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¿Mediante qué norma se establecen las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social?: 1. Ley de Presupuestos Generales del Estado. 2. Por el Convenio vigente en cada centro. 3. Por la Ley General de Sanidad. 4. Por la Constitución Española.

Señale la respuesta incorrecta sobre el tratamiento de datos relativos a la salud de una persona física: 1. Está prohibido como norma general. 2. Se podrá llevar a cabo cuando el interesado haya dado su consentimiento explícito. 3. Se podrá llevar a cabo cuando el tratamiento sea necesario para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física, en el supuesto de que el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento. 4. Está prohibido cuando el tratamiento sea necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos.

Señale la respuesta incorrecta respecto al artículo 43 de la Constitución Española: 1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. 3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 4. Está incluido en el Título II de la Constitución Española.

La garantía de asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, está recogida: 1. En la Ley General de Sanidad, artículo 142. 2. En la Constitución Española, artículo 41. 3. En la Ley General de Sanidad, artículo 42. 4. En la Constitución Española, artículo 43.

El artículo 43 de la Constitución Española reconoce: 1. El derecho a la protección de la salud. 2. El derecho a la Seguridad Social. 3. El derecho a la asistencia sanitaria. 4. El derecho a la vivienda.

La garantía del derecho al honor y a la intimidad, ¿en qué artículo de la Constitución Española se recoge?: 1. 18. 2. 16. 3. 14.0. 4. 40.0.

El artículo 14 de la Constitución declara: 1. La mayoría de edad a los 18 años. 2. La libertad religiosa. 3. El derecho a la huelga. 4. La igualdad ante la Ley.

Según lo establecido en la Constitución Española, ¿quién tutela la salud pública?: 1. El paciente. 2. Los ciudadanos. 3. Los poderes públicos. 4. La sociedad en su conjunto.

El artículo 1.1. de la Constitución Española propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico los siguientes, excepto: 1. Libertad. 2. Justicia. 3. Igualdad. 4. Intimidad.

Atendiendo a la Constitución Española de 1978 y a la Ley 14/1986 de 25 de abril, General y Sanidad una de las siguientes competencias es llevada a cabo por corporaciones locales: 1. Homologación general de los puestos de trabajo de los servicios sanitarios. 2. Control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, ruidos y vibraciones. 3. Sanidad exterior y las relaciones y acuerdos internacionales. 4. Catálogo y registro general de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Según lo establecido en la Constitución Española, ¿quién tutela la salud pública?. 1. El paciente. 2. Los ciudadanos. 3. Los poderes públicos. 4. La sociedad en su conjunto.

Según la Constitución Española: 1. Son derechos fundamentales el derecho a la educación, a la huelga, a la intimidad y a la protección de la salud. 2. Según el artículo 18, todos somos iguales ante la ley. 3. Los valores superiores de ordenamiento jurídico son: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. 4. Según el artículo 18, todos tenemos derecho a la vida.

¿Qué artículo de la Constitución contempla los valores superiores del ordenamiento jurídico?: 1. El artículo 9.1. 2. El artículo 1.1. 3. El artículo 2. 4. El artículo 14.

De conformidad con lo previsto en la Constitución Española señale qué compete a los poderes públicos en relación con el derecho a la protección de la salud: 1. Promover la salud. 2. Control y organización interna de los hospitales públicos. 3. Organizar los servicios sanitarios privados. 4. Organizar y tutelar la salud pública.

Según la Constitución ¿cuáles de los siguientes son dos de los valores superiores del ordenamiento jurídico?: 1. Derecho de reunión y asociación. 2. Libertad de sindicación y derecho a la educación. 3. La igualdad y el pluralismo político. 4. La libertad y el derecho a la propiedad.

El conjunto de sentimientos y pensamientos que cada persona guarda en su interior como expresión de su identidad, y cuya salvaguarda es un derecho, se denomina: 1. Intimidad. 2. Confidencialidad. 3. Secreto profesional. 4. Privacidad.

La enfermera para poder ejercitar el derecho a la objeción de conciencia: 1. Deberá estar de acuerdo con el equipo sanitario con el que trabaja. 2. Lo manifestará al comienzo de su relación laboral. 3. Lo comunicará formalmente por escrito al Colegio de Enfermería. 4. Deberá explicarlo en cada caso concreto.

¿A quién corresponde, según la Constitución, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de todos los españoles sean reales y efectivas?: 1. Exclusivamente al Gobierno de la Nación. 2. A todos los poderes públicos. 3. Exclusivamente a los Tribunales de Justicia. 4. Exclusivamente al Tribunal Constitucional.

Las excepciones para justificar la revelación del secreto profesional incluyen los siguientes casos, excepto: 1. La autorización del paciente. 2. La orden judicial. 3. Todos los casos de urgencias médicas. 4. Ante riesgo de daño a la salud pública.

El artículo 1 de la Ley General de Sanidad, establece que son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria: 1. Todos los españoles mayores de edad. 2. Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional. 3. Todos los españoles que trabajen o hayan trabajado por cuenta propia o ajena. 4. Todos los españoles que hayan obtenido el permiso de trabajo en otro país.

De acuerdo con la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud, señale la respuesta correcta: 1. El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no podrá exceder de tres. 2. El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no podrá exceder de cinco. 3. Los alumnos en formación de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud podrán acceder al paciente y a la información clínica sobre el mismo, sin la supervisión directa del personal del centro asistencial que sea responsable de su formación. 4. Los alumnos en formación de titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud tienen derecho a acceder sin limitaciones a la historia clínica de los pacientes implicados en las actuaciones asistenciales que realicen en cada momento.

En virtud de lo recogido en el Código Deontológico de la enfermería española, cuando la enfermera por motivos legales haya de revelar el secreto profesional, su principal preocupación desde una perspectiva moral será: 1. La aportación de datos personales. 2. La seguridad del paciente. 3. El seguro de responsabilidad civil. 4. Dejar patente su colaboración.

Según la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud: 1. En caso de que el paciente se niegue a que el personal en formación esté presente, se debe informar que se encuentra en un centro universitario, por lo que no puede negarse. 2. El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no podrá excederse de tres. 3. El acceso de los residentes al paciente puede verse limitado cuando el médico responsable de la asistencia de enfermos paliativos considere preferible entablar una relación privada con el paciente. 4. Los residentes en formación no tienen la obligación de devolver la tarjeta identificativa a los servicios de personal del centro una vez finalizado el periodo formativo.

Los servicios sanitarios, administrativos, económicos y otros precisos para el funcionamiento del Sistema de Salud adecuarán su organización y funcionamiento, según la Ley 14/1986, General de Sanidad: 1. A los principios de eficacia, garantía, celeridad y economía. 2. A los principios de eficacia, celeridad, economía y coordinación. 3. A los principios de eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. 4. A los principios de eficacia, economía, rapidez y participación.

Entre las funciones que desarrollarán los centros de salud, no se encuentra: 1. Servir de centro de reunión entre la comunidad y los profesionales sanitarios. 2. Albergar los recursos materiales precisos para la realización de exploraciones complementarias de que se pueda disponer en la zona. 3. Ser la estructura física de los laboratorios de salud. 4. Ser la estructura física de consultas y servicios asistenciales.

¿Cuál de las siguientes funciones no la asumen los centros de salud?: 1. Mejorar la organización administrativa de la atención de salud en su zona de influencia. 2. Facilitar el trabajo en equipo de los profesionales sanitarios de la zona. 3. Albergar la estructura física y los recursos materiales de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en que se ubica. 4. Servir como centro de reunión entre los equipos de gestión y los profesionales sanitarios.

¿Cuál de las siguientes competencias de las Administraciones Públicas se recoge en la Ley 14/1986 como exclusiva del Estado?: 1. Control sanitario de alimentos. 2. Control sanitario de productos de consumo humano. 3. Control sanitario del medio ambiente. 4. Acuerdos sanitarios internacionales en materia de control epidemiológico.

Según Ley 14/1986 de 25 de abril, Ley General y Sanidad aquella delimitación del marco territorial que abarca cada zona de salud bajo los criterios demográficos, geográficos y sociales de cada Comunidad Autónoma, da cobertura a: 1. 200.000-250.000 habitantes. 2. 150.000-200.000 habitantes. 3. 5.000-25.000 habitantes. 4. 200.000-215.000 habitantes.

