Juridico 2

De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. ¿Es preciso el consentimiento informado para una intervención cuando el paciente manifiesta su deseo de no ser informado? Señale la opción CORRECTA. Se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. No se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, sin perjuicio de la obtención de su consentimiento previo para la intervención. No se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, ni será necesaria la obtención de su consentimiento previo para la intervención. Se respetará su voluntad haciendo constar su renuncia documentalmente, y no será necesaria la obtención de su consentimiento previo para la intervención.

De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, la información que comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias, como regla general se proporcionará: Señale la opción CORRECTA. Verbalmente, dejando constancia en la historia clínica. Verbalmente, no dejando constancia en la historia clínica. Verbalmente y por escrito, facilitada al paciente. No verbalmente y sí por escrito facilitada al paciente.

De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, ¿Quién garantiza el cumplimiento del derecho a la información al paciente?. El médico responsable del paciente. El médico responsable del paciente y, también los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o procedimiento concreto. La enfermera responsable del paciente. El médico, enfermera y familiar.

De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, ¿Cómo debe ser la información clínica? Elige la opción INCORRECTA. Verdadera. Comprensible. No adecuada a sus necesidades. Le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad.

De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, ¿Quién es el titular del derecho a la información asistencial?. El paciente. Persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho. El paciente y persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho, si lo permite el paciente de manera expresa o tácita. El paciente y persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho, aunque no lo permita el paciente de manera expresa o tácita.

De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. ¿Cómo se debe informar al paciente en caso de incapacidad?. Únicamente al paciente, de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión. Al paciente de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. Al paciente de modo adecuado a sus posibilidades de comprensión, no cumpliendo con el deber de informar también a su representante legal. No es preciso informar al paciente en caso de incapacidad.

De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. ¿A quién se le informa en caso de carecer el paciente de capacidad para entender la información a causa de su estado físico o psíquico?. Al paciente y persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho. A la persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho. A las Autoridades Judiciales aun existiendo persona vinculada al paciente por razones familiares o de hecho. No es necesario informar a ninguna persona.

De acuerdo con la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica. ¿Puede limitarse la información sanitaria de los pacientes?. En ninguna circunstancia. Cuando la familia lo solicite a petición propia. Por existencia de un estado de necesidad terapéutica. Cuando el paciente solicite la limitación de información sanitaria.

¿Cuál es la clasificación del personal estatutario sanitario, atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso?. Personal de formación universitaria y personal de formación profesional. Personal de formación universitaria, personal de formación profesional y otro personal. Personal estatutario universitario y personal estatutario sin titulación específica. Personal estatutario fijo y personal estatutario temporal.

¿Cuál es la clasificación del personal estatutario de gestión y servicios, atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso?. Personal de formación universitaria y personal de formación profesional. Personal estatutario sanitario y personal estatutario de gestión y servicios. Personal de formación universitaria, personal de formación profesional y otro personal. Personal estatutario fijo y personal estatutario temporal.

¿Qué obtiene el personal estatutario fijo una vez superado el correspondiente proceso selectivo?. Obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las funciones que de tal nombramiento se deriven. Obtiene un contrato fijo, para el desempeño de las funciones propias de su especialidad. Obtiene un puesto de trabajo en el Sistema Nacional de Salud, conforme a sus competencias y estudios. Obtiene un nombramiento para el desempeño con carácter permanente de las tareas que le sean encomendadas por sus superiores jerárquicos.

¿Cómo se articulan los cambios en la distribución o necesidades de personal estatutario que se deriven de reordenaciones funcionales, organizativas o asistenciales en los diferentes servicios de salud?. Se articularán de conformidad con las normas aplicables en el sistema nacional de salud, no pudiendo el personal ser ubicado en otro sitio que no sea el que le corresponda a su nombramiento. Se articularán de conformidad con las normas aplicables en cada servicio de salud. Se articularán de conformidad a las directivas europeas, previa negociación en el consejo interterritorial. Se articularán de conformidad con las normas aplicables en cada servicio de salud, pudiendo el personal ser adscrito a los centros o unidades ubicados dentro del ámbito que en su nombramiento se precise.

¿Qué son los planes de ordenación de recursos humanos?. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación en el ámbito insular. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación global de los mismos dentro del servicio de salud o en el ámbito que en los mismos se precise. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación global en el ámbito hospitalario. Los planes de ordenación de recursos humanos constituyen el instrumento básico de planificación disciplinaria, para los casos de abuso laboral.

El personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a: Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas por los pacientes y colaborar leal y activamente en el trabajo en equipo. Informar debidamente, en cada caso y dentro del ámbito de sus competencias, a todos los familiares sobre el proceso asistencial y sobre los recursos protésicos disponibles. Cumplir el régimen sobre incompatibilidades. Utilizar los medios, instrumental e instalaciones de los servicios de salud, con criterios de eficiencia, y protegerlos del paciente o de terceras personas.

NO es un derecho colectivo del personal estatutario: El derecho a la libre sindicación. El derecho a la reunión. El derecho a la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población. El derecho a la jubilación en los términos y condiciones establecidas en las normas en cada caso aplicables.

¿Cómo se adquiere la condición de personal estatutario fijo?. Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) superación de las pruebas de selección. b) Nombramiento conferido por el órgano competente. c) Incorporación, previo cumplimiento de los requisitos formales en cada caso establecidos, a una plaza del servicio, institución o centro que corresponda en el plazo determinado en la convocatoria. Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) superación de las pruebas de selección. b) Nombramiento conferido por el órgano competente. c) Incorporación, a una plaza del servicio por orden de nota obtenida en el proceso selectivo. Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Aprobación de la fase de oposición y concurso b) Adjudicación de plaza conforme al orden de nota. c) Incorporación, previo el cumplimiento de requisitos formales. Se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos: a) Aprobación de la fase de oposición y concurso b) Adjudicación de plaza conforme al orden de nota. c) Incorporación al servicio de salud en plaza vacante, según orden de prelación y preferencia del adjudicatario.

¿En qué supuesto NO se pierde la condición de personal estatutario?. En el supuesto de renuncia. En el supuesto de movilidad voluntaria. En el supuesto de sanción disciplinaria firme de separación del servicio. En el supuesto de jubilación.

No es fuente del Derecho Administrativo: La costumbre. La Ley. Los Reglamentos. Son todos.

