10.3️⃣ Relacionadas

Las pautas de comportamiento incluidas en el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia serán de aplicación. A todas las comunicaciones realizadas a través de la a red interna o Intranet, pero no de la red externa. A los equipos informáticos portátiles (laptops) a los que el usuario pudiera eventualmente tener acceso, en todo caso. A la utilización de los equipos informáticos fijos (desktops), en todo caso. todos los usuarios, sin perjuicio de las normas reguladoras de su respectivo Estatuto jurídico.

La utilización inadecuada de los medios informáticos y materiales empleados en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de las instrucciones facilitadas para su utilización, así como la indebida utilización de las claves de acceso a los sistemas informáticos se considera: Falta grave solo respecto de los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia. Falta muy grave solo respecto de los Letrados de la Administración de Justicia. Falta muy grave tanto respecto de los LAJ como de los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia. Falta grave tanto respecto de los LAJ como de los funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia.

A efectos de lo dispuesto en el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, se considerará "usuario" a: Funcionarios. Todas las respuestas anteriores son correctas. Personal laboral. Médicos Forenses.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, ¿cuándo es obligatorio que el usuario cambie su contraseña de acceso a la red interna?. Nunca, el cambio de contraseña es siempre potestativo. Solo concurran circunstancias objetivas o subjetivas que así se lo indiquen. Siempre que así se lo indique el administrador o responsable de Seguridad del Sistema. Siempre que concurran circunstancias que así se lo indiquen, salvo que sean subjetivas.

No es uno de los objetivos que persigue el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia. Posibilitar una mejora en la red de comunicaciones, facilitando la interoperatividad de las distintas aplicaciones informáticas territoriales. La consecución de una realidad judicial informatizada, maximizando el uso de las aplicaciones informáticas y su interacción. Garantizar el buen uso de los medios técnicos e informáticos al servicio de la Administración de Justicia. Concienciar a los usuarios sobre la seguridad en los equipos informáticos y de las comunicaciones solo dentro de las instalaciones judiciales.

Según la Instrucción 2/2003, de 26 de febrero, sobre Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, la implantación en los órganos judiciales de cualquier aplicación informática requerirá su aprobación por: El Ministerio de Administraciones Públicas. El Ministerio de Hacienda. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia.

Con el objeto de cuantificar y analizar el proceso de implantación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación el Consejo General del Poder Judicial elaborará. No elaborará este informe ya que será elaborado por el Ministerio de Justicia cada dos años. Ninguna de las respuestas es correcta. Cada año el Informe de Recursos Tecnológicos de la Información en la Administración de Justicia. Cada dos años el Informe de Recursos Tecnológicos de la Información en la Administración de Justicia.

En relación con los principios generales relativos al uso de los programas y archivos informáticos previstos en el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, señale la respuesta correcta: Todo usuario está obligado a cumplir las medidas de seguridad diseñadas por la Administración Pública competente. La información de carácter confidencial podrá enviarse a otro Juzgado o Tribunal, Administración, Institución u organización distintas de las receptoras de la información por motivos procesalmente adecuados. Los archivos y documentos contenidos en los sistemas de almacenamiento de datos pueden ser idóneos para un uso privado,. El Consejo General del Poder Judicial podrá supervisar los recursos físicos, lógicos o de comunicaciones con el fin de realizar las tareas técnicas de gestión o mantenimiento precisas.

En relación con los principios generales sobre el uso del correo electrónico o e-mail previstos en el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, señale la respuesta incorrecta. La utilización que se haga del correo electrónico respetará, en todo caso, la normativa al respecto desarrollada por la Administración Pública competente. Queda prohibida la utilización del correo electrónico para "actividades personales restringidas", en las que pueda haber alguna expectativa de privacidad o secreto en las comunicaciones. Se prohíbe expresamente la interceptación y/o uso autorizado del correo electrónico o e-mail de otros usuarios. La Administración suministra a cada usuario una dirección individual de correo electrónico, y deberá usarse con fines profesionales.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, ¿puede ser comunicada a terceras personas la clave de acceso personal a la red interna de la Administración de justicia?. Si, al ser la clave de uso personal. No, en ningún caso. Sí, salvo que concurran circunstancias excepcionales. No, salvo que concurran circunstancias excepcionales, y siempre que se reciba autorización expresa de la Administración Pública competente.