Señale la respuesta INCORRECTA. Según la ley 41/2022, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, respecto a la historia clínica: 1. Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica durante un tiempo adecuado a cada caso y, como mínimo, cinco años contados desde la fecha de ingreso de cada proceso asistencial. 2. Ante un nacimiento, la historia clínica también incluirá resultados de las pruebas biométricas, médicas o analíticas que resulten necesarias para determinar el vínculo de filiación con la madre. 3. Ante situaciones con fines judiciales, el acceso a la historia clínica obliga a preservar los datos de identificación personal del paciente. 4. El gráfico de constantes, forma parte del contenido mínimo de la historia clínica.

El consentimiento informado en la Ley General de Sanidad garantiza a la persona: 1. Participar activamente en su proceso con independencia de sus limitaciones. 2. Que sus decisiones sean imprescindibles para tomar las decisiones más oportunas, con independencia de la urgencia que requiera la situación. 3. Haber sido advertida de los procedimientos que se le vayan a aplicar y su utilización. 4. Sus derechos, aunque la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.

Conforme establece la Ley General de Sanidad, ¿quién es competente para el establecimiento de sistemas de información sanitaria y la realización de estadísticas, de interés general supracomunitario?: 1. La Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las Comunidades Autónomas. 2. Exclusivamente la Administración del Estado. 3. Exclusivamente las Comunidades Autónomas. 4. Las Corporaciones Locales.

Respecto a las áreas de salud, señale la opción incorrecta: 1. Gestionarán los centros y establecimientos del Servicio de Salud en una demarcación territorial. 2. Gestionarán las prestaciones sanitarias y los programas a desarrollar. 3. Las dirige un órgano propio en el que participarán las corporaciones locales. 4. La integran entre 150.000 y 200.000 personas, excepto las Islas, Ceuta y Melilla. En todo caso, cada provincia tendrá un Área, y cada área al menos un hospital general.

Los derechos de los ciudadanos en materia de salud pública se recogen en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. De los siguientes, ¿cuál es falso?: 1. Derecho a la información. 2. Derecho a la no discriminación. 3. Derecho a la intimidad. 4. Derecho a participar en la toma de decisiones en caso de riesgo inmediato para la salud pública.

Entre los principios recogidos en la Ley General de Sanidad para la organización y funcionamiento de los servicios del Sistema de Salud, no se encuentra: 1. Eficacia. 2. Adecuación. 3. Celeridad. 4. Economía.

Los derechos con los que cuenta el usuario del Sistema Nacional de Salud, recogidos en el artículo 10 de la Ley General de Sanidad son todos los siguientes, excepto: 1. Derecho a la confidencialidad. 2. Derecho a que se le solicite autorización para su participación en proyectos docentes. 3. Derecho a que se le asigne un médico y conocer al equipo facultativo que le atiende. 4. Derecho a presentar sugerencias, aunque no reciba respuestas a las mismas.

Según la ley 41/2022, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica Ante una persona que no acepta el alta forzosa tras negarse al tratamiento y rechazar el alta voluntaria, ¿quién confirma o revoca la decisión del alta?: 1. El director del centro. 2. El jefe de servicio del centro. 3. El juez. 4. El médico responsable.

¿En qué año se aprobó y se publicó la Ley General de Sanidad?: 1. 1986.0. 2. 1996. 3. 1976. 4. 1982.

Según la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 1. Cuando un paciente no es capaz de tomar decisiones a criterio médico, si el paciente carece de representación legal, el consentimiento lo toma el profesional que le atiende en ese momento. 2. Cuando el paciente es menor de edad con incapacidad intelectual y emocional, no es necesario que el paciente sea escuchado para tomar la decisión. 3. Ante un mayor de 16 años no cabe prestar el consentimiento por representación. 4. Si un menor emancipado, se encuentra ante un riesgo vital, el consentimiento lo prestará el representante legal del menor, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del mismo.

El consentimiento informado será de carácter verbal siendo necesario presentarse por escrito en todos los supuestos siguientes salvo: 1. Vacunaciones. 2. Procedimientos que suponen riesgo y/o previsible repercusión negativa sobre la salud. 3. Procedimientos diagnósticos invasivos. 4. Procedimientos terapéuticos invasivos.

La valoración de la idoneidad sanitaria de los artículos sanitarios y la realización de los controles de calidad, corresponde: 1. Al Estado. 2. Al área de salud. 3. A las Comunidades Autónomas. 4. A la autoridad sanitaria.

¿Qué son las Áreas de Salud, según la actual legislación española?: 1. El conjunto de establecimientos y profesionales sanitarios encargados de prestar atención sanitaria a los individuos. 2. El Órgano permanente de comunicación e información de los profesionales sanitarios en su ámbito de actuación. 3. Las estructuras fundamentales del sistema sanitario, responsabilizadas de la gestión unitaria de los centros y establecimientos del Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma en su demarcación territorial y de las prestaciones sanitarias y programas sanitarios a desarrollar por ellos. 4. Las delimitaciones geográficas establecidas legalmente donde se ubican los recursos sanitarios para prestar atención especializada.

De acuerdo con la Ley General de Sanidad, la política sanitaria está orientada a: 1. Superar los desequilibrios geográficos y sociales. 2. Superar los desequilibrios territoriales y sociales. 3. Superar los desequilibrios personales, familiares y sociales. 4. Superar los desequilibrios económicos y sociales.

¿Cómo se llama el órgano de participación en el ámbito del Área de Salud?: 1. El Consejo de Dirección de Área. 2. El Consejo de Administración de Área. 3. El Consejo Asesor de Salud. 4. El Consejo de Salud de Área.

¿Quién determina y delimita el marco territorial que abarca cada zona de salud?: 1. El titular de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma correspondiente. 2. El titular del Ministerio de Sanidad. 3. El Consejo de Dirección del Área de Salud a la que esté adscrita. 4. La Comunidad Autónoma correspondiente.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley General de Salud, ¿qué principios de organización y funcionamiento deben cumplir los servicios sanitarios?: 1. Descentralización y coordinación. 2. Eficacia, eficiencia y economía. 3. Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. 4. Eficiencia, igualdad, coordinación y capacidad.

Respecto al derecho a la protección a la salud reconocido en el artículo 43.1 de la Constitución y desarrollado en la Ley General de Sanidad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?: 1. Su reconocimiento, respeto y protección informarán la práctica judicial. 2. Este derecho sólo puede ser alegado ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que lo desarrollen. 3. Los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en España tienen reconocido este derecho si existe un convenio internacional que así lo establezca. 4. Los españoles fuera del territorio nacional tienen garantizado el derecho en la forma en que las leyes y convenios internacionales establezcan.

Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley General de Sanidad, en la delimitación de las zonas básicas de salud deberá tenerse en cuenta: 1. El grado de concentración o dispersión de la población. 2. Las características epidemiológicas de la zona. 3. Las características geográficas de la zona. 4. Las distancias máximas de las agrupaciones de población más alejadas de los servicios y el tiempo normal a invertir en su recorrido usando los medios ordinarios.

Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, dentro de la estructura del sistema sanitario, aquel órgano colegiado de organización comunitaria para la consulta y seguimiento de la gestión es: 1. El Consejo de Salud del Área. 2. El Consejo de Dirección. 3. La Gerencia del Área de Salud. 4. El Consejo de Salud de la Zona Básica de Salud.

Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad, los servicios sanitarios, así como los administrativos, económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el funcionamiento del sistema de salud adecuarán su organización y funcionamiento a los principios de: 1. Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. 2. Eficiencia, celeridad, economía y flexibilidad. 3. Eficacia, celeridad, economía y privacidad. 4. Eficiencia, eficacia, economía y flexibilidad.

¿Cuál es el órgano permanente de comunicación e información entre los distintos servicios de salud y con la administración central del Estado actualmente en España?. 1. Las Áreas de Salud. 2. El Comité Interautonómico de Salud del Estado Español. 3. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 4. El Consejo Regional Sanitario del Estado Español.

¿Cómo se denomina al órgano permanente de comunicación e información de los distintos servicios de salud, entre ellos y con la administración estatal en España?: 1. Comité Técnico del Sistema Nacional de Salud para la Coordinación. 2. Comité de Coordinación Sanitaria Nacional. 3. Consejo Coordinador entre las Comunidades Autónomas. 4. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Dentro del organigrama de competencias del Sistema Nacional de Salud, la legislación farmacéutica le corresponde a: 1. La Administración Central. 2. Los Servicios Regionales de Salud. 3. La Administración Autonómica. 4. La Administración Local.

