La administración de la sociedad se podrá confiar a: Un administrador único o a varios administradores, cuando el cargo de administrador lo ocupen varias personas jurídicas. Un administrador único o a varios administradores que, en todo caso, deberán actuar únicamente cuando la Junta expresamente y de forma delegada les encomiende una concreta actuación de representación. Un administrador único, a varios administradores que actúen de forma solidaria o de forma conjunta o a un consejo de administración.
Todo acuerdo que altere el modo de organizar la administración de la sociedad, constituya o no modificación de los estatutos sociales: Requerirá, en todo caso, que en la Junta en la que se hayan adoptado haya asistido un Notario, actuando como secretario y recogiendo los acuerdos en Acta pública. No requerirá que se consigne en escritura pública. Se consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.
Los administradores de la sociedad podrán ser: Podrán ser personas físicas o jurídicas. En todo caso requerirá la condición de socio. Únicamente podrán ser personas físicas.
La remuneración de los administradores: Será gratuita, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración. Corresponde fijar su importe anual a la Junta General, esté o no establecida esta posibilidad en los Estatutos. Será siempre retribuido.
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El nombramiento de los administradores Deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil sin mención especial a la identidad de los Administradores. Una vez aceptado, deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil haciendo constar la identidad de los nombrados y, en relación a los administradores que tengan atribuida la representación de la sociedad, si pueden actuar por sí solos o necesitan hacerlo conjuntamente. No será objeto de inscripción en el Registro Mercantil.
El deber general de diligencia implica que: Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad. Todas las anteriores son correctas. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos
con la diligencia de un ordenador empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos.
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Entre las obligaciones básicas del deber de lealtad se encuentran: No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas. Todas las anteriores son falsas. Guardar secreto sobre las informaciones relacionada con el cargo hasta que cese en el mismo.
Los Administradores Sociales responderán: La persona jurídica que sea nombrada administradora de una sociedad no será responsable, no será responsable de los daños que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, de conformidad con el artículo 236.1 LSC. La responsabilidad de los administradores no se extiende igualmente a los administradores de hecho. Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa, de conformidad con el artículo 236.1 LSC.
La acción social de responsabilidad contra los administradores: La acción social de responsabilidad se entablará por la sociedad sin acuerdo previo. La acción social de responsabilidad será interpuesta por los propios socios sin que medie la intervención de la sociedad. Se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio aunque no conste en el orden del día.
Las acciones de responsabilidad contra los administradores Prescribirán a los diez años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse. Prescribirán a los cinco años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse. Prescribirán a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse. .
Seleccione la respuesta correcta: Es aquella que, por mandato legal, ha de reunirse, al menos una vez al año dentro de los primeros tres meses de cada ejercicio para aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Es aquella que, por mandato legal, ha de reunirse, al menos una vez al año dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio para aprobar, en su caso, la gestión social y las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Es aquella que, por mandato legal, ha de reunirse, al menos una vez al año dentro de los primeros seis meses de cada ejercicio o en un plazo mayor, si así lo establecen los Estatutos, para aprobar, en su caso, la gestión social y las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.
Seleccione la respuesta correcta: La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la mayoría del capital social y los concurrentes acepten por mayoría la celebración de la reunión. La junta general quedará válidamente constituida, sin necesidad de previa convocatoria, cuando sea para tratar únicamente los asuntos que la Ley reserva a la Junta Ordinaria y siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión. La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión.
3. Seleccione la respuesta correcta: El Derecho de Información puede ser ejercido por los socios, únicamente, en el acto de celebración de la Junta, al ser el momento en la que los administradores rinden cuentas y someten a aprobación su gestión social, la aprobación de las cuentas del ejercicio y la aplicación del resultado. El Derecho de Información del Socio es un derecho que el órgano de administración y a su discreción puede limitar en todo caso. El derecho de información se integra como parte esencial del estatuto jurídico del socio en la sociedad de capital desde el mismo momento en que se incorpora a la sociedad y hasta que deja de serlo, incluso aunque se trate de socios sin derecho de voto En el ámbito de la Junta General, hay que destacar este derecho de información con relación a las siguientes materias:
1. Cuentas Anuales y Modificación de Estatutos.
2. Información asuntos orden del día y preguntas verbales al Presidente en el acto de celebración de la Junta.
3. Derecho a examinar la contabilidad en las SRL, si lo solicitan socios que representen al menos el 5% del capital social. En las SA el accionista no está autorizado para investigar la contabilidad de la sociedad.
Seleccione la respuesta correcta: Toda junta que, conforme al artículo 163 LSC no tenga el carácter de Junta General Ordinaria, tendrá que convocarse judicialmente. Toda junta que, conforme al artículo 163 LSC no tenga el carácter de Junta General Ordinaria, tendrá la consideración de junta universal. Toda junta que, conforme al artículo 163 LSC no tenga el carácter de Junta General Ordinaria tendrá la consideración de junta general extraordinaria.
