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De conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Gobierno ejercerá la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos: A.- En la presente Ley y en el Título VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. B.- En el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la presente Ley. C.- En el Título VI de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. D.- En el Título V de la presente Ley.

Las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia del Consejo de Ministros revestirán la forma de: (art. 24.1 Ley del Gobierno). A.- Reales Decretos, así como las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurídica. B.- Reales Decretos y Acuerdos del Consejo de Ministros. C.- Reales Decretos Leyes, salvo las decisiones que correspondan directamente al Presidente del Gobierno. D.- Decretos Legislativos.

Conforme al art. 1.4 del Código Civil, las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales: A.- No serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE. B.- No serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su ratificación por el Consejo de Ministros. C.- En ningún caso formarán parte del ordenamiento interno. D.- Formarán parte de ordenamiento interno aunque no se hubieran publicado en el BOE.

Respecto del Derecho Público, los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrá la consideración: (art. 1.2 Código Civil). A.- De fuente del Derecho. B.- De costumbre. C.- Principio general del derecho. D.- Norma jurídica.

Conforme al art. 9.3 de la Constitución Española de 1978, NO se garantiza: A.- La publicidad de las normas. B.- La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. C.- La responsabilidad. D.- La arbitrariedad de los poderes públicos.

De conformidad con el art. 2.1 del Código Civil, las Leyes entrarán en vigor: A.- A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. B.- En la fecha que se disponga en la propia Ley y, en su defecto, a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. C.- Al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa. D.- El día de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado.

¿Cómo se produce la derogación de una Ley?. A.- Las leyes sólo se derogan por otras posteriores. B.- Por la derogación de una ley recobran vigencia las que ésta hubiera derogado. C.- Las leyes no podrán ser derogadas en ningún caso. D.- La respuesta A es correcta, de forma expresa o tácita.

A tenor del art. 28.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, el Consejo de Ministros aprobará un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior: A.- Antes del 30 de abril de cada año. B.- A propuesta del Ministerio de la Presidencia. C.- Las respuestas A y B son correctas. D.- La respuesta C es correcta, previo dictamen del Consejo de Estado.

A tenor del art. 6.1 del Código Civil, la ignorancia de las leyes: A.- Excusa de su cumplimiento. B.- No excusa de su cumplimiento. C.- No producirá efectos. D.- Produce error de aplicación.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno, ¿a quién corresponde analizar la congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea?. A.- Al Consejo de Estado. B.- Al Ministerio de la Presidencia. C.- A los servicios jurídicos del Estado, a través de la Abogacía del Estado. D.- A la Comisión de Secretario y Subsecretarios de Estado.

En la elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias, el centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo: (art. 26.3 ley del Gobierno). A.- Una Memoria de Impacto por Razón de Género. B.- Una Memoria del Impacto Normativo, Económico y Presupuestario. C.- Una Memoria del Análisis de Impacto Normativo. D.- Una Memoria de Análisis Normativo en tramitación.

Señala la opción incorrecta conforme al art. 27.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre. El Consejo de Ministros podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en los siguientes supuestos: A.- Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias. B.- Cuando así lo solicite al Gobierno cualquier de las Cámaras o, en su caso, la Diputación Permanente respectiva en los supuestos previstos en el art. 116 de la Constitución. C.- Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. D.- Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido en leyes o normas de Derecho de la Unión Europea.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en el procedimiento de elaboración de un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, ¿Quién decidirá sobre las consultas, dictámenes e informes que resulten convenientes, sin perjuicio de los legalmente preceptivos?. A.- El titular o titulares de los Departamentos propones de la ley o decreto legislativo. B.- La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. C.- El Consejo de Ministros. D.- El Ministro de la Presidencia.

En el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, los informes preceptivos que se soliciten a otra Administración o a un órgano u Organismo dotado de especial independencia o autonomía, se emitirán: A.- En un plazo de un mes, salvo que normativamente se establezca otra cosa. B.- En el plazo establecido normativamente mediante Ley. C.- En un plazo de diez días, con carácter general. D.- En un plazo no superior a treinta días.

