13 AYUD RECAU

1. ¿Con cuál de los siguientes órganos o entidades pueden las entidades locales suscribir un convenio para la recaudación?. a) Con sus organismos autónomos. b) Con el Ministerio de Hacienda. c) Con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. d) Con las Comunidades Autónomas.

2. ¿Con cuál de los siguientes órganos o entidades pueden los organismos autónomos de las entidades locales suscribir un convenio para la recaudación?. a) Con sus organismos autónomos. b) Con el Ministerio de Hacienda. c) Con la Agencia Estatal de Administración Tributaria. d) Con las Comunidades Autónomas.

3. ¿En cuál de los siguientes órganos o entidades pueden las entidades locales delegar sus competencias en materia de recaudación?. a) En las Comunidades Autónomas. b) En el Ministerio de Hacienda. c) En la Agencia Estatal de Administración Tributaria. d) Ninguna es correcta.

4. Según el artículo 8 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (en adelante RGR), la recaudación de las deudas cuya gestión tengan atribuida las entidades locales se llevará a cabo: a) Directamente por las entidades locales, en todo caso. b) Exclusivamente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c) Por otros entes territoriales a cuyo ámbito pertenezcan cuando así se haya establecido legalmente. d) Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se haya delegado esta facultad en ella.

5. Según el artículo 8 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación (en adelante RGR), la recaudación de las deudas cuya gestión tengan atribuida las entidades locales se llevará a cabo: a) Por otros entes territoriales a cuyo ámbito pertenezcan, cuando con ellos se haya formalizado el correspondiente convenio. b) Exclusivamente por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c) Exclusivamente por los organismos autónomos de las entidades locales. d) Por la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se haya delegado esta facultad en ella.

6. Según el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), es competencia de las entidades locales: a) La gestión y recaudación de sus tributos propios y de los cedidos por el Estado. b) Únicamente la gestión de sus tributos propios. c) La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios. d) La gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios y de los cedidos por el Estado y las Comunidades Autónomas.

7. Según el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), las entidades locales pueden otorgar delegaciones a favor de: a) Entidades locales de ámbito inferior. b) Entidades locales de ámbito superior. c) De la AEAT. d) De otros organismos autónomos y entidades locales de ámbito inferior.

8. Según el artículo 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL), las entidades locales pueden establecer fórmulas de colaboración con: a) Otras entidades locales, con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. b) Con las Comunidades Autónomas o con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado. c) Únicamente con las Comunidades Autónomas. d) Únicamente con el Estado, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.

9. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, son convenios: a) Los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. b) Los Protocolos Generales de Actuación que comporten declaraciones de intención de contenido general. c) Los instrumentos generales de actuación que comporten declaraciones de intención de contenido específico. d) Los acuerdos que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.

10. Señala la respuesta Falsa. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos: a) Convenios interadministrativos. b) Convenios intraadministrativos. c) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado. d) Convenios constitutivos.

11. Según el artículo 47 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios: a) Únicamente los titulares de los Departamentos Ministeriales. b) Los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes de las dichas entidades y organismos públicos. c) Los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos. d) Los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes, Directores o Subdirectores de las dichas entidades y organismos públicos.

12. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 48 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público sobre requisitos de validez y eficacia de los convenios, la suscripción de convenios deberá: a) Mejorar la eficiencia de la gestión pública. b) Facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos. c) Contribuir a la realización de actividades de utilidad pública. d) Cumplir con la legislación tributaria y sostenibilidad económica.

13. En el artículo 49 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, se regula el contenido de los convenios. Respecto al régimen de modificación del convenio, a falta de regulación expresa la modificación del contenido del convenio: a) Requerirá acuerdo unánime de los firmantes. b) Requerirá acuerdo por mayoría absoluta de los firmantes. c) Requerirá acuerdo por mayoría simple de los firmantes. d) Requerirá acuerdo por mayoría de tres quintos de los firmantes.

14. Según el artículo 49 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público: a) Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. b) Los convenios podrán tener cualquier duración. c) Los convenios podrán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a 10 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. d) Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cinco años en cualquier caso.

15. Según el artículo 50 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán además de un informe de su servicio jurídico, que deberá emitirse en un plazo máximo de: a) Tres días hábiles desde su solicitud. b) Cinco días hábiles desde su solicitud. c) Siete días hábiles desde su solicitud. d) Diez días hábiles desde su solicitud.

16. Según el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la recaudación en vía ejecutiva de los recursos de derecho público de las Corporaciones Locales (Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, BOE del 31 de mayo), la Agencia Tributaria asumirá la gestión recaudatoria ejecutiva de los Recursos de derecho público de naturaleza tributaria siempre que el importe principal por deuda sea: a) Igual o superior a 30 euros. b) Igual o superior a 50 euros. c) Igual o superior a 60 euros. d) Igual o superior a 100 euros.