¿En qué año fue aprobada la Ley General de Sanidad?: 1. 1978. 2. 1980. 3. 1982. 4. 1986.

En 1984 se inicia en España el proceso de reforma de la asistencia sanitaria con la publicación de: 1. La Ley General de Sanidad. 2. La Ley General de la Seguridad Social. 3. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 4. El Real Decreto de Estructuras Básicas de Salud.

El derecho que tiene el paciente o usuario de obtener un certificado que acredite su estado de salud, queda recogido en el capítulo: 1. Capítulo VI informa de alta. 2. Capítulo V historia clínica. 3. Capítulo III derecho a la intimidad. 4. Capítulo II derecho a la información sanitaria.

De acuerdo con el Anexo VI del RD 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, las sillas de ruedas, son integradas en la siguiente cartera: 1. Cartera común básica de servicios asistenciales. 2. Cartera común suplementaria. 3. Cartera común de servicios accesorios. 4. Cartera común especial de servicios asistenciales.

Según la ley 14/1986 General de Sanidad, como regla general y sin perjuicio de excepciones, el área de salud extenderá su acción a una población no inferior a: 1. 500.000 habitantes. 2. 200.000 habitantes. 3. 300.000 habitantes. 4. 100.000 habitantes.

¿Cuál de las siguientes no es una obligación de los ciudadanos con las instituciones y órganos del sistema sanitario, determinada por la Ley General de Sanidad?: 1. Colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias. 2. Respeto hacia los profesionales sanitarios y las instituciones sanitarias. 3. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones ofrecidas por el sistema sanitario. 4. Utilizar las vías de reclamación y de propuestas de sugerencias en los plazos previstos.

¿Cuál es el marco territorial elemental para la prestación de atención primaria de salud de acceso directo para la población, en el que se ha de tener la capacidad de proporcionar una asistencia continuada, integral, permanente y accesible?: 1. Área de Salud. 2. Gerencia de Área. 3. Distrito sanitario. 4. Zona Básica de Salud.

Atendiendo a la estructura del sistema sanitario de salud, según la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 se abril, señale la respuesta correcta: 1. Las zonas básicas de salud deben desarrollar actividades de atención primaria y a nivel de atención especializada. 2. La población que delimita como regla general el área de salud no será inferior a 5.000, ni superior a 250.000 habitantes. 3. El órgano de participación del área de salud es el consejo de salud del área. 4. La gestión del área de salud recae en el consejo de dirección.

Según el título VI de la Ley General de Sanidad, dedicado a la docencia e investigación, señale la respuesta incorrecta: 1. Toda la estructura asistencial del Sistema de Salud debe estar en disposición de ser utilizada para la docencia pregraduada, postgraduada y continuada de los profesionales. 2. Las universidades deben contar con un hospital y dos centros de atención primaria con función universitaria. 3. Las universidades deben contar con un hospital y tres centros de atención primaria con función universitaria. 4. Las administraciones públicas competentes en educación y sanidad establecerán el sistema de conciertos entre universidades y las instituciones sanitarias a efectos de garantizar la docencia práctica de la medicina, enfermería y otras enseñanzas que así lo exijan.

El señor Lucas Antón tiene 73 años y padece una enfermedad de Alzheimer en un estadio inicial. La enfermera fija con él y su familia una consulta para tratar sobre los cuidados que precisa. Días antes de la visita, el hijo de Lucas telefonea a la enfermera para pedirle que excluya al paciente de la cita, porque el saber sobre su enfermedad y las medidas que precisa puede afectarle y entristecerle. La situación que plantea el hijo de Lucas es una conducta con connotaciones éticas denominadas: 1. Coacción de la libertad. 2. Protección de la voluntariedad. 3. Protección de la confidencialidad. 4. Conspiración de silencio.

En relación con el contenido mínimo de la historia clínica, ¿cuál de los siguientes elementos sólo será exigible en la cumplimentación de la historia clínica cuando se trate de procesos de hospitalización?: 1. La anamnesis y la exploración física. 2. Las órdenes médicas. 3. El consentimiento informado. 4. La hoja de interconsulta.

Según la Ley 14/1986, General de Sanidad, ¿cuál de los siguientes no es un derecho del ciudadano?: 1. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad. 2. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder. 3. A la información sobre los requisitos necesarios para el uso de los servicios sanitarios. 4. A firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no-aceptación del tratamiento.

Según el capítulo IV de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la Autonomía del Paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, que cursa sobre el respeto a la autonomía del paciente, señale cuál de las siguientes respuestas NO es correcta, respecto al consentimiento informado: 1. Una de las excepciones del consentimiento oral son los procedimientos que impliquen riesgos notorios o con previsible repercusión positiva sobre el paciente. 2. El riesgo de salud pública es una excepción del consentimiento informado. 3. Si el paciente no es capaz de tomar decisiones, y el paciente carece de representación legal, el consentimiento lo prestará la persona vinculada a él por razones familiares o de hecho. 4. El menor de edad debe ser siempre escucha, previo al consentimiento de su representante legal.

¿Cuál de los siguientes derechos no se encuentra en el Artículo 10 de la Ley General de Sanidad, 14/1986, de 25 de abril de 1986?: 1. A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso. 2. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, pudiendo ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical. 3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en Instituciones Sanitarias Públicas y Privadas que colaboren con el Sistema Público. 4. A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita, sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.

¿Cuáles de las siguientes actuaciones de las Administraciones Públicas se encuentran incluidas en el artículo 6 de la Ley General de Sanidad, 14/1986, de 25 de abril de 1986?: 1. Promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población: garantizar que cuantas acciones sanitarias se desarrollen estén dirigidas a la prevención de las enfermedades y no sólo a la curación de las mismas. 2. Garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud; promover el interés individual, familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población. 3. Promoción de la salud: no garantizar la asistencia sanitaria en todos los casos de pérdida de la salud. 4. Las respuestas 1 y 2 son correctas.

El actual Sistema de Salud español tiene su base legal en: 1. La Ley 14/1986 General de Sanidad. 2. La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS. 3. La Ley 52/1987 de Estructuras Sanitarias. 4. Las respuestas correctas son la 1 y la 2.

Según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, Ley General de Salud Pública, entre las actuaciones de Salud pública sobre la prevención de problemas de Salud, el Consejo interterritorial, no acordará: 1. Un calendario único de vacunas en España que las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla sólo podrán modificar por razones epidemiológicas. 2. La lista de acciones preventivas poblacionales e individuales recomendables. 3. Promoción de la salud. 4. La valoración periódica de los programas preventivos comunes, la inclusión de nuevos programas o la suspensión de aquellos que no cumplan los objetivos para los que fueron diseñados.

Señale la opción INCORRECTA sobre lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad, que versa sobre los derechos del usuario respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias: 1. Cumplir las prescripciones o indicaciones generales de naturaliza sanitaria comunes a toda la población. 2. Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado. 3. A elegir el médico y los demás sanitarios titulados. 4. A la información sobre los servicios sanitarios o que puede acceder y sobre los requisitos necesarios para su uso.

De acuerdo con la Ley General de Sanidad, ¿cuál de las siguientes no es una actuación a desarrollar por las Administraciones Públicas a través de sus Servicios de Salud?: 1. Los programas de planificación familiar. 2. La promoción de la educación física y el deporte. 3. La difusión de información sanitaria de interés general. 4. La mejora de la calidad de la asistencia sanitaria.

Según la Ley General de Sanidad 14/1986 de 25 de abril, el marco territorial de la Atención Primaria de Salud es: 1. El Distrito de Salud. 2. El Área de Salud. 3. La Zona Básica de Salud. 4. El Primer Nivel Asistencial.

El órgano básico de cohesión que además es el órgano coordinador entre el Estado y las Comunidades Autónomas, es: 1. Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 2. Consejo General de la Seguridad Social. 3. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 4. Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas.

