(1) Test Recopilados SIAL-

La iniciativa para la reforma constitucional corresponde. Únicamente al Gobierno. Únicamente al Congreso y al Senado. Al Gobierno, al Congreso y al Senado. Al Gobierno, a las Cortes Generales y a la iniciativa popular mediante, al menos, 500.000 firmas acreditadas.

El español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, según la Constitución Española de 1978: En los casos específicamente señalados por la ley. En ningún caso. En caso de cometer delitos. En los casos de interdicción civil.

Según el artículo 68 de la Constitución Española de 1978, ¿cuál es el número mínimo y máximo de miembros que pueden componer el Congreso de los Diputados?. 350-400. 250-350. 300-400. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Según el art. 123.2 de la Constitución Española de 1978, el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey a propuesta del: Consejo de Ministros. Presidente del Gobierno. Ministerio Fiscal. Consejo General del Poder Judicial.

¿Qué órgano NO está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad según el artículo 162. 1 de la Constitución Española de 1978?. El Presidente del Gobierno. El Gobierno. El Defensor del Pueblo. 50 Diputados.

Los miembros del Gobierno se reúnen: En Consejo de Ministros y en Gabinete. En Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. Únicamente en Consejo de Ministros. En Comisiones Delegadas del Gobierno y en Comisiones Generales de Secretarios de Estado.

Indique la respuesta correcta según el artículo 141 de la Constitución Española de 1978: El Gobierno y la administración de los Ayuntamientos se encomiendan a las provincias. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. Los límites provinciales pueden alterarse por Ley del Parlamento Autonómico. Los Cabildos o Consejos sustituyen a los Ayuntamientos en los archipiélagos.

Señale cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local: Depende del Instituto Nacional de Estadística. Contendrá información actualizada de la clasificación en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional. Se configura como un registro público administrativo. Garantiza la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

Indique cual de los siguientes no es un Organismo de la Unión Europea. El Comité de las Regiones. El Banco Central Europeo. El Defensor del Pueblo Europeo. La organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

De acuerdo al artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la notificación de un acto administrativo que sólo contenga el texto íntegro del acto: Surte plenos efectos desde el momento de su recepción por el interesado. Surtirá efectos únicamente desde que el interesado interponga cualquier recurso que proceda. Es una notificación defectuosa y no surte efectos en ningún caso. Ninguna de las anteriores es correcta.

Señale cual de los siguientes actos está viciado de nulidad de pleno derecho: Una Resolución de Alcaldía concediendo una licencia, sin que conste la motivación. Un acuerdo del Pleno adoptado sin la presencia del Secretario de la Corporación. Un Dictamen de una Comisión Informativa cuya convocatoria no incluía el asunto en el orden del día. Todos los anteriores.

Cual de las siguientes materias NO puede ejercerse como propia por los municipios. Protección de la salubridad pública. Infraestructura viaria. Protección y gestión del patrimonio histórico. Políticas de integración de inmigrantes.

Los municipios deben prestar en todo caso el servicio de: Biblioteca Pública. Limpieza viaria. Instalaciones deportivas de uso público. Parque público.

La existencia en las entidades locales de un Reglamento que tenga la naturaleza de orgánico: Es obligatoria en todas las Corporaciones Locales. Sólo es necesaria si existe Junta de Gobierno Local. Es necesaria en los municipios de gran población. Es siempre potestativa.

¿En qué municipios existe Junta de Gobierno Local?: En todos los municipios. En todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. En los municipios capital de provincia. En todos los municipios con población superior a 1.000 habitantes.

¿A que está obligada toda persona que viva en España?: A inscribirse en el Padrón del municipio de nacimiento. A inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. A inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios se inscribirá en todos ellos. A inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios se inscribirá en cualquiera de ellos a su elección.

El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta, entre otras, la siguiente atribución: Aprobar el presupuesto anual. Aprobar la plantilla de personal. Aprobar la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado.

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se consideran contratos menores: Los contratos que por su importe no requieren la expedición de factura. Los contratos de obras que no superen los 30.000 euros y los de servicios y suministros que no superen los 6.000 euros. Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate de otros contratos. Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicio.

¿ A que órgano le corresponde la competencia como organo de contratacion de los municipios respecto de los contratos de obras cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros?. Al Pleno. A la Comisión Informativa de Contratación. Al Alcalde. En todo caso, a la Junta de Gobierno.

Según prevé la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, es competencia del Pleno del Ayuntamiento: Desempeñar la jefatura superior de todo el personal. Aprobar la oferta de empleo público. Dirigir el gobierno y la administración municipal. Aquellas atribuciones que deban corresponderle por exigir su aprobación una mayoría especial.

De conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿quiénes sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al Alcalde?: Los Vicealcaldes. El Concejal de mayor edad. El Concejal Delegado de Régimen Interior . Los Tenientes de Alcalde.

Según prevé el artículo 29 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el régimen de Concejo Abierto, el gobierno y la administración municipales corresponden: A un Alcalde y dos concejales. A un Alcalde pedáneo. A un Alcalde y una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. A una Comisión Gestora municipal.

El artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé lo siguiente respecto del recurso de reposición: El recurso de reposición no existe en la Administración Local. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado. Los actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. El recurso de reposición lo resuelve el tribunal competente del orden contencioso administrativo.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, el mandato de los miembros de los Ayuntamientos es de. Cuatro años. Tres años. Cinco años. Seis años.

Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocen de las siguientes pretensiones: Todas las que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas. Todas las que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo. Todas las que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho comunitario. Todas las que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Civil.

Para la elección de Alcalde en la sesión de constitución de la Corporación en municipios de más de 250 habitantes, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, establece lo siguiente: Pueden ser candidatos todos los Concejales. Puede ser candidato cualquier vecino mayor de edad. Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. Solo puede ser candidato el Concejal que encabece la lista más votada.

El artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, obliga a que en los municipios de hasta 5.000 habitantes se celebre sesión ordinaria como mínimo: Cada mes. Cada seis meses. Cada tres meses. Con la periodicidad que fije cada Ayuntamiento.

Señale que regla es correcta en relación a la celebración del Pleno de un Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: Para constituirse el Pleno válidamente se requiere la asistencia de todos los miembros del mismo. El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de la mitad más uno del número legal de miembros del mismo. En todo caso, se requiere la asistencia del Alcalde y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente les sustituyan. La ausencia de uno o varios Concejales, una vez iniciada la deliberación de un asunto, obliga a suspender la celebración del Pleno.

De conformidad con la normativa de Régimen Local, ¿qué clase de bien es una Casa Consistorial?: Bien patrimonial. Bien comunal. Bien de dominio público. Bien embargable.

Conforme a lo previsto en el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto al ejercicio de actividades: Cuando así esté previsto en el Reglamento Orgánico Municipal. Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. Cuando lo acuerde el Pleno de la Corporación con el voto favorable de la mayoría absoluta. Cuando la actividad se desarrolle a través de redes informáticas.

¿Qué tipo de contrato del sector público es aquel que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles?. El contrato patrimonial. El contrato de servicios. El contrato de suministro. El contrato privado.

33. ¿A qué funcionario municipal le corresponde expedir las certificaciones de todos los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de gobierno de la entidad, salvo precepto expreso que disponga otra cosa?. Al Secretario. A cualquier Notario del municipio. A cualquier funcionario municipal del subgrupo A1. Al funcionario que se le atribuya en el Reglamento Orgánico municipal. .

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas: La entrega de fondos públicos en que consiste la subvención se realiza con contraprestación directa de los beneficiarios. Las prestaciones contributivas del Sistema de las Seguridad Social tienen el carácter de subvenciones. Las subvenciones constituyen una excepción a la necesidad de existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. Las subvenciones requieren la justificación del cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión.

Conforme a lo previsto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la gestión de un servicios público de competencia local mediante sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, es: Contrato de concesión de servicios. Gestión indirecta del servicio. Gestión directa del servicio. Gestión sujeta a autorización judicial.