17. Según el artículo 29 de la Constitución Española, que regula el derecho de petición: a) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. b) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. c) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual, por cualquier medio, en la forma y con los efectos que determine la ley. d) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine este texto.

18. Según el artículo 29 de la Constitución Española, que regula el derecho de petición: a) Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. b) Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho tanto individual como colectivamente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. c) Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho tanto individual como colectivamente y con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Española. d) Los miembros de las Fuerzas o Institutos Armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho solo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Española.

19. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho: a) A conocer, antes de que se dicte la propuesta de resolución, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. b) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. c) A conocer, antes de que se dicte la propuesta de resolución, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados o terceros afectados. d) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados o terceros afectados.

20. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas, los interesados en un procedimiento administrativo, si se relacionan con la Administración a través de medios electrónicos, tendrán derecho a consultar el estado de tramitación de los procedimientos: a) En el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. b) En la página web del Boletín Oficial del Estado. c) En las oficinas del órgano competente para la tramitación. d) En la Sede Electrónica del órgano competente para la tramitación.

21. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la discriminación indirecta: a) Es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad. b) Existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. c) Existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad. d) Es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

22. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la discriminación directa: a) Es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad. b) Existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. c) Existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad. d) Es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

23. Según el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, el acoso: a) Es la situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad. b) Existe cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios. c) Existe cuando una persona o grupo en que se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra por motivo o por razón de discapacidad. d) Es toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.

24. ¿Qué artículo de la Ley 58/2003, General Tributaria establece los derechos y garantías de los obligados tributarios?. a) El artículo 18. b) El artículo 34. c) El artículo 58. d) El artículo 67.

25. Según el artículo de la Ley General Tributaria que regula los derechos y garantías de los obligados tributarios, el derecho de estos a obtener copia de los documentos que integren el expediente del procedimiento de apremio podrá ejercitarse: a) En el trámite de puesta de manifiesto. b) Antes de que se notifique la providencia de apremio. c) En cualquier momento. d) Antes de que se acuerde la resolución del procedimiento.

26. Según el artículo de la Ley General Tributaria que regula los derechos y garantías de los obligados tributarios, el derecho de estos a obtener copia de los documentos que integren el expediente administrativo: a) Siempre será a su costa. b) Será a costa del órgano que tramita el expediente si se estiman las alegaciones planteadas. c) Será a costa de la Administración en cualquier caso. d) Siempre será a su costa, salvo en el procedimiento de apremio.

27. Según el artículo de la Ley General Tributaria que regula los derechos y garantías de los obligados tributarios, el derecho a utilizar las lenguas oficiales se ejercerá: a) En todo el territorio nacional. b) En el territorio de su comunidad autónoma. c) En el territorio de su comunidad autónoma si esta así lo ha establecido. d) Solo se podrá utilizar el castellano cuando se actúe ante órganos de la Administración Central.

28. Según el artículo de la Ley General Tributaria que regula los derechos y garantías de los obligados tributarios, los obligados tienen derecho a ser oídos: a) En cualquier momento del procedimiento. b) En el trámite de audiencia. c) En el trámite de alegaciones. d) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución.

29. Según el artículo 4 del Real Decreto 1676/2009, de 13 de noviembre por el que se regula el Consejo para la Defensa del Contribuyente, dicho consejo estará formado por: a) 8 vocales. b) 12 vocales. c) 16 vocales. d) 18 vocales.

30. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 68 RGR, la recaudación en periodo voluntario se iniciará a partir de: a) La fecha de notificación de la liquidación al obligado al pago. b) La apertura del respectivo plazo recaudatorio cuando se trate de las deudas que sean objeto de notificación colectiva y periódica. c) La fecha de comienzo del plazo señalado para su presentación, tratándose de autoliquidaciones. d) La fecha de presentación de la declaración por el obligado al pago.

31. Señala la respuesta correcta. Según el artículo 68 RGR, la recaudación en periodo voluntario concluirá: a) El día del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. b) En el caso de deudas a ingresar mediante declaración presentada fuera de plazo sin realizar el ingreso o sin presentar solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación, concluirá el mismo día de la presentación de la declaración. c) El día del vencimiento de los correspondientes plazos de autoliquidación. d) El día del vencimiento de los correspondientes plazos de liquidación.

32. ¿El pago en periodo voluntario puede ser parcial?. a) No, según el artículo 68 del RGR, los obligados deberán satisfacer totalmente las deudas en periodo voluntario. b) Sí. Según el artículo 68 del RGR, los obligados podrán satisfacer total o parcialmente las deudas en periodo voluntario. c) Sí. Según el artículo 68 del RGR, los obligados podrán satisfacer parcialmente las deudas en periodo voluntario si lo aprueba el órgano de recaudación competente. d) Sí. Según el artículo 68 del RGR, los obligados podrán satisfacer parcialmente las deudas en periodo voluntario solo si se les concede fraccionamiento de pago.

33. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 24 RGR, el anuncio de cobranza deberá contener, al menos: a) El plazo de ingreso. b) La modalidad de cobro utilizable de entre las enumeradas en el artículo 23. c) Los días y horas de ingreso. d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

34. Conforme al artículo 25 del RGR, los obligados al pago podrán domiciliar el pago de las deudas a las que se refiere esta sección en cuentas abiertas en entidades de crédito. Para ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 38: a) Dirigirán comunicación al órgano de recaudación correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro. b) Dirigirán comunicación a la entidad de crédito correspondiente al menos dos meses antes del comienzo del periodo de cobro. c) Dirigirán comunicación al órgano de recaudación correspondiente al menos tres meses antes del comienzo del periodo de cobro. d) Dirigirán comunicación a la entidad de crédito correspondiente al menos tres meses antes del comienzo del periodo de cobro.

35. ¿Cuál es la fecha límite de ingreso en voluntaria de una deuda consecuencia de un acta de conformidad (A01) incoada el 23 de enero de 2021 y confirmada expresamente por el inspector jefe el 7 de febrero notificada al día siguiente?. a) El 20 de febrero de 2021. b) El 5 de marzo de 2021. c) El 20 de marzo de 2021. d) El 5 de abril de 2021.

36. Señala la respuesta incorrecta. ¿Qué modalidades de cobro establece el artículo 23 RGR para las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva?. a) Por los órganos de recaudación que tengan a su cargo la gestión de los recursos. b) A través de una o varias entidades de crédito con las que se acuerde la prestación del servicio. c) A través del Servicio de Recaudación del Banco de España. d) Por cualquier otra modalidad que se establezca para el ingreso de los recursos de la Hacienda pública.

38. Señala la respuesta incorrecta. El anuncio de cobranza deberá contener, al menos: a) El plazo de ingreso. b) La modalidad de cobro utilizable de entre las enumeradas en el artículo 23. c) Los lugares, días y horas de ingreso. d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de embargo y se devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

38. Según el artículo 161.1 LGT, en el caso de deudas liquidadas por la Administración Tributaria, el periodo ejecutivo se inicia: a) El día del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 162 de la LGT. b) Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para su ingreso. c) El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la LGT. d) El día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

39. Según el artículo 161.1 LGT, en el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin realizar el ingreso, el periodo ejecutivo se inicia: a) Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso. b) Al día siguiente de la finalización del plazo que establezca la normativa de cada tributo para dicho ingreso o, si este ya hubiere concluido, el día siguiente a la presentación de la autoliquidación. c) El día siguiente al del vencimiento del plazo establecido para su ingreso en el artículo 62 de la LGT. d) El día siguiente a la presentación de la autoliquidación.

40. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 161.2 LGT, el inicio del periodo ejecutivo puede impedirse al presentar en periodo voluntario: a) Una solicitud de aplazamiento. b) Una solicitud de fraccionamiento. c) Una solicitud de compensación. d) Por la interposición de un recurso o una reclamación.

41. Según el artículo 69 del RGR, iniciado el periodo ejecutivo, la recaudación se efectuará: a) Por el procedimiento de embargo. b) Por el procedimiento de ejecución subsidiaria. c) Por el procedimiento de apremio. d) Por el procedimiento de subasta.

42. Señala la respuesta incorrecta. La potestad para utilizar la vía de apremio en la recaudación ejecutiva de las deudas de derecho público corresponde exclusivamente a: a) La Administración del Estado y sus Organismos Autónomos. b) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. c) Las entidades colaboradoras y las entidades que prestan el servicio de caja. d) Las entidades a las que por ley se les reconozca dicha facultad.

43. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 161 LGT, el inicio del periodo ejecutivo determinará: a) La exigencia de los recargos por presentación extemporánea. b) La exigencia de los intereses de demora. c) La exigencia de los recargos del periodo ejecutivo. d) La exigencia, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

44. Según el artículo 28 de la LGT, el recargo del periodo ejecutivo será del: a) 5 %. b) 10 %. c) 15 %. d) 20 %.

45. Según el artículo 28 de la LGT, el recargo de apremio reducido será del: a) 5 %. b) 10 %. c) 15 %. d) 20 %.

47. Según el artículo 167 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el procedimiento de apremio se iniciará: a) Mediante providencia de embargo notificada al obligado tributario. b) Mediante providencia notificada al obligado tributario. c) Cuando se inicie el periodo ejecutivo. d) Cuando se notifique al deudor el inicio del periodo ejecutivo.

