¿Cómo se organiza territorialmente el Estado conforme a lo indicado en nuestra Carta Magna?: En Municipios. En Provincias. En Comunidades Autónomas. Todas las anteriores son ciertas.
Según lo señalado en nuestra Constitución de 1978, ¿de qué gozan los municipios?: De autonomía financiera. De autonomía para el establecimiento de sus impuestos y tributos propios. De autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. De personalidad jurídica propia.
Según el literal del artículo 137 de nuestro texto constitucional, ¿de qué gozan los municipios, las provincias y las Comunidades Autónomas?: De autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. De suficiencia financiera para el ejercicio de sus competencias. De capacidad tributaria para la gestión de sus respectivos intereses. Todas las anteriores son falsas conforme a la literalidad del artículo citado.
¿De qué gozan los municipios y las provincias según el artículo 137 de nuestro texto constitucional?: De autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. De personalidad jurídica propia. De autonomía financiera. De autonomía para el establecimiento de sus impuestos y tributos propios.
¿Cómo se organiza territorialmente el Estado según lo previsto en el Título VIII de nuestro texto constitucional?: En municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En comarcas, provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En municipios, Diputaciones y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. En Administración General, Autonómica y Local.
¿Qué principios generales de la Organización Territorial del Estado se recogen en el Capítulo 1. º del Título 8 de nuestra Carta Magna?: Autonomía, Igualdad y Equilibrio. Libertad, Coordinación y Soberanía. Igualdad, Soberanía y Solidaridad. Autonomía, Solidaridad e Igualdad.
¿Qué tienen en común las diferentes entidades que conforman la organización territorial del Estado, conforme a lo previsto en el Título 8 de nuestro texto constitucional?: Su autogobierno. Su independencia. Su autonomía Todas las anteriores son correctas, precisando, además, nuestra Constitución, que deberán contar con medios suficientes para el desempeño de las competencias que les sean atribuidas.
Según la literalidad de lo contenido en nuestra Constitución de 1978, ¿podrán implicar los diferentes Estatutos de Autonomía privilegios económicos o sociales?: Sí, siempre que no se refieran a los derechos y libertades públicas consagrados en el Título 1 de la Constitución. No, salvo en materia tributaria. Sí, cuando se refieran al estricto ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. No.
¿Quién garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución Española?: El Estado. Los poderes públicos. Las Cortes Generales. El Gobierno de la Nación.
¿Quién velará por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español según lo señalado en nuestro texto constitucional?: Los poderes públicos. El Estado. Las Cortes Generales. El Gobierno.
Nuestra Constitución consagra el principio de solidaridad en su artículo segundo pero, ¿a quién deberá atenderse de manera en particular para la realización efectiva de dicho principio?: A las Comunidades Autónomas constituidas al amparo del artículo 144 de la Constitución. A las zonas de montaña. A las Islas. A todas las anteriores.
¿Qué señala nuestra Constitución respecto de la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en su artículo 2?: Que se garantiza por el Estado velando por el establecimiento de un reparto justo y equilibrado entre las diversa.., partes del territorio español, y atendiendo, en particular a las circunstancias de las zonas de montaña. Que se garantiza por el Estado procurando el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas provincias del territorio del Estado. Que se garantiza por el Estado velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo, en particular, a las circunstancias del hecho insular. Que se garantiza por el Estado velando por el establecimiento de un reparto justo y equilibrado entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo, en particular, a las circunstancias del hecho insular.
¿A quién atribuye nuestra Constitución de 1978 el deber de atender de manera particular a las circunstancias del hecho insular?: Al Gobierno. A los poderes públicos. Al Estado. Al Senado, en tanto que Cámara de representación territorial.
¿Qué consagra, en relación con los españoles, la literalidad del artículo 139 de nuestra Constitución Española?: Que ningún Estatuto de Autonomía puede reconocerles derechos, dado que es materia reservada a la Constitución Española. Que todos ellos tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Que es atribución reservada al Estado concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. Que ninguna autoridad podrá restringir su derecho a la libertad de establecimiento y circulación.
¿Puede alguna autoridad, según nuestra Carta Magna, adoptar medidas que directamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas?: No. No, pero sí indirectamente. No, salvo que de una sanción administrativa se desprenda lo contrario. Sí, para garantizar los derechos de los ciudadanos.
Según la literalidad de lo contenido en nuestra Carta Magna, ¿puede alguna autoridad adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas?: No directamente. No, salvo que dicha circulación y establecimiento menoscaben el libre desenvolvimiento del interés general atribuido a las mismas por la propia Constitución Española u otras leyes. No. Sí cuando dicha circulación y establecimiento puedan impedir el libre desenvolvimiento del interés general.