¿Qué recurso procede interponer contra la aprobación definitiva del Presupuesto General de un Ayuntamiento?. El recurso potestativo de reposición. El recurso contencioso administrativo. El recurso de alzada. La reclamación económico-administrativa.

No se trata de una fase de ejecución presupuestaria del estado de gastos, señale la repuesta correcta: La retención de crédito. La autorización del gasto. La disposición del gasto. El reconocimiento de la obligación.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: Las entidades locales pueden exigir tasas por la prestación del servicio de expedición de documentos administrativos, a instancia de parte. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 95 por ciento del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas. El importe de la cuota del Impuesto de vehículos de tracción mecánica se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo.

El reconocimiento de la obligación inherente a la aprobación de una certificación ordinaria de obras y su factura de un contrato cuya adjudicación es competencia de Pleno corresponde a: El Pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno, por delegación del Pleno. El Alcalde, por delegación del Pleno.

En relación a la prórroga de los presupuestos de una Entidad local señale la afirmación incorrecta: Se produce automáticamente si al iniciarse el ejercicio económico no ha entrado en vigor el presupuesto correspondiente. El presupuesto prorrogado únicamente puede ser modificado mediante créditos extraordinarios, suplementos de crédito, ampliaciones y transferencias. La prórroga no afectará a los créditos financiados ingresos afectados que exclusivamente fueran a percibirse en ese ejercicio. Aprobado el Presupuesto definitivo, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar cobertura, en su caso, a las operaciones efectuadas durante la vigencia del Presupuesto prorrogado.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el procedimiento normal para la provisión de puestos de trabajo es el de: Libre designación. Oposición. Concurso. Promoción interna.

Indique cuál de los siguientes actos, documentos o expedientes no está exento de fiscalización previa en las entidades locales: La adjudicación de un contrato menor. Los gastos menores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija. La concesión de una subvención nominativa. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven.

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas resulta de aplicación a los funcionarios locales pero no al personal laboral al servicio de la Administración Local. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas resulta de aplicación tanto a los funcionarios locales como al personal laboral al servicio de la Administración Local. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas no resulta de aplicación al personal al servicio de las entidades locales, ya que este personal está sometido al régimen de incompatibilidades propio de la Administración Local. Los funcionarios locales están sujetos al régimen de incompatibilidades contenido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como al régimen de incompatibilidades aprobado por el Presidente de la entidad.

Indique cuál de los siguientes recursos no puede constituir la financiación de un expediente de modificación presupuestaria de generación de créditos: Una transferencia. Una subvención. Un ingreso derivado de la enajenación de patrimonio. Un ingreso derivado de reembolso de préstamos.

¿Qué recurso administrativo procede interponer contra la aprobación de una liquidación tributaria de Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras?. El recurso potestativo de reposición. El recurso obligatorio de reposición. La reclamación económico-administrativa. El recurso contencioso-administrativo.

Indique cuál de los siguientes conceptos retributivos no pueden ser percibidos por los funcionarios al servicio de las entidades locales: Sueldo. Complemento de destino. Plus de festividad y nocturnidad. Gratificaciones.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el superávit de las entidades locales con endeudamiento y con remanente de tesorería para gastos generales positivo debe destinarse a: En todo caso, a la reducción del nivel endeudamiento neto. A la realización de cualquier tipo de gasto siempre que no se concierte una nueva operación de endeudamiento. En todo caso, a la realización de inversiones financieramente sostenibles. En caso de cumplir determinados requisitos podrá destinar todo o parte del superávit a la realización de inversiones financieramente sostenibles.

Respecto al Remanente de Tesorería de las Entidades locales señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: En su cálculo se tendrán en cuenta los acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto. Formará parte de las previsiones iniciales del estado de ingresos del presupuesto de la entidad local. No se minorará por la existencia de derechos de dudoso cobro. Podrá ser utilizado como recurso para la financiación de créditos extraordinarios.

El órgano competente para la aprobación de la liquidación del presupuesto es: El Alcalde. El Pleno. La Comisión Especial de Cuentas. El Secretario-Interventor .

El derecho a participar en los asuntos públicos: Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, tanto para el sufragio activo como para el pasivo en las elecciones municipales. Sólo corresponde a los ciudadanos españoles. Podrá corresponder a los ciudadanos extranjeros, pero sólo para el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales. Nunca puede corresponder a los extranjeros.

¿En qué artículo de la Constitución española de 1978 se contiene el derecho a la libertad y seguridad individual?. En el artículo 21. En el artículo 17. En el artículo 18. En el artículo 20.

El derecho a la protección de la salud: Es un derecho fundamental de la persona. Es un derecho simple de los españoles. Es un principio inspirador de la política social del Estado. Es un principio rector de la política social del Estado.

Sólo uno de los siguientes derechos podrá ser suspendido de forma individual en los casos previstos: Todas las otras respuestas son falsas. Derecho a no permanecer preventivamente detenido por un plazo superior a las setenta y dos horas. Derecho a ser asistido por Abogado en las diligencias policiales y judiciales. Derecho a la seguridad.

La primera modificación constitucional se sancionó y promulgó: 27 de diciembre de 1978. 27 de agosto de 1992. 25 de julio de 1992. Nunca.

El Defensor del Pueblo se regula en el siguiente Titulo y Capitulo de la Constitución, respectivamente: Titulo Preliminar y Capítulo Primero. Título Segundo y Capítulo Cuarto. Título Primero y Capítulo Tercero. Título Primero y Capítulo Cuarto.

El reconocimiento del derecho de asociación (artículo 22) está incluido en: En el capítulo II, sección primera del Título I de la CE. En el capítulo I, sección segunda del Título I de la CE. En el capítulo II, sección segunda del Título I de la CE. Ninguna es correcta.

¿Qué contenido tiene el artículo 44 de la Constitución?. El derecho a la salud. El derecho de acceso a la cultura. El derecho a una vivienda adecuada. El derecho a vacaciones retribuidas.

En la Constitución Española, las garantías de las libertades y derechos fundamentales se encuentran regulada en... Capítulo II del Título I. Capítulo IV del Título I. Capítulo V del Título I. Capítulo II del Título II.

El derecho a la protección de la salud (artículo 43 CE) se tutelará: Mediante recurso ante los Tribunales ordinarios y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Mediante recurso de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional. Mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. En la forma establecida en la Ley.

El Gobierno propone el nombramiento de los siguientes miembros del Tribunal Constitucional. No propone a ningún miembro. Dos. Tres. Uno.

De acuerdo con la Constitución, está legitimado para interponer el recurso de amparo. 50 diputados. El Rey. El Defensor del Pueblo. Solo las personas que invoquen un interés particular en el asunto.

El nombramiento del Defensor del Pueblo precisa en el Congreso una mayoría de : Simple. Absoluta. Tres cuartos. Tres quintos.

A tenor del artículo 116 de la Constitución. El estado de alarma será declarado por el Gobierno, previa autorización del Congreso de los Diputados, debiendo establecerse su ámbito territorial, duración y condiciones. Los estados de alarma y de sitio serán declarados exclusivamente por el Gobierno. El estado de excepción lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La Constitución Española fue aprobada: Por mayoría absoluta del Congreso, sancionada por el Rey el 29/12/78 y publicada en el BOE de 30/12/78. Se aprobó en sesión separada del Congreso y del Senado el 30/10/78, ratificada por referéndum el 6/12/78, entrando en vigor el 29/12/78. Se aprobó por mayoría simple del Congreso y Senado, sancionada por el Rey el 26/12/78 y entró en vigor el 29/12/78. Fue aprobada por las Cortes Generales en sesión separada el 31/10/78, sancionada por el Rey el 27/12/78, entrando en vigor el 29/12/78.

El primero y el último, respectivamente, de los artículos que integran el Título primero de la Constitución Española, son: 14 y 50. 14 y 55. 10 y 55. 10 y 50.