Seleccione la respuesta correcta: El error en los anuncios de convocatoria sobre si la junta es ordinaria o extraordinaria no debe tener mayores consecuencias, siempre que se respeten los demás requisitos y, en especial, los quórum (STS de 30 de abril de 1999). En resumen, tal vez lo mejor hubiera sido que la LSC hubiera suprimido la distinción entre juntas ordinarias y extraordinarias, siguiendo la LSRL. El error en los anuncios de convocatoria sobre si la junta es ordinaria o extraordinaria la invalida por ser nula de pleno derecho. El error en los anuncios de convocatoria sobre si la junta es ordinaria o extraordinaria no es nula pero si anulable, pudiendo ser impugnada por los socios que no asistan a la celebración de la Junta, tal y como establece la doctrina de la DGRN.
Seleccione la respuesta correcta: Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta, que deberá ser aprobada por el órgano de administración. Todos los acuerdos sociales deberán constar en acta, que deberá ser aprobada por la propia junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el presidente de la junta general y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría. Sólo los acuerdos sociales que se corresponden con la Junta Ordinaria deberán constar en acta, que deberá ser aprobada por la propia junta al final de la reunión.
Seleccione la respuesta correcta: Todos los socios quedan sometidos a los acuerdos de la junta, salvo los disidentes y los que no hayan participado en la reunión. En todo caso, ningún socio estará sometido a los acuerdos de la junta cuando sean contrarios a la Ley. Todos los socios quedan sometidos a los acuerdos de la junta, incluidos los disidentes y los que no hayan participado en la reunión, salvo que el acuerdo sea contrario a la Ley. Todos los socios quedan sometidos a los acuerdos de la junta, incluidos los disidentes. Como excepción: 1. No quedarán sometidos a los acuerdos de la junta los socios que no hayan participado en la reunión; 2. Ningún socio cuando el acuerdo sea contrario a la Ley.
Seleccione la respuesta correcta: Deberán votarse separadamente y en todo caso los asuntos relativos a los distintos puntos del orden del día. Deberán votarse separadamente aquellos asuntos que sean sustancialmente independientes, art. 197.1 bis. En todo caso, aunque figuren en el mismo punto del orden del día, deberán votarse separadamente, art. 197.2 bis:
1. El nombramiento, la ratificación, la reelección o la separación de cada administrador.
2. En la modificación de estatutos sociales, la de cada artículo o grupo de artículos que tengan autonomía propia.
3. Aquellos asuntos en los que así se disponga en los estatutos de la sociedad. Podrán votarse conjuntamente todos los asuntos, aunque sean sustancialmente independientes, cuando así se acuerde por unanimidad, ya que ningún socio podrá impugnar sin ir contra sus propios actos.
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Seleccione la respuesta correcta: La expresión “decidirán por mayoría” requiere el voto unánime de los socios que asistan a la celebración de la Junta, siempre y cuando se haya constituido con el quorum legalmente establecido. La expresión “decidirán por mayoría” requiere el voto mayoritario de los socios, computándose los presentes y no presentes en la Junta General. La expresión “decidirán por mayoría”, (actual art. 159 LSC), deberá entenderse como suficiente la mitad más uno de los votos correspondientes a las acciones o participaciones presentes en la Junta General. Resolución DGRN de 17-7-56 y STS de 29-3-60.
Seleccione la respuesta correcta: Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos dos tercios de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco. art. 198.
Excepciones: la mayoría legal reforzada, art. 199, y la mayoría estatutaria reforzada, art. 200. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos de los socios que asistan a la junta. Art. 199 y 200 LSC, con relación al art. 198 LSC. Los acuerdos sociales se adoptarán por mayoría de los votos válidamente emitidos, siempre que representen al menos un tercio de los votos correspondientes a las participaciones sociales en que se divida el capital social. No se computarán los votos en blanco. art. 198.
Excepciones: la mayoría legal reforzada, art. 199, y la mayoría estatutaria reforzada, art. 200.
11. La administración de la sociedad se podrá confiar a: Un administrador único, a varios administradores que actúen de forma solidaria o de forma conjunta o a un consejo de administración. Un administrador único o a varios administradores, cuando el cargo de administrador lo ocupen varias personas jurídicas. Un administrador único o a varios administradores que, en todo caso, deberán actuar únicamente cuando la Junta expresamente y de forma delegada les encomiende una concreta actuación de representación.
Todo acuerdo que altere el modo de organizar la administración de la sociedad, constituya o no modificación de los estatutos sociales: No requerirá que se consigne en escritura pública. Requerirá, en todo caso, que en la Junta en la que se hayan adoptado haya asistido un Notario, actuando como secretario y recogiendo los acuerdos en Acta pública. Se consignará en escritura pública y se inscribirá en el Registro Mercantil.
Los administradores de la sociedad podrán ser: En todo caso requerirá la condición de socio. Podrán ser personas físicas o jurídicas. Únicamente podrán ser personas físicas.
La remuneración de los administradores: Corresponde fijar su importe anual a la Junta General, esté o no establecida esta posibilidad en los Estatutos. Será siempre retribuido. Será gratuita, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.
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El nombramiento de los administradores No será objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil sin mención especial a la identidad de los Administradores. Una vez aceptado, deberá ser presentado a inscripción en el Registro Mercantil haciendo constar la identidad de los nombrados y, en relación a los administradores que tengan atribuida la representación de la sociedad, si pueden actuar por sí solos o necesitan hacerlo conjuntamente.
El deber general de diligencia implica que: Todas las anteriores son correctas. Los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenador empresario, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. Los administradores deberán tener la dedicación adecuada y adoptarán las medidas precisas para la buena dirección y el control de la sociedad.
