T.8

1. De acuerdo con el artículo 90.2 de la Ley 26/2018, las personas menores de edad protegidas tienen derecho a recibir información de su situación y de las medidas de protección: A) A partir de los catorce años, siempre que lo soliciten expresamente. B) De forma accesible y adaptada a sus circunstancias y cuando el menor sea mayor de doce años, incluyendo las medidas que pueden adoptarse, las efectivamente adoptadas, su duración y los derechos que le correspondan. C) Desde los doce años, exclusivamente sobre las medidas de protección efectivamente adoptadas. D) A partir de los dieciséis años, incluyendo las medidas de protección y los recursos administrativos disponibles.

2. Según el artículo 91.1 de la Ley 26/2018, en relación con la toma de decisiones en la acción protectora, las administraciones públicas garantizarán: A) La intervención preferente de los órganos unipersonales para agilizar los procedimientos. B) La adopción de decisiones exclusivamente por profesionales de los servicios sociales. C) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar de la toma de decisiones. D) La participación obligatoria de la autoridad judicial en todas las decisiones administrativas de protección.

3. De acuerdo con el artículo 92.1, el deber de notificar una situación de riesgo o desamparo corresponde: A) Exclusivamente a profesionales de los servicios sociales, educativos y sanitarios. B) A toda persona o autoridad y, especialmente, a quien por razón de su profesión o función tenga noticia o indicios fundados de una situación de riesgo o desamparo. C) Únicamente a las autoridades públicas que tengan conocimiento directo de una situación de desprotección. D) A las personas profesionales, siempre que exista una declaración administrativa previa de riesgo.

4. Conforme al artículo 92.3, los protocolos de detección y notificación de situaciones de desprotección que debe disponer la Generalitat: A) Tendrán carácter voluntario para los sistemas sanitario y educativo. B) Serán obligatorios únicamente para el personal de los servicios sociales. C) Se aplicarán exclusivamente cuando exista una situación de desamparo confirmada. D) Serán de utilización obligatoria para el personal de los sistemas sanitario, educativo, policial, judicial y de acción social.

5. Según el artículo 94.1, la cesión de informes y antecedentes requeridos por la entidad pública competente para valorar una situación de desprotección: A) Requerirá siempre el consentimiento expreso de las personas progenitoras o tutoras. B) Solo podrá efectuarse previa autorización de la autoridad judicial. C) No requerirá del consentimiento de la persona afectada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 quater de la Ley orgánica 1/1996. D) Estará limitada a los informes elaborados por las administraciones públicas.

6. De acuerdo con el artículo 95.3, el plan de acción protectora establecerá: A) Exclusivamente los objetivos, las medidas y la administración responsable. B) Los objetivos, la previsión del caso, su plazo de vigencia, las medidas a adoptar y su duración, los agentes que han de aplicarlas, las estrategias de coordinación y su evaluación. C) Los objetivos, la duración de las medidas y las actuaciones judiciales que correspondan. D) Únicamente los factores de riesgo, las medidas de protección y el plazo de revisión.

7. Conforme al artículo 97.2, entre los ejes principales de las actuaciones preventivas se encuentra: A) La intervención obligatoria, individualizada y exclusivamente administrativa en todas las familias vulnerables. B) La prioridad de las medidas de separación familiar ante cualquier indicador de riesgo. C) El carácter voluntario, comunitario y basado en la evidencia de las intervenciones que las integren. D) La aplicación de medidas judiciales preventivas ante situaciones de exclusión social.

8. Según el artículo 98.3, la implantación de recursos de mediación familiar e intergeneracional corresponde impulsarla a: A) La conselleria competente en materia de servicios sociales, exclusivamente. B) Las consellerias con competencias en materia de justicia e infancia y adolescencia. C) Las entidades locales, con carácter exclusivo. D) La conselleria competente en materia de educación y la autoridad judicial.

9. De acuerdo con el artículo 100.3, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de una situación de riesgo corresponde: A) A la entidad local donde esté empadronada la persona menor de edad. B) A la dirección territorial de la Generalitat correspondiente a su domicilio. C) A la entidad local donde resida de hecho la persona protegida. D) A la entidad local donde se haya producido la primera notificación de riesgo.