A los efectos del Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, se considerará usuario. Solo a los funcionarios de la Administración de Justicia que presten sus servicios en la oficina judicial. A todos los ciudadanos, siempre y cuando actúen en calidad de parte en un procedimiento judicial. A todos los profesionales que prestan sus servicios en los órganos judiciales. Únicamente a los abogados y procuradores que actúen en procedimientos judiciales.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, ¿en qué supuesto se permitirá alterar cualquier parte de los equipos informáticos a iniciativa del usuario?. En ningún supuesto se podrá permitir dicha alteración. Siempre que se cuente con la autorización expresa del Consejo General del Poder Judicial. Siempre que se cuente con la autorización expresa de la Comisión de Informática Judicial. Siempre que se cuente con la autorización expresa del Servicio de Soporte competente.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, ¿puede accederse a direcciones de internet de contenido ofensivo o atentatorio contra la dignidad humana?. En ningún caso. El Código de Conducta nada especifica al respecto. Solo en los casos expresamente previstos por ley, siempre previa aprobación del Letrado de Administración de Justicia. Solo cuando el cumplimiento del cargo así lo requiera y previa aprobación del Letrado de Administración de Justicia.

Según el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, en relación con la firma electrónica, todo usuario tiene la siguiente obligación: Custodiar la clave privada y comunicar con la mayor brevedad posible a la entidad prestadora de Servicios de Certificación y/o Registro cualquier pérdida o sustracción de aquella. Todas son correctas. Comunicar cualquier variación de los datos aportados para la obtención del certificado. Observar las garantías que al respecto fije la Comisión de Informática Judicial, así como las descritas en el Convenio que hayan suscrito el Consejo General del Poder Judicial, la Entidad Prestadora de Servicios de Certificación y, en su caso, la Administración Pública competente.

El Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia considera Administración/es Pública/s. A las distintas Administraciones con competencia sobre medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia ; esto es, el Ministerio de Justicia y a todas las Comunidades Autónomas. Ninguna es correcta. A las distintas Administraciones con competencia sobre medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia ; esto es, el Ministerio de Justicia, pero no las Comunidades Autónomas. A las distintas Administraciones con competencia sobre medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia ; esto es, el Ministerio de Justicia y, en su caso, las Comunidades Autónomas.

A la vista de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, señale la respuesta incorrecta en relación con el consentimiento del afectado: Debe ser inequívoco. Se hará constar por escrito. Puede hacerse mediante una clara acción afirmativa. Ha de ser una manifestación de voluntad específica.

Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas. Al deber de confidencialidad, que es compatible con el deber, en su caso, de secreto profesional. Al deber de confidencialidad, en el caso de que, de que no tengan deber de secreto profesional. Al deber de actualización de los datos y al secreto profesional. Al deber de confidencialidad, que se mantendrá hasta la finalización de la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Según la legislación española, en materia de protección de datos NO es un derecho de los ciudadanos. El derecho a la portabilidad. Todos son derechos de los ciudadanos en materia de protección de datos. El derecho de supresión. El derecho a la limitación de tratamiento.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando: Sea mayor de 16 años. Sea mayor de 14 años. Sea mayor de 18 años. Sea mayor de 12 años.

Con respecto al ámbito territorial de aplicación del Reglamento (UE) 2016/679: Este reglamento se aplica al tratamiento de datos personales y profesionales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. Este reglamento se aplica al tratamiento y almacenamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, siempre que el tratamiento tenga lugar dentro del territorio de la Unión. Este reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la Unión o no. Este reglamento se aplica al tratamiento de datos personales en el contexto de las actividades de un establecimiento del responsable o del encargado en la Unión, siempre que el tratamiento tenga lugar dentro del territorio de la Unión.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el. Artículo 17.4 de la Constitución. Artículo 18.4 de la Constitución. Artículo 18.3 de la Constitución. Artículo 17.3 de la Constitución.

Según el art. 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico de una persona. Será necesario el consentimiento del interesado, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. No bastará con el consentimiento del afectado. Será necesario el consentimiento explícito del interesado. Solo será posible en los supuestos del apartado segundo del art. 9 del Reglamento (UE) 2016/679.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679, el derecho del interesado a recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado, cuando el tratamiento se efectúe por medios automatizados se denomina. Derecho a la portabilidad de los datos. Derecho de petición. Derecho de acceso. Derecho a la limitación del tratamiento.

¿Cuál de los siguientes no es un principio relativo al tratamiento recogido en el Reglamento (UE) 2016/679?. Eficiencia. Licitud. Integridad. Lealtad.

Según el Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas. Solo podrá llevarse a cabo bajo el control de las autoridades públicas. Solo podrá llevarse previa autorización de las autoridades públicas. Solo podrá llevarse con el consentimiento expreso del interesado. Solo podrá llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que establezca garantías adecuadas para los derechos y libertades de los interesados.