¿Qué garantiza a los municipios nuestro texto constitucional?: Su autonomía. Sus competencias. Su suficiencia. Todos los elementos anteriores quedan garantizados constitucionalmente a dichas entidades territoriales.
Tal y como así establece nuestro texto constitucional, ¿cómo guiarán las condiciones en las que procederá el régimen de concejo abierto?: Reglamentariamente. Mediante Ley. Mediante Ley orgánica. En cada Comunidad Autónoma, mediante el cumplimiento del procedimiento que debe establecerse en los respectivos Estatutos de Autonomía.
¿De qué gozarán los municipios conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Constitución Española de 1978?: De autonomía financiera. De autonomía suficiente. De personalidad jurídica plena. De medios suficientes para la gestión de sus competencias.
Según establece nuestro texto constitucional, ¿a quién corresponde el gobierno y administración de los municipios?: A sus respectivos Ayuntamientos. A sus vecinos. A sus Alcaldes. A la Corporación municipal.
¿Qué es predicable del régimen de concejo abierto a que alude la Constitución Española?: Que sólo es aplicable en una serie de supuestos determinados en la propia Constitución Española. Que la Constitución Española no lo reconoce. Que tiene la consideración de régimen general municipal. Que se regulará mediante Ley las condiciones en que proceda.
Según nuestra Constitución Española, en los archipiélagos, ¿a quién corresponderá la administración propia de las islas?: A Cabildos o Consejos. A sus Comunidades Autónomas. A los municipios insulares. A las provincias insulares.
¿Cómo define nuestra Constitución a la Provincia en su artículo 141?: Como una entidad local con personalidad jurídica plena. determinada por la agrupación de municipios para el cumplimiento territorial de las actividades de la Comunidad Autónoma. Como una entidad local con propia autonomía, determinada por la agrupación de municipios y división comarcal para el cumplimiento de las actividades del Estado. Como una entidad local con personalidad jurídica plena determinada por la agrupación de municipios y división comarcal para el cumplimiento de las actividades del Estado. Como una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
Según nuestra Constitución, ¿a quién estarán encomendados el gobierno y administración de las Provincias?: Al Pleno de las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. A los Presidentes de las Diputaciones Provinciales. A las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. Al Pleno de las Diputaciones Provinciales.
Según nuestra Constitución Española, ¿cómo pueden alterarse los límites provinciales?: Mediante acuerdo entre las Comunidades Autónomas cuando dicha alteración se produjese fuera del territorio de una única Comunidad Autónoma. Mediante Ley orgánica. Mediante convenio entre las Comunidades Autónomas cuando dicha alteración se produjese fuera del territorio de una única Comunidad Autónoma. Dicho convenio requeriría autorización por parte del Senado por mayoría absoluta. Mediante Ley autonómica cuando dicha alteración no excediera de dicho territorio.
¿Qué requiere, según nuestra Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales?: Aprobación, por la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma, por Ley ordinaria. Aprobación, por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica. Aprobación, por las Cortes Generales, mediante Ley. Aprobación, por la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma, mediante Ley orgánica.
¿Pueden crearse agrupaciones de municipios diferentes de la provincia según lo indicado en el literal de nuestra Constitución?: No, en ningún caso. Sí, previa autorización del Senado. No, tal y como así dispone el artículo 146 de la Constitución. Sí.
¿De qué se nutrirán fundamentalmente las Haciendas Locales según la Constitución de 1978?: De sus propios presupuestos. De tributos propios, así como de la participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. De tasas y demás ingresos patrimoniales. Todas las anteriores son ciertas.
¿Quiénes no podían acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidad Autónoma según lo previsto en el primer apartado del artículo 143 de la Constitución de 1978?: Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Los territorios insulares. Las provincias con entidad regional histórica. Todas las respuestas anteriores son falsas.
¿En qué plazo deberían cumplirse los requisitos previstos en el segundo aportado del artículo 143 de la Constitución de 1978?: Antes de seis meses desde la solicitud, a las Cortes Generales, de constitución de la respectiva Comunidad Autónoma. En el de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. En el de seis meses desde la constitución de la Comisión Paritaria. En el de tres meses desde el primer acuerdo.
De no prosperar la iniciativa referida en el segundo apartado del artículo 143 de nuestro texto constitucional, ¿en qué plazo podría reiterarse?: Cuando así lo decidan las Cortes Generales. Pasados cinco años. En el de un año. En el de cuatro años.
