201-300 (TÉCNICO TILULADO SUPERIOR)

Según lo dispuesto en el Real Decreto 521/1987, de 15 de abril, el Servicio de Atención al Paciente estará a disposición de atender personalmente al mismo, o a sus parientes próximos, representantes o acompañantes, y en particular proporcionará información a los pacientes y a sus familiares sobre: El estado de salud de los pacientes, y la organización del hospital. El estado de salud de los pacientes, la organización del hospital y los servicios disponibles. El estado de salud de los pacientes, la organización del hospital y los servicios disponibles horarios de funcionamiento y de visitas y otras actividades que puedan contribuir a ayudarles, facilitarles y mejorar su estancia en el mismo. La organización del hospital y los servicios disponibles horarios de funcionamiento y de visitas y otras actividades que puedan contribuir a ayudarles, facilitarles y mejorar su estancia en el mismo.

Según lo dispuesto en los artículos 11 y 13 del Real Decreto 521/1987, de 15 de abril , quedan adscritas a la División de enfermería las siguientes áreas: Indique la RESPUESTA FALSA: Quirófanos. Urgencias. Servicios centrales. Consultas externas.

El objeto del Decreto 116/2006, dentro del marco normativo básico, es la regulación de la organización, gestión y del sistema de información de las siguientes listas de espera: Lista de espera quirúrgica. Lista de espera quirúrgica y lista de espera de consulta especializada. Lista de espera quirúrgica y lista de espera de consulta especializada y pruebas diagnósticas/terapéuticas. Lista de espera de consulta especializada.

En cuanto al ámbito de aplicación, el Decreto 116/2006 se aplicará: A todos los centros y servicios de la Red Hospitalaria de Utilización Pública y Privada del Servicio Canario de la Salud y a los centros y servicios concertados. A todos los centros y servicios de la Red Hospitalaria de Utilización Pública del Servicio Canario de la Salud. A todos los centros y servicios de la Red Hospitalaria de Utilización Pública del Servicio Canario de la Salud y a los centros y servicios concertados. Ninguna es correcta.

Están expresamente excluidas del ámbito de aplicación del Decreto 116/2006, las siguientes prestaciones sanitarias: Intervenciones quirúrgicas para trasplante de órganos y tejidos. Intervenciones quirúrgicas sobre uretra. Intervenciones quirúrgicas para fisura anal. Intervenciones quirúrgicas en general.

El desarrollo e implantación de las medidas para la reducción de las listas de espera establecidas en el citado Decreto 116/2006, de 1 de agosto, le corresponde a: La Dirección del Servicio Canario de la Salud. La Dirección General de Programas Asistenciales. La Dirección General de Salud Pública. La Gerencia del Área de Salud.

El seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la reducción de las listas de espera contempladas en el Decreto 116/2006, de 1 de agosto, es función de: La Dirección del Servicio Canario de la Salud. La Dirección General de Programas Asistenciales. La Dirección General de Salud Pública. La Gerencia del Área de Salud.

La Consejería competente en materia de sanidad, teniendo en cuenta las previsiones reguladas en la normativa básica, proporcionará la siguiente información general sobre las listas de espera: Estado de situación de las listas de espera en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tiempos máximos de espera en cada una de las listas. Proporcionará ambas informaciones. La Consejería no es competente para proporcionar dicha información.

El inicio del cómputo del tiempo máximo de permanencia en lista de espera para intervenciones quirúrgicas se efectuará a partir: Del primer día del mes siguiente a la prescripción por el facultativo. Del mismo día de la prescripción por el facultativo. Del día siguiente al de la prescripción por el facultativo. Ninguna es correcta.

La Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios tiene dependencia: Funcional de la Consejería competente en materia de sanidad y orgánica de la Dirección del Servicio Canario de la Salud. Orgánica de la Consejería competente en materia de sanidad y funcional de la Dirección del Servicio Canario de la Salud. Orgánica y funcional de la Consejería competente en materia de sanidad. Orgánica y funcional de la Dirección del Servicio Canario de la Salud.

Las quejas de los usuarios sobre su insatisfacción por los servicios sanitarios recibido se denominan: Solicitudes. Sugerencias. Reclamaciones. Iniciativas.

Las demandas de información escrita sobre servicios y prestaciones sanitarias, derechos y deberes de los usuarios, procedimientos, normativa y demás cuestiones de naturaleza sanitaria se denominan: Solicitudes. Sugerencias. Reclamaciones. Iniciativas.

