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1. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y regula (señala la incorrecta): las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora. el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas. la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades.

2. La presente Ley se aplica al sector público que comprende (señala la incorrecta): la Administración General del Estado. las Administraciones de las Comunidades Autónomas. las Entidades que integran la Administración Local. el sector público y privado institucional.

3. El sector público institucional se integra por: cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas. las Universidades públicas. todas son correctas.

4. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas: no quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo, cuando ejerzan potestades administrativas. no quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, ni siquiera, cuando ejerzan potestades administrativas. quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas. quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, excepto, cuando ejerzan potestades administrativas.

5. Las Universidades públicas se regirán por: las previsiones de la presente Ley y supletoriamente por su normativa específica. su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley. exclusivamente por su normativa específica. exclusivamente por las previsiones de la presente Ley.

6. Tienen la consideración de Administraciones Públicas (señala la incorrecta): la Administración General del Estado. las Administraciones de las Comunidades Autónomas. las Entidades que integran la Administración Local. cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público o privado vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

7. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho y actúan de acuerdo con los principios de: eficacia, legalidad, descentralización, desconcentración y coordinación. eficiencia, legalidad, descentralización, desconcentración y cooperación. eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación.

8. Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios: simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. responsabilidad por la gestión pública. todas son correctas.

9. Las Administraciones Públicas: se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios no electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas. garantizarán la protección de los datos de carácter personal. facilitarán preferentemente la prestación disociada de servicios a los interesados. todas son correctas.

10. La actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico, bajo la dirección de (señala la incorrecta): el Gobierno de la Nación. los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. los órganos de gobierno de las Entidades Locales. los órganos de gobierno de las Universidades públicas.

11. Las Administraciones Públicas actúan para el cumplimiento de sus fines con: personalidad jurídica propia. personalidad jurídica única. personalidad jurídica plena. personalidad jurídica física.

12. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán (señala la incorrecta): aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva. motivar su necesidad para la protección del interés público. justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, evitando en la medida de lo posible que se produzcan diferencias de trato discriminatorias. evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos.

13. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias con los límites establecidos en: la legislación de protección de datos de carácter personal. el Código Civil. la Constitución Española. la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

14. Tendrán la consideración de órganos administrativos: las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo. las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter facultativo. las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

15. Respecto a los órganos administrativos (señala la incorrecta): corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. en ningún caso podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes. la creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle igual función sobre el mismo territorio y población. están regulados en el capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

16. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el cumplimiento de (señala la incorrecta): denominación y establecimiento de sus recursos humanos necesarios. determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. delimitación de sus funciones y competencias. dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

17. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante: circulares. reglamentos internos. instrucciones y órdenes de servicio. disposiciones de carácter general.

18. Las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno cuando: una disposición específica así lo establezca. se estime conveniente por razón de los destinatarios. se estime conveniente por razón de los efectos que puedan producirse. todas son correctas.

19. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir, el incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio: no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos. supone la invalidez de los actos dictados por los órganos administrativos. supone la nulidad de los actos dictados por los órganos administrativos. supone la anulabilidad de los actos dictados por los órganos administrativos.

20. La Administración consultiva podrá articularse: mediante órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa. a través de los servicios de la Administración activa que prestan asistencia jurídica. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

1. En caso de que la Administración consultiva se articule a través de los servicios de la Administración activa, dichos servicios no podrán: estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional. recibir instrucciones o directrices. recibir cualquier clase de indicación de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta. todas son correctas.

2. La competencia es: renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, incluso los casos de delegación o avocación. irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación.

3. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia: suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. no suponen alteración de la titularidad de la competencia ni de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. suponen alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.

4. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos: podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos. podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente independientes de aquéllos. podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes o independientesde aquéllos. no podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos.

5. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a: los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. los órganos superiores competentes por razón de la materia. los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio. los órganos inferiores competentes por razón de la materia.

6. Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en: otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

7. La delegación de competencias: deberá ser aprobada previamente en el ámbito de la Administración General del Estado, por el órgano máximo de dirección y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. deberá ser aprobada previamente en el ámbito de la Administración General del Estado, por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección. en el ámbito de la Administración General del Estado no necesitará ser aprobada previamente, en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes deberá ser aprobada por el órgano máximo de dirección. en el ámbito de la Administración General del Estado y en el caso de los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, deberá ser aprobada previamente por el órgano máximo de dirección.

8. Respecto a la delegación de competencias cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente: será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio. será necesaria la aprobación previa del órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios. a y b son correctas. no será necesario aprobación previa.

9. Cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestión, los órganos de la Administración General del Estado podrán delegar el ejercicio de sus competencias propias en: cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público. sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes. sus entidades de derecho privado vinculadas o dependientes. ninguna es correcta.

10. En ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas a (señala la incorrecta): los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. la adopción de disposiciones de carácter especial. la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. las materias en que así se determine por norma con rango de Ley.

11. Respecto a la delegación de competencias, señala la correcta: las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el tablón de anuncios del ayuntamiento de la Administración delegante. las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el portal web de la Administración delegante. las delegaciones de competencias y su revocación no precisan publicarse para su validez.

12. Respecto a la delegación de competencias, señala la correcta: las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegado. salvo autorización expresa de una Ley, podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación. la delegación una vez que el órgano delegante la haya conferido no será revocable. el acuerdo de delegación de aquellas competencias atribuidas a órganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un quórum o mayoría especial, deberá adoptarse observando, en todo caso, dicho quórum o mayoría.

13. Respecto a la delegación de competencias: no constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, la emisión de un dictamen o informe. podrá delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

14. Cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda: ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes. por delegación a sus órganos administrativos dependientes. ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes. ninguna es correcta.

15. En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente por: los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. el órgano delegante. el órgano delegante y cualquier otro que se encuentre en el mismo nivel jerárquico. ninguna es correcta.

16. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere:: simultáneamente a la resolución final que se dicte. con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte. simultáneamente o con posterioridad a la resolución final que se dicte. con posterioridad a la resolución final que se dicte.

17. Contra el acuerdo de avocación: podrá imponerse recurso de alzada. podrá imponerse recurso potestativo de reposición. no cabrá recurso, ni podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento. no cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

18. La realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o de las Entidades de Derecho Público podrá ser encomendada, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, a otros órganos o Entidades de Derecho Público de: la misma Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades. la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades. la misma o de distinta Administración, siempre que entre sus competencias estén esas actividades. distinta Administración, siempre que entre sus competencias no estén esas actividades.

19. Las encomiendas de gestión: en todo caso, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. como regla general, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. excepcionalmente, podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público. no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislación de contratos del sector público.

20. La encomienda de gestión: supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio. supone cesión de la titularidad de la competencia, aunque no de los elementos sustantivos de su ejercicio. no supone cesión de la titularidad de la competencia, pero sí de los elementos sustantivos de su ejercicio. no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

1. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a: cualquiera de ellos. el órgano que determine el superior jerárquico común de estos. el superior jerárquico común de estos. ninguna es correcta.

2. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén: la delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia. la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. la delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia.

3. Respecto a la encomienda de gestión, dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda, será responsabilidad de: el órgano o Entidad encomendada. el órgano o Entidad encomendante. cualquiera de los anteriores. ninguno de los anteriores.

4. Respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión: la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento. la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento. la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento. la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento.

5. Respecto a la formalización de las encomiendas de gestión: cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes y, en su defecto, en los términos que establezca su normativa propia. en todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendado. cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. todas son correctas.

6. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones la formalización: se realizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas. deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares se regirá por la legislación de Régimen Local. todas son correctas.

7. Dentro de los límites señalados en el artículo 9, los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan:: en materias de su competencia, que ostenten por atribución. en materias que no sean de su competencia, que ostenten por atribución. en materias que no sean de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias. en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias.

8. Respecto a la delegación de firma no es correcto: no alterará la competencia del órgano delegante. para su validez deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración delegante. en las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. ninguna es correcta.

9. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente: en los supuestos de vacante o ausencia. en los supuestos de enfermedad. en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. todas son correctas.

10. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente: en la forma que disponga cada Administración Pública. en la forma que se dispone en la presente Ley. en la forma que se disponga reglamentariamente. ninguna es correcta.

11. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por: quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa. cualquier titular del mismo órgano administrativo. cualquier titular del órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa.

12. La suplencia: implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos. no implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos.

13. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse: en los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales. en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes. por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento, bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. todas son correctas.

14. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia (señala la incorrecta): se hará constar esta circunstancia. se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan. se especificará quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia. se especificará la duración de la suplencia.

15. Respecto a las decisiones sobre competencia es correcto: el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a los interesados. los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. los interesados no podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

16. Se realizará mediante acuerdo motivado: la avocación. la delegación de firma. la suplencia. la encomienda de gestión.

17. No es correcto respecto a los órganos colegiados: el régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente Ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. las Administraciones no podrán publicar el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento en otros medios de difusión. cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, la publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.

18. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas: que cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. que no cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. que cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. ninguna es correcta.

19. Los órganos colegiados a que se refiere la pregunta anterior quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que: así lo establezcan sus normas de creación. se desprenda de sus funciones. se desprenda de la propia naturaleza del órgano colegiado. todas son correctas.

20. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que (señala la incorrecta): podrá ser un miembro del propio órgano. podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. podrá ser una persona ajena a la Administración Pública correspondiente. ninguna es correcta.

1. No corresponderá al Secretario: velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. fijar el orden del día. certificar las actuaciones del órgano colegiado. garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

2. Salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: se podrán constituir, convocar y celebrar sus sesiones. adoptar acuerdos. remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. todas son correctas.

3. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos (señala la incorrecta): la identidad de los miembros o personas que los suplan. el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen. la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real o diferido. la disponibilidad de los medios durante la sesión.

4. Se considerará incluido entre los medios electrónicos válidos para que los órganos colegiados celebren sesiones a distancia (señala la incorrecta): el correo electrónico. el portal web del departamento competente. las audioconferencias. las videoconferencias.

5. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la de la mitad de sus miembros. presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la de la mitad de sus miembros. presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

6. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan: : la mitad de sus miembros. dos tercios de sus miembros. tres quintos de sus miembros. todos sus miembros.

7. Respecto a las convocatorias de los órganos colegiados no es correcto: los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. el régimen propio de convocatorias podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. en todo caso, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos. en las convocatorias se hará constar el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que: asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos los presentes. asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos ellos. asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de los presentes. asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

9. En los órganos colegiados los acuerdos serán adoptados por: mayoría de votos. mayoría de dos tercios. la unanimidad de los miembros presentes. la unanimidad de sus miembros.

10. Cuando en los órganos colegiados se asista a distancia los acuerdos se entenderán adoptados: donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario.

11. Los miembros del órgano quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos cuando: voten a favor. voten a favor o se abstengan. voten en contra o se abstengan. ninguna es correcta.

12. Quienes acrediten la titularidad de: un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. un derecho subjetivo podrán dirigirse al Presidente de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. un derecho subjetivo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. un interés legítimo podrán dirigirse al Presidente de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.

13. La certificación será expedida: por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. por medios no electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. en todo caso por medios electrónicos. en todo caso por medios no electrónicos.

14. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por: el Presidente. el Secretario. el miembro de menor edad del órgano colegiado. el miembro de mayor edad del órgano colegiado.

15. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta en la que se especificará necesariamente (señala la incorrecta): los asistentes y el orden del día de la reunión. las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado. los puntos principales y secundarios de las deliberaciones. el contenido de los acuerdos adoptados.

16. Las sesiones que celebre el órgano colegiado: podrán grabarse. no podrán grabarse. deberán grabarse. ninguna es correcta.

17. El acta de cada sesión: deberá aprobarse en la misma reunión. deberá aprobarse en la siguiente reunión. podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. podrá aprobarse en la misma reunión o en las dos inmediatas siguientes.

