Según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en esta ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular: En todo caso, atendiendo a los criterios de competencia e interés público tutelado. En todo caso de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. En todo caso, atendiendo a criterios de intensidad de la intervención. Se atribuirá la responsabilidad a la Administración pública con mayor participación en la financiación del servicio. De acuerdo con lo que resuelva la Administración pública con mayor participación en la financiación del servicio, después de consultar a las restantes Administraciones implicadas.
Según el artículo 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la exigencia de responsabilidad penal al personal al servicio de las Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan: Nunca los suspenderá. Siempre los suspenderá. Sólo cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Al personal al servicio de las Administraciones Públicas no se le puede exigir responsabilidad penal.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las disposiciones de carácter general (Señale la respuesta CORRECTA): Siempre las aprueba el Congreso. En ningún caso pueden ser objeto de delegación. Siempre las aprueban las Cortes. Pueden ser objeto de delegación previa autorización del Consejo de Ministros.
Las normas definidoras de infracciones y sanciones: Serán susceptibles de aplicación analógica. Sólo serán susceptibles de aplicación analógica en beneficio del presunto infractor. Serán susceptibles de aplicación analógica cuando así lo acuerde el órgano que tramite el procedimiento. Nunca serán susceptibles de aplicación analógica.
No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. Esto responde al principio: De legalidad. Non bis in idem. Auditer et altera pars. Habeas Corpus.
Según el artículo 8.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la competencia: a) Es irrenunciable y se ejercerá por el órgano que la tenga atribuida como propia. La respuesta a) es correcta, salvo en los casos de delegación. La respuesta a) es correcta, salvo en los casos de delegación y avocación. La respuesta a) es correcta, salvo los casos de suplencia o delegación.
Señalar la respuesta INCORRECTA referida a la avocación, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre: Los órganos superiores toman para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponde ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado. El acuerdo de avocación es susceptible de recurso. La avocación se producirá cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente.
Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA: Salvo en los casos de caso fortuito y fuerza mayor. Salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. Salvo en los casos de daños efectivos evaluables económicamente. Salvo en los casos de daños efectivos, evaluables económicamente e individualizados.
¿Cuál de los siguientes NO es un requisito que deba cumplirse para crear un órgano administrativo? Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Delimitación de sus funciones y competencias. Duplicación del órgano existente cuya competencia se declara al tiempo íntegra y subsistente. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante instrucciones y órdenes de servicio. Señale la afirmación CORRECTA: El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio determina por si solo la invalidez del acto dictado. El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no es origen por si mismo de la responsabilidad disciplinaria. Para que surtan eficacia las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán siempre en el boletín oficial que corresponda. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los órganos consultivos: Gozarán de autonomía orgánica y funcional respecto de la Administración activa. Desaparecen identificándose con la nueva norma como los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica. No estarán sujetos a dependencia jerárquica respecto de la Administración activa pero si estarán sujetos a las instrucciones, directrices u otras indicaciones que reciban de ésta. Necesariamente formarán parte de toda Administración como complemento ineludible del ejercicio de su potestad por la ahora llamada Administración activa.
Es CORRECTO en relación con la competencia: Será irrenunciable, es decir, el órgano administrativo titular de la misma no puede desprenderse libremente de ella. Por defecto, se ejerce por el órgano administrativo que la tiene atribuida como propia. Será indelegable. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser desconcentradas.
Supone alteración de la titularidad de la competencia: La encomienda de gestión. La avocación. La delegación de competencias. La desconcentración.
En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse: En los Reales Decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales de los estatutos de sus Organismos Públicos y Entidades vinculados o dependientes según corresponda. Por el órgano competente para el nombramiento del titular, en el propio acto de nombramiento. Por el órgano competente para el nombramiento del titular, en un momento posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. Todas las respuestas son correctas.
La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención: No implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido pero dará lugar a la responsabilidad que proceda. Dará lugar a la responsabilidad que proceda pero no implicará necesariamente y, en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido dando lugar a la responsabilidad que proceda.