Las propuestas que formulan los usuarios para mejorar el grado de cumplimiento y observancia de los derechos y de los deberes de los usuarios, del funcionamiento de los servicios sanitarios y del cuidado y atención de los enfermos se denominan: Solicitudes. Iniciativas. Reclamaciones. Sugerencias.

La respuesta a las reclamaciones deberá ser adoptada y notificada en el plazo de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 6 meses.

El plazo para contestar las solicitudes es de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 6 meses.

El plazo para contestar de las iniciativas y sugerencias es de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 6 meses.

Corresponde a la oficina, en el área de información: Velar por el eficaz cumplimiento del deber de información y asesoramiento a los usuarios sanitarios y beneficiarios del Sistema Canario de la Salud, de sus derechos y deberes sanitarios, de los servicios y prestaciones sanitarias a las que pueden acceder, así como de los requisitos necesarios para su ejercicio. Elaborar la Memoria Semestral de la Oficina. Divulgar y difundir información sobre determinados procesos sanitarios que a juicio del Jefe de la Oficina, resulten ser de interés para los usuarios sanitarios en general. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Son principios por los que debe regirse la actuación de la Oficina: Respeto a la autonomía profesional. Confidencialidad de la identidad y de los restantes datos del usuario sanitario, salvo cuando la naturaleza del trámite no lo permita. Transparencia en sus actuaciones y participación. Todas las anteriores respuestas son correctas.

El Derecho Administrativo regula: La organización administrativa. Las relaciones entre los entes públicos. Las relaciones entre los entes públicos y los particulares. Todas las respuestas anteriores son correctas.

El sometimiento de la Administración al Derecho privado se recoge, entre otros: En el art. 9.1 de la Constitución Española. En el art. 3.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el art. 56.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Son fuentes formales del Derecho Administrativo: La Constitución. Los reglamentos. Las leyes. Todas las respuestas anteriores son correctas.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?. Una norma posterior deroga a una norma anterior de igual rango. Una ley general prevalece frente a una ley especial. Una norma de rango inferior no puede contradecir una norma de rango superior. La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma jurídica.

Son principios constitucionales rectores de la organización y actuación de las Administraciones Públicas recogidos en el art. 103 de la Constitución Española: Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Jerarquía, eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Son clases de reglamentos por su relación con la ley: Ejecutivos, independientes y de necesidad. Ejecutivos, corporativos y de necesidad. Ejecutivos, fiscales, locales y de necesidad. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

En la jerarquía normativa en España encontramos por orden de prioridad: La Constitución, Tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, decretos legislativos y decretos leyes, reglamentos del gobierno, leyes de las Comunidades Autónomas y reglamentos de las Comunidades Autónomas. La Constitución, Tratados internacionales, leyes orgánicas y ordinarias, decretos legislativos y decretos leyes, leyes de las Comunidades Autónomas, reglamentos del Gobierno y reglamentos de las Comunidades Autónomas. La Constitución, leyes orgánicas y ordinarias, Tratados internacionales, decretos legislativos y decretos leyes, leyes de las Comunidades Autónomas, reglamentos del Gobierno y reglamentos de las Comunidades Autónomas. La Constitución, leyes orgánicas y ordinarias, leyes de las Comunidades autónomas, Tratados internacionales, decretos legislativos y decretos leyes, reglamentos del Gobierno y reglamentos de las Comunidades Autónomas.

Son órganos a los que corresponde ejercer la potestad reglamentaria en el ámbito estatal: Los Ministros. Los Secretarios de Estado. Los Secretarios Generales. Todas son correctas.

Son límites materiales de los reglamentos: La Administración no puede dictar reglamentos en materias reservadas a las leyes (reserva de ley) sin autorización expresa de las Cortes Generales. La Administración no puede dictar disposiciones reglamentarias contrarias a las leyes. Los reglamentos deben respetar el principio de jerarquía que rige entre ellos. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La regla de la inderogabilidad singular de los reglamentos significa: Que los reglamentos solo pueden ser derogados por la misma autoridad que los dictó. Que las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Que las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra administración. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Respecto a los órganos colegiados: Se crean formalmente, están integrados por 3 o más personas, se les atribuye funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y actúan integrados en la Administración o en algunos de sus organismos públicos. Para su válida constitución a efectos de celebración de sesiones, deliberación y toma de acuerdos, se requiere la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y secretario y de la mitad, al menos de sus miembros. Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer sus funciones cuando concurra conflicto de intereses. Todas son correctas.

Podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a: Las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto del recurso. La adopción de disposiciones de carácter general. Ninguna de las anteriores es correcta.

El régimen jurídico de los órganos colegiados se regula en: La sección 2ª del capítulo II de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La sección 3ª del capítulo II de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La sección 2ª del capítulo II de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La sección 3ª del capítulo II de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas está regulada básicamente: En la Constitución. En la Constitución y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. En la Constitución, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 429/1993, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de la Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. En la Constitución, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 40/205 del Régimen Jurídico del Sector Público.

¿Qué afirmación es correcta?. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas siempre que sean jerárquicamente dependientes. Podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. La delegación será revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido. El acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados deberá adoptarse por decisión de su presidente.

En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse: Por el órgano competente para el nombramiento del titular, en el propio acto del nombramiento. Por el órgano competente para el nombramiento del titular, cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. En los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos Públicos y Entidades vinculadas o dependientes según corresponda. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Corresponderá al Presidente de un órgano colegiado: Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas. Certificar las actuaciones del mismo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Son principios que deben regir la potestad sancionadora según se establece en el capítulo III de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: Eficacia, legalidad e irretroactividad. Proporcionalidad, tipicidad y dependencia. Responsabilidad, eficacia e irretroactividad. Irretroactividad, tipicidad y proporcionalidad.

¿Cuándo asiste con voto el Secretario de un órgano colegiado según lo dispuesto en la Ley 40/2015?. En ningún caso asiste con voz y voto. Siempre asiste con voz y voto. Sólo cuando es funcionario. Sólo cuando a su vez es miembro del órgano colegiado.

En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas, la graduación de la sanción considerará: La reincidencia, por comisión en el término de cinco años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia, por comisión en el término de 6 meses de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa. La reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

En los supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Cuando los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos establecidos en el art. 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Todas las afirmaciones anteriores son correctas.

Requisitos mínimos para la creación de un órgano administrativo, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 40/2015: Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Delimitación de sus funciones y competencias. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Todos son correctos.

Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen: Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. A través de las Relaciones de Puestos de Trabajo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente: Al Ministerio del Interior. Al Ministerio de la Presidencia. Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

De acuerdo a la Ley 40/2015 las Administraciones Públicas deberán respetar en sus actuaciones y relaciones los siguientes principios: Servicio Efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Todas son correctas.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: Regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa. El procedimiento Administrativo es el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, por el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración. Su carácter de Común resulta de la aplicación a todas las Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones. Todas son correctas.

¿Quiénes tienen la condición de interesado en el procedimiento administrativo?. Quienes los promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la resolución, aunque no se personen en el procedimiento. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos siempre. La condición de interesado podrá derivar de una relación jurídica transmisible siempre que sea antes del trámite de audiencia.

¿Qué sujetos están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración?. Las personas físicas y las jurídicas. Todos los que representen a un interesado. Los notarios y los registradores. Los empleados de las Administraciones Públicas en su actividad pública y privada.

Respecto a la Ley 39/2015 tienen Capacidad de obrar ante la Administración Pública: Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Todas son correctas.

Si un representante acreditado desiste de un procedimiento, según la Ley 39/2015: El interesado no podrá presentar una nueva solicitud. El interesado podrá presentar siempre una nueva solicitud. El interesado podrá presentar una nueva solicitud si está dentro del plazo del procedimiento. Un representante no puede desistir de un procedimiento, aunque esté acreditado.

Según la Ley 39/2015: Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Los interesados podrán identificarse electrónicamente mediante certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Todas son correctas.

De acuerdo a la Ley 39/2015 es obligatorio el uso de firma para: Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Interponer recursos y desistir de acciones. Renunciar a derechos. Todas son correctas.

En relación con el cómputo de los plazos administrativos: Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y festivos. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos. Los plazos expresados en días se cuentan desde el día de la notificación o publicación, o desde el que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

Un acto administrativo es eficaz: Desde que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando lo exija el contenido del acto o necesite notificación, publicación o aprobación superior. Pueden tener eficacia retroactiva en algunos casos. Todas son correctas.