Para aplicar una costumbre en defecto de un Principio General del Derecho: Ha de ser aprobada. No puede atentar contra la moral. No puede ir contra el orden público. Todas son incorrectas.

Los Principios Generales del Derecho: A) Son de directa aplicación. B) Sólo se pueden aplicar en defecto de Ley. C) Informan el ordenamiento jurídico, prevaleciendo sobre las demás fuentes. D) Sólo se aplican en defecto de Ley y de Costumbre.

El Derecho Administrativo se considera : Constitucional. Público. Privado. Común.

Entre los principios garantizados por el artículo 9.3. de la Constitución no se encuentra : Seguridad Jurídica. Publicidad Normativa. Responsabilidad de los poderes públicos. Pluralismo Político.

La situación de la Administración dentro del Derecho Administrativo : Es similar y correlativa a la que reconoce a los ciudadanos. De sumisión a los ciudadanos. Está sometida al Derecho Privado. Es de privilegio.

Respecto a las Fuentes del Derecho Administrativo es falso : Primacía del Derecho escrito. A mayor jerarquía del órgano que dicta la norma administrativa mayor valor formal de la norma dictada. En defecto de ley se aplica la Costumbre. La Jurisprudencia es una de sus fuentes.

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública, respecto a los intereses generales: Ha de ser eficaz. Los sirve con objetividad. Está sometida a la Ley y al Derecho. Los tiene que declarar.

El principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. Permite que se apliquen a supuestos ocurridos con anterioridad a la promulgación de las norma de que se trate. Se recoge en el artículo 9.3 de la Constitución. No existe en nuestro Derecho. La a) y la b) son correctas.

Los Reglamentos : Pueden ser actos administrativos. Son actos administrativos de carácter general que se integran en el sistema de fuentes del Derecho Público. Son normas y no actos administrativos. Deben ser fiscalizados por el Tribunal Constitucional.

La potestad reglamentaria de la Administración significa que puede dictar : Todo tipo de normas. Normas, con sujeción a la Ley. Sólo las normas que expresamente le autorice una Ley previa. Normas aún en contra de una Ley.

El control de legalidad de los Reglamentos compete : Al Tribunal Constitucional. Al Gobierno de la Nación exclusivamente. A la Administración en cualquier caso. A los Tribunales.

Los Decretos- Leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviera reunido: En el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. En el plazo de los 30 días hábiles siguientes a su promulgación. En el plazo de los 20 días siguientes a su promulgación. En el plazo de los 20 días hábiles siguientes a su promulgación.

Cuando la delegación legislativa de la Cortes Generales al Gobierno tenga por objeto la formación de textos articulados, ésta deberá otorgarse mediante: Una ley ordinaria. Una Ley de bases. Un Decreto Legislativo. Un Decreto Ley.

El Consejo de Ministros podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos: Cuando fuera necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposición de directivas comunitarias. Cuando fuera necesario para que la norma entre en vigor en el plazo establecido en leyes o normas de Derecho de la Unión Europea. Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma. Todas son correctas.

La tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y reales decretos implica: La Memoria del Análisis de Impacto Normativo debe mencionar las circunstancias que fundamentan la tramitación urgente. Los plazos del procedimiento elaboración se reducen a la cuarta parte. Es preciso el trámite de consulta pública. Todas son correctas.

Partes del procedimiento para la elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias, cual de las siguientes es falsa: Estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma. Consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto, en la que se recabará opinión de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones más representativas acerca de, Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma, La necesidad y oportunidad de su aprobación, Los objetivos de la norma, Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. Se podrá prescindir del trámite de consulta pública en el caso de la elaboración de normas presupuestarias u organizativas de la Administración General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a éstas, cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. La consulta pública deberá realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberá proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningún caso será inferior a treinta días naturales.

En los dos procedimientos alternativos que prevé el artículo 86 de la Constitución para la convalidación por las Cortes de los decretos-leyes dictados por el Gobierno. No es posible introducir enmiendas. Es posible introducir enmiendas en cualquiera de los dos procedimientos. Solo en el procedimiento que conduce a la convalidación por acuerdo del Congreso de los Diputados es posible introducir enmiendas. Solo es posible introducir enmiendas en el caso de que las disposiciones legislativas provisionales se tramiten como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.

De acuerdo al artículo 9 de la Constitución : Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. La Constitución garantiza el principio de legalidad y la jerarquía normativa. La Constitución garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Todas son correctas.

De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución no es un principio de actuación de la Administración Pública : Eficacia y jerarquía. Descentralización. Concentración. Coordinación.

¿Qué artículo de la Constitución establece que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho ?. artículo 9. artículo 103. artículo 105. artículo 106.

De acuerdo a la Ley 40/2015 las Administraciones Públicas deberán respetar en sus actuaciones y relaciones los siguientes principios: Servicio Efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública. Planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Todas son correctas.

Respecto a los órganos administrativos : Son órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. Cada Administración Pública en su respectivo ámbito competencial las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización. Podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros existentes. La C) es falsa.

Requisitos mínimos para la creación de un órgano administrativo, de acuerdo al artículo 5 de la Ley 40/2015 : Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica. Delimitación de sus funciones y competencias. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. Todos son correctos.

Respecto a los Órganos Consultivos : Son órganos específicos dotados de autonomía orgánica y funcional con respecto a la Administración activa, o a través de los servicios de esta última que prestan asistencia jurídica. Están sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o funcional. Pueden recibir instrucciones o directrices o indicaciones de los órganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta. Son órganos consultivos unipersonales.

¿ Cuándo asiste con voto el Secretario de un órgano colegiado según lo dispuesto en la Ley 40/2015 ?. En ningún caso asiste con voz y voto. Siempre asiste con voz y voto. Sólo cuando es funcionario. Sólo cuando a su vez es miembro del órgano colegiado.

Respecto a los órganos colegiados : Se crean formalmente, están integrados por 3 o más personas, se les atribuye funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control y actúan integrados en la Administración o en algunos de sus organismos públicos. Para su válida constitución a efectos de celebración de sesiones, deliberación y toma de acuerdos, se requiere la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y secretario y de la mitad, al menos de sus miembros. Los miembros del órgano colegiado no podrán ejercer sus funciones cuando concurra conflicto de intereses. Todas son correctas.