Entre las obligaciones básicas del deber de lealtad se encuentran: No ejercitar sus facultades con fines distintos de aquéllos para los que le han sido concedidas. Guardar secreto sobre las informaciones relacionada con el cargo hasta que cese en el mismo. Todas las anteriores son falsas.
Los Administradores Sociales responderán: Los administradores responderán frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, del daño que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa, de conformidad con el artículo 236.1 LSC. La responsabilidad de los administradores no se extiende igualmente a los administradores de hecho. La persona jurídica que sea nombrada administradora de una sociedad no será responsable, no será responsable de los daños que causen por actos u omisiones contrarios a la Ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, de conformidad con el artículo 236.1 LSC.
La acción social de responsabilidad contra los administradores: Se entablará por la sociedad, previo acuerdo de la junta general, que puede ser adoptado a solicitud de cualquier socio aunque no conste en el orden del día. La acción social de responsabilidad será interpuesta por los propios socios sin que medie la intervención de la sociedad. La acción social de responsabilidad se entablará por la sociedad sin acuerdo previo.
Las acciones de responsabilidad contra los administradores Prescribirán a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse. Prescribirán a los cinco años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse. Prescribirán a los diez años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse.
¿Quién debe formular las Cuentas Anuales? El director financiero. El órgano de administración.
La junta general.
¿Hasta qué fecha tiene la Sociedad para formular las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018? Hasta el 31 de marzo de 2019. Hasta el 30 de abril de 2019. Hasta el 30 de junio de 2019.
¿Quién debe aprobar las cuentas anuales? El director financiero. El órgano de administración. La junta general.
¿Hasta qué fecha tiene la Sociedad para aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018? Hasta el 31 de marzo de 2019. Hasta el 30 de abril de 2019. Hasta el 30 de junio de 2019.
¿Cuándo se produce el cierre de la hoja registral de una Sociedad? Cuando hayan transcurrido 6 meses desde la fecha de cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales. Cuando hayan transcurrido 3 meses desde la fecha de cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales. Cuando haya transcurrido 1 año desde la fecha de cierre del ejercicio social sin que se haya practicado en el Registro Mercantil el depósito de las cuentas anuales.
¿Cuándo debe la Sociedad nombrar a un auditor para que audite sus cuentas de forma obligatoria? Cuando concurran, durante dos ejercicios no consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:
1. Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000€.
2. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000€.
3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. Cuando concurran, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:
1. Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000€.
2. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000€.
3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 50. Cuando concurran, durante dos ejercicios no consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:
1. Que el total de las partidas del activo no supere los 2.850.000€.
2. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los 5.700.000€.
3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a 150.
¿Cuándo una Sociedad se encuentra en causa de disolución como consecuencia de las pérdidas? Cuando las pérdidas hayan disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra de capital social. Cuando las pérdidas dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Cuando el patrimonio neto sea inferior al capital social como consecuencia de las pérdidas pero superior a la mitad del capital social.
¿Se encuentra la Sociedad Golfandsun, S.L. en causa de disolución como consecuencia de las pérdidas conforme al balance cerrado a 31 de diciembre de 2018 que se ha presentado? Sí, porque como consecuencia de las pérdidas el patrimonio neto ha quedado reducido a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Sí, porque como consecuencia de las pérdidas el patrimonio neto ha quedado reducido a una cantidad inferior a las dos terceras partes de la cifra de capital social. Sí, porque como consecuencia de las pérdidas el patrimonio neto ha quedado reducido a una cantidad inferior a las tres quintas partes de la cifra de capital social.
¿Qué debe hacer el órgano de administración una vez conoce que la sociedad se encuentra en causa de disolución como consecuencia de las pérdidas? El órgano de administración tiene que aportar fondos a la sociedad para salir de la causa de disolución. El órgano de administración tiene dos meses para convocar la junta general de socios desde que tiene conocimiento que la sociedad se encuentra en causa de disolución por pérdidas. El órgano de administración tiene que presentar ante el juzgado de lo mercantil la solicitud de disolución de la sociedad.
Entre las medidas que la Junta General de una sociedad limitada puede adoptar para salir de la causa de disolución se encuentra la reducción de capital para compensar pérdidas, ¿Qué requisitos son necesarios en tal caso? Que la sociedad no tenga ningún tipo de reservas y que el balance que sirva de base a la operación deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses anteriores al acuerdo y estar aprobado por la Junta General, previa verificación por un auditor de cuentas solo si la sociedad está obligada a auditar sus cuentas. Que el balance que sirva de base a la operación deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses anteriores al acuerdo y estar aprobado por la Junta General, previa verificación por un auditor de cuentas. Que la sociedad no tenga ningún tipo de reservas y que el balance que sirva de base a la operación deberá referirse a una fecha comprendida dentro de los seis meses anteriores al acuerdo y estar aprobado por la Junta General, previa verificación por un auditor de cuentas en todo caso.
¿Cuáles son las principales características del préstamo participativo? Es un crédito subordinado, en el que la entidad prestamista percibe un interés fijo. Es un crédito subordinado, en el que la entidad prestamista percibe un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria y se considerará patrimonio contable a los efectos de situación legal de disolución por pérdidas. La entidad prestamista percibe un interés variable que se determinará en función de la evolución de la actividad de la empresa prestataria y se considerará patrimonio contable a los efectos de situación legal de disolución por pérdidas.