Una de las siguientes afirmaciones relacionadas con la tercera edad y las obligaciones de los poderes públicos respecto a los ciudadanos que la integran, es falsa: Igualmente abarcará el abordaje de los problemas de cultura y vivienda de tal colectivo. Se les garantizará su suficiencia económica mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. Sustituyendo a los obligados familiarmente, se promoverá su bienestar mediante un adecuado sistema de servicios sociales. Tal sistema de servicios sociales abarcará la atención de los problemas de ocio de la tercera edad.

En relación con el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada: Los poderes públicos no están obligados a realizar gestión o promoción alguna para hacerlo efectivo. Los poderes públicos están obligados a regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad no está obligada a participar en la plusvalía que genere la acción urbanística de los entes públicos. La efectividad de tal derecho está en manos de los propios ciudadanos y de las empresas constructoras.

En qué artículo del Título IX de la Constitución Española se regula la legitimación para acudir al Tribunal Constitucional: 161. 162. 164. 163.

Para que la cuestión de inconstitucionalidad pueda ser interpuesta, será preciso: Que la norma tenga rango de Ley Orgánica. Que la norma, a criterio del órgano judicial, sea o no aplicable al caso, vulnere la Constitución. Todas las otras respuestas son correctas. Que de la validez de tal norma dependa el fallo.

¿No integran el sector público institucional de la Administración General del Estado?. Los Consorcios. Las Universidades Públicas no transferidas. Los fondos con personalidad jurídica. Las Sociedades mercantiles estatales.

De los siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se consideran servicios comunes de los organismos públicos: Asistencia jurídica. Publicaciones. Gestión de bienes inmuebles. Se consideran todos los anteriores.

Entre los órganos de gobierno de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación se encuentra el Pleno ¿Cuál será el número máximo de miembros?. 50. 75. 60. Depende de la población de la Provincia.

El Consejo de Estado es: El supremo órgano consultivo del Estado. El supremo órgano consultivo del parlamento español. El supremo órgano informante del Gobierno. El supremo órgano consultivo del Gobierno.*.

El Secretario General del Consejo de Estado, se nombra a propuesta de: Presidente del Gobierno. Presidente del Consejo de Estado. Ministro de Justicia. Comisión Permanente del Consejo de Estado.

¿Cuál es el número máximo de Secciones del Consejo de Estado?. 8. 10. 12. No hay numero maximo.

Según señala el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella... Al inicio de cada legislatura. Cada dos años. Cada tres años. Periódicamente.

El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, se aprobará... Bianualmente. Cada año. Periódicamente. Ninguna es correcta.

El título I de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se refiere a... Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Medidas de sensibilización, prevención y detección. Derechos de las funcionarias públicas. Tutela Institucional.

De conformidad con la Constitución Española, será tutor del Rey menor, la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto: siempre que sea mayor de edad y español; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. siempre que sea mayor de edad y español; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.

De conformidad con la Constitución Española, corresponde al Rey: Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a propuesta del Presidente del Gobierno. El mando supremo de los Cuerpos y Fuerzas Armadas. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a petición de su Presidente. Ninguna de las anteriores es correcta.

El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento: de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos fundamentales y de las Comunidades Autónomas. de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos fundamentales y libertades y de las Comunidades Autónomas. de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos y libertades de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.

44. En relación con el artículo 72.1 de la Constitución Española, el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, se encuentra regulado en la actualidad en: el Acuerdo de 17 de marzo de 2006, adoptado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta. Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, adoptado en su reunión conjunta del 20 de noviembre de 1985. el Acuerdo de 19 de febrero de 2005, adoptado por las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado en reunión conjunta. Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con el Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 de Febrero de 1982, la solemne sesión de apertura de la legislatura tendrá lugar: Dentro del plazo de los quince días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva. Dentro del plazo de los veinte días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva. Dentro del plazo de los diez días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva. Dentro del plazo de los treinta días siguientes a la celebración de la sesión constitutiva.

Según el Texto Refundido del Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994, cuando los componentes de un Grupo parlamentario, normalmente constituido, se reduzcan durante el transcurso de la legislatura, el Grupo quedará disuelto al final del período de sesiones en que se produzca esta circunstancia, si esta reducción es de: un número inferior a tres. un número inferior a seis. un número inferior a cinco. un número inferior a cuatro.

De conformidad con el artículo 64.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados de 10 De Febrero de 1982, las sesiones de las Comisiones, incluidas las de Investigación, serán secretas cuando lo acuerden: por mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa de su respectiva Mesa, del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de la tercera parte de sus componentes. por mayoría cualificada de sus miembros, a iniciativa de su respectiva Mesa, del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de sus componentes. por mayoría cualificada de sus miembros, a iniciativa de su respectiva Mesa, del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de la tercera parte de sus componentes. por mayoría absoluta de sus miembros, a iniciativa de su respectiva Mesa, del Gobierno, de dos Grupos Parlamentarios o de la quinta parte de sus componentes.

En virtud de la LO 3/1981del Defensor del Pueblo, propuesto el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo, se convocará en término no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección: Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de treinta días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres cuartas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. d) Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de treinta días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.

En virtud de la LO 3/1981 del Defensor del Pueblo, la vacante en el cargo de Defensor del Pueblo, se declarará por: el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. por el Presidente del Gobierno en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las dos terceras partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. por el Presidente del Gobierno en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. por el Presidente del Congreso en los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las dos terceras partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado.

En virtud de la LO 2/1982 del Tribunal de Cuentas, son órganos del mismo (señale la incorrecta): El Presidente. El Vicepresidente. El Pleno. La Secretaría General.

En virtud de la LO 2/1982 del Tribunal de Cuentas, los Consejeros de Cuentas serán designados entre Censores del Tribunal de Cuentas, Censores Jurados de Cuentas, Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y funcionarios públicos pertenecientes a Cuerpos para cuyo ingreso se exija titulación académica superior, Abogados, Economistas y Profesores Mercantiles, todos ellos de reconocida competencia, con más de quince años de ejercicio profesional, por: las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años. las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras, por un período de seis años. las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de seis años. las Cortes Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado, mediante votación por mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años.

Según el artículo 92 de la Constitución Española, el referéndum: será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. será autorizado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente convocado por el Congreso de los Diputados. será convocado por el Rey, mediante petición del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. será autorizado por el Rey, mediante petición del Presidente del Gobierno, previamente convocado por el Congreso de los Diputados.

El artículo 75 de la Constitución Española establece que las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley, quedando exceptuados: la constitucional, el régimen electoral general, las leyes orgánicas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades publicas y los Presupuestos Generales del Estado. la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas y los Presupuestos Generales del Estado. la reforma constitucional, el régimen electoral general, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.

El artículo 82 de la Constitución establece que la delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno: De forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo determinado para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la aprobación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo prolongado. Ninguna de las anteriores es correcta.

De conformidad con la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno, la creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas del Gobierno será acordada por: el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno. el Consejo de Ministros mediante Real Decreto, a petición del Presidente del Gobierno. el Presidente del Gobierno mediante Real Decreto, a propuesta del Consejo de Ministros. el Presidente del Gobierno mediante Real Decreto, a petición del Consejo de Ministros.

Según la Ley 50/1997 de 27 de noviembre del Gobierno, el Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales. Plantear la cuestión de confianza. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

De conformidad con la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, la imposición de sanciones por faltas leves, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno, corresponderá a: el Ministro Hacienda y Administraciones Públicas. el Secretario de Estado de Administraciones Públicas. el Consejo de Ministros. Ninguna de las anteriores es correcta.

A tenor de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el Gobierno, en uso de las facultades que le otorga el artículo ciento dieciséis, dos, de la Constitución podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: Catástrofes, calamidades o fatalidades públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. Crisis socio-sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Todas las anteriores son correctas.