¿Dónde reconoce nuestra Constitución Española el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española?: En su artículo 2. En su artículo 1 En sus artículos 3 y 143. En sus artículos 2 y 146.
¿Quiénes podían acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas en ejercicio del derecho a la autonomía a que hace referencia nuestra Constitución de 1978?: Los territorios insulares. Las provincias con entidad regional histórica. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Todas las respuestas son correctas.
De entre las siguientes, ¿cuál/es quedaba/n sometida a la vía de acceso a la autonomía contemplada en el artículo 143 de la Constitución Española?: Las provincias con entidad regional histórica. Los territorios que en el pasado hubieren plebiscitado afirmativa proyecto de Estatuto de Autonomía. Toda provincia sin entidad regional histórica. Ceuta, Melilla y Gibraltar dado que comparten características históricas, culturales y económicas comunes.
¿Puede autorizarse la constitución de una Comunidad Autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 de la Constitución de 1978?: Sí, en cualquiera caso, previa comunicación al Senado, cámara de representación territorial. Sí, por las Cortes Generales mediante Ley orgánica, por motivos de interés nacional. Sí, cuando así convenga al interés del Estado. Sí, mediante Ley de bases aprobada por mayoría absoluta.
¿Puede, según nuestra Constitución, autorizarse o acordarse en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial?: Sí, por las Cortes Generales mediante Ley orgánica, por motivos de interés nacional. No, en ningún caso. No, salvo que quede acreditada que tuvieran una entidad regional histórica. Sí, sólo cuando se acredite una identidad sustancial.
¿Qué precisarán, según nuestro texto constitucional, los convenios celebrados entre diferentes Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas?: Autorización de las Cortes Generales. Mayoría absoluta del Senado en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Comunicación a las Cortes Generales. Ley orgánica.
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¿Dónde podrá preverse el carácter y efectos de la correspondientes comunicación a las Cortes Generales de los convenios que se celebren entre Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicio propios de las mismas?: En una Ley Orgánica. Mediante una Ley de bases. En el clausulado de los respectivos convenios. En los Estatutos de Autonomía.
Según nuestra Constitución Española, ¿qué requerirán cualesquiera acuerdos de cooperación entre Comunidades Autónomas no referidos a la gestión y prestación de servicios propios de las mismas?: Autorización del Senado. Autorización del Congreso de los Diputados. Autorización de las Cortes Generales. Previa conformidad del Gobierno.
¿Con qué objeto podrán celebrar las Comunidades Autónomas convenios entre sí, según lo previsto en nuestra Carta Magna?: Para el mantenimiento de las relaciones que se consideren convenientes en aras a satisfacer el interés general con aquellas Comunidades Autónomas con las que se compartan objetivos e intereses. Para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas. Para el mantenimiento de las relaciones que se consideren convenientes en aras a satisfacer el interés general de dichas Comunidades Autónomas. Todas las anteriores respuestas son incorrectas.
¿Qué señala nuestra Constitución Española respecto de la federación de Comunidades Autónomas?: Que precisará autorización de las Cortes Generales mediante mayoría absoluta. Que no se admitirá en ningún caso. Que se admitirá en determinados supuestos. Que podrá realizarse bajo el procedimiento señalado en una Ley orgánica.
¿A quién atribuye nuestra Constitución Española la elaboración del proyecto de Estatuto de Autonomía?: A una comisión territorial por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas. A una asamblea compuesta por mayoría de miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas. A una comisión creada por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por mayoría de los Diputados y Senadores elegidos en ellas. A una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas.
Según el literal de lo indicado en el artículo 146 de nuestro texto constitucional, ¿para qué deberá elevarse a las Cortes Generales el proyecto de Estatuto de Autonomía?: Para su aprobación por parte del Congreso de los Diputados. Para su tramitación como Ley ordinaria. Para su tramitación como Ley. Para su tramitación como norma básica.
En aquellos casos en que, para constituirse en Comunidad Autónoma, hubo de seguirse la vía del artículo 143, de entre las siguientes alternativas, ¿a quién atribuía nuestra Constitución Española la elaboración del Proyecto de Estatuto?: A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. A la Comisión Autonómica de las Cortes Generales. A la Diputación Provincial que represente a la mayor parte de ciudadanos en dicho territorio. A los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y a los Diputados y Senadores elegidos por ellas.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la elaboración de un proyecto de Estatuto cuando se acceda por la vía del artículo 143 de nuestra Constitución Española?: Que podrán participar en dicha elaboración los Diputados autonómicos elegidos mediante sufragio universal, libre, igual y secreto. Que sólo participarán las Diputaciones Provinciales u órganos interinsulares. Que en la misma no intervienen los municipios afectados. Que sólo intervendrán los Municipios, así como los Diputados y Senadores.