¿Qué obligaciones tiene el órgano de administración si la junta general no acuerda ninguna medida para remover la causa de disolución? El órgano de administración tiene que aportar fondos a la sociedad para salir de la causa de disolución. El órgano de administración tiene dos meses para convocar una nueva junta general de socios desde que tiene conocimiento que la sociedad se encuentra en causa de disolución por pérdidas. El órgano de administración tiene que presentar ante el juzgado de lo mercantil la solicitud de disolución de la sociedad.
¿Qué consecuencias tiene para el administrador el no cumplir con las obligaciones que le impone la Ley de Sociedades de Capital en caso de que la sociedad esté en causa de disolución como consecuencia de las pérdidas? El órgano de administración responderá de forma solidaria con la sociedad de las obligaciones que tenga la sociedad en el momento en que encuentre en causa de disolución. El órgano de administración responderá de forma solidaria con la sociedad de las obligaciones posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución. El órgano de administración responderá solo si como consecuencia de la causa de disolución se produce algún daño a un tercero.
Si la sociedad hubiese tenido beneficios, ¿qué porcentaje del beneficio del ejercicio debe destinarse a la reserva legal? Una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social. -Una cifra igual al 20% del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que alcance, al menos, el 10% del capital social. Una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que alcance, al menos, el 25% del capital social.
¿Cuál es uno de los elementos definitorios en la transmisión de los patrimonios de las entidades participantes en una fusión por creación de una nueva sociedad? Los patrimonios que se aportan se valoran según su valor contable (el que figura en la contabilidad y los balances de fusión) Los activos y pasivos que integran los patrimonios se transmiten a los socios, y éstos a la sociedad beneficiaria. Los patrimonios de las sociedades participantes se transmiten a la sociedad beneficiaria por sucesión universal. Los activos y pasivos se transmiten libres de cargas y gravámenes.
¿Qué factores o ventajas previstos en la Ley podrían condicionar la viabilidad de una escisión? La aplicación del régimen de neutralidad fiscal y las excepciones a la transmisión de patrimonios por sucesión universal a las sociedades beneficiarias. La obtención de ventajas fiscales que no se generarían en el caso de no realizar la escisión, y tienen como causa exclusiva la realización de la misma. La posibilidad de liberar a los patrimonios escindidos de la afección a las responsabilidades y obligaciones de la sociedad que se escinde. Conseguir romper progresividad en tamaño de órganos de representación de los trabajadores afectados.
La exigencia de Proyecto Común en la fusión por absorción de dos sociedades (B y C) por parte de una sociedad anónima (A) que posee el 50% de una de las sociedades absorbidas (B)... Debe redactarse en todo caso un Proyecto Común de Fusión para las tres sociedades participantes, independientemente de cualquier circunstancia concurrente. El Proyecto de Fusión sólo es exigible en la sociedad absorbente (A) y en la sociedad en la que la absorbente no tiene ninguna participación (C). Si el acuerdo se adopta por unanimidad de todas las sociedades participantes y en Juntas Universales no es necesario el Proyecto Común de Fusión. El Proyecto de Fusión sólo lo tiene que redactar la sociedad absorbente (A).
¿Cuál es el elemento definitorio principal del Principio de Sucesión Universal que informa las Modificaciones Estructurales? Los activos y pasivos se transmiten conjuntamente y en unidad de acto, produciéndose la novación en la persona de la sociedad transmitente por la sociedad beneficiaria por el hecho de la inscripción de la modificación estructural. Los activos y pasivos que integran la unidad económica se transmiten conjuntamente, una vez obtenida la autorización de las respectivas contrapartes de cada relación jurídica. Este principio únicamente aplica en las fusiones, en el resto hay que realizar negocios jurídicos traslativos del dominio o titularidad de los bienes, derechos y obligaciones que se transmiten. Los activos se transmiten en unidad de acto, pero para transmitir los pasivos se exige en todo caso la notificación previa a los acreedores.
La transformación de una sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada tiene como principal efecto... La sociedad anónima se extingue sin disolución, y su patrimonio es adquirido en unidad de acto por la nueva sociedad. Los socios que hubiesen votado en contra del acuerdo pueden permanecer como accionistas de la sociedad anónima. La transformación determina la adopción del tipo social correspondiente a la sociedad de responsabilidad limitada, sin cambio de personalidad jurídica. Se requiere el consentimiento de los acreedores de los contratos suscritos por la sociedad que se transforma.
¿Qué factor diferencial principal destacaría entre una escisión parcial y una segregación? La segregación es una fusión simplificada. Ambas son modalidades de la escisión, si bien en la segregación las acciones o participaciones de la sociedad beneficiaria se adjudican a la sociedad de la que se escinde el patrimonio aportado. En la segregación no es necesario el Proyecto de Escisión. En la escisión parcial los activos y pasivos se transmiten por sucesión universal, y en la segregación por aportación no dineraria individualizada de cada uno de los activos y pasivos que se escinden.