Tienen la consideración de Administración Pública : La Administración del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local y los organismos públicos vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

Cual de las siguientes respuesta no es correcta. Si una Ley del Estado prevalece sobre una de una Comunidad Autónoma, se puede deber : Que el Estado tiene competencia en esa materia y la Comunidad Autónoma no. Las normas del Estado prevalecen en todo caso sobre las de las Comunidades Autónomas. Ambas normas entran en conflicto y la Comunidad Autónoma no tiene competencia exclusiva sobre esa materia. La Ley autonómica no ha regulado parte de esa materia, y en ausencia de regulación autonómica, se aplica supletoriamente el derecho estatal.

Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en : Otros órganos de diferente Administración. Otros órganos de la misma o diferente Administración. Otros órganos de la misma Administración, siempre que sean jerárquicamente dependientes. Otros órganos de la misma Administración.

Las Administraciones Públicas : Se relacionan entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos. Cuando establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos aplicarán el principio de proporcionalidad. Deben evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Todas son correctas.

La competencia de las Administraciones Públicas : Es renunciable. Se ejercen por los órganos que que la tengan atribuida y en los casos de delegación sin necesidad de publicar en el Boletín Oficial de la Administración de que se trate. La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en las leyes.

Respecto a la avocación : Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. La avocación no necesita acuerdo motivado que sea notificado a los interesados. Contra el acuerdo de avocación se puede recurrir y también se puede impugnar en el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento. Todas son correctas.

La sustitución de un Director Gerente de un Complejo Hospitalario del Servicio Canario de la Salud: Siempre es sustituido por el Director de Gestión. Puede ser sustituido solo en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. Implica alteración de la competencia y para su validez en necesaria su publicación en el BOC. Es necesaria Resolución del Director/a del Servicio Canario de la Salud.

En la encomienda de gestión, es falso : Las actividades de carácter material o técnico competencia de los órganos administrativos pueden ser encomendadas a otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o de distinta Administración. En necesario que entre sus competencias estén esas actividades y que por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos. Supone cesión de la titularidad de la competencia. El artículo 11 de la Ley 40/2015 lo regula.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas está regulada básicamente : En la Constitución. En la Constitución y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. En la Constitución, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 429/1993, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de la Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial. En la Constitución, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley 40/205 del Régimen Jurídico del Sector Público.

Cual no es uno de los requisitos para que se de el supuesto de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Que se haya generado un daño real y efectivo, evaluable económicamente. Que se trate de relación indirecta, inmediata y exclusiva de causa-efecto, sin la concurrencia de circunstancias que puedan enervar el nexo causal, tales como la fuerza mayor o la conducta propia del perjudicado. La antijuricidad de la lesión, entendida como la ausencia de la obligación de soportar el referido daño por parte del ciudadano. Que la reclamación se efectúe en el plazo de un año desde que se ocasionó el citado daño.

Requisitos exigibles para que exista responsabilidad patrimonial de la Administración Públicas : La existencia de un daño o perjuicio grave en los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos indemnizable con arreglo a la responsabilidad extra contractual. La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado con respecto a una persona o grupo de personas, derivado del funcionamiento de los servicios públicos que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportarlo y que no haya sido producido por causa de fuerza mayor. La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado con respecto a una persona o grupo de personas, derivado del funcionamiento de los servicios públicos que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar, cualquiera que sea la causa. La existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente, individualizado con respecto a una persona o grupo de personas, derivado del funcionamiento de los servicios públicos que el perjudicado no tenga el deber jurídico de soportar, causado por culpa o negligencia.

Indemnización en el supuesto de Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas : Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. Son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público. En los casos de muerte o lesiones corporales la indemnización se fija de acuerdo a la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

La responsabilidad de las autoridades y el personal de las AAPP, no tiene las siguientes características : El particular puede dirigirse directamente a la persona que trabaja o está al servicio de la administración. La reclamación se ejerce ante la propia Administración Pública. Una vez resuelto el procedimiento de reclamación y reconocida indemnización hacia el particular, tras el pago que corresponda, la Administración Pública repetirá la acción de responsabilidad frente al personal a su servicio si se aprecia dolo, culpa o negligencia grave. Todas son falsas.

Criterios de valoración para la indemnización por responsabilidad patrimonial : La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. Todas son correctas.

En los Procedimiento de Reclamación Patrimonial, cual de las siguientes afirmaciones es falsa : Está regulado en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Está regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se podrá iniciar siempre que no haya prescrito el derecho a reclamar. La reclamación deberá especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible y el momento en que la lesión efectivamente se produjo.

La Lex artis : Hace referencia al modo que un profesional sanitario reacciona ante las complicaciones que se encuentra en cada intervención. Es el criterio que emplea el Derecho para determinar la corrección de la práctica médica. Es un concepto que depende de las circunstancias, por eso se la conoce también como lex artis ad hoc. Todas son correctas.

Respecto al principio de garantía de medios y no de resultados : La asistencia sanitaria es una obligación de medios y no de resultados. Se aprecia responsabilidad cuando se emplean las técnicas y medios de que se dispone. La Lex artis es un estándar que exige un resultado e indica que se debe hacer. Todas son correctas.

Son notas esenciales del bien jurídico "Administración Pública" : Servicio a los intereses generales. Sometimiento Pleno a la Ley y el Derecho. Objetividad en el cumplimiento de sus fines. Todas son correctas.

No es un delito contra la "Administración Pública" : Prevaricación. Infidelidad en la custodia de documentos. Falsedad documental. Cohecho.

El delito de Malversación es : A sabiendas, sustraer, inutilizar u ocultar, total o parcialmente, documentos de los que el funcionario tenga su custodia por razón de su cargo. Que un funcionario con ánimo de lucro recibe una compensación por actuar o no actuar de determinada forma. Que el funcionario con ánimo de lucro se apropia o consciente que otro, con el mismo ánimo, se apropia del patrimonio público que tenga a su cargo por sus funciones o con ocasión de las mismas. Que un funcionario, sabiendo su injusticia, dicte una resolución arbitraria.

Es falso : Sin perjuicio de la responsabilidad penal, toda persona responsable de un delito lo es también civilmente de los perjuicios y daños que se deriven. Las Administraciones Públicas no responden subsidiariamente de los delitos dolosos o culposos causados por los funcionarios en el ejercicio de sus cargos o funciones, si la lesión causada es consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que le estuvieran confiados. Es una circunstancia agravante la prevalencia del carácter público que tenga el culpable. La pena por descubrimiento y revelación de secretos de particulares se agrava si la comete un funcionario público.

