TEST 1 CUEST. GENE. DE LA ASISTENCIA LETRADA Y DEL PRCESO

David ha sido demandado por un acreedor que le reclama en juicio verbal el pago de 1.500 euros por una deuda comercial. La demanda ha sido presentada mediante procurador y con firma de abogado. David pide su consejo acerca de si necesita procurador y abogado para contestar a la demanda. ¿Qué le contestaría a David? Indique la respuesta correcta: Sí es preceptiva la intervención de abogado y procurador para la contestación, para asegurar la igualdad entre las partes, al haberse presentado la demanda con intervención de dichos profesionales. Es preceptiva la asistencia de abogado, para asegurar la defensa de las partes en condiciones de igualdad, pero no la intervención de procurador ya que la representación técnica no afecta a la igualdad entre las partes. Es preceptiva la intervención de procurador, a fin de facilitar las notificaciones y los traslados de escritos y documentos, pero no la asistencia de abogado, al tratarse de un asunto en que por razón de la cuantía no es preceptiva dicha asistencia. No es preceptiva la intervención de ninguno de los dos profesionales pues se trata de un asunto que debe tramitarse en juicio verbal por razón de la cuantía y ésta no excede de 2.000 euros.

Almudena pretende ejercitar una acción de tutela sumaria de la posesión frente a un colindante que le ha despojado de unas dependencias que la actora considera que formaban parte de su finca. Almudena acude a su despacho y le manifiesta que, dado el escaso valor de las dependencias litigiosas, que estima no superaría en ningún caso los 1.200 euros, preferiría evitar los gastos en abogado y procurador, y le pregunta si podría presentar la demanda de juicio verbal mediante un impreso normalizado, sin necesidad de valerse de dichos profesionales. ¿Qué le contestaría a Almudena? Indique la respuesta correcta: Para ejercitar la acción que pretende Almudena es siempre preceptiva la intervención de abogado y procurador, ya que debe ejercitarse en juicio ordinario por razón de la materia, con independencia de cuál sea la cuantía litigiosa. Para ejercitar la acción que pretende Almudena es siempre preceptiva la intervención de abogado y procurador, ya que debe ejercitarse en juicio verbal por razón de la materia y no por razón de la cuantía, por lo que no es aplicable la regla que permite prescindir de dichos profesionales en asuntos cuya cuantía no exceda de 2.000 euros. Para ejercitar la acción que pretende Almudena no es preceptiva la intervención de abogado y procurador, al tratarse de un juicio verbal cuya cuantía no excede de 2.000 euros. Para ejercitar la acción que pretende Almudena no es preceptiva la intervención de abogado y procurador, sea cual sea la clase de proceso que corresponda, ya que la cuantía no excede de 2.000 euros.

Armando pretende reclamar el pago de 10.000 euros que un cliente le adeuda y acude a su despacho con las facturas y albaranes justificativos de su derecho. Armando le consulta si habría alguna manera de efectuar la reclamación judicialmente sin necesidad de utilizar los servicios profesionales de abogado y procurador. ¿Qué le contestaría a Armando? Indique la respuesta correcta: No existe ninguna posibilidad de reclamar judicialmente el pago de la deuda sin valerse de abogado y procurador, ya que la cuantía de la reclamación excede de 2.000 euros. La única vía para demandar sin necesidad de abogado y procurador sería que Armando limitara su reclamación a 2.000 euros, renunciando a la cantidad restante. Armando podría reclamar la totalidad de la deuda sin necesidad de abogado y procurador a través del proceso monitorio, si bien en caso de oposición del deudor sí tendría que valerse de dichos profesionales en el proceso declarativo subsiguiente así como, en todo caso, para la ejecución, al ser la deuda mayor de 2.000 euros. Armando podría reclamar la totalidad de la deuda sin necesidad de abogado y procurador a través del proceso monitorio y mediante demanda ordinaria siempre que, en este último caso, presente la demanda en modelo normalizado y acompañe documentos que justifiquen cumplidamente su derecho.