¿Qué obligación compete al administrador único de una sociedad de capital que en el acto de formulación de cuentas anuales constata que el patrimonio neto, a consecuencia de las pérdidas sufridas, resulta ser inferior al capital social? Si formula las cuentas anuales, el administrador sería responsable solidario del déficit patrimonial junto con la sociedad. El administrador debe convocar la Junta en el plazo de dos meses para que adopte las medidas de restablecimiento del equilibrio patrimonial o adopte el acuerdo de disolución. Como parte de sus atribuciones debe adoptar medidas para superar el desequilibrio patrimonial, informando posteriormente a la Junta. Debe solicitar el concurso de acreedores en el plazo de dos meses desde que haya constatado la existencia del déficit patrimonial.
¿En qué términos subsiste la obligación de formular cuentas anuales durante la liquidación? El Liquidador no está obligado a formular cuentas anuales durante la fase de liquidación Únicamente hay obligación de formular cuentas anuales cuando la liquidación se prolonga durante más de un año. Las cuentas anuales deben formularse y someterse a aprobación dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio social. El Liquidador debe formular las cuentas anuales, informando a los socios.
¿Bajo qué circunstancias puede la Junta General de una sociedad de capital acordar su disolución? La Junta General únicamente puede acordar la disolución cuando exista causa legal o estatutaria para ello. La Junta General puede acordar la disolución en los supuestos establecidos en los Estatutos Sociales. La competencia para acordar la disolución se atribuye a los administradores, no a la Junta General. La Junta General puede acordar la disolución de la sociedad en cualquier momento, haya o no causa legal o estatutaria.
¿Qué sucede si con posterioridad a la extinción de una sociedad de capital la Agencia Tributaria inicia una inspección de los impuestos de la sociedad extinguida por los ejercicios previos a su extinción no prescritos? La inspección no puede tener lugar, al haberse extinguido la personalidad jurídica de la sociedad La inspección se desarrollaría normalmente, y el Liquidador o Liquidadores responderían de la deuda tributaria descubierta, al haber incumplido su deber de satisfacer las deudas sociales. La inspección podría desarrollarse, y los socios serían responsables solidarios de la deuda tributaria descubierta. La inspección puede desarrollarse, y los socios responderían solidariamente de la deuda tributaria hasta el límite de la cuota de liquidación que hubiesen recibido.
Señale, a continuación, qué sujeto no está legitimado para la impugnación del Acuerdo Extrajudicial de Pagos: El acreedor que no fue convocado a la reunión. El acreedor que votó en contra del Acuerdo. El acreedor que se opuso a la aprobación del Acuerdo. El acreedor cuando no haya asistido a la reunión.
¿Cuál de los siguientes patrimonios/entidades no puede ser declarada en concurso? Un fondo de inversión. La herencia yacente. Un Partido Político. Cualquier Institución de Inversión Colectiva.
¿Puede Miguel realizar por su cuenta el trámite de solicitud de declaración de concurso? Sí, dado que es el concursado y posee legitimación activa. No, deberá realizar el trámite a través de abogado. Sí, pero habrá que atender al régimen matrimonial. No, porque no puede ser declarado en concurso.
Se considera causa de inadmisión de la solicitud de declaración de concurso: La falta de identificación de todos los acreedores del deudor en el concurso voluntario La posición del deudor como persona natural no empresaria La ausencia de intento de alcanzar un Acuerdo Extrajudicial de Pagos en el concurso voluntario La falta de la condición de acreedor en la persona instante en el concurso necesario.
Miguel ha sido despedido hace 1 año, ha agotado su prestación por desempleo y como consecuencia de la falta de ingresos y la ausencia de ahorros, se encuentra sin poder hacer frente al préstamo hipotecario, recibos de luz y agua, IBI... Decide instar el concurso, a qué órgano debe dirigirse: No puede ser declarado en concurso. Debe presentar su solicitud en el Juzgado de 1ª Instancia. Debe presentar su solicitud en el Juzgado de lo Mercantil. Debe presentar su solicitud ante notario.
El cómputo de 5 años para la prohibición de formular la solicitud de Acuerdo Extrajudicial de Pagos comienza a contar desde: La aprobación en la reunión de acreedores del Acuerdo Extrajudicial de Pagos La notificación al Juez competente del inicio de la refinanciación de la deuda La inscripción en el Registro Público Concursal la resolución de homologación del acuerdo extrajudicial La resolución de la homologación del acuerdo extrajudicial.
Indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: El deudor para beneficiarse de la exoneración del pasivo insatisfecho deberá haber adoptado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos El deudor persona jurídica no podrá beneficiarse de la exoneración del pasivo insatisfecho a pesar de haber alcanzado un acuerdo extrajudicial de pagos El acuerdo extrajudicial de pagos solo obliga a aquellos acreedores que asistieron a la reunión Un acuerdo extrajudicial de pagos aprobado por el 65% de los acreedores puede ser objeto de rescisión.
¿Qué recurso cabe interponer contra la resolución que inadmita la solicitud de concurso del deudor? Recurso de Apelación que no tendrá carácter suspensivo del procedimiento Recurso de Apelación que tendrá carácter suspensivo del procedimiento. Recurso de Reposición que NO tendrá carácter suspensivo del procedimiento. Recurso de Reposición que tendrá carácter suspensivo del procedimiento.
En un concurso en el que la administración concursal esta en sustitución de facultades, ¿puede ésta imponer quién deba ser el presidente y secretario de la junta general? Si, al estar en sustitución, tiene todas las facultades del administrador social, incluso en la formación de la voluntad de los órganos colegiados. No, porque no tiene derecho de asistencia a la junta al no ser socio. No, el concurso no afecta al regular funcionamiento de los órganos sociales, y la AC en situación de sustitución tiene sólo derecho de asistencia y voz, pero no voto (art. 48.3 LC).