En relación con las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, indique cuál de las siguientes respuestas NO coincide con alguno de los principios generales que informa la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad de Sistema Nacional de Salud: 1. La prestación de una atención integral a la salud, comprensiva tanto de su promoción como de la prevención de enfermedades, de la asistencia y de la rehabilitación. 2. La prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en condiciones de igualdad efectiva y calidad. 3. La coordinación y la cooperación de las Administraciones públicas sanitarias para la superación de las desigualdades en salud. 4. La financiación pública, en su caso, de una adecuada colaboración con centros sanitarios privados como garantía para la prestación de servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud.

Según la Ley 16/2003, de 28 mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y a tenor de lo expresado en el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas están incluidas dentro de la cartera: 1. Común básica de servicios asistenciales. 2. Común suplementaria. 3. Común de servicios accesorios. 4. Dicha ley y decreto no tratan el tema de las prestaciones.

La Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud hace referencia a: 1. Los diferentes niveles asistenciales. 2. La jerarquía administrativa de los órganos que conforman el Sistema Nacional de Salud. 3. La documentación e información sanitaria recibida por los usuarios del sistema sanitario. 4. El conjunto de procedimientos mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.

¿A qué órgano le corresponde el desarrollo de las actividades que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud?: 1. Al Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salud. 2. Al Observatorio del Sistema Nacional de Salud. 3. Al Instituto de Información Sanitaria. 4. Al Ministerio de Sanidad.

El contenido de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud se determinará: 1. Por acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación. 2. Por acuerdo del Ministerio de Sanidad, a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 3. Por acuerdo de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación a propuesta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 4. Por acuerdo de la Comisión de prestaciones, aseguramiento y financiación a propuesta del Ministerio de Sanidad.

La cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud: 1. Es una relación orientativa de las técnicas empleadas en la atención sanitaria pública. 2. Es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. 3. Es el límite de financiación a cada paciente del Sistema Nacional de Salud. 4. Es el porcentaje de participación en la financiación del Sistema Nacional de Salud que corresponde al paciente.

Las prestaciones de salud pública se ejercerán, a partir de las estructuras de salud pública de las Administraciones y de la infraestructura de atención primaria del Sistema Nacional de Salud, con un carácter de: 1. Integralidad. 2. Equidad. 3. Eficiencia. 4. Igualdad.

Respecto a los principales documentos que han sentado las bases de la bioética, señale la respuesta correcta: 1. El código de Núremberg, es el documento en el que se establecen los principales problemas de la investigación médica. 2. El convenio de Oviedo trata sobre los derechos del niño a la vida, la libertad y la salud física y mental. 3. La declaración de Helsinki es documento definitivo que sigue en vigor sobre los problemas de investigación médica. 4. La declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos, fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO, en 2005.

Las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria: 1. En caso de accidente o enfermedad grave. 2. En las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. 3. En la atención al embarazo, parto y posparto y en el caso de que se trate de menores de 18 años. 4. En situación de urgencia y emergencia.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud tiene las siguientes funciones, excepto: 1. Desarrollo de la cartera de servicios del Catálogo de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. 2. La aprobación de planes de salud. 3. El establecimiento de prestaciones sanitarias complementarias a las prestaciones básicas por parte de las Comunidades Autónomas. 4. La iniciativa en investigación en salud.

¿Ante qué institución debe dar cuenta el Ministerio de Sanidad del cumplimiento de los planes de calidad que se elaboren en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud?: 1. Consejo de Ministros. 2. Congreso de los Diputados. 3. Senado. 4. Comisión Europea.

Según la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, las personas extranjeras que encontrándose en España no estén registradas ni autorizadas como residentes en España: 1. No tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. 2. La asistencia se realiza siempre con fondos privados del interesado. 3. Tienen derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. 4. La asistencia será realizada con cargo a fondos públicos en caso de poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen.

No es un principio informador de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud: 1. Igualdad efectiva y calidad. 2. El aseguramiento universal y público. 3. La financiación pública, centralizada y exclusiva del Estado. 4. La colaboración de las oficinas de farmacia con el Sistema Nacional de Salud en el desempeño de la prestación farmacéutica.

Las actuaciones sanitarias en materia de salud laboral se incluyen en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de: 1. Salud pública. 2. Atención especializada. 3. Atención sociosanitaria. 4. Atención primaria, especializada y sociosanitaria.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, ¿cuál de los siguientes no constituye un principio general de acción en salud pública?: 1. Equidad. 2. Jerarquía. 3. Transparencia. 4. Precaución.

Los derechos de los ciudadanos en materia de salud pública se recogen en la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública. De los siguientes, ¿cuál es falso?: 1. Derecho a la información. 2. Derecho a la no discriminación. 3. Derecho a la intimidad. 4. Derecho a participar en la toma de decisiones en caso de riesgo inmediato para la salud pública.

La historia clínica de un paciente difiere de la información clínica en que: 1. La historia clínica corresponde a todos los documentos de todo el proceso asistencial. 2. La información clínica trata de un único paciente. 3. La historia clínica tiene carácter formal frente a la información clínica que es informal. 4. La información clínica es un conjunto de documentos frente a la historia clínica que es un dato de cualquier tipo que amplia conocimientos sobre la salud de una persona.

Cuando un paciente/usuario no acepta un tratamiento prescrito, y tampoco acepta las diferentes alternativas terapéuticas, se le propondrá en el centro sanitario por el médico responsable: 1. Un alta forzosa. 2. Un alta voluntaria. 3. Una consulta al psicólogo. 4. Traslado a un centro de cuidados paliativos, con los mismos avances terapéuticos.

La regulación del hecho de autonomía del paciente se encuentra en: 1. El Decreto 179/1989, de 14 de noviembre. 2. La Ley 14/2022, de 14 de diciembre. 3. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 4. La Ley 20/2001, de 14 noviembre.

Atendiendo a la actuación en relación con la presencia de alumnos de titulaciones relacionadas con ciencias de la salud en los procesos asistenciales, señale la respuesta correcta: 1. El paciente no debe conocer que hay alumnos en formación presentes en su proceso asistencial. 2. La solicitud del consentimiento del paciente para la presencia de alumnos en su proceso asistencial debe ser por escrito. 3. Se debe reiterar el consentimiento del paciente en caso de tener que realizar alguna exploración física o procedimiento clínico con fines formativos. 4. Si se consigue consentimiento global del paciente, este no debe ser superior a 20 días.

La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, en su artículo 11, habla de Instrucciones Previas o Testamento Vital o Directrices Anticipadas. ¿Para qué sirve ese documento?: 1. Aunque se menciona en la Ley, no se ha llevado a efecto en las Comunidades Autónomas por lo complejo de su ejecución. 2. Por este documento, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, con objeto de que este se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en que no sea capaz de expresarla personalmente, sobre cuidados y tratamiento de su salud o el destino de su cuerpo y órganos si fallece. 3. Por este documento, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad, aunque el facultativo que le atienda, no tiene que darle más importancia que a un dato complementario. 4. Por este documento, una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad sobre el destino de su cuerpo y órganos cuando fallezca.

En la imagen se observa a un familiar dialogando en voz baja con un médico en presencia de un paciente, que permanece en silencio. Posteriormente, el profesional sanitario omite deliberadamente parte del diagnóstico al paciente, siguiendo la petición expresa de la familia. En relación con esta situación, señale la opción más correcta: 1. Esta práctica está justificada si el familiar actúa como representante legal y considera que la información puede generar sufrimiento innecesario. 2. Esta práctica constituye una vulneración del principio de autonomía y del derecho a la información sanitaria reconocido por la legislación vigente. 3. Esta situación se ajusta al principio de beneficencia, ya que prioriza el interés subjetivo del paciente sobre su derecho a conocer la verdad. 4. Esta conducta solo sería ética si el médico hubiera evaluado previamente la competencia legal del paciente para recibir información.

La familia de F. G. de 80 años, que presenta demencia bastante avanzada, quiere solicitar su incapacitación legal. Se sabe que la incapacitación legal: 1. Supone la negación de la capacidad jurídica de la persona. 2. Tiene como objetivo proteger a la persona de potenciales abusos. 3. Limita la capacidad de obrar y la capacidad jurídica de la persona. 4. Puede ser decretada por el médico responsable del paciente.

El documento que sienta los principios de la Bioética respecto a la autonomía de las personas, beneficencia y justicia, y fija los requisitos básicos del consentimiento informado, la valoración de riesgos y beneficios y la selección de los sujetos es: 1. La Declaración de Helsinki de 1964. 2. El Informe Belmont de 1978. 3. Los principios de la Ética Biomédica de 1979. 4. El Convenio de Oviedo de 1997.