¿Qué requerirá, en todo caso, la reforma de los Estatutos de Autonomía según lo previsto en nuestro texto constitucional?: Referéndum de ratificación mayoritaria por parte del cuerpo censal de las provincias afectadas. La aprobación por mayoría en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Ratificación en las provincias a cuyo ámbito territorial afecte. La aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica.
¿Dónde se contendrán las competencias asumidas por una Comunidad Autónoma?: En la Ley orgánica que regule el régimen competencial autonómico, dentro del marco establecido en la Constitución Española. En su Estatuto de Autonomía, dentro del marco establecido en la Constitución Española. En sus normas de desarrollo dentro del marco establecido en la Constitución Española. En el Título octavo de la Constitución Española.
Tal y como así señala nuestra Constitución de 1978, ¿dónde contendrá la delimitación del territorio de las Comunidades Autónomas?: En sus Estatutos de Autonomía. En una Ley orgánica. En una Ley de bases. En la Constitución Española.
¿A qué deberá ajustarse, según la Constitución Española de 1978, la reforma de los Estatutos de Autonomía?: Al procedimiento establecido en los mismos. A los requisitos establecidos por el Senado. A los mismos requisitos requeridos para la reforma de la Constitución Española. A autorización previa por parte del Senado.
¿Qué corresponde al Estado, según la literalidad de nuestra Constitución, respecto de los Estatutos de las Comunidades Autónomas?: Publicarlos una vez sancionados y promulgados por el Rey. Reconocerlos y ampararlos como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Ratificarlos, ordenando su inmediata publicación. Sancionarlos y promulgarlos.
¿Qué mayoría se precisa para poder aprobar la reforma de un Estatuto de Autonomía?: Absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Tres cuartos de los miembros totales de la misma, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Simple. Dos tercios de los miembros de la misma.
De entre los siguientes extremos, ¿cuál no debe contenerse de manera obligatoria en los Estatutos de Autonomía conforme a nuestra Constitución?: Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución. La denominación de la Comunidad Autónoma, previo refrendo de su cuerpo de electores. La denominación, organización y sede de sus instituciones. La delimitación de su territorio.
¿Qué señala nuestro texto constitucional respecto de los Estatutos de Autonomía?: Que el Estado deberá reconocerlos como norma jurídica, una vez sancionados. Que sólo forman parte del ordenamiento jurídico autonómico. Que serán la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma. Todas las anteriores son ciertas.
Una vez transcurridos cinco años, ¿cómo podrían ampliar sucesivamente sus competencias las Comunidades Autónomas, dentro del marco establecido en el artículo 149 de nuestra Carta Magna?: Mediante comunicación a las Cortes Generales. Mediante la reforma de sus Estatutos. Mediante autorización de las Cortes Generales, previa evaluación de los compromisos financieros inherentes al desarrollo de las competencias que deseen asumirse. Mediante autorización del Gobierno, previa evaluación de los compromisos financieros inherentes al desarrollo de las competencias que deseen asumirse.
Tal y como así determina nuestra Constitución, ¿en qué plazo podrían ampliar sucesivamente las Comunidades Autónomas sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 del texto constitucional?: En el de seis años. En el de dos años. En el de cuatro años. En el de cinco años.
¿Qué sucederá con aquellas materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía según lo previsto en nuestro texto constitucional?: Que la competencia corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. Que podrán asumirse en cualquier momento salvo conflicto con la normativa básica estatal. Que podrán asumirse en el plazo de cinco años desde la constitución de la Comunidad Autónoma, previa autorización del Senado. Que en este caso corresponderá supletoriamente al Estado.
Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas y, según señala nuestra Constitución, ¿Cómo considerará el Estado el servicio de la cultura?: Como deber y atribución esencial. Un servicio fundamental. Un derecho que será objeto de especial protección. Todas las anteriores son incorrectas.
¿Podrá dictar el Estado, conforme a nuestra Constitución Española, leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas cuando se trate de materias atribuidas a la competencia de éstas?: Sí cuando así lo exija el interés general. Sí, en todo caso. Sí, debiendo revestir forma de Ley orgánica cuando se trate de competencias de nueva asunción. Sí, cuando así convenga al interés del Estado.
¿A quién corresponderá apreciar la necesidad referenciada en el aportado 3 del artículo 150 de la Constitución Española?: A las Cortes Generales. A las Comunidades Autónomas. Al Senado. Al Gobierno.