El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá en nuestro país con arreglo a lo establecido. En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos de los menores de catorce años requiere el consentimiento de. Las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. El titular de la patria potestad o tutela. Todas son correctas. El Ministerio Fiscal.

A los efectos previstos en el artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos: Todas las respuestas anteriores son correctas. Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable. Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable. Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.

Indique la respuesta incorrecta. En el conocido como "Derecho al olvido", el responsable estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando se produzca alguna de las siguientes situaciones: Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información mencionados en el art.8.1 Reglamento (UE) 2016/679. Que los datos personales hayan sido tratados ilícitamente. Que los datos personales sean necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de modo semejante. Que el interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a).

Conforme a la LO 3/2018, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas, para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales. Requiere la autorización del juez o tribunal que esté conociendo del asunto. Exige el consentimiento del afectado. Solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal. Está prohibido.

Según el Reglamento (UE) 2016/679, no es un derecho de los interesados en relación con la protección de sus datos personales. El derecho de acceso. El derecho de nulidad. El derecho a la portabilidad de los datos. El derecho al olvido.

Según el art. 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico de una persona: Será necesario el consentimiento del interesado, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa. Será necesario el consentimiento explícito del interesado. Solo será posible en los supuestos del apartado segundo del art. 9 del Reglamento (UE) 2016/679. No bastará con el consentimiento del afectado.

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales exige que los datos sean: Públicos. Exactos. Todas son correctas. Permanentes.

¿Es necesario el consentimiento del interesado para que se proceda al tratamiento de los datos personales en el ejercicio de la actividad jurisdiccional?. No, si son facilitados por las partes. No. Sí. Sí, salvo excepciones.

Según el artículo 236 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el tratamiento de datos personales podrá realizarse: Con fines jurisdiccionales y, excepcionalmente, con fines no jurisdiccionales. Con fines jurisdiccionales y no jurisdiccionales. Exclusivamente con fines no jurisdiccionales. Exclusivamente con fines jurisdiccionales.

Según el art. 13 de la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso, a los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679. Cuando se ejercite en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello. Las respuestas A y B son correctas. Cuando se ejercite en más de una ocasión durante el plazo de tres meses, a menos que exista causa legítima para ello. Cuando se ejercite en más de una ocasión durante el plazo de un mes, exista o no causa legítima para ello.

la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, entiende por consentimiento del afectado. Toda manifestación de voluntad libre, específica u genérica, informada e inequívoca por la que este acepta, únicamente mediante una declaración, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada, por escrito e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos no se aplica: Al tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Ninguna respuesta es correcta. Al tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades empresariales privadas. Al tratamiento de datos efectuado por una persona física en el ejercicio de actividades comerciales.

¿Cuál de los siguientes requisitos no definen a una firma electrónica avanzada?. Estar vinculada al firmante de manera única. Permitir la identificación del firmante. Estar vinculada con los datos firmados por la misma de modo tal que cualquier modificación ulterior de los mismos no sea detectable. Haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, exigir un buen uso del correo electrónico o e-mail es facultad de. El Consejo General del Poder Judicial. La Administración Pública competente. El propio usuario. El Letrado de la Administración de Justicia.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, se interrumpirá el acceso a su buzón de correo. El acceso a su buzón de correo no se interrumpirá en ningún caso. En el momento de la extinción de la relación funcionarial o laboral. Durante el tiempo que dure la baja del usuario. Durante el tiempo que dure la excedencia del usuario.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, el usuario tiene acceso al correo electrónico de la organización: Durante el periodo que dura su vinculación con la Administración de Justicia, salvo en los periodos en que se encuentre de baja o en excedencia. Durante el periodo que dura su vinculación con la Administración de Justicia. Durante el periodo que dura su vinculación con la Administración de Justicia, salvo en los periodos en que se encuentre en excedencia. Durante el periodo que dura su vinculación con la Administración de Justicia si es una relación funcionarial, pero no si es laboral, que se regirá por sus disposiciones especiales a tal efecto.

Indique el período de vigencia de los certificados cualificados: No será superior a cinco años. No será superior a diez años. No será superior a quince años. No hay límite de plazo.