Señale la opción incorrecta respecto a la Ley 41/2002: 1. Entró en vigor el 15 de mayo de 2003. 2. Es la ley reguladora de la autonomía del paciente. 3. Es una ley básica. 4. Entre sus principios básicos no se encuentra el derecho al consentimiento informado.

De manera general, en la práctica clínica se acepta que el consentimiento se realice de forma oral, salvo en determinadas circunstancias. Estas son: 1. Menores e incapacitados que vayan a ser sometidos a procedimientos invasivos como una extracción de sangre. 2. Pacientes con trastornos psíquicos severos, cuando no comprendan la envergadura de la técnica a realizar. 3. Pacientes que expresan su desconfianza al sistema o al facultativo en particular y que puedan suponer una amenaza para el funcionamiento del servicio. 4. Pacientes que vayan a ser sometidos a intervenciones quirúrgicas, o a procedimientos con fines diagnósticos o terapéuticos invasivos, o que impliquen riesgos previsibles para su salud.

La ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente garantiza los siguientes principios, exceptuando: 1. Máximo respeto a la dignidad de la persona y a la libertad individual. 2. Escrupuloso respeto a la intimidad personal. 3. La autonomía del paciente a través del consentimiento informado que viene a sustituir el documento de instrucciones previas. 4. La confidencialidad de la información relacionada con los servicios sanitarios, sin ningún tipo de discriminación.

La regulación del derecho a la autonomía del paciente se encuentra en: 1. El Decreto 179/1989, de 14 de noviembre. 2. La Ley 14/2002, de 14 de diciembre. 3. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 4. La Ley 20/2001, de 14 de noviembre.

Señale cuál de las siguientes situaciones refleja la definición legal de “consentimiento informado” a la que está sujeta la profesión enfermera en su asistencia clínica: 1. Alicia (16 años, estudiante secundaria repitiendo curso, comenzó a trabajar hace un mes en una tienda, vive con sus padres). Mi- de 1,65 y pesa 85 Kg y declara que desea consiente que se le realice una liposucción, pues “no me veo guapa, este verano quiero ir a la playa con las amigas y que el bikini me quede bien. Me dan igual los riesgos y lo que opinen mis padres”. 2. Juan de 78 años de edad, consciente, orientado, con una intervención cardiaca previa por colocación de válvula mitral mecánica, requiere ser intervenido para sustitución de dicha válvula. El paciente declara dar su consentimiento sólo cuando la familia esté presente: En historia clínica se recoge que Juan manifiesta no querer intervenirse, pero sus hijos y mujer insisten constantemente repitiéndole “tienes que hacerlo, como nos vas a hacer esto”. 3. Mercedes, mujer de 61 años de origen rumano que por su situación actual de salud (crisis asmática hipertensiva) precisa soporte ventilatorio urgente. Ingresa sin familiar ni acompañante en el hospital. Durante la entrevista la mujer apenas entiende las preguntas y contesta con afirmación a todo. Ante la pregunta “¿Consentiría que se la intubara si fuera preciso?” La mujer afirma nuevamente. 4. Gregorio, hombre de 82 años de edad, consciente, orientado, ligera hipoacusia pero que mantiene una conversación fluida. Durante los últimos meses comenzó a sentir cansancio durante sus paseos y al realizar un electrocardiograma se visualizó una alteración que se puede compensar mediante la colocación de un marcapasos. Tras informarle sobre la intervención, riesgos y beneficios para su salud, afirma consentir la intervención, aunque su hija prefiera que no se someta a ese riesgo ya que “no le afecta tanto a su vida diaria”.

Sobre la titularidad del derecho de información es correcto afirmar que: 1. Serán titulares del derecho de información los familiares del paciente en la medida que el paciente lo permita de manera tácita. 2. El titular del derecho a la información es el paciente. 3. Las personas vinculadas al paciente serán informadas sólo cuando el paciente consienta expresamente. 4. Tendrán derecho a ser informadas las personas vinculadas al paciente únicamente por razones de consanguinidad o matrimonio.

De acuerdo con la normativa que regula la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: 1. Las prestaciones económicas incluidas en la norma son incompatibles entre sí. 2. Los servicios del catálogo incluidos en la norma son compatibles entre sí. 3. Los beneficiarios de las prestaciones no participarán en su financiación. 4. El grado de dependencia severa implica que la persona necesita apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.

Toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. Una posible negación del tratamiento: 1. No es factible ya que la Ley no recoge esa posibilidad. 2. Quedará plasmada por escrito. 3. Bastará que se realice verbalmente con al menos dos testigos presenciales. 4. No tiene límites legales.

Sólo podrá restringirse el derecho del paciente a no ser informado cuando: 1. Sea necesario en interés de la salud del paciente. 2. Sea necesario en interés de la salud de un tercero. 3. Cuando sea necesario por las exigencias terapéuticas del caso. 4. En todas las anteriores circunstancias.

Señale la afirmación falsa de acuerdo con el contenido de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: 1. Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una vez, que recibida la información, haya valorado las opciones propias del caso. 2. Cuando el paciente esté incapacitado legalmente se otorgará el consentimiento por representación. 3. Cuando el paciente manifieste expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo a la intervención. 4. El consentimiento informado es un documento escrito necesario para cualquier intervención sobre el paciente.

Las excepciones del consentimiento incluyen: 1. No hay excepciones, siempre se debe firmar el consentimiento. 2. Cuando exista un riesgo grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no se pueda obtener su autorización. 3. Cuando exista un riesgo de infección para el personal sanitario que lo atiende. 4. En caso de enfermedad incurable.

Es una obligación de los profesionales sanitarios: 1. La correcta prestación de sus técnicas. 2. El deber de información y de documentación clínica. 3. El respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente. 4. Todas las opciones son obligaciones de los profesionales sanitarios.

Los centros sanitarios tienen la obligación de conservar la documentación clínica en condiciones que garanticen su correcto mantenimiento y seguridad: 1. Necesariamente en el soporte original. 2. Para la debida asistencia al paciente durante el tiempo adecuado a cada caso. 3. Como mínimo 3 años desde la fecha de alta de cada proceso asistencial. 4. Como mínimo 5 años desde la fecha de ingreso en el último proceso asistencial.

El deseo del paciente a no ser informado: 1. Está regulado por la ley solo para casos excepcionales. 2. No está regulado en ningún extremo por la ley. 3. La obligación profesional es informarle siempre, aunque no quiera. 4. Es un derecho que la ley otorga a todas las personas.

El deber de confidencialidad y de secreto profesional de los responsables y encargados del tratamiento de datos: 1. Se mantendrán hasta que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 2. Se mantendrán hasta un año después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 3. Se mantendrán hasta cinco años después de que finalice la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 4. Se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

¿Qué ocurriría si un paciente de una institución hospitalaria se niega a llevar el tratamiento que se le asigna?: 1. Se le asignará otro tratamiento. 2. El paciente tendrá que solicitar el alta voluntaria. 3. Se le administrará el tratamiento, pero haciendo constar en la historia clínica su negativa. 4. Se le preguntará qué tratamiento desea tomar.

El consentimiento informado será de carácter verbal siendo necesario presentarse por escrito en todos los supuestos siguientes salvo: 1. Vacunaciones. 2. Procedimientos que suponen riesgo y/o previsible repercusión negativa sobre la salud. 3. Procedimiento diagnóstico invasivo. 4. Procedimiento terapéutico invasivo.

Respecto al testamento vital señale la incorrecta: 1. Es el documento en el que se manifiesta de forma oral y anticipada la voluntad del paciente acerca de cuidados, tratamientos... para hacer frente a situaciones en que ya no pueda expresarla. 2. Se exige la mayoría de edad, ser capaz y otorgarlo de forma libre. 3. No puede ser contrario al Ordenamiento Jurídico. 4. Puede recoger el nombre de un representante que vele por su cumplimiento.

A los efectos de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, se entiende por información clínica: 1. El conjunto de documentos que contienen los datos sobre la situación de un paciente. 2. El soporte informático que contiene los datos de carácter asistencial. 3. Todo dato que permite adquirir conocimientos sobre el estado físico de una persona. 4. La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona.