¿Quién podrá, conforme a nuestra Constitución Española, transferir o delegar en las Comunidades Autónoma facultades correspondientes a materia de titularidad estatal?: El Congreso de los Diputados. El Senado. El Estado. El Gobierno de la Nación.
¿Qué deberá prever la Ley orgánica por la que el Estado, conforme a nuestra Constitución Española, delegue en las Comunidades Autónoma facultades correspondientes a materia de titularidad estatal?: Las formas de control respecto de dichas competencias, cuando puedan implicar privilegios económicos y sociales entre diferentes Comunidades Autónomas. La correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. El control de legalidad en los medios financieros transferidos, cuando el control no se reserve de manera exclusiva al Estado. La pregunta es falsa, dado que parte de un importante error de concepto.
¿Qué mayoría exigirá en las Cortes Generales la apreciación de la necesidad a que hace referencia el apartado 3 del artículo 150 de la Constitución Española?: Mayoría absoluta del Senado. Mayoría absoluta de las Cortes Generales en sesión conjunta. Mayoría absoluta del Congreso. Mayoría absoluta de cada Cámara.
Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, ¿qué podrán establecer las leyes marco según la Constitución Española?: Las normas básicas para la ejecución de competencias compartidas. Las atribuciones que podrán ser asumidas por las Comunidades Autónomas respecto de competencias compartidas. La modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas emanadas de las Cortes Generales. La modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.
¿Cómo podrá el Estado, conforme a nuestra Constitución Española, transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal?: Mediante una Ley de bases. Median te Ley orgánica. Mediante una Ley marco. Mediante Ley.
Según la literalidad de nuestra Constitución Española, ¿qué podrán hacer las Comunidades Autónomas respecto de aquellas materias que sean competencia estatal?: Dictar, por sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijadas por una Ley estatal, cuando el Congreso de los Diputados les hayan atribuido tal facultad. Dictar, por sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijadas por una Ley estatal, cuando las Cortes Generales les hayan atribuido tal facultad. Dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijadas por una Ley estatal, cuando las Cortes Generales les hayan atribuido tal facultad Dictar, por sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijadas por una Ley estatal, cuando el Gobierno les hayan delegado tal atribución.
Sobre la base del segundo apartado del artículo 150 de nuestro texto constitucional, ¿qué sucede en el supuesto de que el Estado transfiriera competencias propias a una Comunidad Autónoma?: Que también deberá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas. Que se reservará, mediante Ley orgánica, las formas de control. Que pasarán a ser competencias exclusivas de dicha Comunidad Autónoma cuando así se señale en la Ley de delegación. Que dicha transferencia debe hacerse mediante Ley ordinaria aprobada en las Cortes mediante mayoría absoluta garantizándose, igualmente, la oportuna traslación de medios financieros para su ejercicio.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, según lo señalado en nuestra Constitución de 1978, respecto de la armonización de las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas?: A) Que el Estado, mediante Ley, podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar dichas disposiciones. Cierta la A), aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de las Comunidades Autónomas, cuando así lo exija el interés general. Cierta la B), correspondiendo al Senado, mediante mayoría absoluta apreciar el referido interés general. Todas las anteriores son falsas.
¿Quién podrá, conforme a nuestra Constitución Española, dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas?: Las propias Comunidades Autónomas. El Estado. El Congreso. El Gobierno.
¿En qué plazo deberá la Comisión Constitucional del Congreso examinar el proyecto de Estatuto en el supuesto contemplado en el artículo 151 de nuestra Carta Magna?: En el de un mes. En el de dos meses. Dentro del mismo periodo de sesiones. En el de tres meses.
En relación con el procedimiento para la elaboración del Estatuto de Autonomía, ¿Quién convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno en el supuesto contemplado en el artículo 151 de nuestra Carta Magna?: El Presidente del Gobierno. Las Cortes Generales. El Gobierno. Las Cortes Generales.
¿Qué sucedería si no se alcanzara el acuerdo sobre el proyecto de Estatuto a que hace referencia el artículo 151 de la Constitución Española?: Que el Estatuto se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto. Que el Estatuto se tramitará como Ley ante las Cortes Generales. Que el proyecto de Estatuto será tramitado como proyecto ante las Cortes Generales. Que no podrá reintentarse hasta transcurridos cinco años.
Entre otros requisitos procedimentales, ¿precisa la iniciativa legislativa a que hace referencia el primer apartado del artículo 151 de la Constitución Española ser ratificada mediante referéndum?: No, salvo que afecte a derechos fundamentales establecidos por los respectivos Estatutos de Autonomía. No, en ningún caso. Sí. Sí, mediante mayoría de dos tercios.