En un concurso de persona física en situación de sustitución, los alimentos del concursado: Los autoriza la administración concursal a solicitud del concursado No cabe establecer alimentos en fase de sustitución Los autoriza el juez del concurso oídos la administración concursal y el concursado.
¿Puede modificarse la situación de intervención o sustitución inicialmente acordada, durante la fase común del concurso? Sí, lo puede solicitar cualquier acreedor o acordarlo el juez de oficio. Si, a solicitud de la administración concursal, oído el concursado y mediante auto. No, la situación de intervención o sustitución que establece el auto que declara el concurso se mantendrá durante toda la fase común, y se modificará con la apertura de la fase de liquidación.
¿Qué Juzgado sería competente para conocer de una demanda de procedimiento ordinario interpuesta y admitida a trámite con posterioridad a la solicitud del concurso pero con anterioridad al auto de declaración de concurso? El Juez de lo mercantil, puesto que la demanda es posterior a la solicitud del concurso. El Juez de lo mercantil, puesto que lo importante es la admisión a trámite de la demanda, y ésta tiene lugar con posterioridad a la solicitud del concurso. El Juzgado de Primera Instancia que corresponda, puesto que el auto de declaración de concurso es posterior a la interposición de la demanda.
En un procedimiento de reclamación de cantidad que interpone la concursada frente a un tercero, éste reconviene reclamando a su vez cantidad una vez declarado el concurso La demanda reconvencional no debe admitirse a trámite puesto que sería competente para conocer el Juez del concurso. La demanda reconvencional se debe admitir, pero suspenderse su tramitación hasta tanto concluya el concurso La demanda reconvencional debe tramitarse ante el Juzgado de Primera Instancia, puesto que sería competente al ser el que conoce de la demanda inicial.
Si hemos demandado a una UTE, y una de las empresas que la conforman se encuentra en concurso de acreedores, ¿Qué hará el Juzgado de Primera Instancia? Inadmitir la demanda por falta de competencia, remitiendo al demandante a que interponga ante el Juez del concurso. Admitir la demanda respecto del resto de las empresas que componen la UTE, e inadmitirla respecto de la que está en concurso, puesto que la UTE carece de personalidad jurídica propia. Ninguna de las anteriores es correcta.
Las acciones directas del art. 1597 Cc interpuestas contra el concursado: Las demandas interpuestas con anterioridad continuarán hasta sentencia; las posteriores se suspenderán. Se archivarán tanto las anteriores como las posteriores. Las interpuestas con anterioridad a su declaración se suspenderán hasta la conclusión del concurso; las presentadas con posterioridad no se admitirán a trámite.
En un proceso cambiario se ha formulado oposición se produce la declaración de concurso del demandado Se suspenderá el procedimiento cambiario El procedimiento cambiario continuará hasta sentencia, y en su caso se reconocerá el crédito en el concurso. El procedimiento cambiario continuará y se ejecutará el bien embargado en él, puesto que la demanda es anterior al concurso.
Proceso monitorio iniciado antes de la declaración de concurso, en el que se formula oposición y se requiere al solicitante para formalizar demanda de juicio ordinario una vez declarado el concurso. El proceso monitorio se debió suspender al declararse el concurso. Al ser una demanda posterior al concurso, no se habrá de admitir a trámite. Se continuará el procedimiento ordinario hasta sentencia, porque hay que tener en cuenta la solicitud inicial del monitorio.
Concursado persona física en sustitución, que pretende suscribir convenio regulador de divorcio que le obliga a abonar a su esposa una pensión compensatoria de 1.500 euros mensuales El concursado persona física no podrá comprometerse a pagar pensión compensatoria derivada del divorcio. El concursado necesitará conformidad de la administración concursal para interponer la demanda, ya que afecta a su situación patrimonial. Al tratarse de una acción personal, el concursado no necesita autorización de la administración concursal.
La TGSS con anterioridad al concurso traba embargo sobre la nave donde la concursada ejerce la actividad. El procedimiento de ejecución se suspenderá, puesto que afecta un bien necesario para la continuidad de la actividad del deudor. El procedimiento de ejecución continuará, puesto que pueden continuar los procedimientos de apremio en los que se haya dictado diligencia de embargo a la fecha de la declaración de concurso. El procedimiento de ejecución se suspenderá por un año desde la declaración del concurso, y podrá reanudarse a partir de ese momento.
La administración concursal ha solicitado la venta en fase común de un inmueble de la concursada sobre el que pesa un inmueble de un proveedor anotado con anterioridad al concurso. ¿Puede cancelarse el embargo? El embargo puede cancelarse sólo si el acreedor muestra su conformidad. No, el embargo no se puede cancelar, sino que el comprador del inmueble lo habrá de asumir y se detraerá su importe del precio de venta. Si, el Juzgado de lo Mercantil puede acordar la cancelación de las ejecuciones suspendidas, a petición de la administración concursal y previa audiencia de los afectados.