El delito de Prevaricación : La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena por el delito de prevaricación al dictar un resolución arbitraria es de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. Todas son correctas.

Respecto a las certificaciones falsas, no es correcto : El facultativo que librare certificado falso será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años, se incluyen los certificado relativos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública. La autoridad o funcionario público que librare certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico será castigado con la pena de suspensión de seis meses a dos años. D). Todas son correctas.

El Delito de falsedad documental cometido por autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones : Tiene una pena de 3 a 6 años, multa de 6 a 24 meses e inhabilitación por tiempo de 2 a 6 años. Alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial. Simular un documento en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad. Todas son correctas.

El delito de cohecho : Es un delito de soborno. Un funcionario recibe un tipo de compensación por actuar o no hacerlo de determinada forma. Sin perjuicio de la pena propia por el delito de cohecho, también se le podrá imponer la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito. Todas son correctas.

Según la Ley 40/2015 es falso : La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. La Administración podrá sancionar por hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento. No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas : Regula los derechos y garantías mínimas que corresponden a todos los ciudadanos respecto de la actividad administrativa, tanto en su vertiente del ejercicio de la potestad de autotutela, como de la potestad reglamentaria e iniciativa legislativa . El procedimiento Administrativo es el conjunto ordenado de trámites y actuaciones formalmente realizadas, por el cauce legalmente previsto, para dictar un acto administrativo o expresar la voluntad de la Administración. Su carácter de Común resulta de la aplicación a todas las Administraciones Públicas y respecto a todas sus actuaciones. Todas son correctas.

¿ Quiénes tienen la condición de interesado en el procedimiento administrativo ?. Quienes los promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la resolución aunque no se personen en el procedimiento. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos siempre. La condición de interesado podrá derivar de una relación jurídica transmisible siempre que sea antes del trámite de audiencia.

¿ Qué sujetos están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración ?. Las personas físicas y las jurídicas. Las entidades con personalidad jurídica. Los notarios y los registradores. Los empleados de las Administraciones Públicas en su actividad pública y privada.

Respecto a la Ley 39/2015 tienen Capacidad de obrar ante la Administración Pública : Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. Todas son correctas.

Si un representante acreditado desiste de un procedimiento, según la Ley 39/2015. El interesado no podrá presentar una nueva solicitud. El interesado podrá presentar siempre una nueva solicitud. El interesado podrá presentar una nueva solicitud si está dentro del plazo del procedimiento. Un representante no puede desistir de un procedimiento aunque esté acreditado.

Según la Ley 39/2015 : Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Los interesados podrán identificarse electrónicamente mediante certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. Todas son correctas.

De acuerdo a la Ley 39/2015 es obligatorio el uso de firma para : Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones. Interponer recursos y desistir de acciones. Renunciar a derechos. Todas son correctas.

En relación con el cómputo de los plazos administrativos : Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y festivos. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y festivos. Los plazos expresados en días se cuentan desde el día de la notificación o publicación, o desde el que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo.

Un acto administrativo es eficaz : Desde que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. La eficacia quedará demorada cuando lo exija el contenido del acto o necesite notificación, publicación o aprobación superior. Pueden tener eficacia retroactiva en algunos casos. Todas son correctas.

Son anulables los actos administrativos : Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Los que tengan un contenido imposible. Los que incurran en desviación de poder.

Cuando exista constancia de la puesta a disposición del acto objeto de notificación por medios electrónicos y transcurran diez días naturales sin que se acceda a su contenido : Se entenderá que ha sido rechazada, dando por efectuado el trámite, con los efectos previstos en el artículo 41.5 de la Ley 39/2015. Se entenderá que ha sido rechazada, dando por efectuado el trámite, con los efectos previstos en el artículo 40.4 de la Ley 39/2015. Se tiene por no notificada. Todas son incorrectas.

El trámite de audiencia ¿ en qué momento del procedimiento administrativo se realiza ?. Antes de la apertura del periodo de prueba. En cualquier fase del procedimiento. Durante la fase de iniciación del procedimiento, junto con la subsanación y la mejora de la solicitud. Una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.

El plazo de subsanación de los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados : Podrá requerirse a los interesados para que subsanen sus solicitudes por plazo de diez días. Podrá requerirse a los interesados para que subsanen sus solicitudes por plazo de cinco días. Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva podrá ser ampliado prudencialmente hasta cinco días el plazo inicial de subsanación cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales. A y C son correctas.

La Ley 39/2015 recoge la figura de la "Reformatio in Peius" cuando : Requiere que la Administración realice la interpretación más favorable al derecho de acción por parte de los interesados. Prohíbe la acumulación de expedientes que no guarden identidad sustancial o intereses conexos. Dispone que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento si procede. Prohíbe la retroactividad de las disposiciones administrativas sancionadoras no favorables al interesado.

Son causas de finalización del procedimiento administrativo : La resolución. El desistimiento y la renuncia al derecho. La declaración de caducidad. Todas son correctas.

Respecto a la eficacia de los actos administrativos : Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general si proceden de un órgano superior al que dictó la disposición general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria y las que incurran en alguna de las causas del artículo 48 de la Ley 39/2015. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo producen efectos desde la fecha que se dicten. Todas son incorrectas.

Entre los medios de ejecución forzosa del artículo 100 de la Ley 39/2015, no se encuentra : Desahucio administrativo. Apremio sobre el patrimonio. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas.

El dictamen del Consejo de estado, respecto a la revisión de oficio de un acto nulo de pleno derecho es : Facultativo y no vinculante. Preceptivo y no vinculante. Facultativo y vinculante. Preceptivo y vinculante.

Entre los límites de la revisión de los actos administrativos se encuentra : Su ilegalidad manifiesta. Que atente a derechos subjetivos. La prescripción de la acción. Que incurra en nulidad de pleno derecho.

La revocación por la Administración de un acto administrativo de gravámen : Ha de efectuarse a instancia de los particulares. Está prohibida. Se puede revocar mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. Que un funcionario, sabiendo su injusticia, dicte una resolución arbitraria.

