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1. Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio. Si existiera más de un órgano inferior competente por razón de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponderá a: cualquiera de ellos. el órgano que determine el superior jerárquico común de estos. el superior jerárquico común de estos. ninguna es correcta.

2. No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén: la delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la suplencia. la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia. la delegación de competencias, la avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia.

3. Respecto a la encomienda de gestión, dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda, será responsabilidad de: el órgano o Entidad encomendada. el órgano o Entidad encomendante. cualquiera de los anteriores. ninguno de los anteriores.

4. Respecto a los datos de carácter personal a los que se pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión: la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento. la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento. la Entidad u órgano encomendante tendrá la condición de encargado del tratamiento. la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de responsable del fichero o tratamiento.

5. Respecto a la formalización de las encomiendas de gestión: cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos administrativos o Entidades de Derecho Público pertenecientes a la misma Administración deberá formalizarse por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes y, en su defecto, en los términos que establezca su normativa propia. en todo caso, el instrumento de formalización de la encomienda de gestión y su resolución deberá ser publicada, para su eficacia, en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendado. cada Administración podrá regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirán, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. todas son correctas.

6. Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos y Entidades de Derecho Público de distintas Administraciones la formalización: se realizará mediante firma del correspondiente convenio entre ellas. deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezca el órgano encomendante. en el supuesto de la gestión ordinaria de los servicios de las Comunidades Autónomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares se regirá por la legislación de Régimen Local. todas son correctas.

7. Dentro de los límites señalados en el artículo 9, los titulares de los órganos administrativos podrán delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan:: en materias de su competencia, que ostenten por atribución. en materias que no sean de su competencia, que ostenten por atribución. en materias que no sean de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias. en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribución, bien por delegación de competencias.

8. Respecto a la delegación de firma no es correcto: no alterará la competencia del órgano delegante. para su validez deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración delegante. en las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia. ninguna es correcta.

9. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente: en los supuestos de vacante o ausencia. en los supuestos de enfermedad. en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. todas son correctas.

10. Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente: en la forma que disponga cada Administración Pública. en la forma que se dispone en la presente Ley. en la forma que se disponga reglamentariamente. ninguna es correcta.

11. Si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por: quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. quien designe el órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa. cualquier titular del mismo órgano administrativo. cualquier titular del órgano administrativo inmediato inferior de quien dependa.

12. La suplencia: implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. no implicará alteración de la competencia y para su validez no será necesaria su publicación. implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos. no implicará alteración de la competencia y para su validez deberá ser publicado en el «Boletín Oficial del Estado», en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que pertenezcan los titulares de los órganos administrativos.

13. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse: en los reales decretos de estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales. en los estatutos de sus Organismos públicos y Entidades vinculados o dependientes. por el órgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento, bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. todas son correctas.

14. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia (señala la incorrecta): se hará constar esta circunstancia. se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adoptan. se especificará quien efectivamente está ejerciendo esta suplencia. se especificará la duración de la suplencia.

15. Respecto a las decisiones sobre competencia es correcto: el órgano administrativo que se estime incompetente para la resolución de un asunto remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, sin necesidad de notificar esta circunstancia a los interesados. los interesados que sean parte en el procedimiento podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al órgano competente. los interesados no podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del asunto. los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma Administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

16. Se realizará mediante acuerdo motivado: la avocación. la delegación de firma. la suplencia. la encomienda de gestión.

17. No es correcto respecto a los órganos colegiados: el régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en la presente Ley, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran. el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran. las Administraciones no podrán publicar el acuerdo de creación y las normas de funcionamiento en otros medios de difusión. cuando se trate de un órgano colegiado en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, la publicidad se realizará por la Administración a quien corresponda la Presidencia.

18. Los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas: que cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. que no cuenten con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. que cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento. ninguna es correcta.

19. Los órganos colegiados a que se refiere la pregunta anterior quedarán integrados en la Administración Pública que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerárquica de ésta, salvo que: así lo establezcan sus normas de creación. se desprenda de sus funciones. se desprenda de la propia naturaleza del órgano colegiado. todas son correctas.

20. Los órganos colegiados tendrán un Secretario que (señala la incorrecta): podrá ser un miembro del propio órgano. podrá ser una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente. podrá ser una persona ajena a la Administración Pública correspondiente. ninguna es correcta.

1. No corresponderá al Secretario: velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado. fijar el orden del día. certificar las actuaciones del órgano colegiado. garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.

2. Salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los órganos colegiados: se podrán constituir, convocar y celebrar sus sesiones. adoptar acuerdos. remitir actas tanto de forma presencial como a distancia. todas son correctas.

3. En las sesiones que celebren los órganos colegiados a distancia, sus miembros podrán encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrónicos (señala la incorrecta): la identidad de los miembros o personas que los suplan. el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen. la interactividad e intercomunicación entre ellos en tiempo real o diferido. la disponibilidad de los medios durante la sesión.

4. Se considerará incluido entre los medios electrónicos válidos para que los órganos colegiados celebren sesiones a distancia (señala la incorrecta): el correo electrónico. el portal web del departamento competente. las audioconferencias. las videoconferencias.

5. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia: presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la de la mitad de sus miembros. presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la de la mitad de sus miembros. presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros. presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

6. Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del órgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, éstos podrán constituirse válidamente como órgano colegiado para la celebración de sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando así lo decidan: : la mitad de sus miembros. dos tercios de sus miembros. tres quintos de sus miembros. todos sus miembros.

7. Respecto a las convocatorias de los órganos colegiados no es correcto: los órganos colegiados podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto por sus normas de funcionamiento. el régimen propio de convocatorias podrá prever una segunda convocatoria y especificar para ésta el número de miembros necesarios para constituir válidamente el órgano. en todo caso, las convocatorias serán remitidas a los miembros del órgano colegiado a través de medios electrónicos. en las convocatorias se hará constar el orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y, en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión.

8. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que: asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos los presentes. asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de todos ellos. asista la mayoría de los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría de los presentes. asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.

9. En los órganos colegiados los acuerdos serán adoptados por: mayoría de votos. mayoría de dos tercios. la unanimidad de los miembros presentes. la unanimidad de sus miembros.

10. Cuando en los órganos colegiados se asista a distancia los acuerdos se entenderán adoptados: donde esté ubicada la presidencia y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicada la presidencia. donde esté ubicado el Secretario y, en su defecto, en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado. en el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, donde esté ubicado el Secretario.

11. Los miembros del órgano quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos cuando: voten a favor. voten a favor o se abstengan. voten en contra o se abstengan. ninguna es correcta.

12. Quienes acrediten la titularidad de: un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. un derecho subjetivo podrán dirigirse al Presidente de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. un derecho subjetivo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. un interés legítimo podrán dirigirse al Presidente de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.

13. La certificación será expedida: por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. por medios no electrónicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las Administraciones por esta vía. en todo caso por medios electrónicos. en todo caso por medios no electrónicos.

1. Son motivos de abstención: tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. ser administrador de sociedad o entidad interesada. tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. todas son correctas.

2. Es motivo de abstención tener un parentesco con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento: de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad dentro del cuarto. de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo. de consanguinidad dentro del tercero grado o de afinidad dentro del primero. de consanguinidad dentro del primero grado o de afinidad dentro del tercero.

3. Es motivo de abstención tener relación de servicio con: persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en el último año servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

4. Es correcto respecto a la abstención: las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den alguno de los motivos de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas como motivos de abstención le ordenarán que se abstengan de toda intervención en el expediente. la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido. la abstención en los casos en que concurra alguno de los motivos de abstención dará lugar a la responsabilidad que proceda.

5. En los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los interesados: en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. en cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. en cualquier momento anterior al inicio del procedimiento.

6. La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. El recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada: en el mismo momento. en el día siguiente. en el plazo de 2 días. en el plazo de 3 días.

7. Cuando el recusado manifieste que se da en él la causa alegada, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución: acto seguido. en el día siguiente. en un máximo de 24 horas. en un máximo de 48 horas.

8. Si el recusado niega la causa de recusación, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos, el superior resolverá en el plazo de: 1 día. 2 días. 3 días. 7 días.

9. Contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación: podrá imponerse recurso de alzada. podrá imponerse recurso extraordinario de revisión. podrá imponerse el recurso pertinente. no cabrá recurso.

10. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por: una Ley. una norma con rango de Ley. una norma con rango de Ley o un reglamento. un reglamento.

11. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por: Ley. disposición de rango legal. disposición de rango legal o reglamentario. disposición de rango reglamentario.

12. Las disposiciones del Capítulo Principios de la potestad sancionadora de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: serán extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo. serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público. serán de aplicación al ejercicio por las Administraciones Públicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estén vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislación patrimonial de las Administraciones Públicas. todas son correctas.

