gobierno ,correspondiente. Al Juez o Tribunal sentenciador.
Conforme a lo establecido en el artículo 89.1 del Código Penal, las penas de prisión de más de un año y hasta cinco impuestas a un ciudadano extranjero: Podrán ser sustituidas por la expulsión del territorio español. Serán sustituidas en la sentencia, siempre que ello resulte posible, por la expulsión del territorio español; en los demás casos se podrá acordar una vez declarada la firmeza de la sentencia. Podrán ser sustituidas por la expulsión del territorio español, en el caso de que el condenado acceda al tercer grado. Serán sustituidas por la expulsión del territorio español únicamente en el caso de que el condenado acceda al tercer grado.
Cuando a un ciudadano extranjero se le imponga una pena de más de cinco años de prisión, o varias penas que excedan de esa duración: El juez o tribunal podrá acordar en sentencia la expulsión del territorio nacional como sustitutiva del cumplimiento de la pena. El juez o tribunal acordará la ejecución en todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. Únicamente se podrá acordar la expulsión del territorio español como sustitutiva de la ejecución del resto de la pena cuando el penado acceda al tercer grado. No podrá acordarse la expulsión judicial como sustitutiva del cumplimiento de la pena de prisión en ningún caso.
Cuando se acuerde la expulsión judicial de un extranjero sustitutiva del cumplimiento de todo o parte de una pena de prisión, ese extranjero: No podrá regresar a España. No podrá regresar a España en un plazo de 5 a 10 años, contado desde la fecha de su expulsión. No podrá regresar a España en un plazo de hasta 10 años, contado desde la fecha de su expulsión y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena. No podrá regresar a España en un plazo de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión y, en todo caso, mientras no haya prescrito la pena.
Si un extranjero intentara quebrantar una decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada en España, y fuera sorprendido en la frontera ¿qué efectos produciría?: Se la incoaría un expediente de expulsión administrativa por la autoridad gubernativa. Sería expulsado directamente por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. Seria nuevamente expulsado por la autoridad judicial, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de entrada en su integridad. Sería expulsado por la autoridad gubernativa a través del procedimiento preferente.
Un extranjero que sea residente de larga duración en nuestro país ¿puede ser expulsado?: No, en ningún caso. Sí, en los casos en que la infracción cometida sea muy grave del artículo 54. Sí. sin ninguna limitación. No, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1 o suponga una reincidencia en la comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión.
La tramitación de los expedientes de expulsión tendrá carácter preferente: En los supuestos de infracciones muy graves. En los supuestos de infracciones muy graves o graves. En los supuestos de las letras a), b) y c) del apartado 1 del artículo 54 así como de las letras d) y f) del articulo 53. En los supuestos de las letras a) y b) del apartado 1 del articulo 54, del artículo 57.2, de las letras d) y f) del artículo 53 así como de la letra a) del apartado 1 del artículo 53, cuando, en este último caso, se den determinadas circunstancias.
En el caso de los penados extranjeros sujetos a medidas de expulsión tras cumplir condena, se notificará la fecha previsible de extinción de condena a la autoridad competente, con una antelación de: Tres meses. Un mes. Con la antelación que la autoridad competente determine. Ninguna respuesta es correcta.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 89.1 del Código Penal, con carácter general serán sustituidas por la expulsión del territorio español las penas de prisión Impuestas a un ciudadano extranjero: De más de un año, sin límite temporal. De más de un año y hasta cinco. De más de cinco años. De más de seis años.
Un extranjero al que se le haya sustituido una pena de prisión por la expulsión del territorio español, no podrá regresar a España: En un plazo de cinco a diez años desde la expulsión. Hasta que no haya prescrito la pena, siempre y cuando hayan transcurrido tres años. Una vez que haya transcurrido el tiempo de la pena inicialmente impuesta. En un plazo mínimo de tres años desde la expulsión.
Con el fin de dar cumplimiento a la medida de expulsión, se comunicará al Ministerio Fiscal la propuesta de libertad condicional de extranjeros, ¿En qué plazo?: Dos meses antes de cumplir las 3/4 partes. Dos meses antes de cumplir las 2/3 partes. Con la antelación suficiente. No se establece criterio de temporalidad.
Además de la notificación prevista en el artículo 26 del Reglamento Penitenciario, el propio Reglamento, en el artículo 27, recoge que la fecha previsible de extinción de la condena en los supuestos legales de sustitución de la pena por medida de expulsión de territorio nacional y, en todo caso, cuando se trate de penados extranjeros que extingan condenas inferiores a seis años de privación de libertad, también se notificará: Al Juez de Vigilancia. Al Ministerio Fiscal. A la Delegación de Gobierno correspondiente. Al Juez o Tribunal sentenciador.
El artículo 89.1 del Código Penal, en su redacción dada por la LO 5 /2010, de 22 de junio, establece que las penas privativas de libertad inferiores a seis años impuestas a un extranjero no residente legalmente en España: Serán sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español, previa audiencia del penado. Podrán ser sustituidas en la sentencia por su expulsión del territorio español. Serán sustituidas en la sentencia, o en auto motivado posterior, por su expulsión del territorio español previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas. Podrán ser sustituidas en la sentencia, o en auto motivado posterior, por su expulsión del territorio español previa audiencia del penado, del Ministerio Fiscal y de las partes personadas.