De acuerdo con el Reglamento (UE) nº910/2014, los certificados cualificados de firma electrónica contendrán. La localización de los servicios que pueden utilizarse para consultar el estado de validez del certificado cualificado. Una indicación, al menos en un formato adecuado para el procesamiento automático, de que el certificado ha sido expedido como certificado cualificado de sello electrónico. Al menos, el nombre del creador del sello y, cuando proceda, el número de registro, tal como se recojan en los registros oficiales. Un conjunto de datos que represente inequívocamente al prestador cualificado de servicios de confianza que expide los certificados cualificados, incluyendo como mínimo el Estado miembro en el que dicho prestador está establecido, y para personas físicas: el nombre y, cuando proceda, el número de registro según consten en los registros oficiales.

Los órganos y oficinas judiciales y fiscales podrán realizar actos de comunicación en las direcciones de correo electrónico que los ciudadanos elijan, siempre que en el momento del acceso al contenido de la comunicación se genere automáticamente y de forma independiente a la voluntad del ciudadano un acuse de recibo acreditativo: Del día y hora de la recepción integra de los documentos adjuntos al acto de comunicación. Todas son correctas. De la hora de la recepción integra de su contenido. Del día de la remisión del acto de comunicación.

En relación con los efectos jurídicos de los documentos electrónicos, el Reglamento (UE) 910/2014 dispone que. Se admitirá como prueba en procedimientos judiciales un documento electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico, pero solo tendrá efectos jurídicos en los casos previstos en la ley. Se reconocerán efectos jurídicos a un documento electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico, pero solo será admisible como prueba en procedimientos judiciales en los casos previstos en la ley. Se denegarán efectos jurídicos y admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un documento electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico si no se complementa con otros documentos en soporte papel. No se denegarán efectos jurídicos ni admisibilidad como prueba en procedimientos judiciales a un documento electrónico por el mero hecho de estar en formato electrónico.

¿Qué Reglamento de la Unión Europea regula la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior?. El Reglamento (UE) 910/2014 de 23 de julio de 2014. El Reglamento (UE) 923/2013 de 10 de julio de 2013. El Reglamento (UE) 910/2013 de 23 de julio de 2013. El Reglamento (UE) 923/2014 de 10 de julio de 2014.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, ¿de quién es propiedad el correo electrónico que la Administración suministra a cada usuario?. Del usuario. Del Servicio técnico. De la empresa correspondiente. De la Administración.

La firma digital o electrónica se regula actualmente en: La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica. La Ley 2/2006, de 20 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. La Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica. El Reglamento (UE) nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

De acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el documento nacional de identidad electrónico: No permite la firma electrónica de documentos. Solo permite acreditar electrónicamente la identidad personal de su titular en determinados casos. Permite acreditar electrónicamente la identidad personal de su titular pero no la firma electrónica de documentos. Permite acreditar electrónicamente la identidad personal de su titular y la firma electrónica de documentos.

La firma electrónica avanzada: Puede no ser suficiente para identificar al firmante en los casos determinados en la ley. Puede estar vinculada a varios firmantes en determinados supuesto. Ha sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo. Está vinculada con los datos firmados por la misma firma, pero no por ello permite detectar modificaciones ulteriores.

Una declaración electrónica que vincula los datos de validación de una firma con una persona física y confirma, al menos, el nombre o el seudónimo de esa persona es: Una firma electrónica cualificada. Un certificado de firma electrónica. Una firma electrónica avanzada. Un certificado cualificado de firma electrónica.

De acuerdo con el Código de Conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de Justicia, en el momento de extinción de la relación funcionarial o laboral, ¿quién podrá acceder al buzón para reenviar los mensajes profesionales a los usuarios que se determinen por el administrador o responsable del Sistema?. El responsable del sistema. El propio usuario. El administrador. Los servicios técnicos.

El objetivo que persigue el Reglamento (UE) 910/2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior es. Reforzar la confianza en las transacciones electrónicas en el mercado interior. Todas son correctas. Proporcionar una base común para lograr interacciones electrónicas seguras entre los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas. Incrementar la eficacia de los servicios en línea públicos y privados, los negocios electrónicos y el comercio electrónico en la Unión.