La Declaración de lesividad de actos anulables : No podrán adoptarse una vez transcurridos seis meses desde que se dictó el acto administrativo, momento en que se deberá declarar su caducidad. No podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. No podrá adoptarse nunca respecto a los actos que sean favorables para los interesados. Podrán adoptarse respecto de los actos que no sean favorables para los interesados a fin de proceder a su ulterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Las Administraciones Públicas : Podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas a solicitud de cualquier interesado. Podrán, por iniciativa propia, declarar de oficio la nulidad de las disposiciones administrativas que no hayan sido recurridas por los particulares. Podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de las Comunidades Autónomas, en los supuestos del artículo 47.1 de la Ley 39/2015. Podrán declarar de oficio la nulidad siempre que exista dictamen previo favorable de la Intervención General.

El recurso de Alzada : Podrá interponerse en el plazo de tres meses. Podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo. Podrá interponerse contra cualquier acto de trámite. Podrá interponerse contra las disposiciones administrativas de carácter general.

El recurso de reposición : Contra la resolución que lo resuelva no podrá interponerse de nuevo dicho recurso. El plazo para interponerlo será de 2 meses, si fuera expreso. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 2 meses. Se podrá interponer recurso contencioso administrativo sin necesidad de esperar a la finalización del plazo legal para resolver el recurso de reposición, si el interesado optó por esta vía potestativa.

Según el artículo 112 de la Ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general : En última instancia administrativa se utilizará el recurso de alzada. Se podrá utilizar el recurso potestativo de reposición. Puede utilizarse el recurso de alzada y el recurso de reposición. No cabrá recurso en vía administrativa.

Señale la respuesta correcta en relación al objeto de la Ley General Presupuestaria: Según el artículo 1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero del sector público estatal. Según el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario, económico-financiero, intervención y de control financiero del sector público estatal. Según el artículo 1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley únicamente tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario y de contabilidad del sector público estatal. Según el artículo 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, esta ley tiene por objeto la regulación del régimen presupuestario y de control financiero del sector público estatal.

Señale la respuesta incorrecta en relación a los tributos : Según la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, los tributos son derechos de naturaleza pública de la Hacienda Pública estatal. La auditoría de la cuenta de los tributos estatales se realizará mensualmente, de acuerdo con el procedimiento que por la Intervención General de la Administración del Estado se establezca al efecto. En particular, la aplicación de los tributos se ajustará a lo dispuesto en la Ley General Tributaria de acuerdo con su sistema de fuentes. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán La estimación de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.

Señale la respuesta incorrecta en relación con la obligación tributaria: La obligación tributaria principal tiene por objeto el pago de la cuota tributaria. El devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria accesoria. El contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta soportados, salvo que la ley propia de cada tributo establezca la posibilidad de deducir una cantidad distinta a dicho importe.

Indique la respuesta correcta : Según la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los actos y actuaciones de aplicación de los tributos y los actos de imposición de sanciones tributarias podrán revisarse, mediante: Los procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones económico-administrativas. Todas son ciertas.

No son procedimientos especiales de revisión de los actos y actuaciones de aplicación de los tributos : Revisión de actos anulables. Declaración de lesividad de actos anulables. Revocación. Devolución de ingresos indebidos.

Señale la respuesta incorrecta en relación a la revocación de los actos de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones : La revocación sólo será posible mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. El procedimiento de revocación se iniciará siempre de oficio o a instancia del interesado, y será competente para declararla el órgano que se determine reglamentariamente, que deberá ser distinto del órgano que dictó el acto. En el expediente se dará audiencia a los interesados y deberá incluirse un informe del órgano con funciones de asesoramiento jurídico sobre la procedencia de la revocación del acto. El plazo máximo para notificar resolución expresa será de seis meses desde la notificación del acuerdo de iniciación del procedimiento. Transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior sin que se hubiera notificado resolución expresa, se producirá la caducidad del procedimiento. Las resoluciones que se dicten en este procedimiento pondrán fin a la vía administrativa.

Señale la respuesta correcta en relación a los actos dictados por la Administración tributaria susceptibles de reclamación económico-administrativa : Podrán ser objeto de recurso potestativo de reposición. El recurso de reposición deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económicoadministrativa. Si el interesado interpusiera el recurso de reposición no podrá promover la reclamación económico-administrativa hasta que el recurso se haya resuelto de forma expresa o hasta que pueda considerarlo desestimado por silencio administrativo. Cuando en el plazo establecido para recurrir se hubieran interpuesto recurso de reposición y reclamación económico-administrativa que tuvieran como objeto el mismo acto, se tramitará el presentado en primer lugar y se declarará inadmisible el segundo. Todas son correctas.

Podrá reclamarse en vía económico-administrativa en relación con las siguientes materias : La aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de sanciones tributarias que realicen la Administración General del Estado y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma. La aplicación de los tributos del Estado o de los recargos establecidos sobre ellos y la imposición de sanciones tributarias que realicen las Administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. Cualquier otra que se establezca por precepto legal del Estado expreso. Todas son correctas.

Señale la respuesta incorrecta en relación a las obligaciones tributarias accesorias : Tienen la naturaleza de obligaciones tributarias accesorias las obligaciones de satisfacer el interés de demora. Las sanciones tributarias tienen la consideración de obligaciones accesorias. Las obligaciones de satisfacer el interés de demora. Los recargos por declaración extemporánea.

Señale la respuesta incorrecta en relación a los órganos económico- administrativos : El conocimiento de las reclamaciones económico-administrativas corresponderá con exclusividad a los órganos económico-administrativos, que actuarán con dependencia funcional en el ejercicio de sus competencias. Tiene la consideración de órgano económico-administrativo la Sala Especial para la Unificación de Doctrina. Corresponde a cada Comunidad Autónoma y cada Ciudad con Estatuto de Autonomía determinar su estructura administrativa para el ejercicio de la función revisora en el ámbito de las reclamaciones económico-administrativas, todo ello sin perjuicio de la labor unificadora del Estado que será ejercida por el Tribunal Económico-Administrativo Central y por la Sala Especial para la Unificación de Doctrina establecida en el apartado anterior. La competencia de los órganos económico-administrativos será irrenunciable e improrrogable y no podrá ser alterada por la voluntad de los interesados.