Asimismo, y de conformidad con la Ley Orgánica 4/1981, el decreto de declaración del estado de alarma, o los sucesivos que durante su vigencia se dicten, podrán acordar las medidas siguientes: Limitar la circulación o desplazamiento de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos. Practicar intervenciones temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los Ministerios interesados. Todas las anteriores son correctas.

Según el artículo 115 de la Constitución Española, el Presidente del Gobierno: previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será dictada por el Rey. previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será autorizada por el Rey. previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será sancionada por el Rey. previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, a los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección, no les corresponde una de las siguientes funciones: Reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda. Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia. Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.

Según establece el artículo 55 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, l: eficacia , jerarquía , descentralización ,desconcentrazión y coordinacion. División funcional y gestión territorial. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición, organización, funciones, integración y personal, por lo dispuesto en: La Ley 3/2014, de 30 de marzo. La Ley 3/2014, de 25 de marzo. La Ley 2/2014, de 25 de marzo. La Ley 2/2015, de 5 de marzo.

El Régimen de conflictos de intereses y de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del Estado actualmente viene regulado: En la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado. En la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005 por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. En la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Según establece el artículo 59 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen, sin más requisitos, por. Acuerdo del Consejo de Ministros. Real Decreto del Consejo de Ministros. Orden del Ministro. Ninguna de las tres respuestas es correcta.

El artículo 71 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en: Servicios de atención al ciudadano y servicios de gestión interna. Servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno. Servicios propios y servicios ajenos. v.

Conforme al artículo 157 de la Constitución Española, los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: Rendimientos procedentes de su patrimonio público e ingresos de derecho privado. El producto de las operaciones de crédito. Transferencias de un Fondo de Compensación territorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Todas las respuestas son correctas.

La Administración del Estado o, en su caso, la de la Comunidad Autónoma, podrá impugnar el acto o acuerdo de una Entidad Local ante la jurisdicción contencioso- administrativa, dentro del plazo señalado para la interposición del recurso de tal naturaleza señalado en la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, contado..: Desde el día siguiente a la notificación de aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado para ello. Desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma rechazando el requerimiento, si se produce dentro del plazo señalado para ello. Desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, o al de la recepción de la comunicación de la misma, si se produce dentro del plazo señalado para ello. Desde el día siguiente a aquel en que venza el requerimiento dirigido a la Entidad local, si se produce dentro del plazo señalado para ello.

Contra los actos de aplicación de las Ordenanzas Fiscales de las Entidades Locales se deberá interponer: Recurso de alzada. Recurso contencioso-administrativo. Recurso de reposición. Recurso extraordinario de revisión.

Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer una organización municipal: Complementaria a la prevista en el artículo 19.1 de la Ley de Bases de Régimen Local. Complementaria a la prevista en el artículo 20.1 de la Ley de Bases de Régimen Local. Complementaria a la prevista en el artículo 21.1 de la Ley de Bases de Régimen Local. Complementaria a la prevista en el artículo 22.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.

No podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico: La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas, en los casos y términos previstos en el Capítulo III del Título V de la Ley de Bases de Régimen Local. Los miembros de las corporaciones que hubieran votado a favor de tales actos y acuerdos. Los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo. Todas las respuestas son correctas.

Según el artículo 145 de la Constitución Española: Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación al Congreso. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como los efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. Ninguna de las respuestas es correcta.

Conforme al artículo 5 de la Ley 40/2.015, tendrán la consideración de órganos administrativos: Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Los sujetos de la relación jurídico-administrativa a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación no tenga carácter preceptivo. Los sujetos de la relación jurídico-administrativa a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación no tenga carácter preceptivo.

El artículo 10 de la Ley 40/2015 establece que la avocación se realizará: Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte. Mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, simultáneamente a la resolución final que se dicte. Ninguna de las tres respuestas es correcta.

Conforme al artículo 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. Racionalización y simplicidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión. Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales. Cooperación, concentración y coordinación entre las Administraciones Públicas. Ninguna de las respuestas es correcta.

De acuerdo con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, ¿qué deberán hacer los Jueces y Magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia?. Lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Juez o Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado. Lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado. Lo pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal, dando cuenta de los hechos al Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado. Lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial en el plazo de 10 días hábiles, dando cuenta de los hechos al Tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado.

La demarcación judicial determinará la circunscripción territorial de los órganos judiciales, ¿cada cuántos años debe ser revisada la demarcación judicial según la Ley Orgánica del Poder Judicial?. Cada tres años o antes si las circunstancias lo aconsejan. Cada cinco años o antes si las circunstancias lo aconsejan. Cada siete años o antes si las circunstancias lo aconsejan. Cada nueve años o antes si las circunstancias lo aconsejan.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos por: Un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cinco vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros tres serán Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. Un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cuatro vocales, de los que dos serán Juristas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros dos serán Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. Un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cuatro vocales, de los que dos serán Juristas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros dos serán Consejeros Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo. Un órgano colegiado constituido por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por cuatro vocales, de los que dos serán Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, designados por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y los otros dos serán Juristas Permanentes de Estado, actuando como Secretario el de Gobierno del Tribunal Supremo.

¿En qué artículo de la Constitución Española se regula que la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar?. 117. 118. 119. 120.

¿Cuál de las siguientes NO es una atribución del Consejo General del Poder Judicial? (Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio). Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo. Ejercer la alta inspección de Tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los Tribunales. Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de Juzgados y Tribunales en materias de la competencia de éstos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos. Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado, en los términos previstos por la Ley Ordinaria del Tribunal Constitucional.

El Vicepresidente del Tribunal Supremo (Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio). Será nombrado, por mayoría simple, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente. Será nombrado, por mayoría absoluta, por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta del Presidente. Será nombrado, por mayoría absoluta, por el Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Será nombrado, por mayoría simple, por el Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

¿A quién compete la formación de las Mesas Electorales según el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General?. Junta Electoral de Zona. Sección Electoral. Junta Electoral Provincial. Ayuntamiento.

A un término municipal de 30.000 residentes, ¿cuántos concejales le corresponden (LOREG)?. 13. 17. 21. 25.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece con carácter general, en el supuesto de disolución de una corporación local por acuerdo del Consejo de Ministros, previstos en el artículo 61 de la legislación básica de régimen local, que deberá procederse a la convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva corporación dentro del plazo de: 10 dias. 15 dias. un mes. tres meses.

La elección del Alcalde se realiza: En la misma sesión de constitución de la Corporación. Al undécimo día de constitución de la Corporación. A vigésimo día de constitución de la Corporación. Ninguna es correcta.

La Libertad Sindical comprende según la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical: El derecho a fundar sindicatos con autorización previa, así como el derecho a suspenderlos o a extinguirlos, por procedimientos democráticos. El derecho de los afiliados a elegir libremente a sus representantes dentro de cada empresa. El derecho del trabajador a afiliarse al sindicato de su elección con la sola condición de observar los estatutos del mismo. Todas son correctas.

Las decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación revestirán la forma de: Acuerdo. Recomendación. Acuerdo o Recomendación. Las Comisiones Territoriales de Cooperación no pueden adoptar decisiones.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público establece que las Conferencias Sectoriales: Es un órgano de cooperación, de composición bilateral o multilateral y ámbito sectorial determinado. Son presididas por el Presidente de Gobierno. Dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por Consejo de Ministros. Deberán de inscribirse en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución.

Cuál de las siguientes no es una Técnica de cooperación recogida en el artículo 144 de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su ámbito territorial. La participación en órganos de cooperación, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes Administraciones Públicas. La participación de una Administración Pública en organismos públicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administración diferente. La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas.

Son principios de las relaciones interadministrativas según el artículo 140 de La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público: Cooperación, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes. Colaboración, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. Garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones. Los principios de las relaciones interadministrativas no vienen regulados en el artículo 140.

La convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales corresponde: Al Presidente del Gobierno que preside la Conferencia Sectorial por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. Al Presidente del Gobierno que preside la Conferencia Sectorial por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la cuarta parte de sus miembros. Al Ministro que presida la Conferencia Sectorial por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. Al Ministro que presida la Conferencia Sectorial por iniciativa propia, al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la cuarta parte de sus miembros.