De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio con competencias en materia de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, antes de acceder el destinatario al detalle del contenido del envío, el sistema LexNET mostrará, al menos. La información esencial relativa al remitente del envío, asunto, clase y número de procedimiento en su caso, así como fecha y hora de envío. La información esencial relativa al remitente del envío, asunto, clase y número de procedimiento en su caso, así como fecha de envío. El asunto, clase y número de procedimiento en su caso, así como fecha de envío. El asunto y número de procedimiento en su caso, así como fecha de envío.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, tendrán la consideración de copias auténticas de documentos judiciales electrónicos originales: Los documentos electrónicos generados por la oficina judicial, de acuerdo con la normativa técnica del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, sobre documentos judiciales en soporte papel que consten en los archivos judiciales, siempre que se emitan bajo la firma del letrado o letrada de la Administración de Justicia. Las que se obtengan mediante actuaciones automatizadas siempre que estén provistas de sello electrónico y que la información de firma electrónica, y en su caso de sello electrónico cualificado, así como de su contenido, permitan comprobar la coincidencia con dicho documento. Las emitidas, cualquiera que sea su soporte o cambio de formato que se produzca, bajo la firma de notario autorizado. Las que se obtengan mediante actuaciones automatizadas siempre que estén provistas de sello electrónico y que el documento electrónico original se encuentre en el expediente judicial electrónico.

Señale la respuesta correcta sobre el registro judicial electrónico de conformidad con lo previsto por el Real Decreto-Ley 6/2023: Emitirán en un plazo máximo de 48 horas un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, documento o comunicación de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro. Permitirán la presentación de escritos, documentos y comunicaciones todos los días del año durante las 24 horas. Únicamente se admitirán escritos y documentos dirigidos a los órganos judiciales adscritos al registro judicial electrónico de que se trate. La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones no podrá interrumpirse.

Conforme al Real Decreto-Ley 6/2023, en la presentación de documentos por medios electrónicos deberá constar necesariamente. La fecha de presentación. El tipo y número de procedimiento al que se debe incorporar. Todas las respuestas anteriores son correctas. La identidad de la persona que lo presente y el órgano judicial, la oficina judicial u oficina fiscal a los que va dirigido.

En las actuaciones realizadas con intervención telemática de uno o varios intervinientes que, por vía telemática, quieran presentar documentación en el mismo acto: Podrán presentarla por la misma si así lo dispone la normativa del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica. Podrán presentarla por la misma vía, salvo en los casos en los que no estén obligados a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, y siempre de conformidad con las normas procesales. Deberán presentarla por la misma vía, salvo en los casos en los que no estén obligados a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, y siempre de conformidad con las normas procesales. Deberán presentarla por la misma vía, incluso en los casos en los que por regla general no estén obligados a relacionarse con la Administración de Justicia por medios electrónicos, y siempre de conformidad con las normas procesales.

La regulación del sistema LexNET se encuentra recogida en el: Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. Real Decreto 2005/2017, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. Real Decreto 1065/2017, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET. Real Decreto 2005/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET.

De conformidad con el Real Decreto 1065/2015 sobre Comunicaciones, ¿qué sujetos no están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales electrónicos?. Las personas jurídicas. Las personas físicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo.

De acuerdo con el artículo 74 del Real Decreto-Ley 6/2023, ¿qué validez tendrán las inscripciones de los apoderamientos en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales?. Una validez determinada máxima de 3 años a contar desde la fecha de inscripción. Una validez determinada máxima de 10 año a contar desde la fecha de inscripción. Una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Una validez determinada máxima de 2 años a contar desde la fecha de inscripción.

Conforme al Real Decreto-Ley 6/2023, para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de copias auténticas, se estará a lo previsto en: A.El Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad. D. Las respuestas A y C son correctas. C. La normativa técnica de desarrollo. B. Los sistemas basados en Código Seguro de Verificación.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, el uso de los modelos y sistemas de presentación masiva será voluntario para. Las personas jurídicas. Las personas físicas. Las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte. Los colectivos de personas físicas.

De acuerdo con el artículo 39 del Real Decreto-Ley 6/2023, ¿qué será necesario para que el documento judicial electrónico tenga la consideración de documento público?. Que contenga metadatos que posibiliten la interoperabilidad. Que lleve asociado un sello o firma electrónica, en el que quede constancia del órgano emisor, fecha y hora de su presentación o creación. Que incorpore la firma electrónica del letrado o letrada de la Administración de Justicia, siempre que se produzca en el ámbito de las competencias que tuviesen asumidas conforme a las leyes procesales. Que contenga información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, ¿con qué nombre se conoce el conjunto ordenado de datos, documentos, trámites y actuaciones electrónicas, así como de grabaciones audiovisuales, correspondientes a un procedimiento judicial, cualquiera que sea el tipo de información que contengan y el formato en el que se hayan generado?. Expediente judicial electrónico. Ninguno de los anteriores. Sistema Común de Intercambio de documentos y expedientes judiciales electrónicos. Documento judicial electrónico.

Conforme al Real Decreto-Ley 6/2023, señale la respuesta incorrecta sobre el índice electrónico que tendrá todo expediente judicial electrónico: Garantizará la integridad del expediente judicial electrónico. Estará firmado por la oficina judicial actuante o por procesos automatizados conforme a lo previsto en el RDL 6/2023. Un mismo documento no podrá formar parte de distintos expedientes judiciales electrónicos. Permitirá la recuperación del expediente judicial electrónico, siempre que sea preciso.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, Los sistemas de información y comunicación empleados por la Administración de Justicia deberán mantener registros de, al menos, las siguientes operaciones de tratamiento en sistemas de tratamiento automatizados. Combinación o supresión. Las respuestas A y C son correctas. Comunicación, excluidas las transferencias. Envío.

El artículo 57 del Real Decreto-Ley 6/2023 define como aquella actuación para la que el sistema de información de la Administración de Justicia genera un borrador total o parcial de documento complejo basado en datos, que puede ser producido por algoritmos, y puede constituir fundamento o apoyo de una resolución judicial o procesal a la: Actuación automatizada, como subtipo de las asistidas. Actuación asistida. Actuación automatizada, como subtipo de las proactivas. Actuación proactiva, como subtipo de las automatizadas.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, ¿qué tipo de actuaciones aprovechan la información incorporada en un expediente o procedimiento de una Administración Pública con un fin determinado, para generar avisos o efectos directos a otros fines distintos?. Las actuaciones asistidas, siempre que tenga lugar en el mismo expediente de la misma Administración. Las actuaciones proactivas, siempre que tenga lugar en otros expedientes de otra Administración Pública. Las actuaciones automatizadas, únicamente cuando tenga lugar en otros expedientes, de la misma o de otra Administración Pública. Las actuaciones proactivas, ya sea en el mismo o en otros expedientes, de la misma o de otra Administración Pública.

¿Cómo se identi caráficada expediente judicial electrónico?: Con un índice electrónico. Con un sello digital. Con el nombre del interesado del expediente. Con un número de identificación general.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, a los efectos que prevean las leyes procesales en cuanto al cómputo de plazos fijados en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, ¿cuándo se entenderá realizada la presentación por medios electrónicos, en un día inhábil a efectos procesales conforme a la ley?. A lo largo del primer día hábil siguiente, en todo caso. En la primera hora hábil del primer día hábil siguiente, en todo caso. En la primera hora hábil del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. En la fecha y hora de presentación en el propio registro electrónico, sin necesidad de que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

Señale cuál de los siguientes programas informáticos se utiliza en el ámbito de la Administración de Justicia para el intercambio de información entre los órganos judiciales y diversos operadores jurídicos: LexPraevia. LexNet. LexCon. IurisNet.

Una de las siguientes funcionalidades no es propia del sistema LexNET: Todas son funcionalidades del sistema LexNET. La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen. La gestión del traslado de copias. La realización de actos de comunicación procesal.

De acuerdo con el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, ¿cuál de las siguientes funcionalidades prestará el sistema? LexNET. La realización de actos de comunicación procesal conforme a los requisitos establecidos en las leyes procesales. La gestión del traslado de copias, de modo que quede acreditado en las copias la fecha y hora en que se ha realizado efectivamente el traslado a los restantes Procuradores personados y la identidad de éstos, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales. Todas las respuestas anteriores son correctas. La presentación y transporte de escritos procesales y documentos que con los mismos se acompañen, así como su distribución y remisión al órgano u oficina judicial o fiscal encargada de su tramitación.

Señale la respuesta incorrecta de acuerdo con lo previsto en el artículo 41 del Real Decreto-Ley 6/2023 con respecto a la forma de presentación de documentos: Las partes o intervinientes deberán presentar todo tipo de documentos y actuaciones para su incorporación al expediente judicial electrónico en formato electrónico, sin excepciones. La presentación de los documentos en los procedimientos judiciales se ajustará a lo establecido en las leyes procesales. La presentación de los documentos en los procedimientos judiciales se realizará electrónicamente a través de los sistemas destinados a tal fin, pudiendo éstos incluir sistemas automatizados de presentación. La presentación de los documentos en los procedimientos judiciales garantizará en todo caso la obtención de recibo de su presentación, donde quede constancia de su contenido, fecha y hora.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, el número de identificación general asignado a cada expediente judicial electrónico será. Exclusivo. Único e inalterable. Único y susceptible de modificación en los términos del RDL 6/2023. Variable a lo largo del proceso.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023 con respecto a la tramitación del procedimiento utilizando medios electrónicos, ¿qué deberán garantizar las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la gestión por medios electrónicos de los procedimientos?. La simplificación de los procedimientos. La publicidad de los procedimientos. El control de los tiempos y plazos. Las respuestas a) y b) son correctas.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, requerirá la puesta en conocimiento de la Administración prestacional del servicio, que deberá facilitar el acceso para el cumplimiento de las funciones de inspección y control establecidas en las leyes y su normativa de desarrollo, cualquier acceso a los sistemas de información por: Los y las profesionales jurídicos en el ejercicio de la defensa técnica o de la representación procesal. Las partes. Los órganos competentes dependientes del Consejo General del Poder Judicial. Los que hayan justificado interés legítimo y directo.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, ¿en qué plazo de realizará el traslado de copias entre profesionales por vía telemática?. Dentro de los 2 días siguientes a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal correspondiente. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal correspondiente. Simultáneamente a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal correspondiente. En el día siguiente a la presentación telemática de escritos y documentos originales ante el tribunal, oficina judicial u oficina fiscal correspondiente.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, la actuación procesal producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención humana en cada caso singular es una actuación: Automatizada. Asistida. Proactiva. Ninguna de las anteriores.