Conforme al art. 1.1 del Código Civil, NO constituye fuente del ordenamiento jurídico español: A.- Los principios generales del derecho. B.- La justicia. C.- La ley. D.- La costumbre.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 29.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos: A.- Al control del Tribunal Constitucional. B.- Al control político de las Cortes Generales. C.- Al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

A tenor del art. 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, cuando la disposición o resolución del Gobierno afecte a varios Departamentos Ministeriales: A.- Revestirá la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados. B.- Revestirá la forma de Real Decreto, dictado a propuesta del Ministro de la Presidencia. C.- Revestirá la forma de Orden del Ministro interesado en la propuesta. D.- Revestirá a forma de Real Decreto del Ministro de la Presidencia.

Conforme al art. 1.3 del Código Civil, como fuentes del ordenamiento jurídico los principios generales del derecho se aplicarán: A.- En defecto de ley. B.- Siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico. C.- En defecto de los usos jurídicos aplicables a cada situación jurídica. D.- En defecto de ley o costumbre.

La prohibición de que los reglamentos puedan regular materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, se denomina: A.- Principio de reserva de Ley. B.- Principio de autonomía normativa. C.- Principio de jerarquía normativa. D.- Principio de normativa legal.

A tenor del art. 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, los reglamentos se ordenarán según la siguiente jerarquía: A.- Las disposiciones aprobadas por Real Decreto acordado en el Consejo Ministros prevalecen sobre todos los reglamentos. B.- El Presidente del Gobierno carece de capacidad reglamentaria. C.- En último lugar estarán las disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo: (art. 25.4 Ley del Gobierno). A.- El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministro de la Presidencia. B.- Todo anteproyecto normativo con rango de Ley deberá ser informado por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. C.- En todo procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos será necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. D.- Deberán aportarse al expediente cuantos estudios e informes se estimen oportunos.

A tenor del art. 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, en la elaboración de las normas reglamentarias del Gobierno se sustanciará una consulta pública con carácter previo a la elaboración del texto: A.- A través del portal web del Consejo de Ministros. B.- A través del portal web del departamento competente. C.- A través del portal web de los órganos directivos competentes para su redacción. D.- A través del portal edictal de la correspondiente Administración.

Conforme al art. 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, a lo largo del procedimiento de elaboración de la norma, el centro directivo competente recabará, además de los informes y dictámenes que resulten preceptivos: A.- Un análisis del coste que conlleve su cumplimiento para la Administración y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeñas y medianas empresas. B.- La realización de test Pyme de acuerdo con la práctica de la Comisión Europea. C.- Cuando estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. D.- Todas las respuestas anteriores son correctas.

Como fuente del ordenamiento jurídico, la costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable: (art. 1.2 Código Civil). A.- Siempre que no contradiga los principios generales del derecho. B.- Siempre que no sea contraria al orden público y resulte probada. C.- Siempre que no resulte contraria a los usos jurídicos. D.- Siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y resulte probada.

Según el art. 26.5 de la Ley del Gobierno, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias deberán ser informados, en todo caso: A.- Por la Comisión Interdepartamental para su impacto por razón de género. B.- Por la Secretaría General Técnica del Ministerio o Ministerios proponentes. C.- Por el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. D.- Por la Comisión de Secretarios y Subsecretarios del Estado.

En el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, el trámite de audiencia e información pública: (art. 26.6 ley del Gobierno). A.- En ningún caso podrá omitirse en las disposiciones presupuestarias. B.- Sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativa. C.- Sólo será de aplicación a las disposiciones que regulen los órganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependiente o vinculadas a éstas. D.- Únicamente podrá omitirse en los procedimientos declarados urgentes.

Conforme al art. 1.5 del Código Civil, el Tribunal Supremo establecerá la jurisprudencia. A.- Que, con la doctrina, complementará el ordenamiento jurídico. B.- Al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. C.- Las respuestas A y B son correctas. D.- Las respuestas A y B son incorrectas.

Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una vía de hecho del Gobierno: (art. 29.3 Ley del Gobierno). A.- Únicamente serán impugnables ante el Tribunal Constitucional en los términos de la Ley Orgánica reguladora del mismo. B.- Son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora. C.- No serán susceptibles de recurso alguno. D.- Únicamente serán impugnables ante los Tribunales ordinarios en virtud de un proceso basado en los principios de preferencia y sumariedad.