Conforme a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, indique la respuesta CORRECTA: Para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad de sus miembros. Cuando se trate de los órganos colegiados a que se refiere el artículo 15.2, el Presidente podrá considerar válidamente constituido el órgano, a efectos de celebración de sesión, si asisten los representantes de las Administraciones Públicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del órgano a los que se haya atribuido la condición de portavoces. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decida el Presidente. Todas las respuestas son correctas.
Los certificados de sello electrónico de las Administraciones públicas incluirán como contenido: Lo que disponga el Esquema Nacional de Seguridad. La denominación de "sede electrónica" y el número de identificación fiscal de la autoridad de certificación. El número de identificación fiscal y la denominación correspondiente. La denominación del nombre del dominio y el nombre descriptivo de la sede.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta INCORRECTA: Los órganos competentes podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por el órgano delegante. En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con posterioridad a la resolución final que se dicte. Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta INCORRECTA: El órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano superior, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. Asimismo, podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración no relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.
De acuerdo a la Ley 40/2015, debe abstenerse de intervenir en el procedimiento el funcionario que tiene relación de servicio con interesado en el asunto o le ha prestado servicios profesionales en los: Tres últimos años. Cinco últimos años. Cuatro últimos años. Dos últimos años.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la formalización de las encomiendas de gestión se ajustará a las siguientes reglas: Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse en los términos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. Cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones se formalizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deberá ser publicado en el
«Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regirá por la legislación de Régimen Local. Todas las respuestas son correctas.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta INCORRECTA: La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en ésta. La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda. En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta INCORRECTA: De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en una reunión posterior. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.
De acuerdo con el artículo 38.2 de la Ley 40/2015, la Administración titular de una sede electrónica: Asume sus costes. Asume sus actualizaciones. Asume la integridad, veracidad, y actualización de la información y de los servicios que soporta. Ninguna de las anteriores es correcta.
Según la Ley 40/2015, las medidas de seguridad para el archivo electrónico de documentos son las establecidas: Por cada Administración. Según el Esquema Nacional de interoperabilidad. Según el Esquema Nacional de Seguridad. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refieren los apartados 4 5 del artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, salvo que la sentencia disponga otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: Los 2 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. Los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. Los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. Los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 40/2015, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: El resultado dañoso producido. La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas. La relación con la producción del resultado dañoso. Todas las respuestas son correctas.
De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 40/2015, una sede electrónica es: Aquella dirección informática, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Aquella dirección electrónica, disponible para los interesados a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. Ninguna respuesta es la correcta.
En el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones públicas, regulado en la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes trámites tendrá un plazo de10 días? Alegaciones. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas. Audiencia. Resolución por el órgano competente.
De acuerdo con la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes es un criterio de graduación de las sanciones? La reincidencia, por comisión, en el término de tres meses, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia, por comisión, en el término de seis meses, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia, por comisión, en el término de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia, por comisión, en el término de dos años, de más de una infracción de la mis ma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
Según establece la Ley 40/2015, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras: Se deberán imponer las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas. Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave co metida. Se deberá sancionar como infracción continuada. Se deberán sancionar únicamente la primera infracción cometida.
En relación con las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA? La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a la fecha en que sea resuelto el procedimiento. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, incluso en el caso de fuerza mayor. La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa de más normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie, aunque no exista acuerdo con el interesado, siempre que convenga al interés público.