18. El Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar: por medios electrónicos o no electrónicos su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. por medios electrónicos o no electrónicos su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma o en la siguiente reunión. por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma o en la siguiente reunión. por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión.

19. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de ella, se regirán: exclusivamente por las normas establecidas en esta Ley. exclusivamente por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. por las normas establecidas en esta Ley, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. por las normas establecidas en esta Ley, y supletoriamente por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

20. Al Presidente del órgano colegiado no le corresponde: acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias. fijar el orden del día. expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano.

1. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos de la sesión: podrán acompañar al acta de las sesiones, haciendo constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. deberán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. deberán acompañar al acta de las sesiones, haciendo constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

2. En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por: el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad, jerarquía y edad, por este orden. el Secretario, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden. el Secretario, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor antigüedad, jerarquía y edad, por este orden.

3. Los miembros del órgano colegiado deberán recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones, con una antelación mínima de: 2 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo superior. 3 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en un plazo superior. 2 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo. 3 días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo.

4. Los miembros del órgano colegiado deberán: participar en los debates de las sesiones. ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. formular ruegos y preguntas. todas son correctas.

5. No podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas, tengan la condición de: miembros natos de órganos colegiados. altos cargos de órganos colegiados. miembros eméritos de órganos colegiados. miembros honoríficos de órganos colegiados.

6. Los miembros de un órgano colegiado: podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan denegado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para todos los casos, por el propio órgano. no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan denegado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio órgano. no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo válidamente adoptado, para todos los casos, por el propio órgano.

7. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado: no serán sustituidos. serán sustituidos por sus suplentes, si los hubiera. serán sustituidos por la Vicepresidencia. podrán emitir su voto en la siguiente sesión.

8. La designación y el cese, así como la sustitución temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad: será decidido libremente por el Presidente del órgano colegiado. se realizará según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo. se realizará por acuerdo del mismo y, en su defecto, según lo dispuesto en las normas específicas de cada órgano. ninguna es correcta.

9. Corresponde al Secretario del órgano colegiado: asistir a las reuniones en todo caso con voz y voto. asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. asistir a las reuniones sin voz y sin voto, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo. asistir a las reuniones sin voz y sin voto, y con voz pero sin voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.

10. No corresponde al Secretario del órgano colegiado: recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados. acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias.

11. En el acta de la sesión del órgano colegiado, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, figurará: el voto contrario al acuerdo adoptado. su abstención y los motivos que la justifiquen. el sentido de su voto favorable. todas son correctas.

12. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de: 1 día. 2 días. 3 días. 4 días.

13. Las actas se aprobarán: en la misma sesión. en la siguiente sesión. en la misma o en la siguiente sesión. en la misma o en las siguiente sesiones.

14. El Secretario: podrá emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. únicamente podrá emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado posteriormente a la aprobación del acta. podrá emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la anterior aprobación del acta. no podrá emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado hasta que se haya aprobado el acta.

15. Son órganos colegiados aquellos que se creen formalmente y a los que se atribuyan funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que actúen integrados en la Administración General del Estado o alguno de sus Organismos públicos y estén integrados por: al menos dos personas. dos o más personas. al menos tres personas. tres o más personas.

16. La constitución de un órgano colegiado en la Administración General del Estado y en sus Organismos públicos tiene como presupuesto indispensable la determinación en su norma de creación o en el convenio con otras Administraciones Públicas por el que dicho órgano se cree, de los siguientes extremos (señala la incorrecta): sus fines u objetivos y su integración administrativa o dependencia jerárquica. la composición y los criterios para el cese de su Presidente y de los restantes miembros. las funciones de decisión, propuesta, informe, seguimiento o control, así como cualquier otra que se le atribuya. la dotación de los créditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

17. Los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, por su composición, se clasifican en (señala la incorrecta): órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios. órganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los órganos de un solo Ministerio. órganos colegiados extraministeriales, si sus miembros no proceden de ningún Ministerio. todas son correctas.

18. En los órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos, podrá haber representantes de otras Administraciones Públicas: cuando éstas lo acepten voluntariamente. cuando un convenio así lo establezca. cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine. todas son correctas.

19. La creación de órganos colegiados de la Administración General del Estado y de sus Organismos públicos sólo requerirá de norma específica, con publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en los casos en que se les atribuyan: competencias decisorias. competencias de propuesta o emisión de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros órganos administrativos. competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros órganos de la Administración General del Estado. todas son correctas.

20. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado 1 del artículo 22, los órganos colegiados tendrán el carácter de grupos o comisiones de trabajo y: podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros. no podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos tendrán efectos directos frente a terceros. no podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos no podrán tener efectos directos frente a terceros. podrán ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos tendrán efectos directos frente a terceros.

1. Son motivos de abstención: tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. ser administrador de sociedad o entidad interesada. tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. todas son correctas.

2. Es motivo de abstención tener un parentesco con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. de consanguinidad dentro del tercero grado o de afinidad dentro del primero. de consanguinidad dentro del primero grado o de afinidad dentro del tercero.

3. Es motivo de abstención tener relación de servicio con: persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

4. Es correcto respecto a la abstención: las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den alguno de los motivos de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas como motivos de abstención le ordenarán que se abstengan de toda intervención en el expediente. la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. la abstención en los casos en que concurra alguno de los motivos de abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda.

5. En los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. en cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

6. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: en el mismo momento. en el día siguiente. en el plazo de 2 días. en el plazo de 3 días.

7. Cuando el recusado manifieste que se da en él la causa alegada, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución: acto seguido. en el día siguiente. en un máximo de 24 horas. en un máximo de 48 horas.

8. Si el recusado niega la causa de recusación, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos, el superior resolverá en el plazo de: 1 día. 2 días. 3 días. 7 días.

9. Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación: podrá imponerse recurso de alzada. podrá imponerse recurso extraordinario de revisión. podrá imponerse el recurso pertinente. no cabrá recurso.

10. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por: una Ley. una norma con rango de Ley. una norma con rango de Ley o un reglamento. un reglamento.

11. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por: Ley. disposición de rango legal. disposición de rango legal o reglamentario. disposición de rango reglamentario.

12. Las disposiciones del Capítulo Principios de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público. serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. todas son correctas.

13. Las disposiciones sancionadoras: producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

14. Sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por: una Ley. una norma con rango de ley. un reglamento. todas son correctas.

15. Las infracciones administrativas se clasificarán en: leves y graves. graves y muy graves. leves, graves y muy graves. ninguna es correcta.

16. Respecto a las sanciones: únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones. en ningún caso podrán imponerse sanciones por la comisión de infracciones administrativas. podrán imponerse sanciones por la comisión de cualquier tipo de infracción. ninguna es correcta.

17. Con el fin de contribuir a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes, las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que: constituyan nuevas infracciones o sanciones, o alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla. no constituyan nuevas infracciones o sanciones, pero alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla. no constituyan nuevas infracciones o sanciones, ni alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla. constituyan nuevas infracciones o sanciones, pero no alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla.

18. Las normas definidoras de: infracciones serán susceptibles de aplicación analógica. infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica. infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica. infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

19. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa si resultan responsables de los mismos a título de dolo o culpa, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar: los grupos de afectados. las uniones y entidades sin personalidad jurídica. los patrimonios independientes o autónomos. todas son correctas.

20. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles: con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. con la indemnización por los daños y perjuicios causados. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

1.Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan: de forma solidaria. de forma subsidiaria. de forma indvidual. de forma mancomunada.

2. Cuando sea posible la sanción se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable: cuando la sanción sea pecuniaria. cuando la sanción no sea pecuniaria. cuando el sujeto sea reincidente. cuando el sujeto no sea reincidente.

3. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores: podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.

4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores: podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. no podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. no podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.

5. Las sanciones administrativas: sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. que sean de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

6. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas: resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. no resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

7. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar: la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer. la adecuación de la sanción a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

8. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios (señala la incorrecta): el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. la continuidad o persistencia en la conducta infractora. la naturaleza de los perjuicios causados. la reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

9. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes: el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. el juez podrá imponer la sanción en el grado inferior. el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado superior. el juez podrá imponer la sanción en el grado superior.

10. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras: se deberá imponer la sanción en el grado superior. se deberán imponer todas las sanciones correspondientes. se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. ninguna es correcta.

11. Señala la correcta: será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto administrativo, en ejecución de un plan espontáneo o aprovechando distinta ocasión. será sancionable, como infracción interrumpida, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan espontáneo o aprovechando distinta ocasión. no será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto administrativo, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

12. Las infracciones y sanciones prescribirán: según lo dispuesto en la presente Ley. según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. según lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias que las desarrollen. todas son correctas.

13. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán: a los seis meses. al año. a los dos años. a los tres años.

14. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán: a los seis meses. al año. a los dos años. a los tres años.

15. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las sanciones graves prescribirán: a los seis meses. al año. a los dos años. a los tres años.

16. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las sanciones leves prescribirán: a los seis meses. al año. a los dos años. a los tres años.

17. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse: desde el día en que la infracción se hubiera cometido. desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. desde que finalizó la conducta infractora. desde el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.

18. El plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes, comenzará a correr: desde el día en que la infracción se hubiera cometido. desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. desde que finalizó la conducta infractora. desde el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.

19. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante:: más de 1 mes por causa no imputable al presunto responsable. más de 3 meses por causa imputable al presunto responsable. más de 1 mes por causa imputable al presunto responsable. más de 3 meses por causa no imputable al presunto responsable.

20. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde: el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

1. En los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento: podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente. podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente.

2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y: siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

3. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de: el funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

4. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas: presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. no presupone, en ningún caso, derecho a la indemnización. ninguna es correcta.

5. Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el daño alegado habrá de ser: efectivo. evaluable económicamente. individualizado con relación a una persona o grupo de personas. todas son correctas.

6. Cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de: actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar. actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar. actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.

7. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido: en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en última instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en última instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

8. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: (señala la incorrecta). la norma no puede tener por objeto conferir derechos a los particulares. el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. todas son correctas.

9. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos: desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. desde la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa. desde el día siguiente a la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa.

10. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la: presente Ley. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

11. Fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad: el Consejo de Ministros. el Gobierno. el Congreso. el Consejo de Estado.

12. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por: el Ministerio Fiscal, con audiencia al Consejo de Ministros. el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Ministros. el Ministerio Fiscal, con audiencia al Consejo de Estado.

13. Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma se seguirá el procedimiento previsto en: la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

14. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso: de forma subsidiaria. de forma solidaria. de forma mancomunada. de forma individual.

15. En los casos previstos en la pregunta anterior, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada: en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio. en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio. por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.

16. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta: podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. deberá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. no podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. ninguna es correcta.

17. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de: competencia. interés público tutelado. intensidad de la intervención. todas son correctas.

18. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de: 5 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 10 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 20 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

19. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste: tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. ninguna es correcta.

20. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que: no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o económica. no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o económica. se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

1. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, salvo que la sentencia disponga otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: los 2 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 5 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.

2. La indemnización de las lesiones producidas al particular se calculará: con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables. ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. todas son correctas.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a: el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

4. Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público y siempre que exista acuerdo con el interesado, la indemnización procedente podrá (señala la incorrecta): sustituirse por una compensación en especie. ser abonada mediante pagos periódicos. sustituirse por una compensación variable y diferida. todas son correctas.

5. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán: directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios que hayan ocasionado. indiferentemente a la Administración Pública correspondiente o a las autoridades y personal a su servicio las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por estas últimas. ninguna es correcta.

6. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves: de oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento. de oficio en vía administrativa, sin instrucción de procedimiento. de oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento. de oficio en vía penal, sin instrucción de procedimiento.

7. Para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades al servicio de la Administración y, en su caso, para su cuantificación, se ponderará: (señala la incorrecta). el resultado dañoso producido. el grado de culpabilidad. la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. la reincidencia en el acto doloso.

8. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para realizar alegaciones será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

9. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la práctica de las pruebas será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

10. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la audiencia será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

11. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la formulación de la propuesta de resolución será de: 5 días desde la finalización del trámite de audiencia. 10 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. 5 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. 10 días desde la finalización del trámite de audiencia.

12. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la resolución por el órgano competente será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

13. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, la resolución declaratoria de responsabilidad: pondrá fin a la vía administrativa. no pondrá fin a la vía administrativa. pondrá fin a la vía administrativa en determinados casos. ninguna es correcta.

14. Se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente: la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas. la responsabilidad civil derivada del delito. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

15. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

16. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a: una Administración Pública. a uno o varios organismos públicos en el ejercicio de sus competencias. a una o varias entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. todas son correctas.

17. No es correcto respecto a las sedes electrónicas: el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. la Administración General del Estado determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

18. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a (señala la incorrecta): una Administración Pública. un organismo público. una entidad de Derecho Privado. todas son correctas.

19. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a: la información publicada. la sede electrónica correspondiente. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

20. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de: cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos. cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos. un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.

1. Los certificados electrónicos que usen las Administraciones Públicas como sistemas de identificación incluirán (señala la incorrecta): el número de identificación fiscal. la denominación correspondiente. en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrónicos de órganos administrativos. el periodo de validez del certificado.

2. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración Pública: incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública. excepto las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, será privada. incluyendo las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, será privada. excepto las características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser pública.

3. Respecto a los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas: cada Administración Pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de sus sellos electrónicos. se entenderá identificada la Administración Pública respecto de la información que se publique como propia en su portal de internet. la relación de sellos electrónicos será accesible por medios electrónicos. todas son correctas.

4. Se entiende por actuación administrativa automatizada: cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público. cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. cualquier acto o actuación realizada parcial o íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público.

5. En caso de actuación administrativa automatizada deberá: establecerse previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad. establecerse previamente el órgano u órganos competentes, en su caso, para auditoría del sistema de información y de su código fuente. indicarse el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. todas son correctas.

6. En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica: sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, no permitiéndose la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

7. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 38, 41 y 42, la actuación de una Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, cuando utilice medios electrónicos se realizará mediante: sello electrónico del titular del órgano o empleado público. firma electrónica del titular del órgano o empleado público. certificado electrónico del titular del órgano o empleado público. todas son correctas.

8. Cada Administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los cuales: podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. identificarán de forma separada al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. únicamente identificarán al titular del puesto de trabajo o cargo. ninguna es correcta.

9. Serán considerados válidos a efectos de autenticación e identificación de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en esta Ley: los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado. los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público. los documentos electrónicos transmitidos en entornos abiertos de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público. los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Públicas, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público o privado.

10. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administración Pública, ésta determinará las condiciones y garantías por las que se regirá que: al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. en ningún caso, comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar. comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados, pero no la naturaleza de los datos a intercambiar. no comprenderá la relación de emisores y receptores autorizados, pero sí la naturaleza de los datos a intercambiar.

11. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantías por las que se regirán: se establecerá por la Administración que sea superior jerárquicamente a las demás. se establecerá por la Administración que inicie el envío de las comunicaciones. son las que se establecen en la presente Ley. se establecerán mediante convenio suscrito entre aquellas.

12. Señala la incorrecta: en todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno abierto de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan. las Administraciones Públicas podrán determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica. con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, cuando una Administración utilice sistemas de firma electrónica distintos de aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposición de otros órganos, organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones la documentación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. todas son correctas.

13. Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán: por medios no electrónicos, salvo cuando no sea lo más adecuado para su conservación. por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. siempre por medios electrónicos y medios no electrónicos. siempre por medios electrónicos.

14. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esta naturaleza: en el mismo formato a partir del que se originó el documento. en cualquier formato que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. en el formato que decidan los particulares. a y b son correctas.

15. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en: el Esquema Nacional de Seguridad. el Consejo de Ministros. el Punto de Acceso General electrónico de la Administración. el Registro Electrónico General de cada Administración.

16. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad que garanticen (señala la incorrecta): la integridad y autenticidad de los documentos almacenados. la confidencialidad y la calidad de los documentos almacenados. la protección y la conservación de los documentos almacenados. el acceso libre a los documentos almacenados.

17. Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán (señala la incorrecta): la identificación de los usuarios y el control de accesos. el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. la recuperación y conservación a corto plazo de los documentos electrónicos producidos por las Administraciones Públicas que así lo requieran. todas son correctas.

18. Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por: las Administraciones Públicas o Privadas. los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o de derecho privado. las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. todas son correctas.

19. No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar: con un objetivo común, siempre que supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. con objetivos diferentes, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. con un objetivo común, siempre que no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. con objetivos diferentes, siempre que supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles.

20. Los convenios: podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente Ley. podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la presente Ley. no podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

1. Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán corresponder a alguno de los siguientes tipos (señala la incorrecta): convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas. convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública. convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho público y un sujeto de Derecho privado. convenios constitutivos de Tratado internacional, de Acuerdo internacional administrativo, o de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones Públicas y los órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que estarán sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.

2. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios: con sujetos de derecho público, que impliquen la cesión de la titularidad de la competencia. con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. con sujetos de derecho público, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. con sujetos de derecho público y privado, que impliquen la cesión de la titularidad de la competencia.

3. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, podrán celebrar convenios: los titulares de los Departamentos Ministeriales. los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos públicos. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

4. La suscripción de convenios deberá (señala la incorrecta): mejorar la eficiencia de la gestión pública. facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos. contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y privada. cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

5. La gestión, justificación y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administración Pública o cualquiera de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes que lo suscriban, así como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarán a lo dispuesto en: la presente Ley. la legislación procesal. la legislación administrativa. la legislación presupuestaria.

6. Respecto a los requisitos de validez y eficacia de los convenios no es correcto: los convenios que incluyan compromisos financieros deberán ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio. las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrán ser inferiores a los gastos derivados de la ejecución del convenio. cuando el convenio instrumente una subvención deberá cumplir con lo previsto en la Ley General de Subvenciones y en la normativa autonómica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable. cuando el convenio tenga por objeto la delegación de competencias en una Entidad Local, deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

7. Los convenios se perfeccionan: cuando son publicados. por su suscripción con sujetos de derecho público o privado. cuando compienzan a aplicarse. por la prestación del consentimiento de las partes.

8. Los convenios suscritos por la Administración General del Estado o alguno de sus organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes resultarán eficaces una vez: inscritos en la Sede del Punto de Acceso General del Registro Electrónico Común y publicados en el Boletín Oficial del Estado. inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Boletín Oficial del Estado. inscritos en la Sede del Punto de Acceso General del Registro Electrónico Común y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea. inscritos en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea.

9. Respecto a la pregunta anterior los convenios: posteriormente y con carácter potestativo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración firmante. previamente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración firmante. previamente y con carácter potestativo, se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración firmante. posteriormente y con carácter facultativo, se podrán publicar en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administración firmante.

10. Las normas del Capítulo "De los convenios": serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. serán de aplicación a las encomiendas de gestión, pero no a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos. serán de aplicación a los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos, pero no a las encomiendas de gestión. no serán de aplicación a las encomiendas de gestión y los acuerdos de terminación convencional de los procedimientos administrativos.

11. Los convenios que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, suscriban con sujetos de derecho público y privado deberán incluir, al menos (señala la incorrecta): los sujetos que suscriben el convenio y los representantes con que actúa cada una de las partes. la competencia en la que se fundamenta la actuación de la Administración Pública, de los organismos públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas. el objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos. las obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera.

12. Los convenios que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, suscriban con sujetos de derecho público y privado deberán incluir, al menos (señala la incorrecta): consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes. mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. el régimen de modificación del convenio. A falta de regulación expresa la modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo de la mayoría de los firmantes. plazo de vigencia del convenio.

13. Respecto al plazo de vigencia de los convenios deberán tener una duración determinada, que: no podrá ser inferior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo inferior. no podrá ser superior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. no podrá ser inferior a 4 años, salvo que normativamente se prevea un plazo inferior. no podrá ser superior a 2 años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

14. Respecto al plazo de vigencia del convenio en cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto: los firmantes del convenio podrán acordar por mayoría su prórroga por un periodo de hasta 2 años adicionales o su extinción. los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 2 años adicionales o su extinción. los firmantes del convenio podrán acordar por mayoría su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su extinción. los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años adicionales o su extinción.

15. Sin perjuicio de las especialidades que la legislación autonómica pueda prever, será necesario que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice: su necesidad y oportunidad. su impacto económico. el carácter no contractual de la actividad en cuestión. todas son correctas.

16. Los convenios que suscriba la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes se acompañarán del informe de su servicio jurídico, que deberá emitirse en un plazo máximo de: 5 días hábiles desde su solicitud, transcurridos los cuales se continuará la tramitación. 7 días hábiles desde su solicitud, transcurridos los cuales se continuará la tramitación. 5 días hábiles desde su solicitud, transcurridos los cuales se paralizará la tramitación. 7 días hábiles desde su solicitud, transcurridos los cuales se paralizará la tramitación.

17. Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el Estado: asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. el Estado no asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. el Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras no estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos. ninguna es correcta.

18. Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autónomas: serán remitidos al Congreso por la Delegación de Gobierno. serán remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. serán remitidos al Congreso por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. serán remitidos al Senado por la Delegación de Gobierno.

19. Los convenios se extinguen: por el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto. por incurrir en causa de resolución. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

20. Es causa de resolución del convenio: el transcurso del plazo de vigencia del convenio aunque se hubiera acordado la prórroga del mismo. el acuerdo de la mayoría de los firmantes. el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. por decisión judicial declaratoria de la suspensión del convenio.

1. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes del convenio (señala la incorrecta): cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. este requerimiento para que se cumplan las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos será comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las demás partes firmantes. si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. la resolución del convenio por esta causa conllevará en todo caso la indemnización de los perjuicios causados.

2. Además de las previstas en la presente Ley son causas de resolución de los convenios: cualquier causa prevista en otras Leyes. cualquier causa prevista en el convenio. cualquier causa prevista en el convenio o en otras Leyes. cualquier causa prevista en el derecho internacional.

3. El cumplimiento y la resolución de los convenios dará lugar a la liquidación de los mismos con el objeto de determinar: las derechos y obligaciones de cada una de las partes. las deberes y derechos de cada una de las partes. las obligaciones y compromisos de cada una de las partes. las derechos y compromisos de cada una de las partes.

4. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta que si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, aquella deberá reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo máximo de: un mes desde que se hubiera aprobado la liquidación. dos meses desde que se hubiera aprobado la liquidación. tres meses desde que se hubiera aprobado la liquidación. un año desde que se hubiera aprobado la liquidación.

5. Transcurrido el plazo máximo sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar también el interés de demora aplicable al citado reintegro: a contar desde ese momento. en el plazo de un mes a contar desde ese momento. en el plazo de dos meses a contar desde ese momento. en el plazo de tres meses a contar desde ese momento.

6. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entenderán cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los términos y a satisfacción de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta que si de la liquidación resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera superior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecución, el resto de partes del convenio, deberá abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el límite máximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio: en el plazo de un mes desde la aprobación de la liquidación. en el plazo de dos meses desde la aprobación de la liquidación. en el plazo de tres meses desde la aprobación de la liquidación. en el plazo de un año desde la aprobación de la liquidación.

7. Si cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existen actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artículo 49, podrán acordar la continuación y finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo: un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual no podrá realizarse la liquidaciónun plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual no podrá realizarse la liquidación. un plazo prorrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación. un plazo prorrogable para su finalización, transcurrido el cual no podrá realizarse la liquidación. un plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la liquidación.

8. Deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda los convenios cuyos compromisos económicos asumidos superen: los 300.000 euros dentro de los 3 meses siguientes a su suscripción. los 300.000 euros dentro de los 6 meses siguientes a su suscripción. los 600.000 euros dentro de los 3 meses siguientes a su suscripción. los 600.000 euros dentro de los 6 meses siguientes a su suscripción.