Señale la respuesta incorrecta sobre el las competencias del Tribunal Económico-Administrativo Central, que conocerá: En segunda instancia, de los recursos de alzada ordinarios que se interpongan contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales y, en su caso, como consecuencia de la labor unificadora de criterio que corresponde al Estado, contra las resoluciones dictadas por los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. En segunda instancia, de las reclamaciones económico-administrativas que se interpongan contra los actos administrativos dictados por los órganos centrales del Ministerio de Economía y Hacienda u otros departamentos ministeriales, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, así como, en su caso, contra los actos dictados por los órganos superiores de la Administración de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía. También conocerá en única instancia de las reclamaciones en las que deba oírse o se haya oído como trámite previo al Consejo de Estado. De la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones. Como consecuencia de su labor unificadora de criterio, de los recursos extraordinarios de alzada para unificación de criterio previstos en el artículo 242 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En relación a los órganos económico-administrativos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señale la opción incorrecta : Los órganos económico-administrativos de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía conocerán, en su caso, y salvo lo dispuesto en el artículo 59.1.c), segundo párrafo, de la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía de la rectificación de errores en los que incurran sus propias resoluciones. Cuando la resolución de la reclamación económico-administrativa sea susceptible de recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo Central, la reclamación podrá interponerse directamente ante este órgano. En cada Comunidad Autónoma existirá un tribunal económico-administrativo regional. En cada Ciudad con Estatuto de Autonomía existirá un tribunal económico-administrativo local. Sólo son correctas b) y c).

Indique la respuesta incorrecta en relación al Funcionamiento de los Tribunales Económico-Administrativos : Los Tribunales Económico-Administrativos funcionarán en Pleno, en Salas y de forma unipersonal. El Pleno estará formado únicamente por el Presidente y los Vocales. Las Salas estarán formadas por el Presidente, un Vocal al menos y el Secretario. Podrá nombrarse Presidente de Sala a alguno de los Vocales cuando se produzcan las circunstancias que se determinen reglamentariamente. Los Tribunales Económico-Administrativos podrán actuar de forma unipersonal a través del Presidente, los Presidentes de Sala, cualquiera de los Vocales, el Secretario o a través de otros órganos unipersonales que se determinen reglamentariamente.

Señale la respuesta correcta sobre la incompetencia territorial y jerárquica de los tribunales económico administrativos recogida en el artículo 53 del Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria : Recibida la reclamación, cuando se considere que la competencia corresponde a otro tribunal económicoadministrativo, se remitirá de oficio y de forma motivada al tribunal que se estime competente. Dicha remisión se notificará al interesado. Si el acuerdo lo hubiera adoptado un tribunal económico-administrativo regional, el interesado podrá presentar en el plazo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación un escrito donde manifieste sus alegaciones ante el tribunal económico-administrativo destinatario. Recibida la reclamación, cuando se considere que la competencia corresponde a otro tribunal económicoadministrativo, se remitirá de oficio y de forma motivada al tribunal que se estime competente. Si éste último fuera también un tribunal económico-administrativo regional, y también declinara la competencia sobre el expediente, motivará su decisión y remitirá lo actuado al Tribunal Económico-administrativo Central, que decidirá y enviará las actuaciones al tribunal que deba continuar con la tramitación de la reclamación. Recibida la reclamación, cuando se considere que la competencia corresponde a otro tribunal económicoadministrativo, se remitirá de oficio y de forma motivada al tribunal que se estime competente. El órgano que dictó el acto impugnado deberá ser informado sobre tal extremo por el tribunal económico-administrativo no resulte competente para conocer de la reclamación. a y b son correctas.

Señale la respuesta incorrecta en relación al Tribunal Económico -administrativo Central : El pleno estará formado por el presidente, todos los vocales y el Secretario General. Las salas estarán formadas por el presidente del tribunal, uno o más vocales y el Secretario General. El presidente será nombrado y separado por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, entre funcionarios de reconocido prestigio en el ámbito tributario y tendrá la categoría de director general del Ministerio de Economía y Hacienda. Los vocales serán nombrados y separados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, entre funcionarios de los cuerpos que se indiquen en la relación de puestos de trabajo y tendrán la condición de subdirectores generales del Ministerio de Economía y Hacienda.

Señale la respuesta incorrecta en relación al Tribunal Económico-administrativo Central : En los casos de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, el presidente del tribunal será sustituido por el vocal más antiguo del pleno. En cada sala, el presidente del tribunal será sustituido por el vocal más antiguo de los que formen la sala. En los casos de vacante, ausencia, enfermedad o por otra causa legal que afecte a alguno de los vocales, el presidente podrá asignar sus asuntos a otro vocal de la misma sala. Todas las respuestas anteriores son falsas.

Señale la respuesta correcta en relación al funcionamiento de los tribunales económico-administrativos regionales, locales, las salas desconcentradas y las dependencias provinciales y locales : Los tribunales económico-administrativos regionales y locales unicamente funcionarán en pleno, en salas y en salas concentradas, en su caso, y de forma unipersonal. El pleno estará formado por el presidente, los presidentes de sala y de sala desconcentrada, en su caso, los vocales y el secretario del tribunal. Los funcionarios procedentes de las comunidades autónomas que con tal carácter participen en los tribunales económico-administrativos regionales del Estado serán nombrados por orden del Secretario de Estado de Hacienda a propuesta de la respectiva comunidad autónoma en los puestos de vocales o ponentes que se determinen en las relaciones de puestos de trabajo. Todas las respuestas anteriores son ciertas.

Desde la perspectiva del usuario de los servicios de la salud, el concepto de calidad se relaciona más con : Eficiencia de los Servicios. Efectividad. Calidad científico-técnica. Satisfacción y accesibilidad.

La mejora continua de la calidad es : En los servicios sanitarios incorpora satisfacción de los usuarios, implicación de los profesionales, mejora continua de las actividades y reducción de costes. Es la mejora continua pero fundamentalmente orientada al cliente. Es una estrategia que tiende al perfeccionamiento. Todas son correctas.

Siguiendo la Ecuación de la Calidad, si la percepción es superior a las expectativas, el servicio puede considerarse como: Equitativo. Accesible. Eficiente. Excelente.