El artículo 61 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local establece que el Delegado del Gobierno, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a solicitud de éste, y en todo caso previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder a la disolución de los Órganos de las Corporaciones Locales: Mediante Real Decreto. Mediante Ley Ordinaria. Mediante Ley Requerimiento. Ninguna es correcta.

De acuerdo con los siguientes criterios regulados en el artículo 120 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público , ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: (señale la incorrecta). Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. Disponga del cincuenta por cuarenta por ciento del control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.

La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante: Ley. Real Decreto. Decreto. Acuerdo del Consejo de Ministros.

Parte del artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen Local, fue declarado inconstitucional y nulo por sentencia del Tribunal Constitucional de: 9/6/2016. 14/5/2017. 11/3/2013. 9/4/2013.

El Título IV del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril ¿Qué artículos comprende?. 30a34. 35a45. 46a59. 60 a 73.

El Consejo de empadronamiento será presidido por. Presidente de la FEMP. Quien designe el Pleno del Consejo de Empadronamiento. El Alcalde de un municipio capital de provincia que designe la Comisión de Empadronamiento. El Presidente del Instituto Nacional de Estadística.

La interposición o planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad: Nunca producirá efectos suspensivos sobre la norma afectada. Siempre producirá tal efecto suspensorio. Sólo producirá efectos suspensivos cuando libremente lo acuerde el Tribunal Constitucional al admitir la cuestión a trámite. Sólo producirá efectos suspensivos cuando la norma cuestionada afecte a los derechos fundamentales y libertades públicas.

De conformidad con lo establecido en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el valor estimado de los contratos será determinado: Por el importe total, IVA incluido, incluyendo además las eventuales prórrogas si se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada. En el caso de contratos de obras, suministros y servicios, por el importe total IVA excluido, incluyendo el importe de las posibles modificaciones y las eventuales prórrogas. En el caso de contratos de obras, suministros y servicios, por el importe total del IVA incluido, incluyendo el importe de las posibles modificaciones y las eventuales prórrogas. Todas las respuestas son incorrectas.

Cuando el contratista, por casusas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá: Proceder a la resolución del contrato en todo caso. Imponer penalidades diarias en la proporción de 0.25 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, hasta un máximo del 5% del precio del contrato. Imponer penalidades diarias en la proporción de 0.60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, u optar por la resolución del contrato. Imponer penalidades diarias en la proporción de 0.50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido, o resolver el contrato si se prevé que la imposición de estas penalidades puede superar el 5% del precio del contrato.

Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de: Tres años, incluyendo las posibles prórrogas. Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas. Tres años, sin perjuicio de las posibles prórrogas. Cinco años, sin perjuicio de las posibles prórrogas.

En el expediente de contratación se justificará adecuadamente: La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes. En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. Todas son correctas.

Son causas de nulidad de pleno derecho de un acto administrativo: Los que lesionen derechos y libertades públicas. Los que tengan un contenido imposible. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Los defectos de forma, cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados.

- Los actos administrativos serán objeto de publicación: Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente o así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento. Cuando el acto tenga como destinatarios a un número superior a diez personas. Los actos sujetos al derecho administrativo siempre deben ser publicados. Cuando lo determine el órgano gestor atendidas las circunstancias de cada caso.

En el recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será: 3 meses. 6 meses. 1 mes, salvo que se haya interpuesto frente a una desestimación previa por silencio administrativo, en cuyo caso no habrá plazo máximo. 3 meses, salvo que se haya interpuesto frente a una desestimación previa por silencio administrativo, en cuyo caso será de 1 mes.

Los plazos expresados en días se contarán: Desde el día en que tenga lugar la notificación del acto que se trate. A partir del día siguiente en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate, salvo que ese día sea inhábil en cuyo caso comenzará a computar a partir del siguiente día hábil. A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del acto de que se trate. Todas las respuestas son erróneas.

Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pondrán fin al procedimiento administrativo: El desistimiento siempre que se haga en el plazo máximo de 3 meses desde el inicio del procedimiento. La renuncia al derecho en que el interesado funde su solicitud, en todo caso. La declaración de caducidad. La propuesta de resolución.

Los medios de ejecución forzosa con que cuenta la Administración son: Apremio sobre el patrimonio. Ejecución directa. Compulsión sobre los bienes o derechos. Multa coactiva.

Los actos administrativos serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: Se necesite de autorización de otra Administración. Se acuerde la suspensión de la ejecución del acto. Se trate de una resolución de un procedimiento sancionador frente a la que se haya interpuesto recurso administrativo. Siempre son inmediatamente ejecutivos.

El recurso extraordinario de revisión puede interponerse cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Que en la resolución hayan influido documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, siempre que sea posterior a aquella resolución. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, siempre que sean anteriores a aquella, evidencien el erro en la resolución recurrida. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Los procedimientos de naturaleza sancionadora: Se iniciarán siempre a solicitud del afectado. Establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora. La identificación del instructor y secretario, en su caso, se hará en la propuesta de resolución. La sanción que resulte de la resolución que ponga fin al procedimiento será firme desde que se notifique al interesado.

Los contratos menores: No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga. No podrán tener una duración superior a un año incluida la prórroga. No podrán tener una duración superior a dos años incluida la prórroga.

La Ley de Contratos del Sector Público tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de: Acceso restringido a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación y jerarquía entre los licitadores. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación y jerarquía entre los licitadores. Acceso restringido a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

Son contratos de suministro los que tienen por objeto: La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o bienes muebles. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles. La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

El trámite de información pública tras la aprobación inicial de una ordenanza municipal será de: 30 días naturales. 15 días naturales. 30 días hábiles. 15 días hábiles.

Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Los empleados públicos en toda actuación que realicen ante la Administración. Sólo las respuestas a y b son correctas.

Se consideran interesados en un procedimiento administrativo: A los titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos siempre que lo hayan promovido. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales en los términos que establezca la Ley. Las personas físicas o jurídicas, siempre que se personen en el procedimiento. Ninguna de las respuestas es correcta.

No podrán formar parte de la Mesa de Contratación: Los miembros electos de la Corporación en todo caso. Los miembros electos de la Corporación en un número superior a un tercio del total de sus componentes. El personal laboral al servicio de la Corporación, salvo que no haya funcionarios de carrea en la plantilla. Los funcionarios interinos en todo caso.

De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria , el domicilio fiscal es: Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. Para las personas jurídicas, su domicilio social, siempre que en él esté efectivamente centralizada su gestión administrativa y la dirección de sus negocios. Para las personas o entidades no residentes en España, el domicilio fiscal se determinará según lo establecido en la normativa reguladora de cada tributo. Todas las respuestas son correctas.

De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria , el sujeto pasivo: Es el obligado tributario que, según la ley, debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, unicamente como contribuyente o como sustituto del mismo. El sustituto no podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa. Perderá la condición de sujeto pasivo quien deba repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. Es sustituto el sujeto pasivo que, por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir las obligaciones tributarias secundarias, así como las obligaciones formales inherentes a la misma.

La Ley General Tributarias establece que: El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Todas son correctas.

La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a: La emisión de certificados tributarios. La información y asistencia tributaria. La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios. Todas son correctas.

Las deudas tributarias podrán extinguirse por: Pago o prescripción, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. Pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes. Únicamente mediante el pago de la totalidad de la deuda. Pago, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás medios previstos en las leyes.

Respecto de la imputación de pagos: Las deudas tributarias no son autónomas. El obligado al pago de varias deudas no podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine. El cobro de un débito de vencimiento posterior no extingue el derecho de la Administración tributaria a percibir los anteriores en descubierto. En los casos de ejecución forzosa en que se hubieran acumulado varias deudas tributarias del mismo obligado tributario y no pudieran extinguirse totalmente, la Administración tributaria, aplicará el pago a la deuda más reciente. La antigüedad de las deudas se determinará de acuerdo con la fecha de prescripción.