¿Será siempre preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el aportado 2 del artículo 148 de la Constitución Española?: No cuando se den las condiciones señaladas en el primer apartado del artículo 151 de la Constitución Española. Sí la primera vez. Sí cuando se den las condiciones señaladas en el primer apartado del artículo 151 de la Constitución de 1978. No cuando se trate de Comunidades Autónomas surgidas de la vía del artículo 144 de nuestra Carta Magna.
Si el proyecto de Estatuto hubiera de ser tramitado como proyecto ante las Cortes Generales tal y como así contempla el artículo 151 de la Constitución Española, y fuera aprobado por los plenos de ambas Cámaras mediante un voto de ratificación, ¿qué sucederá a continuación?: Que formará parte de nuestro ordenamiento jurídico de manera automática. Que el Rey lo sancionará y lo promulgará como Ley. Que será sometido a referéndum consultivo. Que la Comunidad Autónoma gozará de capacidad para asumir todas aquellas competencias no exclusivas del Estado.
¿En qué se basará la organización de aquellas Comunidades Autónomas cuyos Estatutos de Autonomía hubieran sido aprobados conforme al procedimiento señalado en el artículo 151 de nuestra Carta Magna?: En una Asamblea Legislativa. En un Consejo de Gobierno. En un Presidente. Todas las anteriores son ciertas.
¿Cómo examinará la Comisión Constitucional del Senado el proyecto de Estatuto en el supuesto contemplado en el artículo 151 de la Constitución Española?: A) Con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. B) Armonizándolo con las disposiciones normativas de las restantes Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas. Ciertas A) y B) La pregunta contiene un importante error de concepto.
¿Qué puede señalarse de la asunción de competencias dentro del marco establecido en el artículo 149 de la Constitución Española por parte de las Comunidades Autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151?: Que en tal caso no resultaba preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que alude el segundo apartado del artículo 148. Que deberían dejar transcurrir el plazo de cinco años a que alude el segundo apartado del artículo 148. Que se entendían todas asumidas. Que salvo precepto en contrario se entendían automáticamente todas asumidas sin que fuera preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que alude el segundo apartado del artículo 148.
Si señalamos la necesidad de un voto de ratificación por parte de las Cámaras del proyecto de Estatuto, ¿a qué Comunidades Autónomas estaremos haciendo referencia?: A las Comunidades Autónomas constituidas mediante la vía del artículo 144 de la Constitución Española. A todas las Comunidades Autónomas que decidieran asumir las competencias señaladas en el artículo 148 de la Constitución. A las Comunidades Autónomas que siguen la vía del artículo 143 de la Constitución Española. Todas las anteriores son falsas.
¿Cuántos municipios deben acordar la iniciativa del proceso autonómico para que no sea preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 de la Constitución Española?: La mayoría del cuerpo electoral de las provincias afectadas siempre que representen, al menos, las tres cuartas partes del censo electoral de cada una de ellas. Una cuarta parte de los municipios de cada una de las provincias afectadas siempre que representan, al menos, las tres cuartas partes del censo electoral de cada una de ellas. Al menos mitad de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen la mayoría del censo electoral de cada una de ellas. Las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas.
¿Qué ratificación, mediante referéndum, precisa aquella situación por la que no será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años a que se refiere el apartado 2 del artículo 148 de nuestro texto constitucional: La del voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de la Comunidad Autónoma en los términos que establezca una Ley orgánica. La del voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de la Comunidad Autónoma en los términos que establezca una Ley. La del voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada municipio en los términos que establezca una Ley orgánica. La del voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que establezca una Ley orgánica.
En el caso de los territorios que no tuvieran régimen provisional de autonomía, tal y como así señala el artículo 151 de nuestra Constitución, ¿cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica?: Mayoría de los municipios de cada una de las provincias afectadas, cuya población, represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, cuya población, represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. La pregunta está incorrectamente formulada. Dos cuartas partes de los mismos.
¿Qué sucederá si se alcanzara el acuerdo sobre el proyecto de Estatuto a que hace referencia el apartado 2.º del artículo 151 de la Constitución Española?: Que el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. Que el texto resultará definitivamente aprobado. Que el texto resultante resultará definitivamente aprobado, previa tramitación de urgencia en las Cortes Generales. Que podrá someterse el texto resultante a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas, cuando así lo determine una décima parte de los municipios.
¿A quién atribuye nuestra Constitución la elección del Presidente de una Comunidad Autónoma?: A las Cortes Generales. Al Rey. A la Asamblea de la Comunidad Autónoma, de entre sus miembros. Directamente a los electores de dicha Comunidad Autónoma.