9. Se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma, según corresponda: las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos. la alteración de los importes de los compromisos económicos asumidos. la extinción de los convenios indicados. todas son correctas.

10. El Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se denomina: Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Administración General del Estado. Organización y funcionamiento del sector público institucional. Relaciones interadministrativas.

11. El Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público tiene: 4 capítulos. 5 capítulos. 6 capítulos. 7 capítulos.

12. El Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público comprende los artículos: 1 a 53. 9 a 46. 1 a 35. 8 a 49.

1. La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artículo 3, así como los de: desconcentración funcional y descentralización funcional y territorial. descentralización territorial y desconcentración funcional y territorial. descentralización funcional y desconcentración funcional y territorial. desconcentración territorial y descentralización funcional y territorial.

2. Las competencias en materia de organización administrativa, régimen de personal, procedimientos e inspección de servicios, no atribuidas específicamente conforme a una Ley a ningún otro órgano de la Administración General del Estado, ni al Gobierno, corresponderán a: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. el Consejo de Estado. el Congreso. las Cortes Generales.

3. Salvo las excepciones previstas por esta Ley, la organización de la Administración General del Estado responde a los principios de: división funcional en Departamentos ministeriales y de gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. gestión territorial integrada en Departamentos ministeriales y de división funcional en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas. división funcional en Delegaciones del Gobierno y de gestión territorial integrada en Departamentos ministeriales en las Comunidades Autónomas. gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno y de división funcional en Departamentos ministeriales en las Comunidades Autónomas.

4. La Administración General del Estado comprende (señala la incorrecta): la Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes. la Organización Territorial. la Organización sectorial. la Administración General del Estado en el exterior.

5. En la organización central son órganos superiores: los Subsecretarios y los Secretarios generales. los Ministros y los Secretarios generales técnicos. los Secretarios de Estado y los Directores generales. los Ministros y los Secretarios de Estado.

6. En la organización central no son órganos directivos: los Subsecretarios y Secretarios generales. los Secretarios generales técnicos y Directores generales. los Secretarios de Estado. los Subdirectores generales.

7. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos: a) los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. b) los Subdelegados del Gobierno en las provincias. c) los Subdelegados del Gobierno en las entidades locales. a y b son correctas.

8. En la organización territorial de la Administración General del Estado los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tendrán rango de: Subsecretario. Subdirector general. Secretario de Estado. ninguna es correcta.

9. En la organización territorial de la Administración General del Estado los Subdelegados del Gobierno en las provincias los cuales tendrán nivel de: Subsecretario. Subdirector general. Secretario de Estado. ninguna es correcta.

10. En la Administración General del Estado en el exterior son órganos directivos: los Ministros y los Secretarios de Estado. los Subsecretarios y Secretarios generales. los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales. los Directores generales.

11. Tienen la condición de alto cargo: los órganos superiores. los órganos superiores y directivos. los órganos superiores y directivos, excepto los Subdirectores generales y asimilados. los órganos superiores y directivos, excepto los Secretarios generales y asimilados.

12. Todos los órganos de la Administración General del Estado que no sean órgano superior o directivo se encuentran bajo la dependencia o dirección de: un órgano superior. un órgano directivo. un órgano superior o directivo. ninguna es correcta.

13. Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus respectivos: órganos superiores. órganos directivos. órganos superiores y directivos. ninguna es correcta.

14. Señala la correcta: corresponde a los órganos superiores establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos directivos su desarrollo y ejecución. corresponde establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y su desarrollo y ejecución a los órganos superiores. corresponde establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y su desarrollo y ejecución a los órganos directivos. corresponde a los órganos directivos establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos superiores su desarrollo y ejecución.

15. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, los titulares de los órganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones: la responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión desarrollada. la sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

16. Los elementos organizativos básicos de las estructuras orgánicas son: los órganos administrativos. las entidades dependientes. las unidades administrativas. los servicios comunes.

17. Las unidades administrativas comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla: vinculados funcionalmente por razón de sus cometidos y orgánicamente por una jefatura común. vinculados orgánicamente por razón de sus cometidos y funcionalmente por una jefatura común. vinculados funcionalmente por razón de su territorio y orgánicamente por una jefatura común. vinculados orgánicamente por razón de su territorio y funcionalmente por una jefatura común.

18. Respecto a las unidades administrativas: pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades mayores. los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las tareas asignadas a la misma. las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación específica, y no se integran en ningún órgano determinado. ninguna es correcta.

19. La Administración General del Estado se organiza: en Ministerios. en Presidencia del Gobierno y en Ministerios. en Presidencia del Gobierno, en Ministerios y en Secretarías Generales. en Presidencia del Gobierno, en Ministerios, en Secretarías Generales y en el Servicio Exterior.

20. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de: órganos superiores o directivos u Organismos públicos integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter general se adscriban directamente al Ministro. órganos superiores o directivos u Organismos públicos integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro. órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter general se adscriban directamente al Ministro. órganos superiores o directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.

1. Se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno (señala la incorrecta): la determinación del número de los Ministerios. la denominación y el ámbito de competencia de los Ministerios. la denominación y el ámbito de competencia de las Secretarías de Estado. la denominación y el ámbito de competencia de las Subsecretarías.

2. En los Ministerios pueden existir (señala la incorrecta): Secretarías de Estado. Secretarías Generales. Secretarías Autonómicas. todas son correctas.

3. Los Ministerios contarán, en todo caso, con: una Secretaría, y dependiendo de ella una Subsecretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título. una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Subsecretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título. una Secretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título. una Subsecretaría, y dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los servicios comunes previstos en este Título.

4. Los órganos de gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas son: las Secretarías. las Direcciones Generales. las Subscretarías. las Subdirecciones Generales.

5. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para: la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas. la realización de las actividades que les son propias. la asignación de objetivos y responsabilidades. todas son correctas.

6. Podrán adscribirse directamente Subdirecciones Generales a: otros órganos directivos de menor nivel o a órganos superiores del Ministerio. otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos inferiores del Ministerio. otros órganos directivos de menor nivel o a órganos inferiores del Ministerio. otros órganos directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.

7. Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por: Ley de las Cortes Generales, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Ley de las Cortes Generales, a iniciativa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro interesado. Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y a propuesta del Ministro interesado.

8. Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, modifican y suprimen: por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado. por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa autorización del Ministro respectivo. a través de las relaciones de puestos de trabajo.

9. Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen: por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado. por orden del Ministro respectivo, previa autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. por orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, previa autorización del Ministro respectivo. a través de las relaciones de puestos de trabajo.

10. Los jefes superiores del Departamento son: los Secretarios de Estado. los Ministros. los Subsecretarios. los Directores Generales.

11. Señala la correcta: los Ministros son superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. los Secretarios de Estado son superiores jerárquicos directos de los Ministros y Secretarios de Estado. los Secretarios generales son superiores jerárquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios. los Ministros son superiores jerárquicos directos de los Secretarios generales y Subsecretarios.

12. Los órganos directivos se ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Director general, Subsecretario y Subdirector general. Director general, Subdirector general y Subsecretario. Subsecretario, Subdirector general y Director general. Subsecretario, Director general y Subdirector general.

13. Los Secretarios generales tienen categoría de: Director general y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Subsecretario. Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general. Subdirector general y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Director general. Subsecretario y los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de Subdirector general.

14. Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia: dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio. asumen la responsabilidad inherente a dicha dirección. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

15. A los Ministros, les corresponde (señala la incorrecta): ejercer la potestad reglamentaria en las materias ajenas a su Departamento. fijar los objetivos del Ministerio. aprobar los planes de actuación del Ministerio y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes. determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.

16. A los Ministros, les corresponde: elaborar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas a las Cortes Generales para su aprobación. aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas a las Cortes Generales. elaborar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para su aprobación.

17. A los Ministros, les corresponde: evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de los Organismos públicos dependientes. nombrar y separar en todo caso a los titulares de los órganos directivos del Ministerio y de los Organismos públicos o entidades de derecho público dependientes del mismo. elevar al Congreso de los Diputados las propuestas de nombramientos que le estén reservadas de órganos directivos del Ministerio y de los Organismos Públicos dependientes del mismo. autorizar las comisiones de servicio sin derecho a indemnización para altos cargos dependientes del Ministro.

18. A los Ministros, les corresponde: mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento. dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias. revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que procedan con otros Ministerios. todas son correctas.

19. A los Ministros, les corresponden (señala la incorrecta): administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio. aprobar y comprometer los gastos que sean de la competencia del Consejo de Ministros. aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia. reconocer las obligaciones económicas y proponer su pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público.

20. Respecto a las competencias de la pregunta anterior, a los Ministros les corresponde: fijar los límites por encima de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios generales y Subsecretario del departamento. fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios generales y Subsecretario del departamento. fijar los límites por encima de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. fijar los límites por debajo de los cuales estas competencias corresponderán, en su ámbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento.

1. A los Ministros, les corresponde: celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin necesidad de autorización del Consejo de Ministros en ningún caso. decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el titular del órgano superior o directivo que deba representar al Departamento. remitir trimestralmente la documentación a su Departamento necesaria para la elaboración de la Cuenta General del Estado. solicitar al órgano competente la resolución de los recursos administrativos y la lesividad de los actos administrativos.

2. A los Ministros, les corresponde (señala la incorrecta): otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda según sus normas reguladoras. conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Departamento, así como fijar los límites por encima de los cuales podrán ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento. proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos públicos de él dependientes. todas son incorrectas.

3. A los Ministros, les corresponde: modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia corresponda al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. imponer la sanción de separación del servicio por faltas graves. ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. todas son correctas.

4. Son directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica: los Ministros. los Scretarios de Estado. los Directores generales. los Secretarios generales técnicos.

5. Los Secretarios de Estado: dirigen y coordinan las Subsecretarías y las Subdirecciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Subsecretaría de Estado. dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado. dirigen y coordinan las Secretarías y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Subsecretaría de Estado. dirigen y coordinan las Subsecretarías y las Subdirecciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado.

6. Los Secretarios de Estado: podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional. podrán ostentar por delegación expresa o tácita de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, salvo aquellas con proyección internacional. podrán ostentar por delegación expresa o tácita de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyección internacional. podrán ostentar por delegación expresa de sus respectivos Ministros la representación de estos en materias propias de su competencia, salvo aquellas con proyección internacional.

7. A los Secretarios de Estado les corresponde (señala la incorrecta): ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les delegue el Ministro. ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y la ejecución de los proyectos de su organización. nombrar y separar a los Directores Generales de la Secretaría de Estado. mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.

8. A los Secretarios de Estado les corresponde: la autorización previa para contratar a los Organismos Autónomos adscritos a la Secretaría de Estado, por debajo de una cuantía determinada en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. autorizar las comisiones de servicio sin derecho a indemnización para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado y los convenios reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorización cuando sea preceptiva. conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios de la Secretaría de Estado, con los límites establecidos por el titular del Departamento.

9. A los Secretarios de Estado les corresponde resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos que: no dependan de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. no dependan de él y cuyos actos agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. dependan directamente de él y cuyos actos agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos. dependan directamente de él y cuyos actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos órganos.

10. A los Secretarios de Estado les corresponde: administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado y aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos. aprobar y comprometer los gastos con cargo a los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría de Estado. reconocer las obligaciones económicas y proponer el pago en el marco del plan de disposición de fondos del Tesoro Público. todas son correctas.

11. Los Subsecretarios: ostentan la representación ordinaria del Ministerio. dirigen los servicios comunes. ejercen las competencias correspondientes a los servicios comunes. todas son correctas.

12. A los Subsecretarios les corresponde: apoyar a los órganos inferiores en la planificación de la actividad del Ministerio, a través del correspondiente asesoramiento técnico. asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos. revisar los programas de inspección de los servicios del Ministerio. proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a través de las correspondientes circulares.

13. A los Subsecretarios les corresponde (señala la incorrecta): asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos del Ministerio y sus Organismos públicos. desempeñar la jefatura superior de todo el personal del Departamento. responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a éste le corresponden. mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón de la materia.