De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria: El plazo de prescripción para que la administración determine la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación: Es de cinco años. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación. En los tributos de cobro periódico por recibo, el plazo de prescripción comenzará el día de devengo del tributo. La b) y la c) son correctas.

Indique la respuesta correcta: La compensación se acordará de oficio o a instancia del obligado tributario. El obligado tributario solo podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario. El obligado tributario solo podrá solicitar la compensación de las deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo. Las deudas tributarias de un obligado tributario solo podrán extinguirse totalmente por compensación con créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

La condonación de las deudas tributarias: Las deudas tributarias no pueden condonarse en ningún caso. Las deudas tributarias sólo podrán condonarse en virtud de ley, en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinen. El Estado, las CCAA y los Ayuntamientos podrán establecer los requisitos para condonar las deudas tributarias de su competencia. La condonación no es una forma de extinción de las deudas tributarias.

El período ejecutivo se inicia, en las deudas liquidadas por la Administración tributaria: El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 52 de la LGT. En el plazo de 15 días desde la notificación. El día siguiente a la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la LGT.

El período ejecutivo se inicia, en las deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso: En el plazo de quince días desde la presentación de la autoliquidación. Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si éste ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. En el plazo de un mes desde la presentación de la autoliquidación. El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la LGT.

En el ayuntamiento, la providencia de apremio la dicta: El/La Alcalde/sa. El/La Interventor/a. El/La Tesorero/a. El/La Concejal/a de Hacienda.

Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir en el plazo de: 18 meses, con carácter general. 24 meses, con carácter general. 12 meses, con carácter general. 6 meses, con carácter general.

En las actuaciones del procedimiento de inspección las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente: En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal. En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas. En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas o en el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria. Todas son correctas.

Las actas de inspección pueden ser: Con acuerdo o disconformidad. De conformidad o de disconformidad. Con acuerdo, de conformidad o de disconformidad. Todas son incorrectas.

De conformidad con lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, las infracciones tributarias: Son las acciones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley. Se clasifican en leves y graves. Cada infracción tributaria se calificará de forma unitaria como leve o grave. Son las acciones u omisiones dolosas o culposas con cualquier grado de negligencia que estén tipificadas y sancionadas como tales en esta u otra ley.

La cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso indebido estará constituida por la suma de las siguientes cantidades: El importe del ingreso indebidamente efectuado y las costas satisfechas durante el procedimiento de apremio. El importe del ingreso indebidamente efectuado, las costas satisfechas durante el procedimiento de apremio y el interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte exigible, sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite. El importe del ingreso indebidamente efectuado. El importe del ingreso indebidamente efectuado y el interés de demora vigente a lo largo del período en que resulte exigible, sobre las cantidades indebidamente ingresadas, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.

-La mera interposición del recurso de reposición: Suspenderá la ejecución del acto impugnado. No suspenderá en ningún caso la ejecución del acto impugnado. A solicitud del interesado se suspenderá la ejecución del acto impugnado en los siguientes supuestos: Cuando se aporte alguna de las garantías previstas en el artículo 224.2 de la LGT o sin necesidad de aportar garantía, cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir en error aritmético, material o de hecho. Todas son incorrectas.

Una Entidad Local que no ha liquidado el Presupuesto del ejercicio anterior: No puede concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo. Aplica los datos obtenidos de la liquidación del ejercicio anterior al último. Tiene prohibido concertar ningún tipo de operación de endeudamiento. Puede concertar operaciones de endeudamiento a largo plazo, siempre que no supere los 5 años.

Podrá concertarse una operación de sustitución de otras operaciones de crédito, ¿puede la nueva operación formalizarse aun coste que supere el coste máximo permitido en prudencia financiera?. En ningún caso. Cuando lo permita la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Cuando lo apruebe el Pleno con mayoria absoluta. Cuando se cumplan simultáneamente las condiciones previstas en el Apartado Séptimo de la Resolución de 4 de julio de2017 de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera.

Indique la respuesta correcta: El cheque puede ser aceptado. El cheque al portador no puede ser transmitido. Cuando en un cheque figure escrito el importe del mismo en letra y en números será válida la cantidad escrita en letra, en caso de diferencia. El cheque cuyo importe esté escrito varias veces por suma diferente ya sea en letra, ya sea en números, será válido por la cantidad mayor.

De acuerdo con el artículo 69.1 de la LPACAP “(...) documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.” Este documento a que se refiere el mencionado artículo es: Autorización previa. Licencia previa. Declaración responsable. Todas son correctas.

Dentro de la actividad de fomento cabe destacar la especial relevancia que tiene para el ámbito local el otorgamiento de subvenciones. De acuerdo con la Ley General de Subvenciones, la regla general para su otorgamiento será: Otorgamiento directo. Concurrencia competitiva. Otorgamiento excepcional. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Dentro de los servicios mínimos que deberán prestarse en todos los municipios, podemos citar: Transporte colectivo urbano de viajeros. Prevención y extinción de incendios. Recogida de residuos. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Bien demanial es: U n local destinado a la cesión temporal a entidades sin fines de lucro. U n terreno adquirido para su enajenación. U n terreno destinado a la construcción de una nueva Biblioteca. U nas naves del polígono industrial municipal que se arriendan a terceros.

El Inventario de bienes de las entidades locales deberá ser aprobado por: El Alcalde o Presidente. La Junta de Gobierno Local. El Pleno. No es necesaria su aprobación.

El régimen esencial del derecho de propiedad del suelo lo encontramos: En la Constitución Española. En el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación U rbana, RDL 7/2015, de 30 de octubre. En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En la normativa autonómica.

De acuerdo con el vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, RDL 7/2015, de 30 de octubre, el suelo se encuentra en una de las situaciones básicas de: Suelo rural y suelo industrial. Suelo rural y suelo urbanizado. Suelo urbanizado y suelo urbanizable. Suelo rural, urbanizado e industrial.

La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por: El Estado y la provincia. El Estado, comunidad autónoma y la provincia. El Estado, la provincia y municipio. El Estado, comunidad autónoma y municipio.

El ámbito de aplicación del control interno de las entidades locales está formado por: La propia entidad local. Las entidades públicas empresariales locales. Las fundaciones del sector público dependientes de la entidad local. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Al tenor del artículo 215 del TRLRHL “Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en desacuerdo con el fondo o con la forma de los actos, documentos o expedientes examinados, deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o resolución.”. No obstante, respecto a los reparos formulados verbalmente: Gozan de la misma eficacia que los reparos escritos. Están regulados tanto en el TRHRLH como en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local. Carecen de efectos liberatorios a efectos de responsabilidad del órgano interventor. No están regulados ni en el TRHRLH ni en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, pero de dichas normas se desprende la validez y eficacia de los mismos.

Dentro del control financiero podemos distinguir entre: Control permanente y auditoría pública. Control permanente y control temporal. Control temporal y auditoría pública. Control temporal y control por muestreo.

Respecto a las normas que regulan la auditoría de las entidades locales: Quedan configuradas por Reglamento municipal. Debemos atender a las Normas de Auditoría del sector privado al no existir regulación específica en materia de auditoría pública. Debemos atender a las Resoluciones que, en su caso, dicte la Intervención General de la Administración del Estado. Dichas normas están contenidas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local.

El control externo de las entidades locales, corresponde a: La Intervención General de la Administración del Estado. La Intervención municipal. El Tribunal de Cuentas. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

La responsabilidad contable: No existe en el ámbito local. No requiere que concurra una relación de causalidad entre la actuación del gestor responsable y el daño causado. No exige que los daños determinantes de la responsabilidad deban ser efectivos. Exige que el gestor haya actuado con dolo, culpa o negligencia grave.