10. Según el artículo 100.3, cuando la persona menor de edad no resida en la Comunitat Valenciana o su residencia no pueda determinarse, la competencia en materia de riesgo corresponderá: A) Al órgano competente de la Generalitat en materia de protección de la infancia y la adolescencia. B) A la entidad local donde la persona menor de edad se encuentre. C) A la entidad local de su último empadronamiento conocido. D) Al ministerio fiscal hasta que pueda determinarse su residencia.

11. Conforme al artículo 100.6, ante situaciones de riesgo por negativa a tratamientos médicos a las que se refiere el artículo 17.10 de la Ley orgánica 1/1996, el personal sanitario: A) Notificará exclusivamente a la entidad local competente para intervenir en situaciones de riesgo. B) Comunicará los hechos a la Generalitat únicamente cuando exista una declaración de riesgo. C) Solicitará autorización a los servicios sociales antes de informar a la autoridad judicial. D) Pondrá inmediatamente la situación en conocimiento de la autoridad judicial, directamente o a través del ministerio fiscal, y la notificará simultánea o posteriormente a la entidad pública competente.

12. De acuerdo con el artículo 101.1, cuando los servicios sociales de la entidad local tengan conocimiento de que una persona menor de edad puede encontrarse en situación de riesgo: A) Declararán inmediatamente la situación de riesgo y elaborarán posteriormente el proyecto de intervención. B) Evaluarán su situación y, si esta lo requiere, elaborarán un proyecto de intervención personal, social y educativo familiar, designando a una persona profesional de referencia. C) Remitirán obligatoriamente el expediente a la Generalitat para que elabore el proyecto de intervención. D) Elaborarán en todos los casos un plan de protección cuya aprobación corresponderá a la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia.

13. Según el artículo 102.2, respecto a la colaboración familiar en el desarrollo del proyecto de intervención: A) La colaboración será obligatoria únicamente cuando la familia haya aceptado formalmente el proyecto. B) La negativa a prestar consentimiento impedirá ejecutar cualquier medida del proyecto. C) Presten o no su consentimiento al proyecto, las personas progenitoras o quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho o de derecho deberán colaborar activamente en su desarrollo. D) La obligación de colaboración se limitará a quienes ejerzan la patria potestad.

14. Conforme al artículo 103.1, la falta de colaboración efectiva de las personas obligadas determinará la declaración de riesgo cuando: A) Se produzca cualquier incumplimiento del proyecto de intervención, aunque no afecte a sus objetivos. B) Haya transcurrido un plazo de seis meses desde el inicio de la intervención. C) A pesar de la intervención para propiciar un cambio en su disposición, impida o no permita la consecución de los objetivos del proyecto de intervención. D) Exista una propuesta de la entidad pública autonómica para asumir la tutela.

15. Según el artículo 103.2, la declaración de riesgo se realizará: A) Mediante resolución del órgano competente de la Generalitat, a propuesta de la entidad local. B) Mediante resolución motivada del órgano competente según las disposiciones de organización local, a propuesta de la comisión de intervención social mediante informe colegiado de sus miembros. C) Mediante resolución judicial, previo informe del equipo de atención primaria de servicios sociales. D) Mediante acuerdo de la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia, a propuesta de la alcaldía.

16. De acuerdo con el artículo 103.2, en ausencia de normativa de régimen local que determine la competencia para declarar la situación de riesgo, esta corresponderá: A) A la persona titular de la concejalía competente en materia de servicios sociales. B) A la comisión de intervención social. C) A la dirección territorial de la Generalitat. D) A la persona titular de la alcaldía.

17. Conforme al artículo 103.5, cuando no se hayan conseguido cambios suficientes en el desempeño de los deberes de guarda, la entidad local instará al órgano competente de la Generalitat a declarar el desamparo: A) Obligatoriamente a los seis meses desde el inicio del proyecto de intervención. B) Cuando transcurran dos años desde la declaración inicial de riesgo. C) Concluido el plazo previsto en la declaración de riesgo y sus prórrogas y agotados todos los recursos y, en todo caso, cuando haya transcurrido un año desde la declaración inicial, sin conseguir los cambios exigidos. D) Únicamente cuando exista una resolución judicial que declare incumplido el proyecto de intervención.