Transcurrido un año desde la declaración de concurso, la entidad financiera solicita del Juzgado la reanudación de la ejecución hipotecaria de un bien necesario para la concursada que quedó suspendida por el concurso. ¿Cuál es el juzgado competente para esa ejecución reanudada? El Juzgado de Primera Instancia en el que se inició la ejecución. El Juez del concurso, en pieza separada. El Juez del concurso, puesto que la liquidación del bien se ha de incorporar al plan de liquidación.
El acreedor hipotecario solicita la ejecución separada de un bien no necesario con posterioridad a la apertura de la fase de liquidación Abierta la fase de liquidación, no se pueden iniciar ejecuciones hipotecarias. El acreedor hipotecario puede iniciar la ejecución tanto en fase común como en fase de liquidación. Una vez abierta la fase de liquidación, sólo se pueden iniciar ejecuciones de bienes no necesarios.
Transportes Pedro tiene un crédito frente a Hermanos Lapiedra, S.L., que se declara en concurso. Sin embargo no comunica su crédito en el plazo establecido. ¿Cuál es la consecuencia? Al no haber comunicado, con posterioridad no podrán impugnar el informe del art. 74 LC. Si la Administración Concursal no lo reconoce inicialmente y se produce la comunicación tardía, el crédito será subordinado. Al no haber comunicado, su crédito no estará en el informe del art. 74 LC.
¿Qué plazo tienen los acreedores para comunicar sus créditos? Un mes desde la publicación en el BOE Lo pueden presentar en cualquier momento, y la administración concursal lo tendrá que reconocer conforme corresponda. El plazo es de un mes desde la publicación del concurso en el BOE, pero se pueden presentar créditos hasta la presentación de los textos definitivos.
El gerente de Transportes Pedro, S.L. redacta y remite la comunicación del crédito a la administración concursal de Hermanos Lapiedra, S.L, por importe de 4.000 euros, documentado en facturas anteriores a la declaración del concurso, haciendo constar la calificación de crédito contra la masa La administración concursal lo clasificará como crédito contra la masa, pues está vinculada por la clasificación del acreedor La administración concursal reconocerá el crédito con la calificación de ordinario, pues no está vinculada por la que hace constar el acreedor. Como la clasificación es errónea, la administración concursal podrá eliminar el crédito de la lista de acreedores.
El constructor concursado ejecutó con anterioridad al concurso indebidamente una obra y el contratante in bonis tiene derecho a reclamar su reparación. ¿Tiene éste que comunicar el crédito? Si, se trata de una prestación de hacer que será computada en dinero en la medida de lo posible No, porque aún no debe nada No, porque es una obligación posterior a la declaración de concurso.
Soy administrador social y avalista del concursado; ¿debo comunicar el crédito derivado de la obligación garantizada? Tengo que comunicarlo en cualquier caso, y se reconocerá como contingente en cualquier caso. Tengo que comunicarlo, como contingente si no lo he atendido, y como subordinado si ya lo he pagado. No tengo que comunicarlo salvo que ya haya pagado como avalista la deuda del concursado; si no, mi crédito aún no existe.
El Banco X comunica un crédito por importe de 280.000 euros de principal, más 18.000 euros de intereses vencidos a la declaración del concurso, correspondiente a un préstamo con garantía hipotecaria en el que el concursado figura como deudor no hipotecante. ¿Cómo se habrá de reconocer? Como crédito ordinario, por 280.000 euros, y como crédito subordinado, por 18.000 euros. Como crédito con privilegio especial, por 280.000 euros, y subordinado, por 18.000 euros
Como crédito con privilegio especial por el total de la deuda.
La TGSS comunica un crédito por importe de 2.000 euros, de los que 1.400 euros son en concepto de principal, 200 euros de retenciones, y 400 euros de recargos por demora en el ingreso de retenciones. ¿Cómo se ha de reconocer el crédito en el concurso? A
- 200 euros como privilegio general (91.2 LC)
- 700 euros como privilegio general (91.4 LC)
- 700 euros como crédito ordinario (89.3 LC)
- 400 euros como subordinado (92.4 LC) B)
- 1.600 euros como privilegio general (91.4 LC)
- 400 euros como subordinado (92.4 LC) C)
- 800 euros como privilegio general (91.4 LC)
- 800 euros como crédito ordinario (89.3 LC)
- 400 euros como subordinado (92.4 LC).
A fecha de declaración de concurso la concursada adeuda a un trabajador las siguientes cantidades: 1.500 euros por los 30 últimos días de salario; y 12.750 euros por la indemnización derivada de la extinción de su contrato correspondientes a 20 días de salario por año de servicio calculada sobre un salario bruto mensual de 1.500 euros. ¿Cómo debe reconocer el crédito la administración concursal? A)
- 1.500 euros como crédito ordinario (89.3 LC)
- 10.000 euros, límite máximo del privilegio general (91.1 LC) B)
- 1.500 euros como crédito contra la masa ( 84.2.1º LC)
- 12.750 euros como privilegio general (91.1º LC) C)
- 14.250 euros como crédito ordinario (89.3 LC).
