1 CE

La federación entre las Comunidades Autónomas: a) No está prevista en la Carta Magna. b) Se encuentra prohibida en la Constitución. c) Requiere ley orgánica y autorización previa por las Cortes Generales. d) Solo podrá existir para la prestación de servicios propios de las Comunidades Autónomas.

Según la Constitución Española, los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a: a) Las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. b) Las funciones públicas pero no a los cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. c) Los puestos públicos pero no a las funciones públicas, con los requisitos que señalen las leyes. d) Las funciones y puestos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.

Indica cuál de las siguientes normas NO desarrolla el mandato a que hace referencia el art. 103.3 de la Constitución de 1978: a) Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. c) Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de libertad sindical. d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Cuál de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española y que a continuación se relacionan se tutelará con el recurso de inconstitucionalidad?. a) El derecho de petición. b) El derecho a la protección de la salud. c) El derecho de acceso a la cultura. d) El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales y libertades públicas ante los Tribunales ordinarios se instrumenta: a) Por un procedimiento judicial basado en los principios de preferencia y sumariedad. b) Por una fiscalía especial de defensa constitucional. c) Por una Jurisdicción internacional especial. d) Por un procedimiento de mediación y arbitraje.

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, corresponde: a) A la jurisdicción contencioso-administrativa. b) Al Tribunal Constitucional. c) Al Tribunal de Cuentas. d) Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.

El Defensor del Pueblo solo se encuentra constitucionalmente vinculado a los poderes públicos respecto de su gestión por su obligación de: a) Dar cuenta al Gobierno. b) Subordinarse al Tribunal Constitucional. c) Rendir cuentas ante la Comisión mixta Congreso-Senado. d) Informar a las Cortes Generales.

¿En qué caso contempla la Carta Magna, en el Título VIII, Capítulo III, que será posible la federación de Comunidades Autónomas?. a) Cuando así se apruebe por la mayoría absoluta de ambas Cámaras. b) Cuando se apruebe por mayoría de las Cortes Generales y sea aprobado en referéndum. c) Cuando cuente con la aprobación del Congreso de los Diputados y sea ratificado en referéndum. d) En ningún caso.

Una detención puede ser considerada ilegal: a) Únicamente si la persona no ha cometido el delito que se le imputa. b) Únicamente si no se ha seguido el procedimiento establecido por ley para proceder a la detención. c) No por falta de motivación inicial, esta es importante durante el juicio, pero no al inicio del procedimiento. d) Por producirse bajo autoridad no competente para ello.

Para alegar el derecho al trabajo recogido en el art. 35 de la CE ante los tribunales ordinarios será exigible: a) Su desarrollo legislativo. b) Haber agotado la vía administrativa previa. c) Que haya sido desestimada la cuestión de inconstitucionalidad. d) Únicamente que haya sido quebrantado.

A los sindicatos de trabajadores les es de aplicación la posibilidad de sindicalizarse recogida en: a) El artículo 14 de la Constitución. b) El artículo 22 de la Constitución. c) El artículo 28.1 de la Constitución. d) El artículo 41 de la Constitución.

La CE atribuye el conocimiento y decisión del procedimiento preferente y sumario de tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección 1.a del Capítulo Segundo a al/a los: a) Tribunal Constitucional. b) Tribunales civiles. c) Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda por razón de la materia. d) Tribunales de los distintos órdenes jurisdiccionales, excluidos los castrenses.

¿Cómo se denomina, generalmente, el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma?. a) Asamblea Legislativa. b) Consejo Legislativo. c) Cortes Autonómicas. d) Cámara Legislativa Autonómica.

Indica la respuesta correcta en relación con la extradición: a) La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. b) La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, sin requerirse la reciprocidad. c) También se puede conceder la extradición por delitos políticos. d) No se puede extraditar por actos de terrorismo.

El Título IV de la Constitución de 1978, del Gobierno y de la Administración, forma parte de la denominada: a) Parte pragmática. b) Parte orgánica. c) Parte dogmática. d) Parte dispositiva.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?. a) No es la primera vez que una Constitución Española regula aspectos relacionados con la nacionalidad. b) La Constitución Española no es la única a nivel mundial que contiene regulación respecto de la nacionalidad de los ciudadanos del Estado. c) En la Constitución se desarrollan las formas de adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española, dada su importancia. d) La nacionalidad es una cualidad jurídica de la persona.

El artículo 1 de la Constitución Española: a) Establece en su primer apartado el tipo de Estado en que se constituye. b) No contiene el tipo de Estado en que se constituye, esto se recoge más adelante, en el artículo 5, dado que no es lo más relevante. c) No contiene el tipo de Estado en que se constituye porque todo el mundo lo sabe, no es necesario especificarlo. d) Dispone que España es un Estado completamente liberal.

