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La educación tendrá por objeto: El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia, y a los derechos y libertades fundamentales. El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos marcados por cada colectivo educativo. El desarrollo de la personalidad humana conforme a las líneas educativas marcadas por el Consejo Escolar Nacional. El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos.

Los Poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos: Reciban formación religiosa y moral. Reciban la formación religiosa y moral determinada por dichos poderes públicos. Reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. A no recibir formación moral o religiosa alguna.

La enseñanza: Media es gratuita. Básica es obligatoria y gratuita. Universitaria es gratuita. Primaria es potestativa.

Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación: Mediante una programación general de la enseñanza. Con participación orientativa de todos los sectores afectados. Con la gestión de centros docente. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La creación de centros docentes: Sólo puede llevarse a cabo por la Administración Central del Estado. Además de la Administración Central, pueden crear centros docentes las Administraciones Autonómicas con competencia al efecto. Las personas físicas y jurídicas también pueden hacerlo, dentro del respeto a los principios constitucionales. Las personas físicas no pueden, en caso alguno, crear centros docentes.

Uno de los siguientes colectivos no intervendrá en el control y gestión de los centros de enseñanza sostenidos con fondos públicos por la Administración: Los profesores. Los padres. Los alumnos. Las autoridades municipales de las localidades en las que los centros estén incardinados.

Una de las siguientes afirmaciones no es correcta: Los poderes públicos inspeccionarán el sistema educativo. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos legales. Los poderes públicos gestionarán los centros de enseñanza no sostenidos por la Administración. Se reconoced la autonomía de las Universidades.

El derecho a sindicarse libremente: Lo tienen todos los trabajadores. Podrá ser limitado, o exceptuado, a las Fuerzas Armadas. No podrá ser restringido su ejercicio a otros cuerpos aunque estén sometidos a la disciplina militar. El ejercicio de tal derecho por parte de los funcionarios no presenta peculiaridad alguna.

Una de las siguientes afirmaciones relacionadas con el contenido de la libertad sindical, no es verdadera: Comprende el derecho a fundar sindicatos. No comprende la obligación de afiliarse a los sindicatos más representativos. Comprende el derecho de los sindicatos a fundar organizaciones sindicales internacionales. No comprende el derecho de los trabajadores a afiliarse a las organizaciones sindicales internacionales.

El derecho de huelga reconocido constitucionalmente a favor de los trabajadores para la defensa de sus intereses: Carece de limitación. Se hará compatible su ejercicio con la posible vulneración de los derechos de los empresarios. Se hará compatible su ejercicio con el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, en todo caso. Sólo es preciso que su ejercicio sea compatible con el mantenimiento de los servicios mínimos de la comunidad, cuando la huelga afecta a la educación, al transporte, a la sanidad y a la seguridad ciudadana.

El derecho de petición: Está reconocido en beneficio de los españoles en el art.30 de la Constitución. Siempre deberá ser ejercicio por escrito. No podrá ser ejercicio colectivamente. Podrá ser ejercicio en determinados casos de forma individual.

Sólo podrán ejercer el derecho de petición individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su normativa específica: Los miembros del Ejército de Tierra. Lo integrantes de la Guardia Civil. Los componentes de la Armada. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La defensa por los españoles de España: Es un derecho y un deber. Es un derecho. Es un deber. Es un deber o un derecho dependiendo de la edad, sexo y comunidad de nacimiento de cada español.

Con respecto a las obligaciones militares de los españoles: La objeción de conciencia es la única causa de exención del servicio militar obligatorio. Aquellas serán fijadas por ley. El servicio militar será potestativo. No se reconoce en la Constitución, sí en la normativa que la desarrolla, la prestación social Sustitutoria.

Una de las siguientes afirmaciones no es correcta: Podrá establecerse un servicio militar para el cumplimiento de fines de interés general. Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo. Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los supuestos de catástrofe. Podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de calamidad pública.

En torno al sostenimiento de los gastos públicos: Todos contribuirán de acuerdo con el volumen de sus ingresos. Se realizará mediante un sistema tributario justo. El sistema tributario estará inspirado en el principio de recaudación intensiva. El sistema recaudatorio tendrá en determinados casos alcance confiscatorio.

El gasto público: Realizará una asignación progresiva de los recursos públicos. Su programación responderá al criterio de austeridad. Su ejecución responderá al criterio de jerarquización del gasto. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Las prestaciones personas o patrimoniales de carácter público: No podrán establecerse, en ningún caso. Podrán establecerse, según afirma nuestra Constitución, en cualquier caso. Sólo podrán establecerse con arreglo a la Ley. Sólo podrán establecerse en los casos concretos determinados por la Constitución.

Una de la siguientes afirmaciones es falsa: La Constitución establece que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con pelan igualdad jurídica. La Constitución dispone que la edad y la capacidad del hombre y la mujer para contraer matrimonio se alcanza con la mayoría de edad. La Constitución admite que el matrimonio podrá ser disuelto. La Constitución delega en la Ley la concreción de los derechos y deberes de los cónyuges.

La propiedad privada: Es un derecho fundamental de la persona reconocido en nuestra Constitución. Al igual que la herencia está protegido por el recurso de Amparo. Tiene una función social que delimitará su contenido. Tal función social no existe respecto del derecho a la herencia.

Privar a una persona de sus bienes y derechos: Podrá efectuarse por causa de utilidad pública o interés social. No podrá realizarse tal privación sino en virtud de sentencia firme. No es acto que tenga incuestionablemente que venir acompañado del abono de una indemnización. Podrá realizarse exclusivamente con el consentimiento del propietario de los bienes o titular de los derechos, o de sus causahabientes.

El derecho de fundación reconocido constitucionalmente: Se encuentra regulado en el art.35 de la Constitución. Sólo se admite su ejercicio para fines de interés general. Respecto a las fundaciones no regirán ninguno de los preceptos constitucionales relativos al derecho de asociación. Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

Una de las siguientes afirmaciones es falsa: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo. Todos los españoles tienen derecho a la libre elección de profesión y oficio. Todos los españoles tienen derecho a una remuneración suficiente para cubrir sus necesidades y las de su familia, proporciona al número de horas trabajadas. Todos los españoles tienen derecho a la promoción a través del trabajo.

En torno a los Colegios Profesionales: Están detalladamente regulados en la Constitución. La Constitución afirma que los mismos serán regulados por Ley Orgánica. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos. Todas las respuestas anteriores son falsas.

La Ley, según la Constitución: Garantizará la fuerza vinculante de los convenios colectivos. Garantizará el deber de negociar colectivamente en materia laboral los representantes de los empresarios y de los trabajadores. Exhortará a los colectivos de empresarios y trabajadores a negociar colectivamente. Regulará las bases para la culminación satisfactoria de los procesos de negociación colectiva en materia laboral.