Se entiende por consentimiento informado: 1. La declaración escrita de un médico que da fe del estado de salud de una persona en un determinado momento. 2. La conformidad libre, voluntaria y consciente de un paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 3. El soporte de cualquier tipo o clase que contiene un conjunto de datos e informaciones de carácter asistencial. 4. El conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.

El paciente puede retirar libremente su consentimiento: 1. En cualquier momento. 2. Sólo antes de haberlo firmado. 3. Sólo a través de terceras personas si lo ha firmado previamente. 4. Sólo cuando lo haya otorgado verbalmente pero no si lo ha hecho por escrito.

Cuando el paciente carece de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico, ¿a quién o a quiénes se dará la información?: 1. A nadie, el titular del derecho a la información es el paciente. 2. La información se pondrá en conocimiento de las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. 3. A aquellas personas que el paciente designe de forma expresa. 4. Dependerá del tipo de información.

De acuerdo con la norma que regula la autonomía del paciente, el consentimiento informado se define como: 1. La declaración escrita de un/a médico/a que dé fe del estado de salud de una persona en un determinado momento. 2. La conformidad libre, voluntaria y consciente de un/a paciente, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. 3. El documento emitido por el/la médico/a responsable en un centro sanitario al finalizar cada proceso asistencial de un/a paciente, que especifica los datos de éste/a, un resumen de su historial clínico, la actividad asistencial prestada, el diagnóstico y las recomendaciones terapéuticas. 4. La persona que utiliza los servicios sanitarios de educación y promoción de la salud, de prevención de enfermedades y de información sanitaria.

El derecho de toda persona a que se respete su voluntad de no ser informado, contemplado en los artículos 4 y 9 de la Ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, debe ser respetado: 1. Siempre que así lo manifieste el paciente expresamente. 2. Sólo cuando lo pidan los familiares. 3. Siempre que tenga representante legal. 4. Sólo cuando así lo indique el médico.

Según la Ley General de Sanidad 14/1986, y la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, una de las siguientes es un deber de los ciudadanos con las instituciones sanitarias y organismos del sistema sanitario: 1. Elegir el médico y los demás sanitarios titulados. 2. La confidencialidad de la información recibida. 3. Cuidar de las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la habitabilidad de las instituciones sanitarias. 4. Responsabilizarse del uso adecuado de las prestaciones no ofrecidas por el sistema sanitario.

La norma que regula la cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud es: 1. La Ley 41/2002, de 14 de noviembre. 2. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 3. La Ley 16/2003, de 28 de mayo. 4. La Ley 44/2003, de 1 de noviembre.

Según la ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, uno de los siguientes no es un límite del consentimiento informado: 1. La renuncia del paciente a recibir información está limitada por el interés de la salud del propio paciente, de terceros, de la colectividad y por las exigencias terapéuticas del caso. 2. Si el paciente manifiesta expresamente su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. 3. Los facultativos podrán llevar a cabo las intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente, sin necesidad de contar con su consentimiento cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización. 4. Cuando se trate de menores emancipados o mayores de 18 años.

Según la Ley 3/2005, de 23 de mayo, por la que se regula el ejercicio del derecho a formular instrucciones previas en el ámbito sanitario y se crea el registro correspondiente, respecto a la formalización del documento, señale la respuesta correcta: 1. Se puede llevar a cabo en unidades administrativas y servicios de atención al paciente de las instituciones y centro sanitarios y socio-sanitarios públicos, aunque actualmente no se puede realizar en centros privados. 2. Deben estar presentes dos testigos mayores de edad. 3. Es imprescindible que se realice ante tres testigos mayores de edad, pudiendo existir relación de parentesco hasta segundo grado. 4. Los pacientes en contexto de riesgo vital pueden manifestar sus instrucciones previas en cualquier soporte que de forma fehaciente exprese su libre e inequívoca voluntad.

Respecto al consentimiento informado, señale respuesta incorrecta: 1. Puede otorgarse de forma oral. 2. Puede ser revocado en cualquier momento. 3. No cabe la representación del paciente. 4. Existen excepciones para el consentimiento.

Sobre el derecho del paciente a la información asistencial: 1. Los pacientes tienen derecho a conocer toda la información disponible sobre la actuación sanitaria en el ámbito de su salud siempre. 2. Este derecho de información es ilimitado en cuanto sean actuaciones que versan sobre el propio paciente. 3. A la vez que existe un derecho de información existe la obligación de escuchar y entender dicha información sanitaria por parte del paciente. 4. La información, se proporcionará como regla general verbalmente, dejando constancia en la historia clínica, comprendiendo como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias.

A tenor de lo establecido en el artículo 2.7 de la Ley de autonomía del paciente, la persona que elabora o tiene acceso a la información y la documentación clínica está obligada a: 1. Sintetizarla. 2. Protocolizarla. 3. Guardar reserva. 4. Estandarizarla.

¿Cómo debe plantearse el consentimiento informado?: 1. Con lenguaje no técnico e información básica. 2. Con lenguaje no técnico e información amplia. 3. Con lenguaje técnico e información amplia. 4. Con lenguaje técnico e información básica.

La Ley básica reguladora de la autonomía del paciente establece que una vez prestado el consentimiento informado por parte de éste: 1. No podrá revocarlo hasta finalizar el tratamiento. 2. Podrá revocarlo libremente, por escrito, en cualquier momento. 3. Solamente se revocará solicitando en alta voluntaria. 4. Podría revocarlo por escrito con el consentimiento del facultativo responsable del tratamiento.

El paciente tiene derecho a un informe de alta: 1. Siempre. 2. Sólo si es un alta médica. 3. Nunca. 4. Sólo si se traslada a otro domicilio.

Uno de los siguientes no es un contenido mínimo de la historia clínica: 1. La evolución y planificación de cuidados de enfermería. 2. El informe de urgencia. 3. La aplicación terapéutica de enfermería. 4. Los diagnósticos NANDA resueltos.

¿Cuál fue la primera norma estatal que reconoció expresamente los derechos de los pacientes en España?: 1. En 1812, en las Cortes de Cádiz. 2. En 1978, a raíz de la Constitución Española. 3. En 1986, mediante la promulgación de la Ley General de Sanidad. 4. En 1993, mediante la promulgación del Real Decreto 561/1993 sobre realización de ensayos clínicos.

Según la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud: 1. En caso de que el paciente se niegue a que el personal en formación esté presente, se debe informar que se encuentra en un centro universitario, por lo que no puede negarse. 2. El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no podrá excederse de tres. 3. El acceso de los residentes al paciente puede verse limitado cuando el médico responsable de la asistencia de enfermos paliativos considere preferible entablar una relación privada con el paciente. 4. Los residentes en formación no tienen la obligación de devolver la tarjeta identificativa a los servicios de personal del centro una vez finalizado el periodo formativo.

Es una limitación al deber del secreto profesional de los profesionales sanitarios: 1. El deber de denunciar la comisión de un delito. 2. El estado de gravedad del paciente. 3. El deber de socorro. 4. La objeción de conciencia.

¿Cuándo puede ejercer objeción de conciencia un profesional sanitario según el Código Deontológico?: 1. Cuando existan conflictos con sus principios morales, religiosos o ideológicos. 2. Cuando hubiera peligro para la salud pública. 3. Cuando esté en juego la vida de otras personas. 4. Cuando declaren como testigos en un juicio.

El secreto profesional del profesional sanitario es: 1. La ocultación de información. 2. La ocultación de información que contrae el profesional sanitario respecto a todo lo sabido o intuido de un paciente. 3. La obligación permanente de silencio con la finalidad de ocultar información. 4. La obligación permanente de silencio que contrae el profesional sanitario respecto a todo lo sabido o intuido sobre una o más personas en el transcurso de su relación profesional.

¿Qué tipo de delito se comete si por error se administra un medicamento sin que llegue a afectar la salud del paciente?: 1. Ninguno. 2. Dolo directo. 3. Negligencia. 4. Imprudencia grave.