Según la Ley 40/2015, los órganos administrativos no podrán delegar las competencias que ejerzan por delegación, salvo: Que se trate de la adopción de disposiciones de carácter general. Autorización previa del órgano delegante originario. Que se delegue en órganos jerárquicamente inferiores. Autorización expresa de una ley.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre: Podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a la adopción de disposiciones administrativas de carácter general. La delegación de firma requiere para su validez de publicación. La Administración consultiva no podrá articularse mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional. La competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos que la tengan expresamente atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la encomienda de gestión: Supone cesión de la titularidad de la competencia. No podrá tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. No requiere, para su eficacia, que el instrumento por el que se formaliza y su resolución, sea publicado en el Boletín Oficial de la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. En ningún caso implicará que el órgano encomendado tenga la condición de encargado del tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre: Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se le atribuyan funciones que puedan tener efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo. Corresponde a la Administración Pública Esta tal delimitar las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de la Administración Autonómica y Local. Será requisito necesario para la creación de cualquier órgano administrativo determinar su forma de integración en la Administración pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Las Administraciones públicas pueden crear órganos sin límite alguno, siempre que exista la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, si concurren los supuestos de suplencia y no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá: Por la autoridad que nombró al titular del órgano administrativo. Por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. Por el órgano administrativo inmediatamente inferior. De forma colegiada, cuando sean varios los órganos administrativos superiores que formen parte del mismo organismo.
La Ley 40/2015, contempla como motivo de abstención de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones públicas para intervenir en los procedimientos: Haber intervenido como perito en cualquier otro procedimiento administrativo en el que hubiera estado personado el interesado. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados. Tener parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con cualquiera de los interesados. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del tercero, con cualquiera de los interesados.
Según la Ley 40/2015, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio dictados por los órganos administrativos para dirigir la actividad de sus órganos jerárquica mente dependientes: Obliga a la Administración a iniciar un procedimiento de revisión de oficio del acto dictado. Implica necesariamente la imposición de una sanción disciplinaria al funcionario responsable. Determina siempre la invalidez del acto por ser causa de nulidad. No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, una actuación administrativa automatizada es: Cualquier acto o actuación realizada directamente por empleados públicos a través de medios electrónicos en el desarrollo de un procedimiento administrativo. El conjunto de decisiones y operaciones que emanan de las autoridades administrativas tendentes a prestar de forma eficaz los servicios públicos y hacer efectivos los derechos e intereses reconocidos a los administrados utilizando medios electrónicos. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones en formato electrónico que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma (Señale la INCORRECTA): El orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible. Las condiciones en que se va a celebrar la sesión. El sistema de conexión. En todo caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en: El Archivo general de la Administración. Soportes de naturaleza electrónica. Cualquier formato o soporte. Siempre en formato papel.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de sistemas de firma electrónica, entre los que se encuentra: Código seguro de verificación. Firma electrónica del titular del órgano. Firma electrónica del empleado público. Sello no electrónico de Administración Pública.
Cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad el importe de la indemnización lo fijará: El Tribunal Constitucional. El Consejo de Estado. El Consejo de Ministros. El Ministro de Justicia.
Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas, ¿se almacenarán por medios electrónicos? Siempre que sea posible. En todo caso. Cuando así se disponga expresamente en una disposición legal. Sólo cuando así se disponga expresamente en una disposición legal o reglamentaria.
La Administración de que se trate podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado: Si no utiliza sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado. Si utiliza sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado. No podrá imperativamente deberá utilizar sistemas de firma electrónica basados en certificado electrónico reconocido o cualificado. Los sellos electrónicos no se superponen, incluso si se trata de sellos basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados.
¿A quien corresponde de manera específica velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de un órgano colegiado? Al vocal concretamente designado para ello. Al Secretario. Al régimen jurídico del órgano. A aquel a quien corresponda la Presidencia.
Que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley, responde al principio de: Legalidad. Tipicidad. Proporcionalidad. Responsabilidad.
En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse: Desde el día a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso. Desde el día en que se inicie el plazo legalmente previsto para la interposición de dicho recurso. Desde el día siguiente a aquel en que se inicie el plazo legalmente previsto para la interposición de dicho recurso.
Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes: De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con una disposición de carácter general. De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
Atendiendo a lo establecido en la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, indique la afirmación CORRECTA respecto a la revocación de la delegación de competencias: Será revocable una vez transcurrido el plazo de duración previamente señalado. Será revocable transcurridos cuatro años desde la adopción del acuerdo de delegación. No podrá revocarse hasta tanto no se modifique la estructura orgánica a la que pertenezca el órgano que la haya conferido. Será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido.
A tenor de lo establecido en la Ley 40/2015 indique qué requisito de los siguientes será necesario para que un asunto, que no figure en el orden del día de un órgano colegiado, pueda ser objeto de deliberación o acuerdo: Que asista la mayoría de miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto. Que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría. Que asistan todos los miembros del órgano colegiado y se declarada la urgencia del asunto por unanimidad. Que asista la mayoría de miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de esa misma mayoría.
Conforme a la Ley 40/2015, si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a: El órgano que determine el superior jerárquico común de estos. El superior jerárquico común de estos. Cualquiera de ellos. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
En relación con la avocación de competencias, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CIERTA? El acuerdo motivado de avocación deberá ser publicado para su eficacia. El acuerdo motivado de avocación deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento con anterioridad o simultánemente a la resolución final que se dicte. El acuerdo motivado de avocación deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento con anterioridad a la resolución final que se dicte. La avocación sólo cabe entre órganos pertenecientes a distintas Administraciones.
Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, las infracciones y sanciones prescribirán: Al año. A los dos años. A los tres años. Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.
Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad, de acuerdo con el principio de la potestad sancionadora de: Tipicidad. Responsabilidad. Legalidad. Proporcionalidad.
Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto: Cuya resolución corresponda, de forma ordinaria, a sus órganos administrativos dependientes. Cuya resolución corresponda, de forma ordinaria, a sus órganos administrativos independientes. Cuya resolución corresponda ordinaimene o por delegación a sus órganos admnistrativos independientes. Cuya resolución corresponda originalmente o por delegación a sus órganos admnistrativos dependientes.
Las disposiciones de la Ley 40/2015, relativas a la potestad sancionadora: Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto de quienes estén vinculados a ellas por una relación contractual. No serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio. Serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, únicamente en la fase de instrucción.
Según el artículo 30 de la de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, cuando las leyes que las establezcan no fijan plazos, las infracciones prescribirán: Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. Las muy graves al año, las graves a los seis meses y las leves a los tres meses.
Según el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de (Señale la respuesta INCORRECTA): Vacante. Enfermedad. Cuando haya sido declarada su abstención o recusación. Fallecimiento.
Según el artigo 32.2 de la Ley 40/2015, para que los particulares tengan derecho a ser indemnizados por las Administraciones públicas, el daño alegado deberá ser: Real, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. Efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. Real, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona física o jurídica, sociedad o asociación debidamente constituida. Real, determinado económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas.
De acuerdo con lo que establece el artículo 46 de la Ley 40/2015 sobre el archivo electrónico de documentos: únicamente se almacenarán por medios electrónicos los documentos que se hayan originado electrónicamente. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones. Sólo será necesario almacenar por medios electrónicos los documentos que provengan de otras Administraciones públicas. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán tener el mismo formato a partir del que se originó el documento.
Si el recusado niega la causa de recusación, ¿qué plazo de tiempo tendrá el superior para resolver, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos? Siete días. Quince días. Diez días. Tres días.
De acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, señale la respuesta CORRECTA: La anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por si misma, derecho a indemnización. La anulación por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas dará lugar necesariamente a la correspondiente indemnización. La anulación en vía administrativa de los actos o disposiciones administrativas dará lugar necesariamente a la correspondiente indemnización. No cabe responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas en los casos de lesiones derivadas de la anulación en vía administrativa de una disposición de carácter general.
Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias entre órganos de un mismo Ministerio relacionados jerárquicamente deberá ser aprobada previamente: Por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegado. Por la Subsecretaría del Departamento ministerial. Por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. Por los órganos ministeriales de quien dependan los órganos delegado y delegante.