¿Qué precisará la modificación de un Estatuto de Autonomía, tal y como así señala el segundo apartado del artículo 152 de nuestra Constitución de 1978?: Que se realice mediante referéndum entre los electores inscritos en el censo correspondiente y posterior comunicación a las Cortes Generales. Solicitud previa a su tramitación a las Cortes Generales, para su posterior realización del procedimiento indicado en el propio Estatuto. Que se realice mediante el procedimiento establecido en el Estatuto y con referéndum entre los electores inscritos en el censo correspondiente. Que se realice previo referéndum entre los electores inscritos en el censo correspondiente cuando afecte al régimen de organización institucional de la propia Comunidad Autónoma.
¿Quién asume, según nuestra Constitución de 1978, la supremo representación del Estado en el territorio de una Comunidad Autónoma?: El Presidente del Gobierno. Un Delegado elegido por el Gobierno. El Presidente de la Comunidad Autónoma. Todas las anteriores son falsas.
¿Qué le corresponde al Presidente de una Comunidad Autónoma según lo indicado por nuestra Constitución?: La máxima representación de las provincias que la conforman. La suprema representación de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. La suprema representación de la respectiva Comunidad y la máxima del Estado en aquélla. La ordinaria representación de la respectiva Comunidad y la suprema del Estado en aquélla.
¿Quién asume, según nuestra Constitución de 1978, la representación ordinaria del Estado en una Comunidad Autónoma?: El Presidente de la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad Autónoma. El Presidente del Gobierno. Un Delegado elegido por el Gobierno. El Presidente de la Comunidad Autónoma. .
¿Por qué tipo de sufragio se elige a la Asamblea Legislativa de las Comunidades Autónomas según lo previsto en nuestra Carta Magna?: Universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Constitución Española. Universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las distintas zonas del territorio. Universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida en sus Estatutos. Igual, universal, libre, secreto y directo, en la forma establecida por el Gobierno.
¿Qué requiere el control que ejerce el Gobierno sobre el ejercicio de las funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la Constitución Española?: Previo informe del Defensor del Pueblo. Autorización de las Cortes Generales. Previo dictamen del Consejo de Estado. Autorización del Senado mediante mayoría absoluta.
¿A quién corresponderá, según nuestra Constitución Española, el control de las normas reglamentarias emanadas de la administración de una Comunidad Autónoma?: Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. A la Jurisdicción contencioso-administrativa. Al Tribunal de Cuentas. Al Tribunal Constitucional.
¿A quién corresponderá, según nuestra Constitución Española, el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en lo relativo al ejercicio de las funciones delegadas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 150?: Al Tribunal Constitucional. Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Al Tribunal de Cuentas. A la jurisdicción contencioso-administrativa.
¿A quién corresponderá, según nuestra Constitución Española, el control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas?: Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Al Tribunal de Cuentas. Al Gobierno, previo dictamen del Tribunal de Cuentas. A la jurisdicción contencioso-administrativa.
Según la Constitución Española, ¿qué control ejerce el Tribunal Constitucional sobre las disposiciones normativas de rango reglamentario de las Comunidades Autónomas?: De constitucionalidad de las mismas. Ninguno. De legalidad. Político.
¿A quién corresponderá el control económico y reglamentario de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas según nuestra Constitución?: Ninguna de las respuestas posteriores son correctas. Al Tribunal Constitucional. Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. Al Tribunal de Cuentas.
¿Quién nombrará al Delegado del Gobierno al que alude el artículo 154 de la Constitución de 1978?: El Presidente del Gobierno. El Gobierno. El Presidente de la Comunidad Autónoma. El Rey.
¿Quién dirigirá la Administración del Estado en el territorio de un 1 Comunidad Autónoma según nuestra Constitución Española?: El Consejo de Gobierno. El Presidente de la Comunidad Autónoma. Un Delegado nombrado por el Gobierno. El Presidente del Gobierno, salvo delegación en otra autoridad.
¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponde al Senado de manera exclusiva según lo contenido literalmente en nuestro texto constitucional?: Autorizar la aplicación de lo contenido en el artículo 135 de la Constitución Española cuando una Comunidad Autónoma incurra en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos. Autorizar las medidas adoptadas por el Gobierno para obligar a las Comunidades Autónomas a cumplir las obligaciones constitucionales. Solicitar, previa comunicación al Gobierno, el cumplimiento por parte de las Comunidades Autónomas del cumplimiento del deber de solidaridad a que están obligadas conforme a lo previsto por el artículo 2 de nuestra Constitución. Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno.