Los principales aspectos a evaluar (dimensiones, factores, componentes o atributos) : Efectividad, hace referencia a los costes de producción de un servicio. Eficiencia, grado en que una práctica asistencial produce una mejora del nivel de salud de un paciente o una población. Accesibilidad, facilidad con que los usuarios pueden obtener un servicio, en el momento y lugar que lo precisen y con un coste razonable. Todas son incorrectas.

Con respecto a la acreditación MIR es cierto que: Evalúa la capacidad investigadora de un centro. Evalúa los recursos de un centro. Evalúa la capacidad asistencial de un centro. Evalúa la capacidad docente de un centro.

De los siguientes criterios ¿ cuáles forman parte del Modelo Europeo de Calidad (EFQM) ?. Liderazgo, personas y procesos. Liderazgo, evaluación y objetivos. Objetivos, personas y resultados clave. Ninguna es cierta.

El Modelo Europeo Certificación de EFQM de excelencia : Se basa en el principio, si hacemos las cosas correctamente y de forma inspirada en la filosofía de calidad total, obtendremos resultados satisfactorios tanto desde el punto de vista empresarial como social. Articulan 10 criterios, 5 son agentes facilitadores y 5 resultados. Articulan 11 criterios, 6 son agentes facilitadores y 5 resultados. Ninguna es cierta.

¿Dónde se establece la infraestructura de calidad y seguridad, los indicadores, las guías de prácticas clínicas y registros de buena prácticas clínicas y de acontecimientos adversos ?. La Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad. La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. La declaración de la Organización Mundial de la Salud (OMS 1983). Ninguna es cierta.

Con respecto a la acreditación no es cierto que : Se debe adquirir periódicamente. La acreditación FIS evalúa la capacidad investigadora. La acreditación es el reconocimiento por una tercera parte autorizada de la competencia técnica de una entidad para la realización de una actividad determinada perfectamente definida. Es involuntaria.

Los denominados Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD) constituyen una herramienta de gestión que clasifica los episodios de hospitalización : En función del proceso clínico y el consumo de recursos. En función del proceso clínico sin tener en cuenta el consumo de recursos. En función del consumo de recursos sin tener en cuenta el proceso clínico. Sin tener en cuenta el proceso clínico ni el consumo de recursos.

¿ Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una característica de los Grupos Relacionados con el Diagnóstico (GRD) ?. Permiten identificar y etiquetar el producto sanitario. Son útiles en la evaluación hospitalaria al agrupar la actividad según un criterio de coherencia clínica. Elimina la heterogeneidad de los procesos. Su fiabilidad no depende de la calidad de la información ni del proceso de codificación.

Según el sistema de paciente atendido, los sistemas de clasificación de pacientes son instrumentos capaces de identificar y agrupar casos. Uno de estos sistemas son los GRD. En relación a éstos una de las respuestas es falsa. Los GRD son sistemas de clasificación exclusivamente de pacientes hospitalarios. Los GRD forma grupos denominados de isoconsumos. La puerta de entrada al clasificador es el diagnóstico principal recogido en el CMBD. Cada GRD lleva asignado un peso relativo.

Cuál de las siguientes variables NO se incluye en el Conjunto Mínimo Básico de Datos de Hospitalización. Fecha de nacimiento. Circunstancia del Alta. Tipo de intervención. Diagnóstico principal.

El Conjunto Mínimo Básico de Datos de Hospitalización : En 1981 por la Comisión de las Comunidades Europeas se definió el Conjunto Mínimo Básico de Datos al alta hospitalaria como un núcleo de información mínima y común sobre los episodios de hospitalización. En el año 1987 el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprueba el Conjunto Mínimo Básico de Datos (CMBD) que incluye un conjunto de datos administrativos y clínicos de manera estandarizada por cada contacto asistencial que permita conocer la morbilidad atendida en los hospitales públicos y privados. El Plan Estadístico Nacional (PEN) incluye la explotación estadística del CMBD entre las operaciones estadísticas del sector salud. Todas son ciertas.

El Real Decreto 69/2015 : Regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada con base en el actual Conjunto Mínimo Básico de Datos (RAE-CMBD). Regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria con base en el actual Conjunto Mínimo Básico de Datos (RAE-CMBD). No tiene carácter de legislación básica. Se aplica solo a centros públicos.

El Real Decreto 69/2015 establece un registro, ¿ cual de las siguientes afirmaciones es falsa ?. Tiene naturaleza administrativa y se integra en el Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud previsto en el artículo 53 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Es uno de sus objetivos conocer la demanda asistencial y la morbilidad atendida. Favorece la realización de estudios de investigación clínica, epidemiológica y de evaluación de servicios sanitarios y de resultados de salud. Entre sus contenidos no está el régimen de financiación.

De acuerdo al Real Decreto 69/2015, no se registran las modalidades asistenciales. Hospitalización. Cirugía ambulatoria. Procedimientos ambulatorios sin complejidad. Urgencia.

El objeto de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, es: Un derecho de contenido amplio, sustantivo, subjetivo y de escasos límites. Regula la transparencia de la actividad pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. Regula el ejercicio de la derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. Todas son correctas.

No entra en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública : La Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria. Las sociedades mercantiles que se integran en el sector público de la Comunidad Autónoma según estable la Ley de la Hacienda Pública Canaria. Las Universidades Privadas. Los Cabildos insulares y los Ayuntamientos.

Son sujetos obligados y les aplica la ley de transparencia en cuanto a la obligación de publicidad de información: Los colegios públicos. Los colegios concertados estén obligados a la publicidad activa si reciben ayudas o subvenciones superior a 60.000 euros . Los partidos políticos, las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Todas son correctas.

Las personas tiene los siguientes derechos : Acceder a la información sujeta a la obligación de publicación. Ser asistidas en su búsqueda de información. Conocer las razones en que se fundamenta la denegación del acceso a la información solicitada. Todas son correctas.

Se cumple con los requisitos de la ley de transparencia si se publica la información activa : Se cumple totalmente con la ley. No es necesario garantizar el derecho de acceso a la información pública. Es necesario publicar la información de publicidad y garantizar el derecho de acceso a la información. Se tienen que publicar íntegramente todas las solicitudes de información.

El Portal de Transparencia : Se crea para facilitar el acceso a la información pública. Tiene que incluir la información que refiere el título II de la Ley 12/2014 y la información que se solicite con mayor frecuencia, sin perjuicio de otras informaciones. La información tiene que estar permanentemente accesible en los portales de transparencia y páginas webs, y fácilmente accesible cuando se pide el derecho. Todas son correctas.