Diego ha recibido la notificación de una demanda en la que se efectúa una reclamación por importe de 10.000 euros que Diego considera absolutamente injustificada. Diego no considera necesario contestar a la demanda, pero sí desea personarse en el proceso a efectos de evitar la declaración de rebeldía y que se le notifiquen todas las resoluciones que se dicten. ¿Es legalmente posible lo que pretende Diego? Indique la respuesta correcta: No es posible. La Ley no permite que el demandado se persone en el proceso sin contestar a la demanda; si el demandado no contesta dentro del plazo se le tiene por no personado y se declara su rebeldía, con los efectos consiguientes. No es legalmente posible que el demandado se limite a personarse sin contestar, pero Diego podrá conseguir un efecto equivalente al pretendido presentando una contestación meramente formal limitándose a negar los hechos de la demanda y a pedir la desestimación de ésta. La Ley no impide que el demandado se limite a personarse, sin presentar contestación a la demanda, pero para evitar la declaración de rebeldía el escrito de personación deberá presentarse por medio de procurador y con firma de abogado. La Ley no impide que el demandado se limite a personarse, sin presentar contestación a la demanda, lo que le permitirá evitar la declaración de rebeldía, siendo suficiente que el escrito de personación se presente por medio de procurador, sin necesidad de intervención de abogado.

Arturo, presidente de una comunidad de propiedad horizontal, encarga a Paloma, abogada recientemente colegiada, la reclamación judicial frente a un copropietario moroso. Al redactar la demanda, Paloma se pregunta si puede atribuir la condición de demandante a la comunidad de propietarios. Indique la respuesta correcta: En la posición de demandante debe aparecer la comunidad de propietarios, pues tiene capacidad para ser parte, al tener legalmente reconocida personalidad jurídica. En la posición de demandante debe aparecer la comunidad de propietarios, pues tiene capacidad para ser parte, pese a no tener legalmente reconocida personalidad jurídica. En la posición de demandante no puede aparecer la comunidad de propietarios, pues carece de capacidad para ser parte, al no tener legalmente reconocida personalidad jurídica. En la posición de demandante no puede aparecer la comunidad de propietarios, pues carece de capacidad para ser parte, pese a tener legalmente reconocida personalidad jurídica.

Adela es propietaria de un chalet que adquirió como inversión y que no ha utilizado nunca. Un día recibe la noticia de que el inmueble ha sido ocupado,al parecer, por varias familias que han instalado allí su vivienda. Adela quiere desalojar del chalet a los ocupantes y acude a su abogado, quien decide presentar una demanda de tutela sumaria de la tenencia o de la posesión al amparo de la LEC art.250.1.4º con el fin de obtener la inmediata recuperación de la plena posesión de la vivienda. Por medio de diligencias preliminares se logra averiguar la identidad de uno de los ocupantes, pero todo indica que en la casa viven al menos dos familias, aunque podrían ser más. ¿Se puede presentar la demanda en estas circunstancias?. Se puede presentar la demanda, dirigiéndola contra el ocupante identificado, al que se señalará por su nombre, así como frente al resto de los ocupantes, a quienes se designará con una fórmula genérica como «los ocupantes desconocidos» de la finca a que se refiere la demanda o expresión similar. Se puede presentar la demanda, dirigiéndola exclusivamente frente al ocupante identificado y, una vez obtenida sentencia favorable, se podrá pedir y obtener la extensión de los efectos de la sentencia a los demás ocupantes. Se puede presentar la demanda, dirigiéndola exclusivamente frente al ocupante identificado, si bien la sentencia que se obtenga sólo podrá ser ejecutada, en su caso, si se identifica en la demanda ejecutiva a todos los ocupantes de la vivienda. No se puede presentar la demanda, ya que la acción para la tutela sumaria de la tenencia o de la posesión de una vivienda debe dirigirse frente a todos los sujetos que perturben la situación posesoria, y la LEC exige que en la demanda se identifique con nombre y apellidos a todos los demandados.

Tras obtener sentencia favorable en primera instancia para su cliente, Alicia, siguiendo instrucciones de éste, presenta demanda ejecutiva frente al demandado condenado en la primera instancia, despachándose la ejecución por el importe reclamado de 10.000 euros, más la previsión para intereses y costas. Días después del despacho de la ejecución, Alicia tiene noticia de que el demandado condenado en la sentencia, frente al que se había despachado la ejecución, falleció antes de presentarse la demanda ejecutiva. ¿Qué debe hacer Alicia? Indique la respuesta correcta: No debe hacer nada, pues la ejecución puede continuar contra los bienes de la herencia, sin perjuicio del derecho de los herederos a personarse en forma, si así les conviniera. Alicia debería solicitar el sobreseimiento de la ejecución, al haberse despachado contra una persona ya fallecida, y presentar nueva demanda ejecutiva contra los herederos. Alicia debería poner en conocimiento del tribunal el fallecimiento del ejecutado y solicitar que la ejecución ya despachada continúe frente a los herederos. Alicia debería solicitar el archivo de la ejecución y demandar en proceso declarativo a los herederos a fin de obtener un título ejecutivo que le permita dirigir la ejecución frente a ellos.

Antonio, siguiendo instrucciones de su cliente, se propone presentar demanda para reclamar los daños ocasionados a éste como consecuencia de una defectuosa reparación de su coche efectuada en el taller HERMANOS GARCÍA, CB. Dicho taller, según ha podido averiguar Antonio, pertenece a tres hermanos que actúan en el tráfico como comunidad de bienes, siendo uno de los hermanos, Tomás García, el que actúa normalmente en las relaciones jurídicas con terceros (clientes y proveedores, especialmente) en nombre de la comunidad. Antonio se pregunta frente a quién debe dirigir la demanda. Indique la respuesta correcta: La demanda se debe dirigir contra la comunidad de bienes, y no frente a los comuneros, pues los daños que se reclaman son imputables a la comunidad, en cuanto sujeto jurídico diferenciado de sus miembros integrantes, y no a éstos individualmente. La demanda se debe dirigir frente a los tres comuneros, y no frente a la comunidad, ya que ésta carece de personalidad jurídica y, por tanto, no tiene capacidad para ser parte. La demanda se debe dirigir frente a Tomás García, como representante de la comunidad de bienes, al ser dicho comunero la persona que actúa en el tráfico jurídico en nombre de la comunidad. La demanda se debe dirigir frente a cualquiera de los comuneros, sin necesidad de demandarlos a todos, ya que conforme a la jurisprudencia del TS en las comunidades de bienes cualquiera de los comuneros puede actuar en representación de la comunidad.

Darío, acusado en una causa penal por delito de estafa, ha sido defendido durante la instrucción por un abogado designado de oficio. El día anterior al señalado para la iniciación del juicio oral, Darío llega a un acuerdo con Lucía, prestigiosa abogada penalista, para que asuma su defensa en el juicio. Lucía se pregunta cómo debe poner en conocimiento del tribunal el cambio de defensor. Indique la respuesta correcta: Debe comparecer en el juicio el abogado de oficio y comunicar el cambio de defensor, solicitando la suspensión del acto y que se efectúe nuevo señalamiento, citando a Lucía. Deben comparecer en el juicio ambos letrados para formalizar ante el tribunal el cambio de defensor. Basta que comparezca en el juicio Lucía y comunique al tribunal el cambio de letrado defensor, no siendo necesaria la comparecencia del anterior abogado. Debe comparecer en el juicio Lucía, previa formalización del cambio de defensor mediante comparecencia de ambos abogados ante el letrado de la Administración de Justicia.

Indique en cuál de las siguientes situaciones se puede considerar que la independencia del magistrado que forma parte de la sala que ha de enjuiciar un recurso devolutivo se encuentra en peligro: Cuando el magistrado es hermano del abogado del recurrente. Cuando el magistrado es hermano del juez que haya dictado la resolución recurrida. Cuando el magistrado es hermano del delegado del Gobierno en la comunidad autónoma en que tenga su sede el tribunal. En ninguno de los tres casos anteriores.