Son anulables los actos administrativos: Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los que tengan un contenido imposible. Los que incurran en desviación de poder.

Cuando exista constancia de la puesta a disposición del acto objeto de notificación por medios electrónicos y transcurran diez días naturales sin que se acceda a su contenido: Se entenderá que ha sido rechazada, dando por efectuado el trámite, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015. Se entenderá que ha sido rechazada, dando por efectuado el trámite, con los efectos previstos en el artículo 40.4 de la Ley 39/2015. Se tiene por no notificada. Todas son incorrectas.

El trámite de audiencia, ¿en qué momento del procedimiento administrativo se realiza?. Antes de la apertura del periodo de prueba. En cualquier fase del procedimiento. Durante la fase de iniciación del procedimiento, junto con la subsanación y la mejora de la solicitud. Una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.

El plazo de subsanación de los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados: Podrá requerirse a los interesados para que subsanen sus solicitudes por plazo de diez días. Podrá requerirse a los interesados para que subsanen sus solicitudes por plazo de cinco días. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva podrá ser ampliado prudencialmente hasta cinco días el plazo inicial de subsanación cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. A y C son correctas.

La Ley 39/2015 recoge la figura de la "Reformatio in Peius" cuando: Requiere que la Administración realice la interpretación más favorable al derecho de acción por parte de los interesados. Prohíbe la acumulación de expedientes que no guarden identidad sustancial o intereses conexos. Dispone que, en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento si procede. Prohíbe la retroactividad de las disposiciones administrativas sancionadoras no favorables al interesado.

Son causas de finalización del procedimiento administrativo: La resolución. El desistimiento y la renuncia al derecho. La declaración de caducidad. Todas son correctas.

Respecto a la eficacia de los actos administrativos: Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si proceden de un órgano superior al que dictó la disposición general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria y las que incurran en alguna de las causas del artículo 48 de la Ley 39/2015. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producen efectos desde la fecha que se dicten. Todas son incorrectas.

Conforme al artículo 130 de la LJCA, la medida cautelar podrá acordarse: Siempre, previa valoración de todos los intereses en conflicto. Siempre sin que sea necesario valorar todos los intereses en conflicto. Previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. Nunca.

Entre los límites de la revisión de los actos administrativos se encuentra: Su ilegalidad manifiesta. Que atente a derechos subjetivos. La prescripción de la acción. Que incurra en nulidad de pleno derecho.

La revocación por la Administración de un acto administrativo de gravamen: Ha de efectuarse a instancia de los particulares. Está prohibida. Se puede revocar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Que un funcionario, sabiendo su injusticia, dicte una resolución arbitraria.

La Declaración de lesividad de actos anulables: No podrán adoptarse una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo, momento en que se deberá declarar su caducidad. No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. No podrá adoptarse nunca respecto a los actos que sean favorables para los interesados. Podrán adoptarse respecto de los actos que no sean favorables para los interesados a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Las Administraciones Públicas: Podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas a solicitud de cualquier interesado. Podrán, por iniciativa propia, declarar de oficio la nulidad de las disposiciones administrativas que no hayan sido recurridas por los particulares. Podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de las Comunidades Autónomas, en los supuestos del artículo 47.1 de la Ley 39/2015. Podrán declarar de oficio la nulidad siempre que exista dictamen previo favorable de la Intervención General.

El recurso de Alzada: Podrá interponerse en el plazo de tres meses. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo. Podrá interponerse contra cualquier acto de trámite. Podrá interponerse contra las disposiciones administrativas de carácter general.

El recurso de reposición: Contra la resolución que lo resuelva no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. El plazo para interponerlo será de 2 meses, si fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 2 meses. Se podrá interponer recurso contencioso administrativo sin necesidad de esperar a la finalización del plazo legal para resolver el recurso de reposición, si el interesado optó por esta vía potestativa.

Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general: En última instancia administrativa se utilizará el recurso de alzada. Se podrá utilizar el recurso potestativo de reposición. Puede utilizarse el recurso de alzada y el recurso de reposición. No cabrá recurso en vía administrativa.

No es motivo bastante para interponer un recurso extraordinario de revisión: Se haya incurrido en manifiesto error de hecho al dictar el acto. Hubiera mediado cohecho en la resolución. Se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente. Hayan influido documentos declarados falso por sentencia firme.