18. Según el artículo 104.2, la situación de guarda de hecho de una persona menor de edad: A) Constituye necesariamente una situación de desamparo cuando no exista resolución judicial que la legitime. B) No se considerará desamparo si la persona menor de edad no se ve privada de la necesaria asistencia moral y material. C) Determinará automáticamente la asunción de la tutela por la Generalitat. D) Requerirá siempre la formalización administrativa de un acogimiento familiar.

19. De acuerdo con el artículo 105.2, cuando la entidad local competente inste la declaración de desamparo, el órgano competente de la Generalitat resolverá motivadamente sobre su procedencia en el plazo máximo de: A) Tres meses. B) Seis meses. C) Nueve meses. D) Un año.

20. Conforme al artículo 106.2, cuando una persona menor de edad declarada en desamparo por otra entidad pública traslade su residencia a la Comunitat Valenciana, la Generalitat asumirá su tutela, en las condiciones previstas en dicho artículo: A) Automáticamente, sin necesidad de resolución administrativa. B) Únicamente mediante autorización judicial. C) Mediante resolución administrativa que declare que subsisten las circunstancias que motivaron el desamparo y que la Generalitat asume la tutela. D) Exclusivamente cuando la entidad pública de origen haya revocado previamente la declaración de desamparo.

21. Según el artículo 109.2, el desamparo podrá revocarse a instancia de quienes tengan suspendido el ejercicio de la patria potestad o de la tutela ordinaria cuando lo soliciten: A) Dentro del año siguiente a la declaración de desamparo. B) Dentro de los dos años siguientes a la notificación de la resolución por la que se declaró. C) En cualquier momento, sin límite temporal. D) Dentro de los tres años siguientes a la declaración de desamparo.

22. De acuerdo con el artículo 110.2, respecto al acogimiento residencial de niños y niñas menores de tres años: A) Podrá acordarse siempre que exista una plaza disponible en una residencia de recepción. B) Será preferente cuando se prevea una estancia inferior a seis meses. C) No se acordará salvo imposibilidad debidamente acreditada de adoptar en ese momento el acogimiento familiar o cuando este no convenga al interés superior del menor. D) Podrá acordarse con carácter ordinario por un periodo máximo de tres meses.

23. Según el artículo 110.2, el acogimiento residencial de niños o niñas menores de seis años: A) No podrá superar seis meses, sin posibilidad de prórroga. B) No podrá acordarse por un periodo superior a tres meses, sin perjuicio de prórrogas excepcionales de esa misma duración máxima. C) Podrá mantenerse hasta un año cuando así lo determine la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia. D) No estará sujeto a limitación temporal cuando se acuerde en una residencia de recepción.

24. Conforme al artículo 111.1, la guarda voluntaria asumida por la Generalitat tendrá una duración máxima de: A) Un año, prorrogable excepcionalmente por otro año. B) Tres años, sin posibilidad de prórroga. C) Dos años, prorrogables excepcionalmente, a lo sumo, por otro año, si el interés de la persona protegida lo aconseja y es previsible la reunificación familiar en ese plazo. D) Dos años, prorrogables automáticamente hasta la mayoría de edad.

25. Según el artículo 113.2, cuando se requiera atención inmediata y no sea posible restituir la guarda a los representantes legales, o existan indicios de que dicha restitución puede ser contraria al interés de la persona protegida, la resolución de guarda provisional será dictada por: A) La persona titular de la alcaldía donde se encuentre la persona menor de edad. B) La Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia. C) El director o la directora de la residencia u hogar de recepción, escuchada la persona protegida. D) El ministerio fiscal, a propuesta de la dirección de la residencia.

26. De acuerdo con el artículo 113.3, el plazo máximo desde la asunción provisional de la guarda para proceder a la reunificación familiar, declaración de desamparo o promoción de otra medida procedente será de: A) Treinta días, prorrogables por otros treinta. B) Cuarenta y cinco días, prorrogables, cuando las circunstancias lo requieran, por otros cuarenta y cinco. C) Sesenta días, prorrogables por otros treinta. D) Noventa días, sin posibilidad de prórroga.

27. Conforme al artículo 114.3, el objetivo del plan de protección será la reunificación familiar siempre que sea previsible que la familia de origen pueda desempeñar adecuadamente las funciones propias de la tutela o patria potestad en un plazo máximo de: A) Un año. B) Dos años. C) Tres años. C) Tres años.