47. Según el artículo 167 de la Ley 58/2003, General Tributaria, será admisible el siguiente motivo de oposición contra la providencia de apremio: a) La falta de notificación de la liquidación. b) La falta de notificación de la providencia de apremio. c) La falta de notificación de la providencia de embargo. d) La falta de notificación del inicio del periodo ejecutivo.

48. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, será admisible el siguiente motivo de oposición contra la diligencia de embargo: a) La falta de notificación de la liquidación. b) La falta de notificación de la providencia de apremio. c) La falta de notificación de la providencia de embargo. d) La falta de notificación del inicio del periodo ejecutivo.

49. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 170 de la Ley 58/2003, General Tributaria, efectuado el embargo de los bienes y derechos, la diligencia se notificará: a) Al obligado tributario. b) A los condueños o titulares de los bienes embargados. c) Al cónyuge del obligado tributario en todo caso. d) Al tercero depositario de los bienes.

50. Según el artículo 108 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las especialidades establecidas en la LGT. Principalmente, ¿a qué norma administrativa general nos remite este artículo?. a) A la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) A la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. c) A la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. d) A la Ley 7/1985 reguladora de Bases del Régimen Local.

51. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 110.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará: a) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario. b) En el lugar señalado a tal efecto por el representante del obligado tributario. c) En el domicilio fiscal del obligado tributario. d) En el lugar donde el obligado tributario desarrolle su actividad económica.

52. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 110.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria, en los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse: a) En el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario. b) En el domicilio fiscal del representante del obligado tributario. c) En el domicilio fiscal del obligado tributario. d) En el lugar donde el obligado tributario desarrolle su actividad económica.

53. Según el artículo 111 de la Ley 58/2003, General Tributaria, el rechazo de la notificación: a) Implicará que se tenga por efectuada la misma. b) Implicará que se tenga por efectuada la misma si quien la rechaza es un familiar del interesado. c) Implicará que se tenga por efectuada la misma si quien la rechaza es el interesado. d) No implicará que se tenga por efectuada la misma en ningún caso.

54. Según el artículo 111 de la Ley 58/2003, General Tributaria, ¿podría hacerse cargo de la notificación a un obligado tributario el portero del edificio donde reside?. a) Sí, si se trata del domicilio fiscal del obligado tributario. b) Sí, en cualquier caso. c) No, en ningún caso. d) Sí, si se trata del domicilio fiscal del obligado tributario y el portero ha sido debidamente autorizado.

55. La notificación por comparecencia se regula en el artículo 112 de la Ley 58/2003, General Tributaria. La publicación de anuncios en el BOE para citar al interesado para ser notificado por comparecencia, ¿en qué días se efectuará?. a) Todos los días de la semana excepto sábados y domingos. b) Todos los días hábiles de la semana. c) Los lunes, miércoles y viernes. d) Los lunes, martes y miércoles.

56. Según el apartado 2 del artículo 162 LGT, los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación desarrollarán las actuaciones materiales que sean necesarias. a) En el curso del procedimiento de apremio. b) Exclusivamente en el procedimiento de enajenación de bienes embargados. c) En el curso del procedimiento de comprobación limitada. d) En el curso de las actuaciones de comprobación de valores.

57. Según el apartado 2 del artículo 162 LGT, si el obligado tributario no cumpliera las resoluciones o requerimientos que al efecto se hubiesen dictado por los funcionarios que desempeñen funciones de recaudación, se podrá acordar, previo apercibimiento: a) La ejecución subsidiaria de dichas resoluciones o requerimientos, mediante acuerdo del órgano competente. b) El inicio del procedimiento sancionador, mediante acuerdo del órgano competente. c) El inicio de acciones civiles, mediante acuerdo del órgano competente. d) El inicio de acciones penales, mediante acuerdo del órgano competente.

58. Según el apartado 3 del artículo 164 LGT, ¿Quiénes deben colaborar con la Administración tributaria facilitando los datos relativos a procesos concursales o universales de ejecución?. a) Los jueces y tribunales. b) Los administradores concursales. c) Los interventores de las quiebras. d) Los Secretarios Judiciales.

59. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 55 del RD 1065/2007, que aprueba el reglamento de gestión e inspección y procedimientos comunes, los requerimientos individualizados de información que realice la Administración tributaria deberán ser notificados al obligado tributario requerido e incluirán: a) El nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario que debe suministrar la información. b) El periodo de tiempo a que se refiere la información requerida. c) Los datos relativos a los hechos respecto de los que se requiere la información. d) Recursos o reclamaciones posibles.

60. Según el artículo 55 del RD 1065/2007, que aprueba el reglamento de gestión e inspección y procedimientos comunes, ¿Qué plazo se concederá para aportar la información solicitada?. a) 5 días, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. b) No inferior a 5 días, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. c) 10 días, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento. d) No inferior a 10 días, contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento.