23. TAG LOCAL

El deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes, conforme a los principios de las relaciones interadministrativas, se entiende como: a) Cooperación. b) Colaboración. c) Lealtad institucional.

No es una técnica de colaboración de las establecidas en el artícuto 142 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la siguiente: a) El suministro de información, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del organismo público o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administración solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias. b) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes ámbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional. c) La prestaclón de medios materiales, económicos o personales a otras Administraciones Públicas.

Salvo oposición por alguna de las partes, los órganos de cooperación podrán adoptar acuerdos a través de un procedimiento (artículo 145 ley 40). a) Ejecutivo. b) Simplificado. c) Transversal.

Según el artículo 67 de la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno deberá impugnarlo: a) En el plazo de diez días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso administrativa. b) En el plazo de quince días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso administrativa. c) En el plazo de veinte días desde la suspensión ante la Jurisdicción Contencioso administrativa.

El artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que cuando la Administración del Estado o de las comunidades Autónomas considere, en el ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el artículo: a) Para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. b) Para que suspenda dicho acto en el plazo máximo de un mes. c) Para que anule dicho acto en el plazo máximo de dos meses.

Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas....>. Así se indica textualmente en el artículo. a) 26 de la Constitución. b) 32 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo. c) 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Podrá proceder, mediante real decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales: (art. 61 Ley 7/85). a) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado. b) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste. c) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste no siendo necesario acuerdo favorable del Senado.

Sobre la potestad reglamentaria, según la LBRL: a) Corresponde en todo caso al los municipios, las provincias y las islas, dentro de la esfera de sus competencias. b) Corresponde a todas las Entidades Locales en el ámbito de sus competencias propias. c) Corresponde a todas las Entidades Locales por delegación del Estado y Comunidades Autónomas.

Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones Públicas: a) No se sujetan a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. b) Sólo se sujetan a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas cuando su norma de creación así lo disponga. c) Quedan sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en todo caso cuando ejerzan potestades administrativas.

Las Administraciones Públicas requerirán el uso obligatorio de firmas para: a) Presentar declaraciones responsables. b) interponer recursos. c) Todas las anteriores son correctas.