De acuerdo con los principios aplicables a la protección de datos, recogidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos serán: 1. Exactos y, si fuere necesario, actualizados. 2. Aproximados y, en ningún caso, actualizados. 3. Exactos y, en ningún caso, actualizados. 4. Verificados y, si fuere necesario, actualizados.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea: 1. Mayor de 13 años. 2. Mayor de 14 años. 3. Mayor de 16 años. 4. Mayor de 18 años.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en relación con lo representado en la imagen, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente el marco legal aplicable?. 1. El acceso a la historia clínica por parte de cualquier profesional del centro sanitario se encuentra amparado por el principio de interés asistencial común, siempre que el profesional forme parte del equipo del hospital, aunque no participe directamente en la atención del paciente. 2. La curiosidad clínica o el interés académico no son causas legítimas para acceder a la historia clínica, incluso si el profesional pertenece a la misma institución sanitaria y tiene formación en curso, salvo autorización expresa del paciente. 3. El acceso a datos clínicos de pacientes con los que no se mantiene una relación asistencial directa está permitido si el centro sanitario no tiene un sistema específico de control de accesos implementado. 4. El personal facultativo o de enfermería puede acceder a los datos de cualquier paciente de la institución siempre que la consulta se realice dentro del horario laboral y no se impriman los documentos.

¿En qué consiste el secreto profesional?: 1. En el compromiso de no divulgar aquello que es conocido mediante el desempeño de una profesión, compromiso que es adquirido por el profesional mediante un pacto tácito que realiza con la sociedad por el hecho de asumir una profesión. 2. Compromiso de no comentar aquello que es conocido mediante el desempeño de una profesión, excepto en el ámbito profesional. 3. Compromiso de no comentar aquello que se conoce en el ámbito profesional, excepto si es un dato irrelevante para la vida del paciente. 4. Compromiso de no divulgar aquello que es conocido mediante el desempeño de una profesión, compromiso que queda anulado si las condiciones laborales son malas.

Un profesional sanitario queda eximido de la obligación del secreto profesional ante la siguiente circunstancia: 1. Presencia de alguna enfermedad infecciosa. 2. Intento de suicidio. 3. Negativa del paciente a evitar el contagio a otras personas. 4. Sospecha de malos tratos.

El secreto profesional afecta: 1. Exclusivamente al médico. 2. Sólo a los profesionales de enfermería. 3. A todo el personal sanitario. 4. A todos los profesionales.

¿Cuál es la mejor definición del secreto profesional en el ámbito sanitario?: 1. El deber de mantener en secreto lo que el paciente nos comunique de forma confidencial. 2. El deber de mantener en secreto lo que la familia del paciente nos comunique de forma confidencial sobre su familiar enfermo. 3. El deber de mantener en secreto lo referente al paciente, conocido o descubierto en el ejercicio de nuestra profesión. 4. El deber de mantener en secreto lo referente al paciente, conocido o descubierto en el ejercicio de nuestra profesión o fuera de ella.

Respecto a la duración del secreto profesional es correcto afirmar que: 1. Prescribe dicha obligación a los cinco años desde la obtención de los datos de carácter personal. 2. No hay límite de tiempo en el deber de guardar secreto profesional. 3. Cesa la obligación cuando cesa la actividad profesional en el ámbito sanitario. 4. La obligación se extingue con la muerte del paciente cuyos datos personales fueron objeto de secreto profesional.

Los elementos básicos del secreto profesional son: 1. La trascendencia de la información captada, la permanencia de la obligación y la intrascendencia del tipo de actuación profesional. 2. El contenido de la información captada, la permanencia de la obligación y la intrascendencia del tipo de actuación profesional. 3. El contenido de la información captada, la permanencia de la obligación y la trascendencia de la información. 4. El contenido de la información captada, la trascendencia de la información y la intrascendencia del tipo de actuación profesional.

La obligación de guardar secreto profesional viene regulado en el Código Deontológico de la enfermería española de 1989, en su artículo: 1. 2.0. 2. 8.0. 3. 16. 4. 19.

Cuando se vulnera el derecho a la intimidad del paciente para evitar un mal mayor, el profesional sanitario se acoge a la figura recogida en el artículo 20.5 del Código Penal, denominada: 1. Necesidad terapéutica. 2. Vía de excepción. 3. Estado de necesidad. 4. Consentimiento facultativo.

Entre las siguientes opciones indique la correcta: 1. Los profesionales sanitarios directa o indirectamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia. 2. Una vez formalizada la objeción de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo, el servicio en concreto debe prever que la calidad asistencial de la prestación resultará menoscabada por la carencia de personal. 3. El rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia, es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito. 4. La objeción de conciencia se aplica a todas las actuaciones asistenciales relacionadas con la interrupción del embarazo, tanto antes como después de dicha intervención.

La Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo incluye una serie de medidas para garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo por los servicios de salud. De las siguientes, ¿cuál es una de esas medidas?: 1. Se garantizará a todas las mujeres igual acceso a la prestación con independencia del lugar donde residan. 2. Los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo no podrán ejercer el derecho a la objeción de conciencia salvo por razones de fuerza mayor. 3. La prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública no en centros privados autorizados. 4. Si, excepcionalmente, la administración pública sanitaria no pudiera facilitar en tiempo la prestación, las autoridades sanitarias reconocerán a la mujer embarazada el derecho a acudir a cualquier centro acreditado más próximo a su lugar de residencia, con el compromiso escrito de asumir directamente el abono de la prestación.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2010, la interrupción voluntaria del embarazo por causas eugenésicas se corresponde con la que: 1. Se realiza para evitar un peligro para la vida de la embarazada, por salud física. 2. Se realiza cuando se presuma que el feto nacerá con una grave anomalía, dentro de las 22 primeras semanas de gestación. 3. Se realiza para evitar un peligro para la vida de la embarazada, por salud psíquica. 4. Se realiza cuando el embarazo es consecuencia de una violación.

Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una gestante puede interrumpir la gestación: 1. Dentro de las primeras 16 semanas de gestación por deseo de la gestante. 2. Siempre que no se superen las 22 semanas de gestación y exista grave riesgo para la vida o salud de la embarazada y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención. 3. La interrupción del embarazo siempre que no se superen las 22 semanas de gestación y exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención. 4. Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención, independientemente de las semanas de gestación.

Señale la respuesta incorrecta respecto a la información vinculada a la interrupción voluntaria del embarazo que se debe proporcionar a la mujer embaraza: 1. Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo deben recibir información del personal sanitario sobre los distintos métodos de interrupción del embarazo, quirúrgico y farmacológico. 2. Todas las mujeres que manifiesten su intención de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo deben recibir información sobre las condiciones para la interrupción previstas en la normativa, los centros públicos y acreditados a los que se podrán dirigir y los trámites para acceder a la prestación, así como las condiciones para su cobertura por el servicio público de salud correspondiente. 3. En el supuesto de interrupción del embarazo por riesgo de graves anomalías en el feto, será requisito para acceder a la prestación del servicio, que se informe a la mujer sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas existentes relativas al apoyo a la autonomía de las personas con alguna discapacidad, así como la red de organizaciones sociales de asistencia social a estas personas. 4. En el caso de procederse a la interrupción voluntaria del embarazo después de las catorce semanas de gestación por causas médicas, deberá facilitarse toda la información sobre los distintos procedimientos posibles para permitir que la mujer escoja la opción más adecuada para su caso.

D. Manuel, de 67 años, padece una enfermedad neurológica degenerativa avanzada que le provoca un deterioro funcional progresivo, dolor crónico y pérdida de autonomía. Actualmente conserva plena capacidad para tomar decisiones y solicita formalmente la prestación de ayuda para morir. Sin embargo, al revisar su historia clínica, el equipo sanitario observa que hace 4 años firmó un documento de instrucciones previas donde manifestó expresamente su rechazo a la eutanasia, incluso en caso de padecer una enfermedad irreversible con sufrimiento intolerable. El paciente, plenamente consciente, insiste en su decisión actual. El médico responsable, con dudas, consulta al Comité de Garantía y Evaluación. Según la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia, ¿cómo debe proceder el equipo sanitario ante esta situación?: 1. La voluntad del testamento vital prevalece sobre la solicitud actual del paciente, por lo que no se puede tramitar la prestación de ayuda para morir. 2. Solo se podrá acceder a la eutanasia si el documento de instrucciones previas ha caducado o no está registrado oficialmente. 3. El testamento vital pierde validez si el paciente manifiesta de forma consciente, voluntaria y reiterada su deseo de recibir la eutanasia. 4. En estos casos, el Comité de Garantía y Evaluación deberá autorizar la eutanasia sin necesidad de seguir el procedimiento habitual, dada la contradicción entre documentos.