14. A los Subsecretarios les corresponde: ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos que dependan directamente de él. administrar los créditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretaría. conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del Ministerio con los límites establecidos por el Secretario de Estado. solicitar del Ministerio del Interior la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento.

15. A los Subsecretarios les corresponde (señala la incorrecta): nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretaría, al resto de personal de libre designación y al personal eventual del Departamento. convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral. convocar y resolver los concursos de personal funcionario. ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, incluida la separación del servicio.

16. A los Subsecretarios les corresponde: adoptar e impulsar, bajo la dirección del Ministro, las medidas tendentes a la gestión centralizada de recursos humanos y medios materiales en el ámbito de su Departamento Ministerial. autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnización por cuantía exacta para los altos cargos dependientes de la Secretaría de Estado. celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva. nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.

17. Ejercerá las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relación con el área de la Presidencia del Gobierno: la Secretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en coordinación con la Subsecretaría General de la Presidencia del Gobierno. la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en coordinación con la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. la Secretaría del Ministerio de la Presidencia, en coordinación con la Subecretaría General de la Presidencia del Gobierno.

18. Los Subsecretarios serán nombrados y separados por: Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Ley de las Cortes Generales a propuesta del Presidente del Gobierno. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. Ley de las Cortes Generales a propuesta del titular del Ministerio.

19. Los nombramientos de Subsecretarios habrán de efectuarse entre: funcionarios de carrera del Estado o de las Comunidades Autónomas, pertenecientes al Subgrupo A1. funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1. funcionarios de carrera del Estado o de las Comunidades Autónomas, pertenecientes al Subgrupo A2. funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A2.

20. Respecto a los Secretarios Generales: cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado. cuando tengan categoría de Subsecretario, serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno. sus nombramientos habrán de efectuarse entre personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. todas son correctas.

1. Los Secretarios generales técnicos: se encuentran bajo la inmediata dependencia del Subsecretario. tendrán las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento. tendrán las competencias relativas a producción normativa, asistencia jurídica y publicaciones. todas son correctas.

2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de: Director General. Secretario general. Subdirector general. Subsecretario.

3. Los nombramientos de los Secretarios generales técnicos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al: Subgrupo A1. Subgrupo A2. Subgrupo B. Subgrupo C1.

4. Son los titulares de los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio: los Secretarios generales técnicos. los Directores generales. los Secretarios generales. los Subsecretarios.

5. A los Directores generales les corresponde (señala la incorrecta): proponer los proyectos de su Dirección general para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar su adecuado cumplimiento. solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la afectación o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento. ejercer las competencias atribuidas a la Dirección general y las que le sean desconcentradas o delegadas. impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.

6. Los Directores generales serán nombrados y separados por: Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. Ley de las Cortes Generales, a propuesta del titular del Departamento. Ley de las Cortes Generales, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno. Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento.

7. Ostentan la representación ordinaria del Ministerio: los Secretarios de Estado. los Ministros. los Subsecretarios. los Secretarios generales.

8. Los Subdirectores generales: son los responsables inmediatos, bajo la supervisión del Secretario general o del titular del órgano del que dependan, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdirección General. serán nombrados, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan. sus nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando así lo prevean las normas de aplicación, pertenecientes al Subgrupo A2. todas son correctas.

9. Existirá una Delegación del Gobierno en: la capital del país. cada una de las Comunidades Autónomas. cada una de las provincias. cada una de las embajadas españolas.

10. Las Delegaciones del Gobierno tendrán su sede en: la localidad elegida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. la localidad donde elegida por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, salvo que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía.

11. Las Delegaciones del Gobierno están adscritas orgánicamente a: el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. el Ministerio del Interior. la Administración General del Estado.

12. Existirá un Subdelegado del Gobierno, que estará bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno: en cada Comunidad Autónoma. en cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales. en cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas uniprovinciales. en cada una de las localidades de las Comunidades Autónomas.

13. Podrán crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, cuando lo justifiquen circunstancias como: la población del territorio. el volumen de gestión. sus singularidades geográficas, sociales o económicas. todas son correctas.

14. Se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración General del Estado: por Real Decreto. reglamentariamente. mediante Ley. ninguna es correcta.

15. Los Directores Insulares de la Administración General del Estado (señala la incorrecta): serán nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de concurso-oposición. serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1. dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista. ejercen, en su ámbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

16. Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en: servicios integrados en las Delegaciones del Gobierno. servicios no integrados en las Delegaciones del Gobierno. servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno. ninguna es correcta.

17. Respecto a los servicios territoriales es correcto: la organización de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecerá mediante Real Decreto. los servicios territoriales no integrados dependerán del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a través de la Secretaría General. los servicios territoriales integrados dependerán del órgano central competente sobre el sector de actividad en el que aquéllos operen. ninguna es correcta.

18. Los Delegados del Gobierno (señala la incorrecta): representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autónomas. son órganos directivos con rango de Director general. serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno.

19. En las Comunidades Autónomas, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegación del Gobierno, será suplido por: el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. el Subdelegado del Gobierno de la provincia en que tenga su sede y, en su defecto, al que el Delegado designe. el Subdirector General que el Delegado designe. el Secretario de Estado.

20. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la suplencia corresponderá a: el Secretario General. el Subdirector General. el Secretario de Estado. ninguna es correcta.

1. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen: orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia. orgánicamente del Ministerio competente por razón de la materia y funcionalmente del Presidente del Gobierno. orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón del territorio. orgánicamente del Ministerio competente por razón del territorio y funcionalmente del Presidente del Gobierno.

2. Corresponde a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas (señala la incorrecta): nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su ámbito de actuación. resolver los recursos en vía administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los órganos de la Delegación. comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. elevar al Gobierno, con carácter trimestral, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito autonómico.

3. Es correcto respecto a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas: ejercerán la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. les corresponde proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. podrán recabar de los titulares de los servicios territoriales toda la información relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno. todas son correctas.

4. Respecto a los Subdelegados del Gobierno en las provincias: en cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subsecretario. serán nombrados por el Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma mediante el procedimiento de libre designación. serán nombrados entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A2. en las Comunidades Autónomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Secretario General asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

5. A los Subdelegados del Gobierno les corresponde: dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia. dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada. todas son correctas.

6. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno (señala la incorrecta): se fijará por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno. contará, en todo caso, con una Secretaría General, independiente de los Delegados y de los Subdelegados del Gobierno. la integración de nuevos servicios territoriales o la desintegración de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevará a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del área de actividad. ninguna es correcta.

7. La asistencia jurídica y las funciones de intervención y control económico financiero en relación con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercerán por: la Abogacía del Estado y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera respectivamente. la Fiscalía y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente. la Fiscalía y la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera respectivamente. la Abogacía del Estado y la Intervención General de la Administración del Estado respectivamente.

8. La Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado: es un órgano colegiado, adscrito al Ministerio de la Presidencia. se encargará de coordinar la actuación de la Administración periférica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales. mediante Ley se regularán sus atribuciones, composición y funcionamiento. todas son correctas.

9. En cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales existirá una Comisión territorial de asistencia al Delegado del Gobierno (señala la incorrecta): estará presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de ésta. a sus sesiones deberán asistir los titulares de los órganos y servicios territoriales, siempre que sean integrados y que el Delegado del Gobierno considere oportuno. desarrollará la función de coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homogénea en el ámbito de la Comunidad Autónoma. asesorará al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y racionalización en la utilización de los recursos.

10. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales existirá una Comisión de asistencia al Delegado del Gobierno: presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Presidente del Gobierno considere oportuno. presidida por el Secretario General e integrada por el Delegado del Gobierno y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Secretario General considere oportuno. presidida por él mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno. presidida por el Secretario General e integrada por el Delegado del Gobierno y los titulares de los órganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Presidente del Gobierno considere oportuno.

11. El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a: su composición, organización y funciones por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y en su integración y personal por lo dispuesto en esta Ley. su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley. su composición, organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto en esta Ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo. su composición, organización y funciones por lo dispuesto en esta Ley y en su integración y personal por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo.

12. El Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público se denomina: Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público. Organización y funcionamiento del sector público institucional. Relaciones interadministrativas. Administración General del Estado.

13. El Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público tiene: 1 capítulo. 2 capítulos. 3 capítulos. 4 capítulos.

14. El Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público comprende los artículos: 54 a 80. 63 a 91. 48 a 75. 59 a 93.

1. Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación a los principios de: legalidad, concentración, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera así como al principio de buena fe en su gestión. jerarquia, subsidiariedad, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de valuación de resultados en su gestión. legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera así como al principio de transparencia en su gestión. eficacia, eficiencia, seguridad jurídica y sostenibilidad financiera así como al principio de evaluación de resultados en su gestión.

2. Las entidades que integran el sector público institucional: se sujetarán en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. se sujetarán en materia de personal, salvo el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. no estarán sujetas en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales. no estarán sujetas en materia de personal, salvo el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.

3. Todas las Administraciones Públicas deberán establecer un sistema de supervisión continua de sus entidades dependientes (señala la incorrecta): con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creación y su sostenibilidad financiera. con el objeto de comprobar su sostenibilidad financiera. que deberá incluir la formulación expresa de propuestas de mantenimiento, transformación o extinción. que deberá revisarse anualmente.

4. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administración autonómica y local se regirán por: las disposiciones básicas de esta ley que les resulten de aplicación. lo dispuesto en los Capítulos I y VI y en los artículos 129 y 134. la normativa propia de la Administración a la que se adscriban. todas son correctas.

5. Es correcto respecto al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local: se configura como un registro público administrativo que garantiza la información pública y la ordenación de todas las entidades integrantes del sector público institucional cuya naturaleza jurídica pública. su integración, gestión y publicación dependerá de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. contendrá, al menos, información actualizada sobre la naturaleza jurídica, finalidad, fuentes de financiación, estructura de dominio, en su caso, la condición de medio propio, regímenes de contabilidad, presupuestario y de control así como la clasificación en términos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes del sector público institucional. será inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local la creación, transformación, fusión o extinción de cualquier entidad integrante del sector público institucional, siempre que su naturaleza jurídica sea pública.

6. El titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, a través de la intervención general de la Administración correspondiente, la información necesaria para la inscripción definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, en los términos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creación, transformación, fusión o extinción, en el plazo de: 20 días naturales a contar desde que ocurra el acto inscribible. 30 días naturales a contar desde que ocurra el acto inscribible. 20 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. 30 días hábiles a contar desde que ocurra el acto inscribible.

7. La inscripción definitiva de la creación de cualquier entidad integrante del sector público institucional en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se realizará de conformidad con las siguientes reglas (señala la incorrecta): el titular del máximo órgano de dirección de la entidad notificará, electrónicamente a efectos de su inscripción, al Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local, la norma o el acto jurídico de creación en el plazo de 30 días hábiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, según corresponda. a la notificación se acompañará la copia o enlace a la publicación electrónica del Boletín Oficial en el que se publicó la norma, o copia del acto jurídico de creación, así como el resto de documentación justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de actuación. la inscripción en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local se practicará dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud de inscripción. para la asignación del Número de Identificación Fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad será necesaria la aportación de la certificación de la inscripción de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local.

8. Integran el sector público institucional estatal los organismos públicos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado, los cuales se clasifican en (señala la incorrecta): organismos autónomos. entidades Públicas Empresariales. consorcios. todas son correctas.

9. Integran el sector público institucional estatal Entidades Públicas Empresariales como: las autoridades administrativas dependientes. las sociedades mercantiles estatales. las universidades públicas transferidas. los fondos con personalidad jurídica.

10. La Administración General del Estado o entidad integrante del sector público institucional estatal: podrá, en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, o ejercer el control efectivo, directa o indirectamente, sobre otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en el artículo 84, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico. podrá, por sí misma o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, o ejercer el control efectivo, directa o indirectamente, sobre otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en el artículo 84, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico. no podrá, por sí misma, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en el artículo 84, salvo cuando su naturaleza o régimen jurídico sea privado. no podrá, por sí misma ni en colaboración con otras entidades públicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningún otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en el artículo 84, con independencia de su naturaleza y régimen jurídico.