De acuerdo con la LRJCA, el recurso contencioso-administrativo es admisible, entre otros, en relación con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa: Ya sean definitivos o de trámite, indistintamente. Ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o producen indefensión a la parte demandante. Ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Ninguno de los anteriores.

En cuanto a la defensa y representación de las partes, según la LJCA, los funcionarios públicos: Siempre pueden comparecer por sí mismos. Pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. Pueden comparecer por sí mismos en sus actuaciones ante órganos colegiados. No pueden comparecer por sí mismos en ningún caso.

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública, según dispone el artículo 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa: Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración. Todas las anteriores son correctas. Todas las anteriores son incorrectas.

La Administración Pública recurrida se entiende emplazada en el procedimiento contencioso-administrativo cuando: Envíe al Juzgado o Tribunal el expediente que le haya reclamado. El recurso se notifica a la Abogacía del Estado o servicio jurídico correspondiente de la Administración Pública recurrida. El Juzgado o Tribunal le reclama el expediente. Cuando la Administración pública envía el expediente.

Señale la respuesta correcta, de conformidad con el artículo 74 de la LJCA, en relación con el desistimiento: Si fuesen varios los recurrentes, el desistimiento de uno de ellos supondrá la finalización del procedimiento para la totalidad. Implica la condena en costas del recurrente que desiste. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. No se puede desistir de un recurso contencioso administrativo interpuesto.

Señale la respuesta correcta en relación al objeto de la Ley General Presupuestaria: Según el artículo 1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. Según el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, intervención y de control financiero del sector público estatal. Según el artículo 1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley únicamente tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario y de contabilidad del sector público estatal. Según el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario y de control financiero del sector público estatal.

Señale la respuesta incorrecta en relación a los tributos: Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los tributos son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal. La auditoría de la cuenta de los tributos estatales se realizará mensualmente, de acuerdo con el procedimiento que por la Intervención General de la Administración del Estado se establezca al efecto. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria de acuerdo con su sistema de fuentes. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

Señale la respuesta incorrecta en relación con la obligación tributaria: La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria accesoria. El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe.

Indique la respuesta correcta: Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, mediante: Los procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Todas son ciertas.

No son procedimientos especiales de revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos: Revisión de actos anulables. Declaración de lesividad de actos anulables. Revocación. Devolución de ingresos indebido.

Señale la respuesta incorrecta en relación a la revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones: La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio o a instancia del interesado, y será competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto. En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa.

Señale la respuesta correcta en relación a los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa: Podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición. El recurso de reposición deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económicoadministrativa. Si el interesado interpusiera el recurso de reposición no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo. Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y reclamación económico-administrativa que tuvieran como objeto el mismo acto, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo. Todas son correctas.

Podrá reclamarse en vía económico-administrativa en relación con las siguientes materias: La aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma. La aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de sanciones tributarias que realicen las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. Cualquier otra que se establezca por precepto legal del Estado expreso. Todas son correctas.

De acuerdo a la Ley General Tributaria, sobre qué actos no se admiten reclamaciones económicoadministrativas: Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial, civil o laboral o pongan fin a dicha vía. Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial o penal o pongan fin a dicha vía. Los que den lugar a reclamación en vía administrativa previa a la judicial aunque no pongan fin a dicha vía. Todas son correctas.

Señale la respuesta incorrecta en relación a los órganos económico- administrativos: El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a los órganos económico-administrativos, que actuarán con dependencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Tiene la consideración de órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina. Corresponde a cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad con Estatuto de Autonomía determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas, todo ello sin perjuicio de la labor unificadora del Estado que será ejercida por el Tribunal Económico-Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina establecida en el apartado anterior. La competencia de los órganos económico-administrativos dministrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.

Quiénes están legitimados, según la Ley General Tributaria, para promover las reclamaciones económicoadministrativas: Los obligados tributarios, los sujetos infractores y los denunciantes. Los obligados tributarios y Los particulares, cuando obren por delegación de la Administración o como agentes o mandatarios de ella. Los obligados tributarios, los sujetos infractores y cualquier otra persona cuyos intereses legítimos resulten afectados por el acto o la actuación tributaria. Los obligados tributarios, los sujetos infractores y los que asuman obligaciones tributarias en virtud de pacto o contrato.