28. Según el artículo 119.1, cuando la Generalitat ejerza la tutela de una persona declarada en desamparo, las visitas y comunicaciones con familiares y personas allegadas se regularán: A) Mediante acuerdo de la dirección del centro residencial, previa audiencia familiar. B) Mediante resolución administrativa del órgano de la Generalitat que ejerza la tutela, previo acuerdo de la Comisión de Protección de la Infancia y la Adolescencia. C) Exclusivamente mediante resolución judicial. D) Mediante acuerdo de los servicios sociales de la entidad local donde resida la familia de origen.

29. De acuerdo con el artículo 121.2, para valorar la situación de riesgo en el proceso de reunificación familiar se recabará informe de: A) La Comisión de Adopción y Alternativas Familiares. B) El centro educativo donde esté escolarizada la persona protegida. C) La entidad pública competente en la localidad de residencia de la familia de origen. D) El ministerio fiscal, con carácter exclusivo.

30. Conforme al artículo 122.2, tendrán derecho a participar en un programa de preparación para la vida independiente, en las condiciones previstas legalmente: A) Las personas protegidas a partir de los catorce años y, tras la mayoría de edad, hasta los veintiún años. B) A partir de los dieciséis años, quienes estén bajo tutela de la Generalitat o bajo su guarda y en riesgo de exclusión social por carecer de apoyos familiares adecuados, pudiendo continuar tras la mayoría de edad hasta alcanzar la autonomía o, como máximo, los veinticinco años. C) Exclusivamente las personas tuteladas que hayan cumplido dieciocho años, hasta un máximo de veintitrés años. D) Todas las personas menores de edad acogidas en recursos residenciales desde los quince años, con independencia de su situación familiar.

31. Según el artículo 123.2, los procedimientos de identificación e inscripción en el registro correspondiente de personas menores de edad extranjeras no acompañadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad: A) Se realizarán en las mismas dependencias que los de personas adultas, siempre que exista personal especializado. B) Requerirán obligatoriamente la presencia de una persona intérprete en todos los casos. C) Se realizarán en dependencias diferenciadas de las de las personas adultas, con condiciones adecuadas a su edad y circunstancias, con la mayor celeridad posible y con asistencia de personal de la entidad pública de protección. D) Corresponderán exclusivamente a la entidad pública de protección, sin intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

32. De acuerdo con el artículo 125, el acogimiento familiar es una medida de protección por la que: A) La persona menor de edad pasa a integrarse jurídicamente de manera definitiva en una nueva familia. B) Se produce la plena participación de la persona menor de edad en la vida de una familia sustitutiva o complementaria de la propia, que asume las obligaciones de velar por ella, tenerla en su compañía, alimentarla, educarla y procurarle una formación integral y comunitaria. C) La familia acogedora asume exclusivamente las obligaciones de alojamiento y manutención. D) Se suspende necesariamente toda relación de la persona menor de edad con su familia de origen.

33. Según el artículo 138.1, atendiendo al número de personas que pueden ser acogidas, los centros de acogimiento residencial se denominarán: A) Hogar cuando no superen seis plazas y residencia en los restantes casos. B) Hogar cuando no superen ocho plazas y residencia en los restantes casos. C) Hogar cuando no superen diez plazas y residencia en los restantes casos. D) Hogar cuando no superen doce plazas y residencia en los restantes casos.

34. De acuerdo con el artículo 142.1, respecto a las residencias y hogares específicos para problemas graves de conducta, la Generalitat dispondrá: A) De al menos una residencia u hogar de este tipo en cada departamento de salud. B) De al menos una residencia u hogar de este tipo en cada provincia. C) De al menos dos residencias u hogares de este tipo en cada provincia. D) De un único centro de referencia para toda la Comunitat Valenciana.

35. Según el artículo 148.3, cuando los criterios relativos a las condiciones particulares de la familia y otros criterios objetivos predeterminados resulten inaplicables o insuficientes para seleccionar una familia adoptante, se atenderá en último término a: A) La edad de las personas solicitantes. B) El número de personas integrantes de la unidad familiar. C) La antigüedad del ofrecimiento de adopción. D) La proximidad del domicilio familiar al lugar de residencia de la persona protegida.