Requerirá autorización previa del letrado o letrada de la Administración de Justicia competente, o en su caso del superior funcional del servicio, todo acceso que se lleve a cabo a los sistemas de información y del que, de conformidad con el RDL 6/2023 y las leyes procesales, realice: Los y las profesionales jurídicos en el ejercicio de la defensa técnica o de la representación procesal. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. La Fiscalía General del Estado. El Consejo General del Poder Judicial.

Según lo dispuesto en el artículo 273 de la LEC, para la presentación de escritos y documentos, ¿quiénes podrán elegir en todo momento si actúan ante la Administración de Justicia a través de medios electrónicos?. Las personas que no estén representadas por procurador, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. Los Notarios y Registradores, salvo que estén obligados a relacionarse a través de medios electrónicos. Las entidades sin personalidad jurídica salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. Los funcionarios de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen por razón de su cargo, salvo que estén obligados a relacionarse a través de medios electrónicos.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, el Sistema Común de Intercambio de documentos y expedientes judiciales electrónicos: Tendrá por objeto posibilitar la itineración de expedientes electrónicos. Todas las respuestas anteriores son correctas. Estará bajo la responsabilidad y gestión del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Tendrá por objeto posibilitar la transmisión de documentos electrónicos de una oficina u órgano judicial o fiscal a otro, en los casos en los que corresponda por aplicación de las leyes procesales, e independientemente de que los tribunales u oficinas implicados utilicen el mismo o distintos sistemas de gestión procesal.

Señale, de acuerdo con el Real Decreto 1065/2015 sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio con competencias en materia de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET, cuáles de los siguientes sujetos están obligados a comunicarse con la Administración de Justicia, en todo caso, a través de canales electrónicos. Las personas jurídicas. Los Notarios. Las entidades sin personalidad jurídica. Todas son correctas.

A los efectos del Real Decreto 1065/2015 de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio con competencias en materia de Justicia y por el que se regula el sistema LexNet, los administradores concursales tendrán la consideración: De integrantes de los órganos judiciales. De particulares. De profesionales de la justicia. De integrantes de las oficinas judiciales.

De acuerdo con el artículo 40 del Real Decreto-Ley 6/2023, no tendrán la consideración de documento original: Las resoluciones judiciales o administrativas que hubiesen sido firmadas electrónicamente por la autoridad competente para su emisión, a través de cualquiera de los sistemas legalmente establecidos, excluyendo los basados en Código Seguro de Verificación. Todos los documentos judiciales electrónicos emanados de los sistemas de gestión procesal y provistos de firma electrónica. Los documentos judiciales electrónicos correspondientes a los escritos y documentos iniciadores o de trámite presentados por las partes e interesados, una vez hayan sido incorporados al expediente judicial electrónico. Las copias digitalizadas de otros documentos incorporados al expediente judicial electrónico cuando así se declare expresamente.

De acuerdo con el Real Decreto-Ley 6/2023, las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la gestión por medios electrónicos de los procedimientos deberán facilitar: El control de los tiempos y plazos. La publicidad de los procedimientos. La identificación del órgano u oficina responsable de los procedimientos. La tramitación ordenada de los expedientes.

Según el Real Decreto-Ley 6/2023, las inscripciones de los apoderamientos en el Registro Electrónico de Apoderamientos Judiciales: Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento tendrán una validez determinada máxima de 2 años a contar desde la fecha de inscripción o, en su caso, de la última prórroga. Podrán ser revocadas o prorrogadas por el poderdante en cualquier momento anterior a la finalización del plazo máximo de 5 años de validez de la inscripción. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento tendrán una validez determinada máxima de 3 años a contar desde la fecha de inscripción o, en su caso, de la última prórroga. Podrán ser revocadas o prorrogadas por el poderdante en cualquier momento.

