Los despachos de detectives privados y sus sucursales deberán cumplir las siguientes obligaciones generales: Llevar un libro-registro, con formato propio, en el que se anotará cada servicio de investigación contratado o subcontratado. Facilitar de forma inmediata a la autoridad judicial o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes las informaciones sobre hechos delictivos de que tuvieren conocimiento en relación con su trabajo o con las investigaciones que éstos estén llevando a cabo. Comunicar a la Dirección General de la Policía o, en su caso, al órgano autonómico competente todo cambio que afecte a su forma jurídica, denominación, composición, domicilio y sucursales en la forma que reglamentariamente se determine.
La función de ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión corresponde a: detectives privados vigilantes de seguridad escoltas privados.
Según lo recogido en la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, a tal efecto, se entiende por prestadores de servicios de seguridad privada: El personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada. El personal acreditado que desarrollen las tareas que les asigna esta ley. Profesores acreditados de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asigna esta ley.
Según la vigente Ley de Seguridad Privada, ¿Quién tiene la consideración de personal acreditado?: Los profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad. Las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, desarrollan funciones de seguridad privada. Las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.
La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, tiene como fines: Reducir el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso interno dela seguridad pública. Contribuir a garantizar la seguridad pública, aprevenir infracciones y a aportar información a los procedimientos relacionados con sus actuación ese investigaciones. Restar al monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus medios y capacidades como un recurso interno dela seguridad pública.
Acorde a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, ‘’La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos...”; son actividades: Compatibles y reservadas para los Jefes y Directo-res de Seguridad. Compatibles, pudiendo desarrollarse por empresas de seguridad privada. Que exceden del ámbito de competencia de las empresas de seguridad privada.
La Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada, profundiza decididamente en el actual modelo español de seguridad privada, al considerarla: De prestación simultánea o indiferenciada, en algunos aspectos, con la seguridad pública. Complementaria, subordinada, colaboradora y controlada por la seguridad pública. Ninguna de las dos son correctas.
¿En qué consiste el Plan «Red Azul» de la Policía Nacional?: Es un plan integral de colaboración entre Policía Nacional y seguridad privada. Es un proyecto de colaboración entre Policía Nacional y Guardia Civil en materia de seguridad privada. Es un plan integral de colaboración entre Policía Nacional y las policías locales.
Según el art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada: Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Dirección General de la Policía o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurarla coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
¿El personal de seguridad privada está integrado por?: Vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad y detectives privados. Vigilantes de seguridad (y su especialidad de vigilantes de explosivos), escoltas privados, guardas rurales (y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, di-rectores de seguridad y detectives privados. c)Vigilantes de seguridad (y su especialidad de vigilantes de explosivos), guardas rurales (y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados.
Para habilitarse como vigilante de explosivos, ¿será preceptivo haber obtenido previamente la habilitación como vigilante de seguridad?: No, ya que es una figura independiente de la del vigilante de seguridad. Sí, por ser una especialidad del vigilante de seguridad. Sí, al igual que es necesario para el escolta priva-do, por ser ambas especialidades del vigilante de seguridad.
¿Quién puede ejercer funciones de seguridad privada?: porteros de discoteca policías municipales guardapescas marítimos.
Según la ley 5/2014 de Seguridad Privada cual es un servicio a ejercer con arma de fuego: Protección de buques pesqueros de bandera española. Vigilancia perimetral de centros penitenciarios, militares y policiales. Protección de eventos deportivos, o multitudinarios.
Los requisitos generales para la obtención de la habilitación profesional para el personal de seguridad privada, señale la respuesta correcta: No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad privada. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los dos años anteriores. ninguna es correcta.
Según lo recogido en la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, en relación a la habilitación profesional, es correcto afirmar que: La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General dela Policía. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General dela Policía, excepto la de los vigilantes de explosivos que corresponderá a la Dirección General dela Guardia Civil. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General dela Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil.
Según establece el artículo 42 de la Ley de Seguridad Privada, las cámaras de videovigilancia que formen parte de medidas de seguridad obligatorias o de sistemas de recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de alarmas: Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. No requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización. Requerirán autorización administrativa para su instalación, empleo o utilización, a excepción de las entidades bancarias.