36. Conforme al artículo 149.2, la propuesta de adopción deberá presentarse, desde la delegación de guarda con fines de adopción, en el plazo de: A) Seis meses, prorrogables hasta dos años. B) Tres meses, pudiendo prorrogarse el plazo hasta un máximo de un año cuando sea necesario establecer el periodo de adaptación previsto en el Código civil. C) Un año, sin posibilidad de prórroga. D) Tres meses, prorrogables automáticamente por otros tres.

38. Según el artículo 150.2, la adopción abierta será: A) La modalidad obligatoria de adopción en todos los procedimientos. B) Una medida excepcional que solo podrá acordarse cuando exista autorización judicial previa para mantener contactos. C) La forma de adopción preferente siempre que responda al interés de la persona protegida, especialmente cuando permita favorecer la relación entre hermanos y hermanas biológicos. D) La modalidad preferente exclusivamente cuando exista consentimiento de la familia de origen.

38. De acuerdo con los artículos 152.4 y 153.2, los plazos máximos para resolver y notificar los procedimientos de declaración de idoneidad para adopción nacional e internacional serán, respectivamente: A) Tres meses y seis meses. B) Seis meses y nueve meses. C) Nueve meses y doce meses. D) Seis meses en ambos procedimientos.

39. Conforme al artículo 154.4, la declaración de idoneidad para la adopción tendrá una vigencia de: A) Dos años, revisable semestralmente. B) Cuatro años, revisable cada dos años. C) Tres años, revisable anualmente durante dicho periodo. D) Cinco años, sin necesidad de revisión.

40. De acuerdo con el artículo 162.1, ¿cuál de las siguientes medidas NO se encuentra entre las previstas para su ejecución mediante programas de medio abierto?. A) La libertad vigilada. B) Las prestaciones en beneficio de la comunidad. C) El internamiento en régimen semiabierto. D) La realización de tareas socioeducativas.

41. De acuerdo con el artículo 149.3 de la Ley 26/2018, durante la vigencia de la delegación de guarda con fines de adopción, la entidad pública realizará un seguimiento: A) Semestral, sin posibilidad de establecer una periodicidad inferior. B) Trimestral, o con una periodicidad inferior si así lo acuerda la Comisión de Adopción y Alternativas Familiares atendiendo al interés de la persona tutelada. C) Mensual durante el primer año y semestral posteriormente. D) Anual, salvo que la autoridad judicial establezca otra periodicidad.

42. Según el artículo 114.4, cuando el objetivo del plan de protección sea la reunificación familiar, el programa de reunificación incluirá un seguimiento de apoyo y formación a través de la administración local a la familia y a la persona menor de edad durante: A) Seis meses desde el cese de la medida de protección. B) Doce meses desde el cese de la medida de protección. C) Dos años desde el cese de la medida de protección. D) Tres años desde la aprobación del programa de reunificación.

43. Conforme al artículo 116.1, el plan de protección será evaluado y revisado, con carácter general: A) Al menos cada tres meses, sin excepciones. B) Al menos cada seis meses, aunque en el acogimiento familiar permanente el plazo entre revisiones podrá ser de un año a partir de la segunda revisión, si así lo determina el órgano revisor. C) Al menos una vez al año, independientemente de la medida de protección. D) Cada nueve meses, salvo que exista una declaración de desamparo.

44. Según el artículo 116.2, los planes de protección de niños y niñas menores de tres años se revisarán: A) Al menos cada seis meses, independientemente de la medida adoptada. B) Mensualmente durante el primer año de protección. C) Al menos cada tres meses, salvo que exista acogimiento familiar permanente o delegación de guarda con fines de adopción, en cuyo caso se aplicarán los plazos del apartado anterior. D) Cada cuatro meses, salvo resolución judicial en contrario.

45. De acuerdo con el artículo 111.3, cuando existan varias personas titulares de la patria potestad o tutela y solo una solicite la guarda voluntaria, el plazo concedido a la otra para manifestar su oposición: A) No podrá ser inferior a cinco días. B) No podrá ser inferior a diez días. C) Será necesariamente de quince días. D) Será de veinte días hábiles.

48. Conforme al artículo 157.1 de la Ley 26/2018, en relación con el apoyo tras la adopción, se efectuará, a través del órgano correspondiente: A) Un seguimiento trimestral durante los dos primeros años. B) Un seguimiento anual durante los tres primeros años. C) Un seguimiento semestral durante el primer año de adopción. D) Un seguimiento mensual durante los seis primeros meses.