Conforme a la Ley 40/2015, ¿cuál de los siguientes constituye uno de los requisitos imprescindibles para que proceda la indemnización a un particular por aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea? Que el particular no hubiera llegado a recurrir judicialmente contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. Que la norma tenga por objeto conferir derechos a particulares. Que la valoración del daño ocasionado supere las cuantías fijadas anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Que el particular no haya sido condenado por sentencia firme por alguno de los delitos contra la Hacienda Pública contemplados en el Título XIV del Código penal.
Cuando en los órganos colegiados se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados: Donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. Donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario.
De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 40/2015, serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en esta Ley: Los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado.
Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen (Señale la INCORRECTA): La integridad y autenticidad de los documentos almacenados. La confidencialidad y la calidad de los documentos almacenados. La protección y la conservación de los documentos almacenados. El acceso libre a los documentos.
Señale la afirmación INCORRECTA respecto a los órganos colegiados, de acuerdo con la Ley 40/2015: El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente Ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. Las Administraciones no podrán publicar el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento en otros medios de difusión. Cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, la publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 40/2015, cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y: Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. Siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.
A tenor del artículo 33 de la ley 40/2015, cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que éstas puedan exponer cuanto consideren procedente en el plazo de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 40/2015, los certificados electrónicos que usen las Administraciones Públicas como sistemas de identificación incluirán (Señale la INCORRECTA): El número de identificación fiscal. La denominación correspondiente. En su caso, la identidad de la persona titular, en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. El periodo de validez del certificado.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en materia de responsabilidad patrimonial, ¿qué día deberá tomarse de referencia para el cálculo de la cuantía de la indemnización?: El día de la iniciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial. El día en el que efectivamente se produjo la lesión. El día de la finalización del procedimiento de responsabilidad patrimonial. El día en que se interpuso la reclamación.
La potestad sancionadora de las Administraciones públicas se ejercerá cuando: Haya sido expresamente atribuida por la Constitución. Haya sido expresamente atribuida por una norma con rango de Ley. Haya sido expresamente atribuida por una norma con rango legal o reglamentario. Haya sido expresamente atribuida por una norma con rango legal, siempre que ésta tenga carácter estatal.
La cuantía de la indemnización por responsabilidad patrimonial será objeto de actualización en su caso con arreglo a: El IPC que fije el Instituto Nacional de Estadística. El IPC que fije el Instituto Nacional de Consumo. El Índice de garantía de competitividad que fije el Instituto Nacional de Estadística. El Índice de garantía de competitividad que fije el Gobierno.
Conforme al principio de proporcionalidad de la potestad sancionadora establecido en el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, señale la respuesta correcta: Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, la privación de libertad. La graduación de la sanción considerará especialmente, entre otros criterios, la naturaleza de los perjuicios causados. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se acumularán las sanciones correspondientes a todas las infracciones cometidas. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado superior.
Se entiende por portal de internet, de acuerdo con la Ley 40/2015: El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite a las personas con capacidad de obrar comunicarse con las Administraciones públicas. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente. El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en todo caso, a la sede electrónica correspondiente. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
De conformidad con el nuevo artículo 46 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, introducido por Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, los sistemas de información y comunicaciones para la recogida, almacenamiento, procesamiento y gestión de datos del censo electoral, los padrones municipales de habitantes y otros registros de población, datos fiscales relacionados con tributos propios o cedidos y datos de los usuarios del sistema nacional de salud, y los correspondientes tratamientos de datos personales: Deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Podrán ubicarse y prestarse dentro del territorio de la Unión Europea. Deberán ubicarse y prestarse dentro del territorio español. En ningún caso podrán ser objeto de transferencia a un tercer país u organización internacional.
De conformidad con el artículo 28 de la Ley 40/2015, ¿quiénes podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas? Las Administraciones públicas. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores. Las normas definidoras de infracciones y sanciones. Las Entidades comprendidas en el sector público.
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