Señale la respuesta incorrecta sobre las competencias del Tribunal Económico-Administrativo Central, que conocerá: En segunda instancia, de los recursos de alzada ordinarios que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y, en su caso, como consecuencia de la labor unificadora de criterio que corresponde al Estado, contra las resoluciones dictadas por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. En segunda instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales del Ministerio de Economía y Hacienda u otros departamentos ministeriales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, así como, en su caso, contra los actos dictados por los órganos superiores de la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. También conocerá en única instancia de las reclamaciones en las que deba oírse o se haya oído como trámite previo al Consejo de Estado. De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones. Como consecuencia de su labor unificadora de criterio, de los recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio previstos en el artículo 242 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

286. De acuerdo con la Ley General Tributaria, son actos susceptibles de reclamación económico administrativa: Los que provisional o definitivamente declaren una obligación o un deber. Los que provisional o definitivamente reconozcan o denieguen un derecho. Los de trámite que decidan, directa o indirectamente, el fondo del asunto o pongan término al procedimiento. Todas son correctas.

Señale la respuesta correcta en relación a la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado: La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado sin que se requiera garantizar el importe de dicho acto ni los intereses de demora que genere la suspensión, en los términos que se establezcan reglamentariamente. La ejecución del acto impugnado quedará suspendida automáticamente a instancia del interesado si se garantiza el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía, en los términos que se establezcan reglamentariamente. La ejecución del acto impugnado sólo se entenderá suspendida si una vez instada por el interesado, la Administración dicta Resolución expresa de admisión de dicha solicitud, y previa presentación de garantía que cubra el importe de dicho acto, los intereses de demora que genere la suspensión y los recargos que procederían en caso de ejecución de la garantía en los términos que se establezcan reglamentariamente. En ningún caso el interesado puede solicitar la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado.

En materia de aplicación de los tributos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, son susceptibles de reclamación: Las liquidaciones definitivas pero no las provisionales, así como los actos dictados en el procedimiento liquidatorio. Las liquidaciones provisionales pero no las definitivas, así como los actos dictados en los procedimientos liquidatorios. Las liquidaciones provisionales o definitivas , así como los actos dictados en el procedimiento recaudatorio. Ninguna es correcta.

Señala la respuesta incorrecta respecto a qué actuaciones u omisiones de los particulares en materia tributaria son reclamables: Las relativas a las obligaciones de repercutir y soportar la repercusión prevista legalmente. Las relativas a las obligaciones de practicar y soportar retenciones o ingresos a cuenta. Las relativas a la obligación de expedir, entregar y rectificar facturas que incumbe a los empresarios y profesionales. Las derivadas de las relaciones entre el representante y el contribuyente.

Señale la respuesta incorrecta en relación a los órganos económico-administrativos: El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a los órganos económico-administrativos, que actuarán con dependencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Tiene la consideración de órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina. Corresponde a cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad con Estatuto de Autonomía determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas, todo ello sin perjuicio de la labor unificadora del Estado que será ejercida por el Tribunal Económico-Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina establecida en el apartado anterior. La competencia de los órganos económico-administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.

Señale la respuesta incorrecta sobre las competencias del Tribunal Económico-Administrativo Central, que conocerá: En segunda instancia, de los recursos de alzada ordinarios que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y, en su caso, como consecuencia de la labor unificadora de criterio que corresponde al Estado, contra las resoluciones dictadas por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. En segunda instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales del Ministerio de Economía y Hacienda u otros departamentos ministeriales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, así como, en su caso, contra los actos dictados por los órganos superiores de la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. También conocerá en única instancia de las reclamaciones en las que deba oírse o se haya oído como trámite previo al Consejo de Estado. De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones. Como consecuencia de su labor unificadora de criterio, de los recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio previstos en el artículo 242 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En relación a los órganos económico-administrativos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale la opción incorrecta: Los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía conocerán, en su caso, y salvo lo dispuesto en el artículo 59.1.c), segundo párrafo, de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía de la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones. Cuando la resolución de la reclamación económico-administrativa sea susceptible de recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, la reclamación podrá interponerse directamente ante este órgano. En cada Comunidad Autónoma existirá un tribunal económico-administrativo regional. En cada Ciudad con Estatuto de Autonomía existirá un tribunal económico-administrativo local. Sólo son correctas B y C.