En relación con el derecho a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir, tal y como se señala en la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, en los casos en que se aprecie que existe una situación de incapacidad de hecho: 1. No se podrá facilitar la prestación de ayuda para morir bajo ningún concepto. 2. Sólo se podrá actuar de acuerdo con la decisión que adopte, en caso de haber sido nombrado, el representante de la persona incapacitada, que será el interlocutor válido para el médico responsable. 3. La ley obliga a comunicar dicha situación a la autoridad judicial, directamente o a través del Ministerio Fiscal, para que adopte la resolución correspondiente. 4. El médico responsable está obligado a aplicar lo previsto en las instrucciones previas o documento equivalente.

Señale cuál de las cinco proposiciones siguientes es la correcta: 1. La eutanasia y la distanasia son conceptos iguales. 2. La forma más grave del homicidio por falta de cuidado que pueden cometer los profesionales de la salud es por imprudencia temeraria o imprudencia profesional. 3. En caso de huelga legalmente admitida no hay obligación de atender a los enfermos. 4. El aborto está penado en cualquier circunstancia.

Señale cuál de las siguientes respuestas es correcta sobre los requisitos para recibir la prestación de ayuda para morir, según la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia: 1. Tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 6 meses. 2. Tener la mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de aplicar la prestación de ayuda para morir. 3. Haber realizado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando al menos quince días naturales de separación entre ambas. 4. Sufrir una enfermedad grave aguda o crónica certificada por el médico responsable.

Tal y como establece la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia, el médico responsable puede denegar la solicitud de prestación de ayuda para morir realizada por una persona en el ejercicio de su derecho de autonomía. En este caso, la persona solicitante podrá presentar una reclamación contra dicha denegación ante la Comisión de Garantía y Evaluación competente, en el plazo de: 1. 10 días naturales. 2. 15 días naturales. 3. 30 días naturales. 4. La Ley Orgánica de regulación de la eutanasia no señala nada al respecto.

¿Quién elabora los programas de formación de las especialidades?: 1. El Ministerio de Sanidad. 2. La Comisión Nacional de la Especialidad. 3. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. 4. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

¿Quién aprueba los programas de formación de las especialidades?: 1. El Ministerio de Sanidad. 2. La Comisión Nacional de la Especialidad. 3. El Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. 4. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

De acuerdo con lo contenido en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, la formación de Especialistas en Ciencias de la Salud implica: 1. Una participación colectiva de los especialistas en formación en las responsabilidades propias de la especialidad. 2. Una participación individual del especialista en la mejora continua de sus conocimientos. 3. Una participación progresiva del especialista en las tareas prácticas y una formación continua. 4. Una formación teórica y práctica.

¿Quién fija la oferta de plazas para el acceso a las especialidades?: 1. El Ministerio de Sanidad. 2. La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud. 3. El Consejo Nacional de Especialidades. 4. Ninguno de los anteriores.

De acuerdo con la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, ¿cuál de los siguientes no es un derecho de los pacientes?: 1. Libre elección de médico. 2. Hacer un uso racional de los recursos. 3. Conocer el nombre, la titulación y la especialidad de los profesionales que les atienden. 4. A recibir información.

Los profesionales sanitarios desempeñan funciones en los ámbitos: 1. Preferentemente asistencial y docente. 2. Asistencial, investigador, docente, gestión clínica y en la prevención, información y educación sanitarias. 3. Preferentemente asistencial y en la prevención, información y educación sanitarias. 4. Todas las respuestas son correctas.

¿Cuál de los siguientes no es un ámbito para el desarrollo de la función de los profesionales sanitarios?: 1. Asistencial. 2. Gestión clínica. 3. Elaboración de criterios de normo-praxis. 4. Investigación.

Respecto a la prescripción enfermera, los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial deberán cumplir los siguientes requisitos, excepto uno de ellos. Señale cuál: 1. Ser elaborados y desarrollados con criterios técnicos y científicos. 2. Ser elaborados con participación multidisciplinar de enfermeros y médicos. 3. Estar redactados con un lenguaje claro, sencillo y poco técnico. 4. Ser de aplicación en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros (modificado y actualizado en virtud del Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre), las enfermeras y enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica. Para ello: 1. Únicamente será necesario que firmen y validen la correspondiente orden de dispensación. 2. Necesitarán en todo caso la validación médica previa a la indicación enfermera. 3. Deberán ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por el Ministerio de Sanidad. 4. Deberán ser titulares de la correspondiente acreditación emitida por el órgano competente de la comunidad autónoma respectiva.

Señala la respuesta INCORRECTA. Segú el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, entre los requisitos que debe reunir las enfermeras y enfermeros para obtener la acreditación: 1. Estar en posesión del título de Ayudante técnico sanitario. 2. Acreditación de experiencia profesional mínimo de dos años. 3. Estar en posesión del título de Graduado en Enfermería. 4. Para el ámbito de cuidados especializados, poseer el título de Enfermero Especialista.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo: 1. Todas las personas. 2. Toda persona, física o jurídica. 3. Las mujeres y los hombres. 4. Las personas físicas.

Señale cuál de los siguientes es el cuarto pilar del estado de bienestar según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia: 1. Sanidad. 2. Educación. 3. Seguridad Social. 4. Dependencia.

Salvo en los procesos penales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad a: 1. La persona demandada. 2. La persona demandante. 3. El órgano judicial. 4. Ninguna es correcta.

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que: 1. Sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable. 2. Sea o haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable. 3. Sea o haya sido tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 4. Sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

¿Cuál de los siguientes es un criterio necesario para acceder a una prestación económica vinculada al servicio según la Ley 39/2006, de dependencia?: 1. Tener menos de 65 años en el momento de la solicitud. 2. Acreditar que el servicio público de atención está disponible en su comunidad. 3. Haber sido valorado en grado II o III de dependencia. 4. Tener nacionalidad española y residencia inferior a un año en el territorio nacional.

Señale la respuesta INCORRECTA. Según el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de dependencia: 1. El baremo de Valoración de Dependencia (BVD) se utiliza en mayores de 3 años. 2. La escala de Valoración Específica (EVE) se utiliza en personas a partir de los 65 años. 3. El grado II de dependencia implica que la persona necesita ayuda al menos dos o tres veces al día para realizar actividades básicas de la vida diaria. 4. Una puntuación de 80 puntos, clasificaría al paciente como gran dependiente.

Dentro de las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según se recoge en la Ley 39/2006, tienen derecho a prestación económica las personas en situación de dependencia que reúnen una serie de requisitos entre los que se encuentra que: 1. Los cuidados derivados de la situación de dependencia se empiecen a prestar en el domicilio en el momento de presentar la solicitud. 2. La cuidadora no reúna las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social. 3. La persona cuidadora no profesional no tenga relación familiar de consanguinidad con la persona que solicita la prestación. 4. La atención y cuidados que reciba por parte de la persona cuidadora no profesional, se adecuen en calidad e intensidad a las necesidades de la persona en función de su grado y nivel de dependencia.

Dentro de las presentaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según se recoge en la Ley 39/2006, tienen derecho a prestación económica las personas en situación de dependencia que reúnen una serie de requisitos entre los que se encuentra que: 1. Los cuidados derivados de la situación de dependencia se empiecen a prestar en el domicilio en el momento de presentar la solicitud. 2. La cuidadora no reúna las condiciones de afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social. 3. La persona cuidadora no profesional no tenga relación familiar de consanguinidad con la persona que solicita la prestación. 4. La atención y cuidados que reciba por parte de la persona cuidadora no profesional, se adecuen en calidad e intensidad a las necesidades de la persona en función de su grado y nivel de dependencia.

Según se recoge en el proyecto de Ley sobre Dependencia de 2006, en España, es cierto que: 1. La dependencia se entiende como un estado de carácter permanente. 2. La dependencia siempre está ligada a la discapacidad física. 3. La dependencia se clasifica en tres grados: leve, mediana y severa. 4. En todos los grados de dependencia contemplados en la ley se requiere la presencia permanente de un cuidador.

Según la Ley 6/2023, ¿cuál es una de las medidas específicas para las personas con ELA y enfermedades de alta complejidad?: 1. Creación obligatoria de unidades hospitalarias específicas en cada comunidad. 2. Acceso prioritario a recursos de hospitalización de media estancia. 3. Derecho a recibir cuidados en el domicilio, coordinados desde Atención Primaria. 4. Reconocimiento automático de grado máximo de dependencia sin valoración.