¿Qué podrá hacer el Gobierno para la ejecución de las medidas contempladas en el primer apartado del artículo 155 de la Constitución de 1978?: Asumir, previa autorización del Senado por mayoría absoluta, la titularidad de las competencias de las Comunidades Autónomas. Dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. Dictar normas básicas que serán de obligado cumplimiento por parte de las Comunidades Autónomas. Asumir, previa autorización del Senado, las competencias de las Comunidades Autónomas.
Según establece nuestra Constitución, ¿cómo podrán actuar las Comunidades Autónomas en relación con la liquidación de los recursos tributarios del Estado?: Como delegados o colaboradores. Como recaudadores delegados. Como inspectores. Como gestores en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma.
¿Para qué deberán contar las Comunidades Autónomas con autonomía financiera según nuestro texto constitucional?: Para el desarrollo y ejecución de sus competencias. Para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en todo el territorio del Estado. Para el pleno desarrollo de su identidad. Para el cumplimiento efectivo del principio de solidaridad interterritorial.
¿Qué principios adornan la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas según lo previsto por la literalidad del primer apartado del artículo 156 de la Constitución Española?: A) Coordinación con la Hacienda estatal. B) Solidaridad entre todos los españoles. Ciertas A) y B). La pregunta está incorrectamente formulada.
¿Cómo podrán regularse, según nuestra Constitución, las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado?: Mediante una Ley de bases. Mediante Ley orgánica. Reglamentariamente. Mediante Ley.
Nuestra Constitución enuncia los diferentes recursos con que podrán contar las Comunidades Autónomas. De entre los siguientes, ¿cuál no es uno de ellos, conforme al literal del artículo 157 de nuestra Carta Magna?: El producto de las operaciones de crédito. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Ingresos de derecho privado. Todas las respuestas anteriores son falsas.
Nuestra Constitución enuncia los diferentes recursos con que podrán contar las Comunidades Autónomas. ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos, conforme al literal del artículo 157 de nuestra Carta Magna?: El producto de las operaciones de débito. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Los ingresos de derecho privado. Todas las respuestas anteriores son falsas.
Según la Constitución Española, ¿cómo podrán regularse las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir en la colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado?: Mediante Ley. Mediante la correspondiente Ley de Presupuestos Generales para cada año. Mediante Ley orgánica. Mediante medidas ejecutivas y reglamentarias.
Nuestra Constitución enuncia los diferentes recursos con que podrán contar las Comunidades Autónomas. ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos, conforme a la literalidad del artículo 157 de nuestra Carta Magna?: Participaciones en los ingresos del Estado. Rendimientos procedentes de su patrimonio. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. Todas las respuestas anteriores son falsas.
Nuestra Constitución enuncia los diferentes recursos con que podrán contar las Comunidades Autónomas. ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos, conforme al literal del artículo 157 de nuestra Carta Magna?: Los impuestos cedidos parcialmente por el Estado. Recargos sobre impuestos estatales. Sus propias contribuciones especiales. Todas las respuestas anteriores son falsas.
Nuestra Constitución enuncia los diferentes recursos con que podrán contar las Comunidades Autónomas. ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos, conforme a lo previsto en el literal del artículo 157 de nuestra Carta Magna?: Los impuestos cedidos parcialmente por el Estado. Recargos sobre contribuciones especiales estatales. Sus propias contribuciones especiales. Todas las respuestas anteriores son ciertas.
¿Cuál será el destino de los recursos del Fondo de Compensación que las Cortes Generales distribuirán entre las distintas administraciones territoriales contenidas en el Título VIII de nuestro texto constitucional?: Gastos de Inversión. La pregunta contiene un importante error de concepto. El Estado de gastos de sus respectivos presupuestos. Gastos de Inversión, así como Gastos de intereses y capital de deuda pública, en cumplimiento de lo indicado por el artículo 135 de nuestra Constitución, al dotarlos de prioridad absoluta.
¿Qué persigue, literalmente, la constitución del Fondo de Compensación a que hace referencia nuestro texto constitucional?: A) Hacer efectivo el principio de solidaridad. B) Corregir desequilibrios económicos y sociales interterritoriales. Ciertas A) y B). Promover una distribución de la renta solidaria y justa entre los distintos territorios de la nación española, debiendo destinarse, para ello, a gastos de inversión.
¿ Qué persigue la distribución de recursos vía Fondo de Compensación según lo referenciado, literalmente, por nuestro texto constitucional?: A) Corregir desequilibrios económicos interterritoriales. B) Hacer efectivo el principio de solidaridad. Ciertas A) y B). Promover una distribución de la renta solidaria y justa entre los distintos territorios de la nación española, debiendo destinarse, para ello, a gastos de inversión.
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