75. A fecha de declaración de concurso una empresa adeuda a
la Agencia Tributaria las siguientes liquidaciones: ¿Cómo debe
calificarse el crédito?
a) Retenciones de trabajadores = 12.750 €
b) Liquidaciones de IVA = 35.500 €
c) Recargos de apremio = 7.350 €
d) Intereses de demora = 1.544 €
A)
- Crédito con privilegio general: 17.750 € (91.4º LC)
- Crédito ordinario 17.750 € (89.3 LC)
- Crédito subordinado: 8.894 € (92.3º LC)
- Crédito contingente: 12.750 € (87.3 LC) B)
- Crédito con privilegio general: 24.125 € (91.4º LC)
- Crédito ordinario: 24.125 € (89.3 LC)
- Crédito subordinado: 1.544 € (92.3º LC)
- Crédito contingente: 7.350 (87.3 LC) C)
- Crédito con Privilegio General 12.750 € (91.2º LC
- Crédito con Privilegio General 17.750 € ( 91.4º LC)
- Crédito ordinario 17.750 € (89.3 LC)
- Créditos subordinados 8.894 € (92.3º).
El acreedor comunica un crédito de 100.000 euros que se encuentra reclamado en un procedimiento judicial en que se ha dictado sentencia condenatoria que se encuentra apelada. ¿Cómo se habrá de reconocer? Como crédito contingente sin cuantía, puesto que es un crédito litigioso y la sentencia no es firme Como crédito ordinario, por 100.000 euros, puesto que ya se ha dictado sentencia en primera instancia, y es susceptible de ejecución provisional.
Toda propuesta de convenio, que podrá contener distintas alternativas, deberá: Estar firmada por el deudor o, en su caso por todos los acreedores (o sus representantes legales con poder suficiente). Si contiene compromisos de pago, prestación de garantías, financiación o cualquier otra obligación, también debe firmarse por quien asuma los compromisos. Tanto las firmas como la justificación de las representaciones deben estar legitimadas ante el Letrado de la Administración de Justicia o en instrumento público. Todas las respuestas anteriores son correctas.
Respecto al contenido y documentación anexa a la propuesta de convenio: No caben propuestas condicionadas de convenio, salvo en los supuestos de los concursos conexos, en que podrá condicionarse a que se apruebe con un contenido determinado el convenio de otro. No podrán plantearse quitas superiores al 50% ni esperas por más de 10 años. Podrá consistir en un convenio de liquidación si con ello se satisface el total de los créditos ordinarios. Siempre habrá de acompañarse a la propuesta de convenio un plan de pagos y un plan de viabilidad.
Los acreedores tienen derecho de información consistente en poder solicitar aclaraciones sobre el informe y la actuación de la administración concursal, las propuestas de convenio y los escritos de evaluación: Tanto en el seno de la junta de acreedores como antes de su celebración.
Antes, durante y hasta los 5 días después de celebrada la junta de acreedores. Únicamente en el seno de la junta de acreedores. No tienen derecho de información porque ya han podido impugnar dichos documentos previamente a la celebración de la junta de acreedores.
Con carácter general, el convenio despliega su eficacia: Desde la admisión a trámite de la propuesta (verificado por el Juzgado el cumplimiento de los requisitos formales y materiales), siempre que llevase adhesiones de acreedores titulares de créditos por importe de, al menos, el 50% del pasivo ordinario.
Desde la evaluación favorable de la propuesta de convenio por la administración concursal. Desde la aprobación judicial de la propuesta. Desde la firmeza de la sentencia aprobatoria del convenio.
La eficacia del convenio determina: El cese de todos los efectos de la declaración de concurso. El cese todos los efectos de la declaración de concurso, quedando sustituidos por los que, en su caso, establezca el propio convenio; salvo los deberes de colaboración e información para con el Juzgado, establecidos en el artículo 42 de la Ley Concursal. El cese de los efectos de la declaración de concurso, sin más, así como el de la administración concursal.
Cuando, durante la vigencia del convenio, el deudor conozca la imposibilidad de cumplir los pagos comprometidos y las obligaciones contraídas con posterioridad a la aprobación de aquél: Podrá pedir la liquidación. Deberá pedir la liquidación Sólo el juez puede acordar de oficio la liquidación, a la vista de los informes semestrales sobre el cumplimiento del convenio a cuya presentación está obligado el deudor.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
La liquidación concursal: Es siempre, necesariamente, el peor de los escenarios posibles para la consecución del fin del concurso. Únicamente puede abrirse tras la frustración de la solución convenida.
Se trata de una sanción al deudor que no ha podido o no ha sabido llegar a un acuerdo con sus acreedores Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
Cuando el concursado sea una persona natural: La apertura de la liquidación produce en todo caso la extinción del derecho de alimentos con cargo a la masa activa. La apertura de la liquidación no producirá la extinción del derecho de alimentos con cargo a la masa activa. La apertura de la liquidación producirá la extinción del derecho de alimentos con cargo a la masa activa, salvo cuando fuere imprescindible para atender las necesidades mínimas del concursado, cónyuge o pareja de hecho inscrita y descendientes bajo su potestad. Conlleva tanto la extinción del derecho de alimentos del concursado como la de prestarlos a otras personas que se le hubiera impuesto en virtud de una resolución dictada en un proceso de familia.
La apertura de la fase de liquidación en un concurso de persona jurídica: Provoca la extinción de pleno derecho de la misma Provoca la disolución de pleno derecho de la persona jurídica si es que ya no estuviera acordada. Conlleva necesariamente y en todo caso el cese de la actividad de la persona jurídica deudora. Debe comunicarse por la administración concursal a todos los acreedores de cuya dirección electrónica tenga conocimiento.
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