Indique la respuesta incorrecta en relación al Funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos: Los Tribunales Económico-Administrativos funcionarán en Pleno, en Salas y de forma unipersonal. El Pleno estará formado únicamente por el Presidente y los Vocales. Las Salas estarán formadas por el Presidente, un Vocal al menos y el Secretario. Podrá nombrarse Presidente de Sala a alguno de los Vocales cuando se produzcan las circunstancias que se determinen reglamentariamente. Los Tribunales Económico-Administrativos podrán actuar de forma unipersonal a través del Presidente, los Presidentes de Sala, cualquiera de los Vocales, el Secretario o a través de otros órganos unipersonales que se determinen reglamentariamente.

Señale la respuesta correcta sobre la incompetencia territorial y jerárquica de los tribunales económico administrativos recogida en el artículo 53 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: Recibida la reclamación, cuando se considere que la competencia corresponde a otro tribunal económicoadministrativo, se remitirá de oficio y de forma motivada al tribunal que se estime competente. Dicha remisión se notificará al interesado. Si el acuerdo lo hubiera adoptado un tribunal económico-administrativo regional, el interesado podrá presentar en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación un escrito donde manifieste sus alegaciones ante el tribunal económico-administrativo destinatario. Recibida la reclamación, cuando se considere que la competencia corresponde a otro tribunal económicoadministrativo, se remitirá de oficio y de forma motivada al tribunal que se estime competente. Si éste último fuera también un tribunal económico-administrativo regional, y también declinara la competencia sobre el expediente, motivará su decisión y remitirá lo actuado al Tribunal Económico-Administrativo Central, que decidirá y enviará las actuaciones al tribunal que deba continuar con la tramitación de la reclamación. Recibida la reclamación, cuando se considere que la competencia corresponde a otro tribunal económicoadministrativo, se remitirá de oficio y de forma motivada al tribunal que se estime competente. El órgano que dictó el acto impugnado deberá ser informado sobre tal extremo por el tribunal económico-administrativo no resulte competente para conocer de la reclamación. A y B son correctas.

Señale la respuesta incorrecta en relación al Tribunal Económico-Administrativo Central: El pleno estará formado por el presidente, todos los vocales y el Secretario General. Las salas estarán formadas por el presidente del tribunal, uno o más vocales y el Secretario General. El presidente será nombrado y separado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, entre funcionarios de reconocido prestigio en el ámbito tributario y tendrá la categoría de director general del Ministerio de Economía y Hacienda. Los vocales serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, entre funcionarios de los cuerpos que se indiquen en la relación de puestos de trabajo y tendrán la condición de subdirectores generales del Ministerio de Economía y Hacienda.

Señale la respuesta incorrecta en relación al Tribunal Económico-Administrativo Central: En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente del tribunal será sustituido por el vocal más antiguo del pleno. En cada sala, el presidente del tribunal será sustituido por el vocal más antiguo de los que formen la sala. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o por otra causa legal que afecte a alguno de los vocales, el presidente podrá asignar sus asuntos a otro vocal de la misma sala. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Señale la respuesta correcta en relación al funcionamiento de los tribunales económico-administrativos regionales, locales, las salas desconcentradas y las dependencias provinciales y locales. Los tribunales económico-administrativos regionales y locales únicamente funcionarán en pleno, en salas y en salas concentradas, en su caso, y de forma unipersonal. El pleno estará formado por el presidente, los presidentes de sala y de sala desconcentrada, en su caso, los vocales y el secretario del tribunal. Los funcionarios procedentes de las comunidades autónomas que con tal carácter participen en los tribunales económico-administrativos regionales del Estado serán nombrados por orden del Secretario de Estado de Hacienda a propuesta de la respectiva comunidad autónoma en los puestos de vocales o ponentes que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?. Regular la contratación de obras públicas exclusivamente. Establecer normas para la contratación de bienes y servicios por parte del sector privado. Regular la contratación del sector público para garantizar la eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos. Limitar la contratación pública a empresas extranjeras.

¿Qué órgano es responsable de la aprobación del expediente de contratación en los contratos del sector público?. El órgano de contratación. El Tribunal de Cuentas. El Pleno del Congreso de los Diputados. El Consejo de Ministros.

Son clases de reglamentos: Circulares e instrucciones. Resoluciones e instrucciones. Órdenes e instrucciones. Todas las respuestas anteriores son correctas.