Un partido político del que Ud. es simpatizante, le pide que proponga medidas de mejora de la Justicia para incluirlas en el programa de las próximas elecciones generales. Ud. cree que la elevación de la edad de jubilación de los jueces y magistrados hasta los 75 años sería una medida positiva para la Administración de Justicia. Indique cuál de las siguientes fórmulas elegiría para proponer la medida: El Gobierno promoverá la reforma de la LOPJ para elevar la edad de jubilación de jueces y magistrados hasta los 75 años. El Gobierno propondrá al CGPJ que reforme el Reglamento de la Carrera Judicial para elevar la edad de jubilación de jueces y magistrados hasta los 75 años. El Gobierno reformará mediante RD el Reglamento de la Carrera Judicial para elevar la edad de jubilación de jueces y magistrados hasta los 75 años. El Gobierno negociará con las asociaciones judiciales más representativas la reforma del convenio colectivo de la Administración de Justicia para elevar la edad de jubilación de jueces y magistrados hasta los 75 años.

Daniel ha sido demandado en un proceso civil y pretende recusar al juez a quien conoce desde hace tiempo, teniendo una mala relación con él, por lo que considera que existe enemistad manifiesta entre ambos. ¿En qué plazo debe formular la recusación?. Diez días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez. Cinco días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez. Durante el plazo para contestar a la demanda. En cualquier momento antes de que el pleito quede concluso para sentencia.

Tras veinticuatro años de matrimonio, en régimen económico de sociedad de gananciales y con dos hijos de 18 y 22 años, Arturo presenta demanda de divorcio frente a Dolores. ¿Debe intervenir en el proceso el Ministerio Fiscal?. Sí, porque la intervención del Ministerio Fiscal es preceptiva en todos los procesos de divorcio. Sí, porque el Ministerio Fiscal interviene preceptivamente en los procesos de divorcio que no son promovidos de mutuo acuerdo por los cónyuges. Sí, porque el Ministerio Fiscal interviene preceptivamente en todos los procesos de divorcio cuando el matrimonio tiene hijos. No, porque el Ministerio Fiscal solamente interviene preceptivamente en los procesos de divorcio cuando alguno de los interesados sea menor de edad, persona con discapacidad o esté en situación de ausencia legal, lo que no sucede en este caso.

Tras dos años de matrimonio y sin haber tenido hijos, Aurora presenta demanda de nulidad matrimonial frente a Darío, quien contesta manifestando su conformidad con la nulidad solicitada. ¿Debe intervenir en el proceso el Ministerio Fiscal?. Sí, porque la intervención del Ministerio Fiscal es preceptiva en todos los procesos de nulidad matrimonial. No, porque ambos cónyuges están de acuerdo en la procedencia de la declaración de nulidad. No, porque la intervención del Fiscal en los procesos de nulidad matrimonial solamente es preceptiva cuando hayan transcurrido más de cinco años desde la celebración del matrimonio. No, porque no hay interesados en el procedimiento que sean menores, personas con discapacidad o que estén en situación de ausencia legal.

En la organización territorial española, el Poder Judicial: Es único para todo el Estado español, de manera que todos los tribunales de Justicia son órganos del Estado y no existen órganos jurisdiccionales autonómicos. Está repartido entre el Estado y las CCAA, igual que sucede con los poderes legislativo y ejecutivo. Se encuentra totalmente descentralizado, al depender todos los tribunales de Justicia de las CCAA, con la única excepción del TS. Está fuertemente centralizado, ya que todos los órganos jurisdiccionales son estatales, salvo los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA, que son los únicos órganos jurisdiccionales autonómicos.

La Constitución establece la inamovilidad de jueces y magistrados como garantía de su independencia. ¿Cuál es el contenido de esta garantía?. La prohibición de que jueces y magistrados se desplacen fuera de los límites de su circunscripción para realizar actuaciones procesales. El deber de los jueces y magistrados de permanecer en la sede del órgano jurisdiccional durante las horas de audiencia. La prohibición de que los jueces y magistrados sean separados, suspendidos, trasladados ni jubilados salvo por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley. Las tres respuestas anteriores aluden a contenidos de la inamovilidad como garantía de la independencia judicial.

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano al que la Constitución confía el gobierno del Poder Judicial. Indique cuántos miembros componen este órgano, además de su Presidente: Veinte vocales, que han de ser, todos ellos, jueces y magistrados pertenecientes a la carrera judicial. Quince vocales, de los cuales, ocho han de pertenecer a la carrera judicial y el resto han de ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Veinte vocales, de los cuales, doce han de pertenecer a la carrera judicial y el resto han de ser juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Ocho vocales permanentes, que han de ser miembros de la carrera judicial y doce vocales rotatorios, que se renuevan cada año, designados entre profesionales del Derecho que no sean ni hayan sido jueces o magistrados.