Señale la respuesta correcta respecto a las Instrucciones de contabilidad local: El Modelo normal de contabilidad local se aplica a municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. El Modelo normal de contabilidad local se aplica a municipios cuyo presupuesto exceda de 30.000.000 de euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 3.000.000 euros y cuya población sea superior a 5.000 habitantes. El Modelo normal de contabilidad local se aplica a municipios cuyo presupuesto exceda de 3.000.000 de euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 300.000 euros y cuya población sea superior a 20.000 habitantes. El Modelo normal de contabilidad local se aplica a municipios cuyo presupuesto exceda de 30.000.000 de euros, así como aquellos cuyo presupuesto no supere este importe pero exceda de 3.000.000 euros y cuya población sea superior a 20.000 habitantes.

Entre las cuentas anuales que debe rendir la Entidad local y sus organismos autónomos se encuentra: El Balance y la cuenta del resultado económico-patrimonial. El estado de la liquidación del Presupuesto y la memoria. El Estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La Cuenta General de la entidad local: Debe ser sometida al Pleno para, en su caso, ser aprobada antes del 31 de octubre. Debe ser sometida al Pleno para, en su caso, ser aprobada antes del 1 de octubre. Será formada por el Alcalde o Presidente de la Entidad Local. Será formada por la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local.

La Cuenta General estará integrada por: La de la propia entidad, la de los organismos autónomos, las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales, y las de las fundaciones. La de la propia entidad, la de los organismos autónomos, las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales, las de las fundaciones y las de los consorcios. La de la propia entidad, la de los organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales. Ninguna de las anteriores es correcta.

Las entidades locales deberán disponer de un Plan de Disposición de fondos, dicho Plan deberá ser aprobado por: El Pleno de la Entidad Local. La Junta de Gobierno Local. El Presidente de la Entidad Local. El órgano interventor.

El Plan de disposición de fondos deberá recoger las siguientes prioridades: Pago de intereses y principal de la deuda pública, gastos de personal y obligaciones contraídas en el ejercicio corriente. Pago de intereses y principal de la deuda pública, gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. Pago de intereses y principal de la deuda pública y privada, gastos de personal y obligaciones contraídas en el ejercicio corriente. Pago de intereses y principal de la deuda pública y privada, gastos de personal y obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

La formulación de políticas públicas, implica: La identificación y selección de los actores que pueden ofrecer soluciones a los problemas públicos. La adopción de decisiones finales sobre las soluciones existentes para resolver un problema de política pública. La identificación y evaluación de las posibles soluciones a los problemas públicos. La evaluación de los resultados de las opciones de políticas aplicadas en otros países.

Dictado el acto administrativo de resolución de orden de reintegro por la totalidad de la subvención recibida, por haber quedado acreditado la no ejecución de la subvención, indique el importe a reintegrar: Las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente desde la fecha del momento en que se acordó la concesión de la subvención hasta la fecha en que se produzca su abono. Las cantidades percibidas y el interés legal del dinero correspondiente desde la fecha del momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro. Las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente desde la fecha del momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se produzca el abono. Las cantidades percibidas y el interés de demora correspondiente desde la fecha del momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

¿Qué órgano será el competente para aprobar una modificación presupuestaria dando de baja 1.000 € de la aplicación presupuestaria 165.202 y de alta en la aplicación presupuestaria 924.202?: El Alcalde-Presidente, porque es una transferencia de crédito dentro del mismo capítulo. La Junta de Gobierno, porque es una trasferencia de crédito dentro del mismo capítulo. El Pleno de la Corporación por mayoría simple, porque son aplicaciones presupuestarias que pertenecen a distinta área de gasto. El Pleno de la Corporación por mayoría absoluta, porque son aplicaciones presupuestarias que pertenecen a distinta área de gasto.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?: El órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las resoluciones adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. Dicho informe atenderá únicamente a aspectos y cometidos propios del ejercicio de la función fiscalizadora, sin incluir cuestiones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice. Cuando existan discrepancias, el Presidente de la Entidad Local podrá elevar su resolución al órgano de control competente por razón de la materia de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. c) El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos presentados por la Corporación local. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: El ejercicio de la función interventora comprenderá: La fiscalización previa. La intervención material de la ordenación del pago:. La intervención formal de la ordenación del pago. La intervención material del pago.

Con relación a los beneficios fiscales previstos en las ordenanzas municipales, ¿en qué parte del expediente de aprobación del Presupuesto deben incluirse?: En el estado de gastos, pues supone una concesión voluntaria de la Corporación. No tienen reflejo, tan solo minora la previsión del concepto afectado. Como Anexo al expediente. Debe hacerse mención a los mismos en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Los remanentes de crédito son: El importe de los créditos definitivos que no se han consumido en el ejercicio y su importe será el que resulte de deducir de los créditos definitivos las obligaciones reconocidas netas. El importe de los créditos que no se han consumido en el ejercicio y su importe será el que resulte de deducir de los créditos iniciales las obligaciones reconocidas netas. El importe de los créditos definitivos que no se han consumido en el ejercicio y su importe será el que resulte de deducir de los créditos definitivos las obligaciones reconocidas netas y los pagos realizados. El importe de los créditos que no se han consumido durante el ejercicio y su importe será el que resulte de deducir de los gastos comprometidos las obligaciones reconocidas netas.

Se ha solicitado y registrado el documento A de autorización de un gasto con financiación afectada por importe de 100.000 euros para la contratación de una obra pública, la cual ha sido adjudicada por 70.000 euros. Señala la respuesta correcta: U na vez registrado el documento A de autorización del gasto, por importe de 100.000 euros, tras la adjudicación por 70.000 euros, no es posible registrar un documento A/ (anulación) para reposición de crédito por importe de 30.000 euros, ya que pueden surgir modificados al alza durante la ejecución del contrato. Habrá que registrar el documento D de disposición o compromiso de gasto por importe de 70.000 euros, y es procedente registrar el documento A/ para reposición de crédito por importe de 30.000 euro, que puede estar disponible para otros gastos imputables a la misma aplicación presupuestaria. Si al finalizar el ejercicio únicamente se han reconocido obligaciones por importe de 50.000 euros, porque se ha justificado correctamente el incumplimiento del calendario de ejecución de la obra, no es posible terminar la obra, puesto que el resto del crédito por importe de 20.000 euros queda anulado de pleno derecho y no es susceptible de incorporación al ejercicio siguiente, con lo que hay que iniciar otro procedimiento de contratación por dicho importe restante para finalizar la obra. No es posible registrar el documento A de autorización del gasto por importe de 100.000 euros al aprobar el proyecto e inicio del expediente de contratación, ya que habría que haber registrado de manera obligatoria un documento RC de retención del crédito por dicho importe, con carácter previo al documento A.

En la determinación de las magnitudes derivadas de la liquidación del presupuesto: El resultado presupuestario del ejercicio vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones presupuestarias reconocidas durante el mismo período, sin necesidad de calcular ningún ajuste. Para el cálculo del resultado presupuestario ajustado, tanto los derechos presupuestarios liquidados como las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, se tomarán por sus valores netos, una vez deducidos los derechos y obligaciones que hayan sido objeto de anulación, y deberá ajustarse en su caso, en función de las obligaciones financiadas con remanente líquido de tesorería y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. El remanente de tesorería de la entidad local estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre del ejercicio, debiendo minorarse para su cálculo únicamente por el importe del exceso de financiación derivado de los gastos con financiación afectada, siendo potestativa la minoración por el importe de los derechos de dudoso cobro. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería negativo será necesario aprobar un plan de saneamiento consistente en dos alternativas: proceder a la reducción de gastos por cuantía igual al déficit producido en la primera sesión que celebre el pleno, o de no ser posible, aprobar el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía no inferior al déficit.

El Resultado Presupuestario es una magnitud que: Compara ingresos y gastos realizados durante el ejercicio presupuestario. Representa el excedente de liquidez a corto plazo de la Corporación. Se identifica con la capacidad de financiación en términos SEC. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Los perceptores de las órdenes de pago a justificar, quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo de: Dos meses. Tres meses. Cuatro meses. U n mes.