Según el RD 1065/2015, las paradas planificadas de los sistemas informáticos que afecten o imposibiliten de forma temporal el servicio de comunicaciones electrónicas serán avisadas por el propio sistema informático con una antelación mínima de. Veinte días, indicando el tiempo estimado de indisponibilidad del servicio. Este plazo no podrá ser reducido. Treinta días, indicando el tiempo estimado de indisponibilidad del servicio. Este plazo no podrá ser reducido. Veinte días, indicando el tiempo estimado de indisponibilidad del servicio. Este plazo podrá ser reducido en caso de aplicación de medidas de seguridad y otras necesidades de corrección urgente. Treinta días, indicando el tiempo estimado de indisponibilidad del servicio. Este plazo podrá ser reducido en caso de aplicación de medidas de seguridad y otras necesidades de corrección urgente.

El Real Decreto-Ley 6/2023 establece que los sistemas de intercambio masivos serán de uso obligatorio, en los casos y condiciones que se establezcan reglamentariamente o por normativa técnica, para: Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte y los colectivos de personas físicas, así como los y las profesionales de la Abogacía, Procura y Graduados y Graduadas Sociales. Las personas físicas y jurídicas, así como los y las profesionales de la Abogacía, Procura y Graduados y Graduadas Sociales. Las personas físicas y jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte, así como los y las profesionales de la Abogacía, Procura y Graduados y Graduadas Sociales. Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte y los colectivos de personas físicas.

¿En qué artículo del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo se regula el principio general de orientación al dato?. En el artículo 35. En el artículo 39. En el artículo 31. En el artículo 13.

35. Principio general de orientación al dato. Todos los sistemas de información y comunicación que se utilicen en el ámbito de la Administración de Justicia, incluso para finalidades de apoyo a las de carácter gubernativo, ASEGURARÁN la entrada, incorporación y tratamiento de la información en forma de metadatos, conforme a esquemas comunes, y en modelos de datos comunes e interoperables que posibiliten, simplifiquen y favorezcan los siguientes FINES (12 >> Indica la incorrecta): a) La interoperabilidad de los sistemas informáticos a disposición de la Administración de Justicia. b) La tramitación electrónica de procedimientos judiciales. c) La búsqueda y análisis de datos y documentos para fines jurisdiccionales y organizativos. d) La búsqueda y análisis de datos para fines gubernamentales. e) La anonimización y seudonimización de datos y documentos. f) El uso de datos a través de cuadros de mandos o herramientas similares, por cada Administración Pública en el marco de sus competencias.

35. Principio general de orientación al dato. Todos los sistemas de información y comunicación que se utilicen en el ámbito de la Administración de Justicia, incluso para finalidades de apoyo a las de carácter gubernativo, ASEGURARÁN la entrada, incorporación y tratamiento de la información en forma de metadatos, conforme a esquemas comunes, y en modelos de datos comunes e interoperables que posibiliten, simplifiquen y favorezcan los siguientes FINES (12 >> Indica la incorrecta): l) La transmisión de datos entre órganos judiciales, administraciones públicas y asimismo con los ciudadanos y ciudadanas o personas jurídicas, de acuerdo con la ley. k) La aplicación de técnicas de inteligencia artificial para los fines anteriores u otros que sirvan de apoyo a la función jurisdiccional, a la tramitación, en su caso, de procedimientos judiciales, y a la definición y ejecución de políticas públicas relativas a la Administración de Justicia. j) La producción de actuaciones judiciales y procesales automatizadas, asistidas y propasivas, de conformidad con la ley. i) La publicación de información en portales de datos abiertos. h) La autodocumentación y la transformación de los documentos. g) La gestión de documentos.

El uso de modelos de datos _________________. será obligatorio en las condiciones que se determinen por vía reglamentaria, previo informe del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, para el ámbito de parte del territorio del Estado. será obligatorio en las condiciones que se determinen por vía legal, previo informe del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, para el ámbito de todo el territorio del Estado. será obligatorio en las condiciones que se determinen por vía reglamentaria, previo informe del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, para el ámbito de todo el territorio del Estado. no será obligatorio en las condiciones que se determinen por vía reglamentaria, previo informe del Comité técnico estatal de la Administración judicial electrónica, para el ámbito de todo el territorio del Estado.