A tenor del art. 25.3 de la Ley del Gobierno, cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo: A.- Será necesario su aprobación en el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de la Presidencia. B.- Será necesario recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, que no tendrá carácter vinculante. C.- Será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo. D.- Será necesario su aprobación en la Comisión de Secretarios y Subsecretarios de Estado.

Conforme al art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento: A.- Se recabará dictamen del Consejo de Estado. B.- Se someterá a informe de la Secretaría General Técnica competente. C.- Se deberá solicitar autorización al Ministro de la Presidencia. D.- Se sustanciará una consulta pública.

En la elaboración de un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias, cuando la propuesta afecte a la organización administrativa de la Administración General del Estado, será necesario: A.- Que el centro directivo competente publique el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectos y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. B.- Recabar el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. C.- Recabar la aprobación previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes de ser sometidas al órgano competente para promulgarlos. D.- El informe favorable de la Secretaría General Técnica competente por razón de la materia.

A tenor del art. 27.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, la tramitación por vía de urgencia de un anteproyecto de ley, real decreto legislativo o real decreto implica que: A.- La falta de emisión de un dictamen o informe en plazo no impedirá la continuación del procedimiento, salvo que dicho dictamen o informe tenga carácter preceptivo. B.- Los plazos previstos para la realización de los trámites del procedimiento de elaboración se reducirán a la mitad de su duración. C.- Los acuerdos de requerimiento para emitir dictamen a los órganos consultivos se adoptarán siempre por el Consejo de Ministros. D.- Todas las respuestas anteriores son correctas.

Señale la opción incorrecta. Conforme al art. 87.1 de la Constitución Española de 1978, la iniciativa legislativa corresponde: A.- Al Gobierno. B.- Al Congreso, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. C.- A las Asambleas de las Comunidades Autónomas. D.- Al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.

Según el art. 82.1 de la Constitución Española, un Decreto Legislativo NO podrá: A.- Regular materia reservada a Ley Orgánica. B.- Ser dictado por el Gobierno previa una delegación legislativa de las Cortes Generales. C.- Modificar o derogar normas con rango de Ley. D.- Aprobar disposiciones con carácter retroactivo.

A tenor del art. 90.2 de la Constitución Española de 1978, sometido a deliberación del Senado un proyecto de ley ordinaria u orgánica, el Senado dispondrá de un plazo de dos meses para veto o enmienda: A.- A partir del día de la recepción del texto. B.- A partir del día siguiente de la recepción del texto. C.- A partir del día siguiente a la puesta a disposición por el Presidente del Congreso. D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

La norma jurídica emanada del poder ejecutivo con rango de ley, de carácter provisional, dictadas por urgente necesidad y sin delegación del poder legislativo, se denomina: A.- Decreto-Ley. B.- Decreto-Legislativo. C.- Ley de bases. D.- Real Decreto.

37. Conforme al art. 81.1 de la Constitución Española de 1978, son leyes orgánicas: A.- Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. B.- Las que aprueben los Estatutos de Autonomía. C.- Las que aprueben el régimen electoral general. D.- Todas las anteriores son correctas.

Conforme al art. 88 de la Constitución Española de 1978, el Consejo de Ministros someterá los proyectos de ley aprobados: A.- Al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. B.- A las Cortes Generales, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. C.- Al Rey para su sanción y promulgación, en un plazo de quince días. D.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las disposiciones legislativas provisionales NO podrán afectar: (art. 86.1 CE). A.- A materias de carácter tributario. B.- A lo relativo a la prerrogativa de gracia. C.- Al Derecho electoral general. D.- Al régimen jurídico de los empleados públicos.

Las Comunidades Autónomas, en materias de competencia estatal: (art. 150.1 CE). A.- Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas sin limitación alguna, si tal facultad les ha sido atribuida por las Cortes Generales. B.- Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una Ley Estatal, cuando las Cortes Generales les hayan atribuido tal facultad. C.- Únicamente podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas cuando dicha competencia haya sido objeto de una previa transferencia o delegación. D.- Únicamente podrá dictar, para sí mismas, normas de carácter reglamentario.