Las provisiones de fondos de carácter no presupuestario y permanente que se realicen a pagadurías para la atención inmediata y posterior aplicación al Presupuesto del año en que se realicen, de gastos corrientes de carácter periódico o repetitivo, reciben el nombre de: Gastos a justificar. Anticipos de caja fija. Habilitaciones de créditos. Créditos extraordinarios.

Corresponde la autorización y disposición de los gastos plurianuales a: El Acalde. La Comisión especial de Cuentas. La Junta de Gobierno Local. Al Pleno.

No son posibles los gastos plurianuales para sufragar: Inversiones y transferencias de capital. Cargas financieras de las deudas de la Entidad. Arrendamientos de bienes muebles. Son posibles para las tres finalidades anteriores.

Conforme al artículo 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo: Improrrogable de dos años. Prorrogable de dos años. Improrrogable de tres años. Prorrogable de tres años.

Conforme lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso, las materias siguientes: La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. Los criterios generales de acción social. La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. Todas las opciones son correctas.

Señala cuál de las siguientes magnitudes no forma parte del Remanente de Tesorería en la liquidación del Presupuesto: Los fondos líquidos a 31 de diciembre. Las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio. Las órdenes de pago pendientes a fin de ejercicio. Los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio.

Se entiende iniciado el expediente expropiatorio con: El acuerdo de necesidad de ocupación. La fijación del justiprecio. La declaración de utilidad pública o interés social. La ocupación de los terrenos.

¿Cuál es el órgano competente para la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial?. El Alcalde, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 21.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. El Alcalde, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 21.1.c) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. El Pleno, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 22.1.s) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local. El Pleno, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 22.1.c) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

De conformidad con el artículo 159 de la Constitución Española: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Presidente del Gobierno. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. Los miembros del Tribunal Constitucional serán dependientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

Los artículos 140 y siguiente de la Constitución Española, en relación a la Administración Local, regulan que: Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica dependiente de la Comunidad Autónoma respectiva, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.

Entre las exenciones en materia del Impuesto sobre bienes inmuebles encontramos: Las ordenanzas fiscales podrán regular una exención a favor de los bienes de que sean titulares los centros sanitarios de titularidad pública o privada, siempre que estén directamente afectados al cumplimiento de los fines específicos de los referidos centros. Los que sean propiedad del Estado o de las Comunidades Autónomas. Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de concierto educativo, en cuanto a la totalidad de la superficie. Los inmuebles rústicos y urbanos cuya cuota líquida no supere la cuantía que se determine mediante ordenanza fiscal.

La base liquidable del Impuesto sobre bienes inmuebles regulada en el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable será competencia de la Dirección General del Catastro y recurrible ante el Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma. Será el resultado de practicar en la base imponible la reducción a que se refieren los artículos siguientes. Está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

En relación al Impuesto sobre actividades Económicas regulado en los artículos 78 y siguientes de del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: No constituye hecho imponible en este impuesto el ejercicio de la venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales. Están exentos los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este impuesto en que se desarrolle aquella. El coeficiente de situación no podrá ser inferior a 0,4 ni superior a 3,8. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: Es un tributo directo. Las Ordenanzas fiscales podrán regular sobre la cuota del impuesto una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Las Ordenanzas fiscales podrán regular sobre la cuota del impuesto una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del cinco por cien.

El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: Es un tributo indirecto que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y categoría. Los ayuntamientos podrán exigir este impuesto en régimen de autoliquidación. Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas en el artículo 95.1 del TRLRHL mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 3. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: Estarán exentos de este impuesto los correspondientes incrementos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre la Cruz Roja Española. El tipo de gravamen del impuesto será el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del 30 por ciento. La cuota íntegra del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La gestión tributaria del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente, cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del sujeto pasivo. Es una gestión compartida. Los ayuntamientos no están facultados para establecer el sistema de autoliquidación en este impuesto. Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el ayuntamiento correspondiente, cuando se trate de actos ínter vivos, el plazo será de treinta días naturales.

Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los siguientes: Instalación de quioscos en la vía pública. Portadas, escaparates y vitrinas. Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La cuota tributaria en las Tasas por la prestación de servicios o por la realización de una actividad: El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de una actividad podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. Para la determinación de la cuantía de las tasas no podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de los sujetos obligados a satisfacerlas. La cuota tributaria consistirá, según disponga la correspondiente ordenanza fiscal, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, en una cantidad fija señalada al efecto, en la cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. Para la determinación del importe de la tasa se tomarán en consideración exclusivamente los costes directos e indirectos.

Los precios públicos: Las entidades locales podrán exigir los precios públicos en régimen de autoliquidación. Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio. Son ingresos de derecho público. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Los criterios para la distribución total de la participación en los tributos del Estado del resto de los municipios del artículo 122 del TRLRHL: El 50 por ciento en función del número de habitantes de derecho de cada municipio. El 12,5 por ciento en función del esfuerzo fiscal medio de cada municipio. El 15 por ciento en función del inverso de la capacidad tributaria. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Entre las funciones de la Tesorería encontramos: La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al cumplimiento de los plazos previstos legalmente para el pago de las obligaciones de cada Entidad Local. El control de subvenciones y ayudas públicas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Emisión de informe previo en la aprobación y modificación de relaciones de puestos de trabajo y catálogos de personal. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

- Las operaciones de tesorería: Son operaciones a largo plazo. Se pueden concertar siempre que en su conjunto no superen el 15 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior. Sólo tiene la consideración de operaciones de crédito a corto plazo los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios de tesorería. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La organización municipal responde a las siguientes reglas: La Comisión especial de Cuentas existe en todos los municipios. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios de más de 5.000 habitantes. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Junta de Gobierno existen en todos los ayuntamientos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La moción de censura: Debe ser adoptada por mayoría simple del número legal de Concejales. Debe ser suscrita, al menos, por la tercera parte de los Concejales e incluir el nombre del candidato propuesto para Alcalde, quien quedará proclamado como tal en caso de prosperar la moción. Ningún Concejal puede suscribir durante su mandato más de dos mociones de censura. No pueden ser candidatos los Concejales que forme parte del grupo mixto.

Respecto a las consultas tributarias escritas: La presentación y contestación de las consultas interrumpirá los plazos establecidos en las normas tributarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La consultas tributarias escritas se formularan en el plazo de un mes desde la realización del hecho imponible. La competencia para contestar las consultas corresponderá a los órganos de la Administración tributaria que tengan atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones en el orden tributario, su propuesta o interpretación. La contestación a las consultas tributarias escritas tendrá carácter obligatorio y el obligado tributario no podrá entablar recurso alguno contra dicha contestación.

De acuerdo con la vigente Ley de Contratos del Sector Público, la gestión indirecta de los servicios públicos puede ser, entre otras: Mediante la modalidad de concierto. Mediante un contrato de concesión de servicios. Mediante la modalidad de gestión interesada. Mediante un contrato de concesión de explotación.

En los Ayuntamientos de los municipios de una población de entre 5.001 y 20.000 habitantes se celebrará sesión ordinaria del Pleno, como mínimo: Cada mes. Cada dos meses. Cada tres meses. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones en los municipios de régimen común para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: Enajenación de bienes, cuando su cuantía exceda del 15 por ciento de los recursos ordinarios de su presupuesto. Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Las entidades del sector público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean: Necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales. Justificados previamente en un informe de viabilidad. Propuestos por el comité económico. Aprobados por su comité ejecutivo.

Transcurridos cinco años desde la usurpación de un bien patrimonial del que es titular una Entidad Local, ésta: Deberá proceder a su recuperación de oficio. No podrá ejercitar acción alguna. Deberá acudir a la Jurisdicción ordinaria. Deberá acudir a la Jurisdicción contenciosa.

-El Pleno, en los municipios de régimen común, ostenta la siguiente atribución: Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.