13. Las disposiciones sancionadoras: producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición. producirán efecto irretroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, excepto respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.

14. Sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por: una Ley. una norma con rango de ley. un reglamento. todas son correctas.

15. Las infracciones administrativas se clasificarán en: leves y graves. graves y muy graves. leves, graves y muy graves. ninguna es correcta.

16. Respecto a las sanciones: únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones. en ningún caso podrán imponerse sanciones por la comisión de infracciones administrativas. podrán imponerse sanciones por la comisión de cualquier tipo de infracción. ninguna es correcta.

17. Con el fin de contribuir a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes, las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que: constituyan nuevas infracciones o sanciones, o alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla. no constituyan nuevas infracciones o sanciones, pero alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla. no constituyan nuevas infracciones o sanciones, ni alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla. constituyan nuevas infracciones o sanciones, pero no alteren la naturaleza o límites de las que la Ley contempla.

18. Las normas definidoras de: infracciones serán susceptibles de aplicación analógica. infracciones no serán susceptibles de aplicación analógica. infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica. infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica.

19. Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa si resultan responsables de los mismos a título de dolo o culpa, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar: los grupos de afectados. las uniones y entidades sin personalidad jurídica. los patrimonios independientes o autónomos. todas son correctas.

20. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisión de una infracción serán compatibles: con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario. con la indemnización por los daños y perjuicios causados. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

1.Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan: de forma solidaria. de forma subsidiaria. de forma indvidual. de forma mancomunada.

2. Cuando sea posible la sanción se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable: cuando la sanción sea pecuniaria. cuando la sanción no sea pecuniaria. cuando el sujeto sea reincidente. cuando el sujeto no sea reincidente.

3. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores: podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. no podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación. podrán tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir la comisión de infracciones administrativas por quienes no se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación.

4. Las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores: podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. no podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones no pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas. no podrán prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.

5. Las sanciones administrativas: sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. que sean de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

6. El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas: resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. no resulte más satisfactorio para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

7. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar: la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer. la adecuación de la sanción a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

8. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios (señala la incorrecta): el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad. la continuidad o persistencia en la conducta infractora. la naturaleza de los perjuicios causados. la reincidencia, por comisión en el término de dos años de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

9. Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes: el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior. el juez podrá imponer la sanción en el grado inferior. el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado superior. el juez podrá imponer la sanción en el grado superior.

10. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras: se deberá imponer la sanción en el grado superior. se deberán imponer todas las sanciones correspondientes. se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. ninguna es correcta.

11. Señala la correcta: será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto administrativo, en ejecución de un plan espontáneo o aprovechando distinta ocasión. será sancionable, como infracción interrumpida, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan espontáneo o aprovechando distinta ocasión. no será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto administrativo, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.

12. Las infracciones y sanciones prescribirán: según lo dispuesto en la presente Ley. según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. según lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias que las desarrollen. todas son correctas.

13. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán: a los seis meses. al año. a los dos años. a los tres años.

14. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las infracciones leves prescribirán: a los seis meses. al año. a los dos años. a los tres años.

15. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las sanciones graves prescribirán: a los seis meses. al año. a los dos años. a los tres años.

16. Si no se han fijado los plazos de prescripción, las sanciones leves prescribirán: a los seis meses. al año. a los dos años. a los tres años.

17. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse: desde el día en que la infracción se hubiera cometido. desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. desde que finalizó la conducta infractora. desde el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.

18. El plazo de prescripción de las infracciones continuadas o permanentes, comenzará a correr: desde el día en que la infracción se hubiera cometido. desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido. desde que finalizó la conducta infractora. desde el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.

19. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante:: más de 1 mes por causa no imputable al presunto responsable. más de 3 meses por causa imputable al presunto responsable. más de 1 mes por causa imputable al presunto responsable. más de 3 meses por causa no imputable al presunto responsable.

20. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde: el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción. el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

1. En los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento: podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido administrativamente. no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente. podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente.

2. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y: siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. siempre que concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo aumentarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción. siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción.

3. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia de: el funcionamiento anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

4. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas: presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. no presupone, en ningún caso, derecho a la indemnización. ninguna es correcta.

5. Respecto a la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas el daño alegado habrá de ser: efectivo. evaluable económicamente. individualizado con relación a una persona o grupo de personas. todas son correctas.

6. Cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de: actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar. actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar. actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que tengan el deber jurídico de soportar. actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar.

7. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido: en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en última instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en última instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada. en cualquier instancia, sentencia firme estimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, aunque no se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

8. Si la lesión es consecuencia de la aplicación de una norma declarada contraria al Derecho de la Unión Europea, procederá su indemnización cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión Europea posteriormente declarada. Asimismo, deberán cumplirse todos los requisitos siguientes: (señala la incorrecta). la norma no puede tener por objeto conferir derechos a los particulares. el incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado. ha de existir una relación de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligación impuesta a la Administración responsable por el Derecho de la Unión Europea y el daño sufrido por los particulares. todas son correctas.

9. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos: desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. desde la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa. desde el día siguiente a la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa.

10. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la: presente Ley. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

11. Fijará el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitación de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad: el Consejo de Ministros. el Gobierno. el Congreso. el Consejo de Estado.

12. El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitará por: el Ministerio Fiscal, con audiencia al Consejo de Ministros. el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado. el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Ministros. el Ministerio Fiscal, con audiencia al Consejo de Estado.

13. Para determinar la responsabilidad de las Administraciones Públicas por los daños y perjuicios causados a terceros durante la ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administración o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma se seguirá el procedimiento previsto en: la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Contratos del Sector Público. la Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

14. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular en todo caso: de forma subsidiaria. de forma solidaria. de forma mancomunada. de forma individual.

15. En los casos previstos en la pregunta anterior, la Administración competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Públicas, será la fijada: en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio. por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio. en los Estatutos o reglas de la organización colegiada. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con menor participación en la financiación del servicio. por sus órganos directivos. En su defecto, la competencia vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor participación en la financiación del servicio.

16. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta: podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. deberá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. no podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones públicas. ninguna es correcta.

17. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de: competencia. interés público tutelado. intensidad de la intervención. todas son correctas.

18. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de: 5 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 10 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 20 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

19. Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste: tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. tenga o no el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. ninguna es correcta.

20. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que: no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o económica. no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin posibilidad de que las leyes puedan establecer para estos casos ningún tipo de prestación asistencial o económica. se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

1. En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, salvo que la sentencia disponga otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: los 2 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 5 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea. los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea.

2. La indemnización de las lesiones producidas al particular se calculará: con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables. ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. todas son correctas.

3. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a: el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.

4. Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público y siempre que exista acuerdo con el interesado, la indemnización procedente podrá (señala la incorrecta): sustituirse por una compensación en especie. ser abonada mediante pagos periódicos. sustituirse por una compensación variable y diferida. todas son correctas.

5. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán: directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio. directamente a las autoridades y personal al servicio de la Administración Pública las indemnizaciones por los daños y perjuicios que hayan ocasionado. indiferentemente a la Administración Pública correspondiente o a las autoridades y personal a su servicio las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por estas últimas. ninguna es correcta.

6. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves: de oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento. de oficio en vía administrativa, sin instrucción de procedimiento. de oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento. de oficio en vía penal, sin instrucción de procedimiento.

7. Para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades al servicio de la Administración y, en su caso, para su cuantificación, se ponderará: (señala la incorrecta). el resultado dañoso producido. el grado de culpabilidad. la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. la reincidencia en el acto doloso.

8. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para realizar alegaciones será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

9. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la práctica de las pruebas será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

10. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la audiencia será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

11. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la formulación de la propuesta de resolución será de: 5 días desde la finalización del trámite de audiencia. 10 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. 5 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. 10 días desde la finalización del trámite de audiencia.

12. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo para la resolución por el órgano competente será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

13. Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, la resolución declaratoria de responsabilidad: pondrá fin a la vía administrativa. no pondrá fin a la vía administrativa. pondrá fin a la vía administrativa en determinados casos. ninguna es correcta.

14. Se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente: la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas. la responsabilidad civil derivada del delito. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

15. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

16. La sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a: una Administración Pública. a uno o varios organismos públicos en el ejercicio de sus competencias. a una o varias entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias. todas son correctas.

17. No es correcto respecto a las sedes electrónicas: el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. las sedes electrónicas dispondrán de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. la publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos. la Administración General del Estado determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas, con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.

18. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a (señala la incorrecta): una Administración Pública. un organismo público. una entidad de Derecho Privado. todas son correctas.

19. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a: la información publicada. la sede electrónica correspondiente. a y b son correctas. a y b son incorrectas.

20. Las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante el uso de: cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos. cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de protección de datos. un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.