11. Respecto a las entidades integrantes del sector público institucional estatal no es correcto: estarán sometidas al control de eficacia y supervisión continua. contarán, en el momento de su creación, que contendrá las líneas estratégicas en torno a las cuales se desenvolverá la actividad de la entidad, con un plan de actuación que se revisarán cada dos años. el control de eficacia será ejercido por el Departamento al que estén adscritos, a través de las inspecciones de servicios. están sujetas desde su creación hasta su extinción a la supervisión continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado.

12. Respecto a las entidades integrantes del sector público institucional estatal el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado, verificará, al menos: la subsistencia de las circunstancias que justificaron su creación. su sostenibilidad financiera. la concurrencia de la causa de disolución prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creación o que su subsistencia no resulte el medio más idóneo para lograrlos. todas son correctos.

13. Respecto a las entidades integrantes del sector público institucional estatal, las actuaciones de control de eficacia y supervisión continua tomarán en consideración: la información económico financiera disponible. el suministro de información por parte de los organismos públicos y entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisión continúa. las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales. todas son correctas.

14. Las entidades integrantes del sector público institucional tendrán la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que: disponen de medios suficientes e idóneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creación. sea una opción más eficiente que la contratación privada y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica. resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por medios ajenos. todas son correctas.

15. No es correcto respecto a las transformaciones de las entidades integrantes del sector público institucional estatal: cualquier organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación del sector público institucional estatal podrá transformarse y adoptar la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades citadas. la transformación tendrá lugar, conservando su personalidad jurídica, por cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones. la transformación alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas y podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. la transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificación de la Ley de creación.

16. Son organismos públicos dependientes o vinculados a la Administración General del Estado, bien directamente o bien a través de otro organismo público, los creados para: la realización de actividades administrativas, sean de fomento, prestación o de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. actividades de contenido económico reservadas a las Administraciones Públicas. la supervisión o regulación de sectores económicos, y cuyas características justifiquen su organización en régimen de descentralización funcional o de independencia. todas son correctas.

17. Los organismos públicos tienen: personalidad jurídica única, patrimonio y tesorería ajenos, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley. personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley. personalidad jurídica pública o privada diferenciada, patrimonio y tesorería ajenos, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley. personalidad jurídica pública o privada diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión, en los términos previstos en esta Ley.

18. Es correcto respecto a los organismos públicos: dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los términos que prevean sus estatutos, incluida la potestad expropiatoria. sus estatutos podrán atribuirles la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el régimen jurídico básico de dicho servicio. los actos y resoluciones dictados por los organismos públicos en el ejercicio de potestades administrativas no son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. todas son correctas.

19. Respecto a la estructura organizativa en el sector público estatal no es correcto: los organismos públicos se estructuran en los órganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto. los máximos órganos de gobierno son el Presidente y la Junta Directiva. el estatuto puede prever otros órganos de gobierno con atribuciones distintas. la dirección del organismo público debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.

20. Respecto a la estructura organizativa en el sector público estatal y la clasificación de sus entidades: corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas la clasificación de las entidades. las entidades serán clasificadas en dos grupos. la clasificación de las entidades determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos del número mínimo de miembros de los órganos de gobierno. la clasificación determinará el nivel en que la entidad se sitúa a efectos de la estructura organizativa, con fijación del número mínimo y máximo de directivos, así como la cuantía mínima de la retribución total, con determinación del porcentaje mínimo del complemento de puesto y variable.

1. Respecto a la creación de organismos públicos estatales: la creación de los organismos públicos se efectuará por Ley. la Ley de creación establecerá el tipo de organismo público que crea, con indicación de sus fines generales, así como el Departamento de dependencia o vinculación. la Ley de creación establecerá en su caso, los recursos económicos, así como las peculiaridades de su régimen de personal, de contratación, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley. todas son correctas.

2. Respecto a la creación de organismos públicos estatales, el anteproyecto de ley de creación del organismo público que se eleve al Consejo de Ministros deberá ser acompañado de: los estatutos definitivos. un plan final de actuación. en su caso, informe facultativo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ninguna es correcta.

3. En la creación de organismos públicos estatales, el plan inicial de actuación contendrá (señala la incorrecta): las razones que justifican la creación de un nuevo organismo público, por no poder asumir esas funciones otro ya existente. la forma jurídica propuesta y un análisis que justifique que la elegida resulta más eficiente frente a otras alternativas de organización que no se hayan descartado. la fundamentación de la estructura organizativa elegida, determinando los órganos directivos y la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento. el anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio económico-financiero que acredite la suficiencia de la dotación económica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo.

4. Respecto al plan de actuación no es correcto: los organismos públicos deberán acomodar su actuación a lo previsto en su plan inicial de actuación. el plan de actuación se actualizará anualmente mediante la elaboración del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creación. el plan anual de actuación deberá ser aprobado en el primer trimestre del año natural por el departamento del que dependa o al que esté vinculado el organismo y deberá guardar coherencia con el Programa de actuación plurianual previsto en la normativa presupuestaria. el Plan de actuación incorporará, cada tres años, una revisión de la programación estratégica del organismo.

5. El plan de actuación y los anuales, así como sus modificaciones, se hará público en: la página web del organismo público al que corresponda. el Boletín Oficial del Estado. el Boletín Oficial de la provincia correspondiente. el tablón de anuncios del organismo público al que corresponda.

6. Los estatutos (señala la incorrecta): regularán las funciones y competencias del organismo, con indicación de las potestades administrativas que pueda ostentar. especificarán aquellos de sus actos y resoluciones que no agoten la vía administrativa. regularán el patrimonio que se les asigne y los recursos económicos que hayan de financiarlos. regularán el régimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratación.

7. Los estatutos de los organismos públicos se aprobarán por: Ley de las Cortes Generales a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. Ley de las Cortes Generales a propuesta conjunta del Ministerio de la Presidencia y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente. Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio al que el organismo esté vinculado o sea dependiente.

8. Los organismos públicos estatales de la misma naturaleza jurídica podrán fusionarse mediante: su extinción e integración en un nuevo organismo público. su extinción por ser absorbido por otro organismo público ya existente. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

9. La fusión de organismos públicos estatales se llevará a cabo mediante: norma reglamentaria siempre que no suponga modificación de la Ley de creación. norma reglamentaria aunque suponga modificación de la Ley de creación. modificación de los estatutos siempre que no suponga modificación de la Ley de creación. modificación de los estatutos aunque suponga modificación de la Ley de creación.

10. Respecto a la fusión de organismos públicos estatales no es correcto: la aprobación de la norma de fusión conllevará la integración de las organizaciones de los organismos públicos fusionados. el personal de los organismos públicos extinguidos se podrá integrar bien en la Administración General del Estado o bien en el nuevo organismo público que resulte de la fusión o en el organismo público absorbente. la fusión no alterará las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podrá ser entendida como causa de resolución de las relaciones jurídicas. la liquidación deberá llevarse a cabo durante el año siguiente a la aprobación de la norma reglamentaria de fusión, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prórroga.

11. La norma de creación de los organismos públicos del sector público estatal incluirá la gestión compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisión de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompañe a la norma de creación: en términos de eficiencia, conforme la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. en razones de seguridad informática. cuando la organización y gestión compartida no afecte a servicios que deban prestarse de forma autónoma en atención a la independencia del organismo. todas son correctas.

12. La organización y gestión de algunos o todos los servicios comunes se coordinará por: el Ministerio de adscripción. el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. un organismo público vinculado o dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. todas son correctas.

13. Se consideran servicios comunes de los organismos públicos (señala la incorrecta): gestión de bienes muebles. asistencia jurídica. contabilidad y gestión financiera. contratación pública.

14. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse (señalala incorrecta): cuando así lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurídico que acuerde la disolución. porque la mayor parte de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administración General del Estado. cuando del seguimiento del plan de actuación resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creación del organismo o que su subsistencia no es el medio más idóneo para lograrlos y así se concluya en el control de eficacia o de supervisión continua. porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo público, y así se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia.

15. Los Organismos públicos estatales deberán disolverse por encontrarse en situación de desequilibrio financiero durante: dos ejercicios presupuestarios consecutivos. tres ejercicios presupuestarios consecutivos. dos ejercicios presupuestarios alternativos. tres ejercicios presupuestarios alternativos.

16. Cuando un organismo público incurra en alguna de las causas de disolución previstas en las letras a), b), c), d) o f) del artículo 96.1, el titular del máximo órgano de dirección del organismo lo comunicará al titular del departamento de adscripción en el plazo de: 20 días hábiles desde que concurra la causa de disolución. un mes desde que concurra la causa de disolución. dos meses desde que concurra la causa de disolución. tres meses desde que concurra la causa de disolución.

17. El acuerdo de disolución se adoptará por: la Secretaría de Estado en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación de incurrir en alguna de las causas de disolución. el Consejo de Ministros en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación de incurrir en alguna de las causas de disolución. la Secretaría de Estado en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación de incurrir en alguna de las causas de disolución. el Consejo de Ministros en el plazo de dos meses desde la recepción de la comunicación de incurrir en alguna de las causas de disolución.

18. Respecto a la liquidación y extinción de organismos públicos estatales: publicado el acuerdo de disolución, o transcurridos los plazos en él establecidos sin que éste haya sido publicado, se entenderá automáticamente iniciada la liquidación. la liquidación tendrá lugar por la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo público en la Administración General del Estado que le sucederá universalmente en todos sus derechos y obligaciones. el órgano o entidad designada como liquidador determinará, en cada caso, el órgano o entidad concreta, de la Administración General del Estado, donde se integrarán los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo público liquidado. todas son correctas.

19. Una vez formalizada la liquidación del organismo público se producirá: su extinción automática. su extinción en el plazo de 1 mes. su extinción en el plazo de 2 meses. su extinción en el plazo de 3 meses.

20. Los organismos autónomos (señala la incorrecta): son entidades de derecho público. tienen personalidad jurídica pública. tienen tesorería y patrimonio propios. tienen autonomía en su gestión.

1. Los organismos autónomos desarrollan actividades propias de la Administración Pública como: actividades de fomento. actividades prestacionales. actividades de gestión de servicios públicos o de producción de bienes de interés público, susceptibles de contraprestación. todas son correctas.

2. Los organismos autónomos dependen de la Administración General del Estado a la que corresponde: su dirección estratégica. la evaluación de los resultados de su actividad. el control de su eficacia. todas son correctas.

3. Respecto a los organismos autónomos (señalala incorrecta): se regirán por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de creación y en sus estatutos. en defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho propio. el personal al servicio de los organismos autónomos será funcionario o laboral. el nombramiento de sus titulares se regirá por las normas aplicables a la Administración General del Estado.

4. Los organismos autónomos tendrán, para el cumplimiento de sus fines: el patrimonio propio de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes de los que sean titulares. un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. el patrimonio propio de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares. un patrimonio propio, distinto del de la Administración Pública, integrado por el conjunto de bienes de los que sean titulares.

5. Los recursos económicos de los organismos autónomos podrán provenir de las siguientes fuentes (señala la incorrecta): los bienes y valores que constituyen su patrimonio excepto los productos y rentas de dicho patrimonio. las consignaciones específicas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales del Estado. las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administración o entidades públicas. las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

6. Las entidades públicas empresariales (señala la incorrecta): tienen personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en su gestión. son entidades de Derecho público. se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público, no susceptibles de contraprestación.

7. Las entidades públicas empresariales dependen de: la Administración General del Estado. un Organismo autónomo vinculado o dependiente de la Administración General del Estado. la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta. la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo independiente de ésta.

8. Respecto a las entidades públicas empresariales, a la Administración General del Estado o de un Organismo autónomo vinculado o dependiente de ésta le corresponde: la dirección estratégica. la evaluación de los resultados de su actividad. el control de eficacia. todas son correctas.