¿Según la Ley de Seguridad Privada, las imágenes y los sonidos grabados durante las investigaciones realizadas por los despachos de detectives privados se destruirán?: Cinco años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. Tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador. Dos años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, una investigación policial o un procedimiento sancionador.
¿Tienen las administraciones de Lotería Nacional, entre sus medidas de seguridad, la obligatoriedad de estar conectadas a una Central Receptora de Alarmas?: No, es voluntario, siendo el titular del establecimiento quien decide si quiere contar con esa medida de seguridad. Sí, ya que se encuentra dentro de los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad por ser especialmente vulnerables. Sí, además tiene la obligación de instalar una mampara de seguridad en el mostrador ante la posibilidad de atraco.
Juan es identificado por una dotación de Policía Nacional por consumo de estupefacientes en vía pública, por tal motivo es requerido por los agentes para que facilite su filiación con el fin de poder realizar un acta de propuesta de sanción en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, pero Juan manifiesta datos falsos o inexactos a los actuantes para evitar su identificación. ¿Qué dos propuestas de sanción se deben proponer a Juan en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana? Dos infracciones graves, artículo 36 apartados 16 y 6. Dos infracciones muy graves, artículo 35 apartados 3 y 4. Dos infracciones leves, artículo 37 apartados 17 y 4.
Estando Usted prestando servicio, en un vehículo tipo Z de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, y debido a la imposibilidad de identificar a una persona en la vía pública, conforme a la Ley Orgánica 4/2015, y en cuanto a la duración de la diligencia de identificación se establece que, por norma general: será de 6 horas será de al menos 6 horas el tiempo estrictamente necesario.
Señale la opción que considere incorrecta, si usted como policía lleva a cabo un registro corporal externo y superficial a una persona de distinto sexo: Como norma general no puedo llevarlo a cabo. Se llevarán a cabo con una injerencia mínima, y se realizarán del modo que cause el menor perjuicio a la intimidad y dignidad de la persona afectada. Los registros corporales externos y superficiales no podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado.
El Documento Nacional de Identidad es: Un documento público y oficial con valor por sí solo para la acreditación de la identidad y los datos personales de su titular. El documento público y oficial con valor por sí solo para la acreditación de la identidad y los datos personales de su titular. El único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.
Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la seguridad ciudadana: Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que dije la presente Ley. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.
Dentro de régimen sancionador de la LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana, son órganos competentes en el ámbito de la Administración General del Estado: El Ministerio del Interior, para la sanción de todas las infracciones en grado máximo. El Ministerio del Interior, para la sanción de las infracciones muy graves en grado máximo. El Ministerio del Interior, para la sanción de las infracciones graves en grado máximo.
Según el articulo 11 de la ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, los ciudadanos españoles tienen derecho a que les sea expedido el pasaporte, que sólo podrá ser exceptuado en las siguientes circunstancias: haberle sido impuesta una medida de libertad vigilada con prohibición de abandonar el territorio nacional, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la discapacidad modificada judicialmente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley ambas son correctas.
según el art. 54 de la ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones ___________, el interesado dispondrá de un plazo de 15 días para realizar el pago voluntario con reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas (SEÑALE LA CORRECTA) graves o leves muy graves o graves muy graves o leves.
según el art. 16 de la ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en el ámbito el libro-registro en el que consten las diligencias de identificación practicadas, el órgano competente de la Administración remitirá____________ al Ministerio Fiscal extracto de las diligencias de identificación con expresión del tiempo utilizado en cada una (señale la correcta) mensualmente trimestralmente anualmente.
según el art. 43 de la LO 4/2015, ¿Cuándo se cancelarán de oficio los asientos reflejados por infracciones a esta ley? desde la firmeza de la sanción desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la sanción desde el día en que se haya cometido la infracción.
según el art. 27 de la LO 4/2015, ¿Qué medidas podrán adoptar las autoridades para preservar la pacífica celebración de espectáculos públicos? podrán prohibir los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro cierto para personas y bienes podrán, en caso de estar celebrándose, suspender los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro cierto para personas y bienes ambas son correctas.
¿Cuál de las siguientes opciones no es uno de los fines de la Ley 5/2014 de seguridad privada? contribuir a garantizar la seguridad privada satisfacer las necesidades de seguridad de los usuarios de seguridad privada complementar el monopolio de seguridad que corresponde al estado.
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