En los últimos años ha tenido Ud. que actuar profesionalmente en numerosas ocasiones en los juzgados de Arganda del Rey. En dichos juzgados existe un grave problema con las conexiones de red, que hace que la aplicación informática de gestión procesal esté caída con mucha frecuencia, lo que origina retrasos en la tramitación de los procesos y frecuentes suspensiones de vistas, con el perjuicio consiguiente para los litigantes y los profesionales que los defienden y representan. En esta situación, Ud. quiere presentar una queja a fin de que se adopten las medidas que sean necesarias para poner fin a los problemas de conexión de red. ¿A qué órgano dirigiría Ud. la queja?. Al Ministerio de Justicia. Al Consejo General del Poder Judicial. A la consejería de la Comunidad de Madrid competente en materia de Justicia. Al Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Entre las funciones que corresponden al Tribunal Constitucional (TCo) se encuentra: Imponer sanciones a los jueces y magistrados que, en el ejercicio de la función jurisdiccional, incurran en violación de normas de la Constitución. El control de la constitucionalidad de las leyes. Fiscalizar el gasto de las Administraciones públicas para garantizar que los fondos públicos se emplean según las previsiones de la Constitución. Forman parte de las funciones constitucionalmente atribuidas al TCo las tres a que se refieren las respuestas anteriores.

La Constitución atribuye al TCo el control de constitucionalidad de las leyes y los tratados internacionales. ¿Cuál de los siguientes procedimientos sirve al TCo para realizar esta función?. La cuestión de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad. Declaración previa sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales. Los tres procedimientos a que se refieren las respuestas anteriores.

Entre las funciones que la Constitución atribuye al TCo se encuentra la resolución de conflictos entre: Conflictos de competencias entre Estado y las CCAA o de éstas entre sí. Conflictos entre órganos constitucionales del Estado. Conflictos en defensa de la autonomía local, planteados por entes locales respecto de leyes estatales o autonómicas que vulneren la autonomía local. Las tres clases de conflictos a que se refieren las respuestas anteriores.

Señale cuál de las siguientes funciones está atribuida al Tribunal de Cuentas y tiene naturaleza jurisdiccional: La fiscalización de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público. El enjuiciamiento de la responsabilidad contable de los gestores de fondos públicos. Conocer de las demandas sobre responsabilidad patrimonial del Estado. Las tres funciones a que se refieren las respuestas anteriores.

Indalecio, comandante de Artillería, ha sido detenido por circular en autovía, en su vehículo particular, a más de 200 km/h, dando resultado positivo en el control de alcoholemia que se efectuó a continuación. ¿A qué tribunales corresponde el enjuiciamiento de la responsabilidad penal que pudiera derivar de estos hechos?. A los tribunales penales de la jurisdicción ordinaria. A los tribunales de la jurisdicción militar. A la capitanía general en cuya demarcación se hubiere cometido el delito. A los tribunales de la jurisdicción militar, salvo que el investigado renuncie a su fuero especial como militar y se someta a los tribunales penales ordinarios.

Impuesta una sanción disciplinaria a Ramiro, sargento de caballería, en aplicación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, el sancionado pretende recurrir la sanción ante los tribunales de justicia. ¿A qué tribunales les corresponde conocer de la impugnación?. A los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. A los tribunales de la jurisdicción militar. A los tribunales de la capitanía general en que esté destinado el recurrente. A los tribunales de la jurisdicción militar o de la ordinaria a elección del recurrente.

Roberto, coronel del Ejército del Aire en activo, ha sido sancionado por la Dirección General de Tráfico con multa de 600 euros y pérdida de 4 puntos por conducir con exceso de velocidad. No conforme con la sanción, que considera no ajustada a Derecho, Roberto pretende impugnarla ante los tribunales de Justicia. ¿A qué tribunales les corresponde conocer de la impugnación?. A los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. A los tribunales de la jurisdicción militar. A los tribunales de la capitanía general en que esté destinado el recurrente. A los tribunales de la jurisdicción militar o de la ordinaria a elección del recurrente.