9. Las entidades públicas empresariales se rigen por el Derecho privado: en la formación de la voluntad de sus órganos. en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas. en los aspectos específicamente regulados en su Ley de creación. como norma general salvo excepciones.

10. Respecto a las entidades públicas empresariales: las potestades administrativas atribuidas a las entidades públicas empresariales sólo pueden ser ejercidas por aquellos órganos de éstas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad. a los efectos de esta Ley, los órganos de las entidades públicas empresariales son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los órganos de la Administración General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos. todo el personal de las entidades públicas empresariales se rige por el Derecho laboral. todas son correctas.

11. La selección del personal laboral de las entidades públicas empresariales se realizará conforme a las siguientes reglas: el personal directivo será nombrado atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. el personal no directivo será seleccionado mediante convocatoria pública basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad. el personal directivo será nombrado atendiendo a la experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la gestión pública. a y b son correctas.

12. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas efectuará controles específicos sobre la evolución de los gastos de personal y de la gestión de sus recursos humanos: mensualmente. trimestralmente. anualmente. con la periodicidad adecuada.

13. Las entidades públicas empresariales podrán financiarse: con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestación de sus actividades comerciales. con los recursos económicos que provengan de los bienes y valores que constituyen su patrimonio. con los recursos económicos que provengan de los productos y rentas de su patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido. todas son correctas.

14. Excepcionalmente, cuando así lo prevea la Ley de creación, las entidades públicas empresariales podrán financiarse con los recursos económicos que provengan de (señala la incorrecta): las consignaciones específicas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado. subvenciones de cooperación internacional o ayudas al desarrollo. las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades públicas. las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

15. Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal: son entidades de derecho público vinculadas a la Administración General del Estado y sin personalidad jurídica propia. tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter interno sobre sectores económicos o actividades determinadas. su desempeño requiere de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado. todas son correctas.

16. Las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines: con independencia de cualquier interés empresarial o comercial. con independencia de cualquier interés social o general. con independencia de cualquier interés económico o financiero. con independencia de cualquier interés local o cultural.

17. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal: porque la participación directa, en su capital social de la Administración General del Estado o alguna de las entidades que integran el sector público institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al 50 por 100. porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administración General del Estado o de sus organismos públicos vinculados o dependientes. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

18. Respecto a las sociedades mercantiles estatales no es correcto: la Administración General del Estado y las entidades integrantes del sector público institucional perseguirán la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestión de dichas sociedades mercantiles. se regirán por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. excepcionalmente podrán disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, pero en ningún caso la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas. todas son correctas.

19. La creación de una sociedad mercantil estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida será autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deberá ser acompañado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuación que contendrá, al menos: las razones que justifican la creación de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, así como la inexistencia de duplicidades. un análisis que justifique que la forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo público u otras alternativas de organización que se hayan descartado. los objetivos anuales y los indicadores para medirlos. todas son correctas.

20. Respecto a las sociedades mercantiles estatales no es correcto: al acuerdo de creación de la sociedad mercantil estatal se acompañará de un informe preceptivo favorable o no del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o la Intervención General de la Administración del Estado. el Programa de Actuación Plurianual que conforme a la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada año incluirá un plan de actuación anual que servirá de base para el control de eficacia de la sociedad. la liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional estatal. la responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será directamente asumida por la entidad o la Administración General del Estado que lo designó.

1. Al autorizar la constitución de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad anónima: el Consejo de Estado podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma. el Consejo de Ministros podrá atribuir a una Comisión, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma. el Consejo de Ministros podrá atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma. el Consejo de Estado podrá atribuir a una Comisión, cuyas competencias guarden una relación específica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma.

2. Respecto a las sociedades mercantiles estatales no es correcto: elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital y un plan de actuación que forma parte del Programa Plurianual, que se integrarán con el Presupuesto General del Estado. formularán y rendirán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan. su gestión económico financiera estará sometida exclusivamente al control del Tribunal de Cuentas. su personal, incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral.

3. Los consorcios: son entidades de derecho público o privado. tienen personalidad jurídica propia y común. son creados por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias. todas son correctas.

4. Los consorcios podrán realizar actividades: de fomento. prestacionales. de gestión común de servicios públicos. todas son correctas.

5. Los consorcios se regirán por lo establecido: en esta Ley. en la normativa autonómica de desarrollo. en sus estatutos. todas son correctas.

6. Respecto a los consorcios, sobre el régimen del derecho de separación, disolución, liquidación y extinción: en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos se estará a lo previsto en el Código Civil sobre el régimen de liquidación, incluida la sociedad civil. en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, salvo el régimen de liquidación. en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos se estará a lo previsto en el Código Civil sobre la sociedad civil, incluido el régimen de liquidación. en lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonómica aplicable, ni en sus Estatutos se estará a lo previsto en el Código Civil sobre el régimen de liquidación, salvo la sociedad civil.

7. La Administración Pública a la que estará adscrito cada consorcio: se determinará por sus estatutos. se determinará por la propia Administración Pública. vendrá determinada por su sede. vendrá determinada por sus competencias.

8. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que (señala la incorrecta): disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. tenga facultades para nombrar o destituir a una tercera parte los miembros del personal directivo. disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.

9. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicación y referidos a la situación en el primer día del ejercicio presupuestario, el consorcio quedará adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que (señala la incorrecta): tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno. financie en más de un 60%, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportación del fondo patrimonial como la financiación concedida cada año. ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. tenga mayor número de habitantes o extensión territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto están orientados a la prestación de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

10. En el supuesto de que participen en el consorcio: entidades públicas, el consorcio tendrá ánimo de lucro. entidades privadas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. entidades públicas, el consorcio no tendrá ánimo de lucro. entidades privadas, el consorcio tendrá ánimo de lucro.

11. Cualquier cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos del consorcio en un plazo: no superior a 3 meses, contados desde el momento en que se produjo el cambio de adscripción. no superior a 6 meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción. no superior a 6 meses, contados desde el momento en que se produjo el cambio de adscripción. no superior a 3 meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en que se produjo el cambio de adscripción.

12. Respecto al personal al servicio de los consorcios (señala la incorrecta): podrá ser funcionario o laboral. habrá de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. su régimen jurídico será el de la Administración Pública de adscripción. sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en la Administración Pública de adscripción.

13. Respecto a los consorcios (señala la incorrecta): estarán sujetos al régimen de presupuestación, contabilidad y control de la Administración Pública a la que estén adscritos. se llevará a cabo una auditoría de las cuentas anuales que será responsabilidad del órgano de control de la Administración a la que se haya adscrito el consorcio. formarán parte de los presupuestos y se incluiran en la cuenta general de la Administración Pública de adscripción si así lo decide el órgano de control. se regirán por las normas patrimoniales de la Administración Pública a la que estén adscritos.

14. Los consorcios se crearán mediante: contrato firmado por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. convenio suscrito por las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. decreto de las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes. autorización de los órganos directivos de las Administraciones, organismos públicos o entidades participantes.

15. En los consorcios en los que participe la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades vinculados o dependientes: requerirá que su creación se autorice por ley. el convenio de creación precisará de autorización previa del Consejo de Ministros. del convenio formarán parte los estatutos, un plan de actuación y una proyección presupuestaria trienal, además del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. todas son correctas.

16. Los estatutos de cada consorcio determinarán la Administración Pública a la que estará adscrito, así como su régimen orgánico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos (señala la incorrecta): sede, objeto, fines y funciones. identificación de participantes en el consorcio así como las aportaciones de sus miembros. órganos de gobiernos y administración, así como su composición y funcionamiento, con indicación expresa del régimen de adopción de acuerdos. plazo de duración del consorcio y de sus posibles prórrogas.

17. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la Ley 7/1985, de 2 de abril: podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya señalado término para la duración del consorcio. no podrán separarse del mismo en ningún momento aunque se haya señalado término para la duración del consorcio. podrán separarse del mismo en cualquier momento aunque se haya señalado término para la duración del consorcio. ninguna es correcta.

18. El artículo 125 de la çley 40/15 establece que si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligación de realizar aportaciones al fondo patrimonial cualquiera de sus miembros podrá separase: antes de la finalización del plazo si el consorcio no tiene una duración determinada. tras la finalización del plazo si el consorcio no tiene una duración determinada. antes de la finalización del plazo si el consorcio tiene una duración determinada. tras la finalización del plazo si el consorcio tiene una duración determinada.

19. Respecto al ejercicio del derecho de separación de un consorcio: cuando un municipio deje de prestar un servicio que sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio no podrá separarse del mismo. el derecho de separación habrá de ejercitarse mediante escrito notificado al máximo órgano de gobierno del municipio. en el escrito deberá hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separación si el consorcio tuviera duración determinada, la formulación de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento. todas son correctas.

20. El ejercicio del derecho de separación de un consorcio produce la disolución del mismo salvo que el resto de sus miembros acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos: dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración. tres Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración. tres Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración. dos Administraciones, o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de más de una Administración.

1. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio (señala la incorrecta): se calculará la cuota de separación que corresponda a quien ejercite su derecho de separación, de acuerdo con la participación que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidación, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos. a falta de previsión estatutaria, se considerará cuota de separación la que le hubiera correspondido en la liquidación. se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de separación, en el supuesto en que esta resulte negativa. la efectiva separación del consorcio se producirá una vez determinada la cuota de separación, en el supuesto en que ésta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

2. Cuando el ejercicio del derecho de separación no conlleve la disolución del consorcio si el consorcio estuviera adscrito a la Administración que ha ejercido el derecho de separación: tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio. tendrá que acordarse por la Administración a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que no pertenezcan al consorcio. tendrá que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que no pertenezcan al consorcio. tendrá que acordarse por la Administración a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos públicos vinculados o dependientes de una Administración que permanecen en el consorcio.

3. Respecto a la disolución del consorcio no es correcto: la disolución del consorcio produce su liquidación y extinción. en todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos. el máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a la que el consorcio esté adscrito. la responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u órgano liquidador será en todo caso directamente asumida por el propio empleado.

4. Respecto a la disolución del consorcio no es correcto: si no estuviera previsto en los estatutos, la cuota de liquidación que corresponda a cada miembro del consorcio se calculará de acuerdo con la participación que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidación. se acordará por el consorcio la forma y condiciones en que tendrá lugar el pago de la cuota de liquidación en el supuesto en que ésta resulte positiva. las entidades consorciadas podrán acordar, con la mayoría que se establezca en los estatutos, o a falta de previsión estatutaria por unanimidad, la cesión global de activos y pasivos a otra entidad del sector público jurídicamente adecuada. la cesión global de activos y pasivos implicará la extinción con liquidación del consorcio cedente.

5. Son fundaciones del sector público estatal aquellas que: se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector público institucional estatal, o bien reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector público institucional estatal con carácter permanente. la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector público institucional estatal. todas son correctas.

6. Son actividades propias de las fundaciones del sector público estatal las realizadas: con ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación. sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, siempre que el servicio se preste de forma gratuita. sin ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestación. con ánimo de lucro, para el cumplimiento de fines de interés general, siempre que el servicio se preste de forma gratuita.

7. La fundación del sector público quedará adscrita prioritariamente, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administración Pública que: ostente el mayor porcentaje de participación en el fondo patrimonial. tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los órganos ejecutivos. tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del personal directivo. tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del patronato.

8. El cambio de adscripción a una Administración Pública, cualquiera que fuere su causa, conllevará la modificación de los estatutos que deberá realizarse en un plazo no superior a: dos meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción. dos meses, contados desde el final del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción. tres meses, contados desde el final del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción. tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquél en se produjo el cambio de adscripción.

9. Las fundaciones del sector público estatal se rigen por: lo previsto en esta Ley y la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. la legislación autonómica que resulte aplicable en materia de fundaciones. el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control económico-financiero y de contratación del sector público. todas son correctas.

10. La contratación de las fundaciones del sector público estatal se ajustará a lo dispuesto en: lo previsto en esta Ley. la legislación autonómica que resulte aplicable. la legislación sobre contratación del sector público. todas son correctas.