El artículo 142 CE establece que las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de: a) Tributos propios y de participación en los de las Comunidades Autónomas. b) La participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas. c) Tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. d) Tributos propios y de participación en los del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Diputaciones Provinciales.

El tratamiento de los sindicatos de trabajadores, por parte de la Constitución Española: a) Es mucho más beneficioso para ellos que el de las asociaciones empresariales. b) Es mucho menos beneficioso para ellos que el de las asociaciones empresariales. c) Es el mismo que el de las asociaciones empresariales. d) Es correcto, el de las asociaciones empresariales es nulo.

Podrán, según la Constitución Española, ejercer el derecho de petición solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica: a) Los miembros de las Fuerzas Armadas. b) Los miembros de los Sindicatos. c) Todos los funcionarios públicos. d) Los jueces y magistrados en activo únicamente.

Según el artículo 8 de la Constitución Española, las Fuerzas Armadas se constituyen por: a) Por el Ejército de Tierra, y se complementan con el de Aire y Agua. b) Por el Ejército de Tierra y el de Aire. c) Por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. d) Por la Armada y la Marina.

¿Qué carácter atribuye la Constitución de 1978 a la figura de los/las Vicepresidentes/as?. a) Un carácter disponible, cuya existencia real en cada formación concreta del Gobierno dependerá de la decisión del/de la Presidente/a. b) Un carácter no disponible, cuyo nombramiento en cada formación concreta del Gobierno corresponderá al/a la Presidente/a. c) Un carácter preceptivo, en los mismos términos que el de los/las Ministros/as. d) Un carácter facultativo, en los mismos términos que el de los/las secretarios/as de Estado.

El art. 97 de la Constitución de 1978 es el precepto clave en la determinación de la posición constitucional del Gobierno. ¿En qué año se aprobó la ley que lo desarrolla?. a) En 1982. b) En 1992. c) En 1994. d) En 1997.

De acuerdo con lo preceptuado en la Constitución Española, el ciudadano no tiene derecho: a) A un Juez especial predeterminado por la ley. b) A la defensa y asistencia de Abogado. c) A ser informado de la acusación formulada contra él. d) A un proceso público sin dilaciones indebidas.

Las leyes-marco: a) Son de carácter orgánico. b) Se refieren a materias de competencia estatal. c) Solo pueden promulgarse cuando las demanda el interés general. d) Solo pueden promulgarse cuando el interés general es apreciado por la mayoría absoluta de cada Cámara.

El control de la actividad económica y presupuestaria de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá, de acuerdo con el artículo 153 de la Constitución Española de 1978: a) Por el Tribunal de Cuentas. b) Por la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales. c) Por la Intervención General de la Administración del Estado. d) Por el Congreso de los Diputados.

El mandato que la CE impone a los poderes públicos con relación al patrimonio histórico, cultural y artístico se circunscribe a: a) La conservación y promoción para su enriquecimiento. b) Protección, promoción y conservación. c) Tutela, promoción y enriquecimiento. d) Protección, conservación y enriquecimiento.

¿A cuál de las siguientes organizaciones no exige la CE que su estructura y funcionamiento sean democráticos?. a) A Sindicatos. b) De consumidores y usuarios. c) De profesionales. d) A Asociaciones empresariales.

Solo una de las siguientes afirmaciones es cierta, según la Constitución Española: a) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que no sean privación de libertad, por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. b) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. c) Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. d) Nadie puede ser condenado o sancionado, aunque implique privación de libertad por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.

El Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus obligaciones o para la protección del interés general, mediante la aplicación del artículo: a) 125 de la Constitución Española. b) 135 de la Constitución Española. c) 145 de la Constitución Española. d) 155 de la Constitución Española.

La imposición de servicios mínimos laborales en tanto rijan medidas de conflicto colectivo adoptadas legalmente, encuentra su habilitación constitucional en: a) La gravedad de la afectación al proceso productivo. b) La defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. c) La fijación de las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. d) La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.

El derecho a la protección de la salud: a) Es un principio rector de la política social y económica. b) Es un derecho fundamental. c) Es un derecho-deber de los ciudadanos. d) No está reconocido constitucionalmente.

Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas: a) Podrán consagrar los privilegios que sean procedentes, cuando su origen no se sustente en cualquier clase de discriminación. b) No podrán implicar, en ningún caso, un distinto tratamiento de los ingresos públicos. c) No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. d) Podrán implicar privilegios económicos o sociales cuando cuenten con el visto bueno del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado.

