1.14

Según el artículo 81.1 de la Constitución española, son leyes orgánicas relativas: Al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben en los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Al desarrollo de los derechos y deberes fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben en los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. Al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las relativas a la organización de los poderes del Estado y las demás previstas en la Constitución. Al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que afecten al desarrollo de los valores constitucionales y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige: La mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. El voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso y del Senado. La mayoría absoluta del Senado en una votación final sobre el conjunto del proyecto. El voto favorable de las dos terceras partes del Congreso.

Las leyes de transferencia o de delegación de facultades estatales a una Comunidad Autónoma deberán ser siempre: Leyes paccionadas. Leyes refrendadas. Leyes marco. Leyes orgánicas.

Las leyes de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivos territorios, están jerárquicamente subordinados: Solamente a la Constitución. A la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía. Solamente a sus respectivos Estatutos de Autonomía. Siempre a la Constitución, a sus respectivos Estatutos de Autonomía y a las leyes del Estado.

Las leyes dictadas por los órganos legislativos del Estado en virtud de las competencias compartidas que se deducen del artículo 149.1 de la Constitución, según el cual hay materias en las que el Estado tiene reserva de la legislación básica, correspondiendo el desarrollo legislativo y ejecución a las Comunidades Autónomas: Se denominan leyes de bases. Se denominan leyes básicas. Se denominan leyes marco. Se denominan leyes de armonización.

Las leyes que atribuyan la facultad de dictar leyes a todas o a algunas de las Comunidades Autónomas en materia de competencia estatal, fijando los límites dentro de los cuales se ejercitará dicha potestad, se denominan: Leyes básicas. Leyes marco. Leyes de transferencia. Leyes de armonización.

Las leyes que atribuyen la competencia en una materia a una Comunidad Autónoma, sin que el Estado se reserve la fijación de los principios o directrices dentro de los cuales debe la Comunidad Autónoma ejercerla, se denominan: Leyes básicas. Leyes marco. Leyes de transferencia. Leyes de armonización.

Es cierto: La Constitución prohíbe que las Cortes Generales deleguen en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley en materias reservadas de la ley orgánica. La Constitución prohíbe la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley en materias propias de ley orgánica. Las leyes orgánicas tienen una posición jerárquica superior a las ordinarias. A y B.

Conforme a lo previsto en la Constitución Española, ¿qué órgano convalida los Decretos-leyes?. El Gobierno. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. El Senado.

Indique la frase incorrecta respecto a los Decretos-leyes: Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviese reunido en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. Durante el indicado plazo de treinta días las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia. No pueden regular en ningún caso materias que versen sobre el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el derecho electoral general. Son un supuesto de delegación legislativa.

Según la Constitución: Las leyes de bases pueden facultar para dictar las normas con carácter retroactivo. Las leyes de bases pueden autorizar la modificación de la propia ley de bases en supuestos excepcionales. La delegación legislativa podrá otorgarse al Gobierno de forma tácita para asuntos generales. La delegación legislativa se agota cuando el Gobierno hace uso de ella publicando la norma correspondiente.

La delegación legislativa al Gobierno, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo, deberá otorgarse mediante: Ley de bases. Ley orgánica. Ley ordinaria. Decreto legislativo.

La delegación legislativa debe otorgarse: Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos refundidos. Mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados. Mediante una ley de bases, con independencia de que su objeto sea la formación de textos articulados o refundidos. Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados y mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución, las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada se denominan: Leyes de bases. Leyes orgánicas. Decretos-leyes. Decretos legislativos.

Son disposiciones del ejecutivo con fuerza de ley: Las leyes orgánicas. Los Decretos legislativos. Los reglamentos. Los tratados internacionales.

Es cierto: El Reglamento es un acto administrativo general pero normativo. El Poder Ejecutivo, al dictar los Reglamentos, ejecuta una competencia propia, sin que actúe en sustitución del Poder Legislativo. Los Reglamentos tienen carácter de ley en sentido material. A, B y C.

Entre las reglas relativas al ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno de la Nación no está la siguiente: Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto. Podrá prescindirse del trámite de consulta pública en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran determinados requisitos. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a treinta días naturales. La redacción del texto estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.

De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 50/1997, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobación o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas físicas o jurídicas que desempeñen una actividad económica o profesional como consecuencia del ejercicio de ésta, preverán el comienzo de su vigencia: El 1 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación. El 2 de enero o el 2 de julio siguientes a su aprobación. El 1 de enero del año siguiente a su aprobación. El 2 de enero o el 1 de julio siguientes a su aprobación.

La Memoria del Análisis del Impacto Normativo no debe contener necesariamente el siguiente apartado: Objetivos de la nueva norma y problemas que se pretenden solucionar con ella. Análisis sobre la adecuación de la norma propuesta al orden de distribución de competencias. Impacto económico y presupuestario. Impacto por razón de género.

Es cierto: Los reglamentos se ordenan según la siguiente jerarquía: 1º. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros. 2º. Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. Los reglamentos que infrinjan los límites de reserva legal y jerarquía normativa son nulos de pleno derecho. El dictamen del Consejo de Estado es perceptivo cuando se trate de reglamentos que ejecuten o desarrollen una ley, siendo facultativo cuando se trate de reglamentos independientes. A, B y C.

¿Qué fuente del Derecho es utilizada normalmente por los Tribunales para controlar la discrecionalidad de la Administración Pública?. La doctrina científica. La costumbre. Los principios generales del Derecho. La práctica administrativa.

Es cierto: De acuerdo con el artículo 1 del Código civil, los principios generales del derecho son, junto con la ley, la costumbre y el precedente administrativo, las fuentes del ordenamiento jurídico español. Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Los principios generales del derecho no son fuente del ordenamiento jurídico español, aunque sí tienen un carácter informador del ordenamiento jurídico. Contestaciones anteriores erróneas.