11. Las fundaciones del sector público estatal (señala la incorrecta): elaborarán anualmente un presupuesto de explotación y capital, que se integrará con el Presupuesto General del Estado. formularán y presentarán sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos. aplicarán el régimen presupuestario, económico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. no estarán sometidas al control de la Intervención General de la Administración del Estado.

12. El personal de las fundaciones del sector público estatal: incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho civil. salvo el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral. incluido el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral. salvo el que tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho civil.

13. La creación de las fundaciones del sector público estatal o la adquisición de este carácter de forma sobrevenida se realizará por ley que establecerá en todo caso: los fines de la fundación. los recursos económicos con los que se le dota. los recursos humanos con los que se le dota. todas son correctas.

14. Los estatutos de las fundaciones del sector público estatal se aprobarán por: Real Decreto Ley, a propuesta conjunta del Ministerio que ejerza el protectorado. Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado. Real Decreto Ley, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio que ejerza el protectorado. Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del Ministerio que ejerza el protectorado.

15. No es correcto: el Protectorado de las fundaciones del sector público será ejercido por el órgano de la Administración de adscripción que tenga atribuida tal competencia. en las fundaciones del sector público estatal la mayoría de miembros del patronato serán designados por los sujetos del sector público estatal. la responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro del patronato será directamente asumida por el propio empleado público. ninguna es correcta.

16. Respecto a los fondos carentes de personalidad jurídica del sector público estatal (señala la incorrecta): se crearán por Ley. la norma de creación determinará expresamente su adscripción a la Administración General del Estado y a la Administración Autonómica que corresponda. se extinguirán por norma de rango reglamentario. en su denominación deberá figurar necesariamente la indicación «fondo carente de personalidad jurídica» o su abreviatura «F.C.P.J».

17. Los fondos carentes de personalidad jurídica se regirán por lo dispuesto en: esta Ley. su norma de creación. las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. todas son correctas.

18. El Título II de la Ley 40/2015 se denomina: Organización y funcionamiento del sector público institucional. Administración General del Estado. Relaciones interadministrativas. Disposiciones generales, principios de actuación y funcionamiento del sector público.

19. El Título II de la Ley 40/2015 tiene: 2 capítulos. 3 capítulos. 6 capítulos. 8 capítulos.

20. El Título II de la Ley 40/2015 comprende los artículos: 90 a 125. 87 a 116. 81 a 139. 75 a 110.

1. Las diferentes Administraciones Públicas actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de éstas de acuerdo con el principio de: lealtad institucional. colaboración. cooperación. todas son correctas.

2. Las Administraciones Públicas deberán (señala la incorrecta): respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias. prestar, en cualquier ámbito, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias. cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración.

3. Respecto al deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, la asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando (señala la incorrecta): el organismo público o la entidad del que se solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica. el organismo público o la entidad del que se solicita disponga de medios suficientes para ello. de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado.

4. Respecto al deber de colaboración entre las Administraciones Públicas, la negativa a prestar la asistencia se comunicará motivadamente a: la Administración solicitante. la Administración General del Estado. el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. los organismos autónomos.

5. Deberán colaborar y auxiliarse para la ejecución de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos ámbitos territoriales: la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales. las administraciones de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales. la Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas. las administraciones de las Entidades Locales.

6. Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboración entre las Administraciones Públicas: podrán ser repercutidos cuando así se acuerde. serán repercutidos en todo caso. no serán repercutidos en ningún caso. ninguna es correcta.

7. Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de: el suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público. la creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa. el deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias. todas son correctas.

8. Respecto a la cooperación entre Administraciones Públicas (señala la incorrecta): las Administraciones cooperarán al servicio del interés general. las Administraciones podrán acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias. la formalización de relaciones de cooperación requerirá la aceptación expresa de las partes. la formalización de relaciones de cooperación se formulará exclusivamente en acuerdos de órganos de cooperación.

9. Respecto a las técnicas de Cooperación: se podrá dar cumplimiento al principio de cooperación de acuerdo con las técnicas que las Administraciones interesadas estimen más adecuadas. en los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperación se preverán las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben. cada Administración Pública mantendrá actualizado un registro electrónico de los órganos de cooperación en los que participe y de convenios que haya suscrito. todas son correctas.

10. Los órganos de cooperación son órganos: de composición multilateral o bilateral y de ámbito general. constituidos por representantes de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales. constituidos para acordar obligatoriamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada Administración Pública tiene. todas son correctas.

11. Deberán inscribirse en el Registro estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para que resulte válida su sesión constitutiva los órganos de cooperación entre distintas Administraciones Públicas en los que participe/n: la Administración General del Estado. la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas. la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales.

12. Los órganos de cooperación, salvo oposición por alguna de las partes: podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento complejo y por suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho. podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción simultanea de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho. podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento complejo y por suscripción simultanea de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho. podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento simplificado y por suscripción sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho.

13. La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral: entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autónomas. entre los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y los respectivos órganos de gobierno de las Entidades Locales. entre el Gobierno de la Nación, los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y los respectivos órganos de gobierno de las Entidades Locales. ninguna es correcta.

14. La Conferencia de Presidentes está formada por: el Presidente del Congreso, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales. el Presidente del Congreso, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

15. La Conferencia de Presidentes: tiene por objeto la deliberación de asuntos. tiene por objeto la adopción de acuerdos de interés para el Estado y las Comunidades Autónomas. está asistida para la preparación de sus reuniones por un Comité preparatorio del que forman parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autónoma. todas son correctas.

16. La Conferencia Sectorial es un órgano de cooperación: de composición unilateral y ámbito sectorial indeterminado. de composición multilateral y ámbito sectorial indeterminado. de composición unilateral y ámbito sectorial determinado. de composición multilateral y ámbito sectorial determinado.

17. No es correcto respecto a las Conferencias Sectoriales: reúnen, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón del territorio. reúnen a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representación de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. habrán de inscribirse en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación para su válida constitución. cada Conferencia Sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros.

18. Las Conferencias Sectoriales pueden ejercer funciones: consultivas. decisorias. de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. todas son correctas.

19. Las Conferencias Sectoriales cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto serán informadas sobre: los proyectos de leyes y los reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. las leyes y los reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas. los proyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.

20. En particular, las Conferencias Sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones: establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la creación de duplicidades para la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras Administraciones. establecer mecanismos de intercambio de información, excepto de contenido estadístico. acordar la organización externa de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo.

1. Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia: al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de sus miembros. al menos una vez cada tres meses, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. al menos una vez cada tres meses, o cuando lo soliciten, al menos, la mitad de sus miembros. al menos una vez al año, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros.

2. El orden del día deberá de las Conferencias Sectoriales: será propuesto por el Presidente. será propuesto por el Secretario. será propuesto por sus miembros. ninguna es correcta.

3. Cada Conferencia Sectorial tendrá: un secretario que será designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial. un secretario y un vicesecretario que serán designados por el Presidente de la Conferencia Sectorial. dos secretarios que serán designados por el Presidente de la Conferencia Sectorial. ninguna es correcta.

4. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial preparar las reuniones y asistir a ellas: con voz y voto. con voz pero sin voto. sin voz pero con voto. sin voz ni voto.

5. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las siguientes funciones: efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del Presidente. redactar y autorizar las actas de las sesiones. expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados. todas son correctas.

6. Respecto a las decisiones de la Conferencia Sectorial: la adopción de decisiones no requerirá votación de los miembros de la Conferencia Sectorial. la votación para la adopción de decisiones se producirá por la representación que cada Administración Pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas. podrán revestir la forma de acuerdo que tiene como finalidad expresar la opinión de la Conferencia Sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. podrán revestir la forma de recomendación que supone un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias.

7. La Comisión Sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la Conferencia Sectorial estando constituida por: el Secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el Ministro correspondiente, que la presidirá. un representante de cada Comunidad Autónoma. un representante de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad Melilla. todas son correctas.

8. La Comisión Sectorial ejercerá las siguientes funciones: la preparación de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria. el seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial. el seguimiento y evaluación de los Grupos de trabajo constituidos. todas son correctas.

9. Las Conferencias Sectoriales podrán crear Grupos de trabajo (señala la incorrecta): únicamente de carácter temporal. formados por Directores Generales, Subdirectores Generales o equivalentes de las diferentes Administraciones Públicas que formen parte de dicha Conferencia. para llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. todas son correctas.

10. El director del Grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas: con el voto favorable de la mayoría de sus miembros. con el voto favorable de dos tercios de sus miembros. con el voto favorable de tres quintos de sus miembros. con el voto unánime de sus miembros.

11. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación: son órganos de cooperación de composición bilateral. reunen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado. reúnen a miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla. todas son correctas.

12. En las Comisiones Bilaterales de Cooperación la participación de los miembros del Gobierno y la de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla: es por un número igual de representantes. es del doble de representantes del primer grupo. es el del tiple de representantes del primer grupo. ninguna es correcta.

13. Respecto a las Comisiones Bilaterales de Cooperación: ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autónoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla. para el desarrollo de su actividad podrán crear Grupos de trabajo y podrán convocarse por videoconferencia o por medios electrónicos pero tendrán que reunirse presencialmente para adoptar acuerdos. las decisiones que adopten revestirán la forma de Acuerdos y serán, en todo caso, de obligado cumplimiento. todas son correctas.

14. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, podrán crearse Comisiones Territoriales de Coordinación, de composición multilateral, entre Administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limítrofes, para: mejorar la coordinación de la prestación de servicios. prevenir duplicidades. mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. todas son correctas.

15. En función de las Administraciones afectadas por razón de la materia, estas Comisiones podrán estar formadas por (señala la incorrecta): representantes de la Administración General del Estado y representantes de las Entidades Locales. representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades locales. representantes de la Administración General del Estado y representantes de las Comunidades Autónomas. representantes de la Administración General del Estado, representantes de las Comunidades Autónomas y representantes de las Entidades Locales.

16. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperación revestirán la forma de: recomendación. acuerdo. norma. convenio.

17. Respecto a las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas: cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder. la disponibilidad de los datos estará limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitación y resolución de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos. la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales, adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos ámbitos las tecnologías precisas para posibilitar la interconexión de sus redes. todas son correctas.

18. Comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad: el Esquema Nacional de Interoperabilidad. el Esquema Nacional Sectorial. el Esquema Nacional de Seguridad. el Esquema Nacional Integrado.

19. Tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente Ley, y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada: el Esquema Nacional de Interoperabilidad. el Esquema Nacional Sectorial. el Esquema Nacional de Seguridad. el Esquema Nacional Integrado.

20. No es correcto respecto a la reutilización de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administración: las Administraciones pondrán a disposición de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratación y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la información a la que estén asociadas sea objeto de especial protección por una norma. las Administraciones cedentes y cesionarias no podrán acordar la repercusión del coste de adquisición o fabricación de las aplicaciones cedidas. las aplicaciones podrán ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administración Pública o se fomente con ello la incorporación de los ciudadanos a la Sociedad de la información. las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación, deberán consultar en el directorio general de aplicaciones si existen soluciones disponibles para su reutilización.

21. Respecto a la Transferencia de tecnología entre Administraciones no es correcto: las Administraciones Públicas mantendrán directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilización, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. la Administración General del Estado, mantendrá un directorio general de aplicaciones para su reutilización. los directorios de las Administraciones Públicas no tendrán ninguna conexión con el directorio general de la Administración General del Estado. la Administración General del Estado, prestará apoyo para la libre reutilización de aplicaciones e impulsará el desarrollo de aplicaciones, formatos y estándares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

22. El Título III de la Ley 40/2015 se denomina: Relaciones interadministrativas. Organización y funcionamiento del sector público institucional. Administración General del Estado. Relaciones de cooperación.

23. El Título III de la Ley 40/2015 tiene: 1 capítulo. 2 capítulos. 3 capítulos. 4 capítulos.

24. El Título III de la Ley 40/2015 comprende los artículos: 109 a 133. 125 a 160. 140 a 158. 136 a 163.