¿A quién estará encomendados el gobierno y administración de las provincias?. a) A las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. b) A los Presidentes de la Comunidad Autónoma. c) A los ayuntamientos de todos los municipios de la provincia. d) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Indica cuál de los siguientes órganos no forma parte de la organización interna de los Ministerios: a) Secretarías Generales. b) Subsecretarías. c) Secretarías Generales Técnicas. d) Secretarías Generales Adjuntas.

Indica a partir de qué momento se cuenta el plazo de dos meses a que hace referencia el art. 99.5 de la Constitución de 1978: a) A partir de la última votación de investidura. b) A partir de la sesión constitutiva de la Cámara. c) A partir del primer día de las elecciones. d) A partir de la primera votación de investidura.

El estado civil de las madres a efectos de la protección que constitucionalmente se le garantiza a la maternidad es: a) Significativa, pues determina el régimen de protección aplicable. b) Determinante, pues solo se ofrece el núcleo familiar matrimonial. c) Insignificante, pues solo afecta a la distinta protección en atención a su filiación. d) Irrelevante.

Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias: a) Las Comunidades Autónomas pueden adoptar todo tipo de medidas tributarias tanto dentro como fuera de su territorio. b) Que supongan un obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios en los pasos fronterizos con terceros países. c) Sobre bienes situados en el interior de su territorio, propiedad del Estado. d) Sobre bienes situados fuera de su territorio.

Indica cuál de las siguientes situaciones se corresponde con el principio de coordinación: a) Deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes. b) Una Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevea la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. c) Cuando dos o más Administraciones Públicas, en aras de una acción común, se comprometen a fijar sus respectivas competencias para el uso de recursos comunes. d) Eficiencia en la gestión de los recursos públicos compartiendo el uso de recursos comunes.

La creación y ejercicio de los partidos políticos: a) Está muy restringida, dando solo posibilidades puntuales de creación de los mismos en base a la Constitución Española. b) Son libres dentro del respeto a la Constitución Española y a la ley. c) Ya no es posible, la Constitución Española contempla todos los partidos políticos concretos que se pueden llegar a crear. d) Solamente está sometida a los límites de la Constitución Española, no puede ser limitada o prohibida por ninguna ley.

Tal y como establece la Constitución Española, la educación tendrá por objeto: a) La enseñanza básica. b) La enseñanza obligatoria y gratuita. c) El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. d) Una programación general de la enseñanza.

Los requisitos para la iniciativa autonómica, previstos en la Constitución, son de carácter: a) Alternativo. b) Opcional. c) Electivo. d) Acumulativo.

En base al artículo 1.2 de la Constitución Española, la soberanía nacional reside en: a) El poder legislativo. b) El presidente del Gobierno. c) El pueblo español. d) Las Cortes Generales.

El artículo 20 de la Constitución Española establece que: a) Se puede establecer una censura previa a la libertad de cátedra. b) Se puede establecer una censura previa a la creación literaria. c) Se exige que la comunicación que se transmite a través de cualquier medio de difusión sea verdadera. d) Se establece el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

En relación con los partidos políticos: a) No están sometidos al control de la legalidad, es una excepción. b) No están sometidos al control constitucional. c) Se someten a los límites que la ley establece en relación con el derecho de asociación. d) Se someten a los límites que la ley establece en relación con el derecho de sindicación.

La posibilidad de que las Comunidades Autónomas amplíen sus competencias requiere: a) La reforma de sus Estatutos en cualquier caso. b) Siempre ley estatal especial. c) Refrendo popular y ley de Cortes. d) El transcurso de tres años.

La CE exige a los poderes públicos que la participación de la juventud sea: a) Igual y solidaria. b) Igual y organizada. c) Libre y eficaz. d) Libre y democrática.

La participación de los jóvenes en el desarrollo político, social, económico y cultural conlleva: a) El mandato a los partidos políticos para que incluyan en sus listas a jóvenes. b) Un cauce de mera participación ciudadana. c) Una fórmula de participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. d) Un derecho directamente alegable ante los tribunales ordinarios.

La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios enunciados en el art. 103.1 de la Constitución de 1978. Indica cuál de los siguientes principios no se encuentra en el referido precepto: a) Principio de eficacia. b) Principio de jerarquía normativa. c) Principio de coordinación. d) Principio de desconcentración.

La asignación a las Comunidades establecida en los Presupuestos Generales se distribuye por: a) El Senado. b) El Congreso de los Diputados. c) Las Cortes Generales. d) El Tribunal de Cuentas.