En el caso de que procediera la liberación definitiva de un penado extranjero sujeto a medida de expulsión posterior al cumplimiento de la condena: El Director notificará, con una antelación de tres meses, la fecha previsible de extinción de la condena al Tribunal Sentenciador, para que provea lo necesario con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente. El Director notificará, con una antelación de tres meses o en el momento de formular la propuesta de libertad definitiva al Tribunal Sentenciador, la fecha previsible de extinción de la condena a la Autoridad competente, para que ésta provea lo necesario con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente. El Director notificará, con una antelación de dos meses, la fecha previsible de la extinción de la condena a la Autoridad competente, para que ésta provea lo necesario con arreglo lo dispuesto en la legislación vigente. Ninguna respuesta es correcta.
Con carácter general, la expulsión administrativa llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un periodo: Mínimo de tres años y máximo de diez. Que no excederá de cinco años. De hasta diez años. Mínimo de dos años y máximo de diez.
En el caso de que la pena de prisión impuesta a un extranjero no residente legalmente en España fuera igual o superior a seis años: En ningún caso podrá ser sustituida por su expulsión del territorio nacional. Únicamente será sustituida por su expulsión del territorio nacional, cuando el penado haya cumplido las 3/4 partes de la condena, oído éste previamente. Será sustituida por su expulsión del territorio nacional en el caso de que el penado acceda al tercer grado o una vez que haya cumplido las Y. partes de la condena. Podrá ser sustituida por su expulsión del territorio nacional cuando el penado haya cumplido las 2/3 partes de la condena.
Las penas de prisión de más de 1 año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Respecto a la expulsión es predicable, conforme el Código penal, que: Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte, de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, sé sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional (artículo 9.1 CP). El Juez o Tribunal resolverá siempre en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 10 a 15 años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado No serán sustituidas las penas que se hubieran impuesto por. la comisión ·de los delitos a que se refieren los artículos 177 bis, 314, 3.15 y 320 bis.
El Código penal en su artículo 89 prevé la sustitución por la expulsión del territorio español, respecto a los ciudadanos extranjeros a los que se les haya impuesto penas de prisión de más de 1 año, aunque excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser: Superior a dos tercios de su extensión. Inferior a dos tercios de su extensión. Superior a tres cuartas partes de su extensión. Superior a la mitad de su extensión.
A la luz del artículo 89 del Código penal señale la afirmación incorrecta: Las penas de prisión de más de 1 año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español. Excepcionalmente, cuando resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito, el Juez o Tribunal podrá acordar la ejecución de una parte de la pena que no podrá ser superior a dos tercios de su extensión, y la sustitución del resto por la expulsión del penado del territorio español. En todo caso, se sustituirá el resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español cuando aquél acceda al tercer grado o le sea concedida la libertad condicional. Cuando hubiera sido impuesta una pena de más de tres años de prisión, o varias penas que excedieran de esa duración, el Juez o Tribunal acordará la ejecución de todo o parte de la pena, en la medida en que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito. En estos casos, se sustituirá la ejecución del resto de la pena por la expulsión del penado del territorio español, cuando el penado cumpla la parte de la pena que se hubiera determinado, acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. El Juez o Tribunal resolverá en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de la pena siempre que ello resulte posible. En los demás casos, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia, previa audiencia al Fiscal y a las demás partes, sobre la concesión o no de la sustitución de la ejecución de la pena. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de 5 a 10 años, contados desde la fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales del penado.
Un penado extranjero no residente legalmente en España, podrá solicitar conforme al artículo 197 del Reglamento Penitenciario disfrutar la libertad condicional en: Su país de residencia. Su país de procedencia. Su país de origen. En el supuesto indicado no procede aplicación del referido precepto.
El artículo 89.1 del Código Penal, en su nueva redacción dada por la LO. 1/2015, de 30 de marzo, contempla como único supuesto excepcional para que el juez o tribunal acuerde la ejecución de una parte de la pena de prisión de más de un año y hasta cinco impuesta a un ciudadano extranjero, con el límite de dos tercios de su extensión: Que aprecie razones que justifiquen el cumplimiento de la condena en un Centro Penitenciario de España. Que el condenado sea reincidente y los antecedentes no hayan sido cancelados. Que el condenado, tras ser oído, prefiera el cumplimiento de la condena en un Centro Penitenciario de España. Que resulte necesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la confianza en la vigencia de la norma infringida por el delito.
Cuando no resulte posible resolver en sentencia sobre la sustitución de la ejecución de una pena de prisión impuesta a un ciudadano extranjero, el juez o tribunal, una vez declarada la firmeza de la sentencia, se pronunciará con la mayor urgencia sobre la concesión o no de la sustitución: Previa audiencia al Ministerio Fiscal, a Instituciones Penitenciarias y a las demás partes. Previa audiencia al Ministerio Fiscal y a las demás partes. Exclusivamente previa audiencia del condenado, asistido de su abogado. Previa audiencia al Ministerio Fiscal y a Instituciones Penitenciarias.
De las que se enumeran a continuación, ¿qué Instrucción emanada de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias regula materia de extranjería?: Instrucción 18/2005, de 21 de diciembre. Instrucción 25/1996, de 16 de diciembre. Instrucción 2/1997, de 20 de febrero. Instrucción 33/1998, de 5 de mayo.
Se recabará autorización del Juez de Vigilancia para que el liberado condicional, en su caso, pueda disfrutar de dicho beneficio en su país de residencia: A) Cuando se trate de internos extranjeros no residentes legalmente en España. B) Cuando se trate de españoles residentes legalmente en el extranjero. Las respuestas a) y b) son correctas. No se puede disfrutar del beneficio de la libertad condicional fuera del ámbito territorial español mediante autorización del Juez de Vigilancia, sino del Tribunal Sentenciador, entendiéndose en cualquier caso Audiencia Nacional.
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