El Comisionado/a de Transparencia : Es el órgano de fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Actúa con autonomía y plena independencia. El control y la evaluación activa se plasma en el Informe Anual de Evaluación del Cumplimiento a través del Índice de Transparencia de Canarias (IT Canarias) y la aplicación telemática T-Canaria para la autoevaluación de todas las administraciones canarias. Todas son correctas.

Respecto a la Transparencia en el ámbito del Servicio Canario de la Salud, es falso : Es la unidad responsable de la información pública, el Servicio de Régimen interior y asuntos generales de la Secretaría General. La competencia para la resolución de las solicitudes corresponden al órgano en cuyo poder obre la información solicitada. Si se solicita información de los centros concertados es competente la Dirección de Área correspondiente. Para la información elaborada por FUNCANIS, u otra fundación pública, sociedad mercantil o consorcio en los que la sea mayoritaria la participación directa o indirecta del SCS, será competente la Dirección General de Recursos Económicos.

De acuerdo con la LRJCA, el recurso contencioso-administrativo es admisible, entre otros, en relación con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa: Ya sean definitivos o de trámite, indistintamente. Ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o producen indefensión a la parte demandante. Ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Ninguno de los anteriores.

De los recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos conocerán en única estancia : Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes órganos: Juzgados de lo Contencioso-administrativo, Juzgado Provincial de lo Contencioso-administrativo, Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, y Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Juzgados de lo Contencioso-administrativo, Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, y Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Juzgados de lo Contencioso-administrativo, Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, y Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Constitucional. Solo los Juzgados de lo Contencioso- administrativo.

De las cuestiones que se susciten en relación con responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas: Conoce el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Conoce el orden jurisdiccional contencioso-administrativo con carácter excepcional, excepto cuando se trate de la responsabilidad patrimonial de las administraciones autonómicas. Ninguna de las anteriores es correcta. Conoce el orden jurisdiccional social.

En cuanto a la defensa y representación de las partes, según la LJCA, los funcionarios públicos: Siempre pueden comparecer por sí mismos. Pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. Pueden comparecer por sí mismos en sus actuaciones ante órganos colegiados. No pueden comparecer por sí mismos en ningún caso.

En relación con la representación de las partes en el proceso contencioso-administrativo, señale la respuesta correcta: Las partes deberán estar representadas por Procurador en todas sus actuaciones, tanto ante los órganos unipersonales como colegiados. Las partes en sus actuaciones ante los órganos unipersonales no podrán estar representadas por Procurador. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las pares deberán conferir su representación a un procurador y ser asistidas por Abogado. En ningún caso podrán comparecer por sí mismos.

Si un órgano del orden contencioso-administrativo se declara incompetente para conocer de un asunto, según la LJCA, esa declaración adoptará la forma de: El órgano del orden contencioso-administrativo no puede declararse incompetente. Diligencia. Auto. Sentencia.

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública, según dispone el artículo 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa: Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración. Todas las anteriores son correctas. Todas las anteriores son incorrectas.

Una vez presentado el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, acompañado de la documentación preceptiva: El Secretario judicial examinará de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado y si, estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. El Juzgado o Sala examinará de oficio su validez tan pronto como se haya presentado y, si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso. Se acepta a trámite directamente. El Juez lo examina y lo admite.

De los recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos conocerán en única instancia: Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Los Juzgados de lo contencioso Administrativo.

La Administración Pública recurrida se entiende emplazada en el procedimiento contencioso-administrativo cuando: Envíe al Juzgado o Tribunal el expediente que le haya reclamado. El recurso se notifica a la Abogacía del Estado o servicio jurídico correspondiente de la Administración Pública recurrida. El Juzgado o Tribunal le reclama el expediente. Cuando la Administración publica envía el expediente.

Según la LJCA, en los litigios entre Administraciones Públicas: Previamente al recurso contencioso-administrativo, estas habrán de interponer el correspondiente recurso en vía administrativa. No cabrá interponer recurso en vía administrativa. Habrán de interponer previamente recurso en vía administrativa y además requerir a la otra Administración para que anule el acto. NO cabe litigio entre las Administraciones públicas.

Es una especialidad de la práctica de la prueba en el procedimiento abreviado regulado en el artículo 78 de la LJCA: No se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Los peritos no podrán ser tachados. No hay especialidades, se practicarán del modo previsto para el juicio ordinario. Se admitirán escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical.

Señale la respuesta correcta, de conformidad con el artículo 74 de la LJCA, en relación con el desistimiento : Si fuesen varios los recurrentes, el desistimiento de uno de ellos supondrá la finalización del procedimiento para la totalidad. Implica la condena en costas del recurrente que desiste. El recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. No se puede desistir de un recurso contencioso administrativo interpuesto.

En el procedimiento abreviado contencioso-administrativo, la Administración deberá remitir el expediente: Con al menos 10 días de antelación a la celebración vista. En el plazo de 10 días. Con al menos 15 días de antelación del término señalado para la vista. En el acto de la vista.

Como establece el artículo 130.1 de la LJCA, la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a: A los Juzgados y Tribunales del orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo. Solo los Tribunales del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo. Solo los Juzgados del Orden Jurisdiccional Contencioso Administrativo. Ninguna opción anterior es correcta.

Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, tal y como establece el artículo 81.1 de la LRJCA, serán susceptibles de recurso de apelación, salvo que se hubieran dictado, entre otros, en los asuntos siguientes: Aquellos cuya cuantía no exceda de 60.000 euros. Aquellos cuya cuantía no exceda de 30.000 euros. Aquellos cuya cuantía no exceda de 10.000 euros. Aquellos cuya cuantía no exceda de 5.000 euros.

La sentencia (art. 67 LJCA): Se dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podrá dictarse dentro del plazo indicado, lo razonará debidamente y señalará una fecha posterior concreta en la que se dictará la misma, notificándolo a las partes. Las opciones a) y b) son correctas. En el plazo de quince días desde que el pleito haya sido declarado concluso.

Establece el artículo 81 de la LRJCA, que frente a las sentencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo se podrá interponer, en los términos previstos la Ley. El recurso de casación. El recurso ordinario de apelación. El recurso de reposición. No son susceptibles de recurso.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 29/1998 Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general: Afectarán por sí mismas y en todo caso a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara los efectos generales. No afectarán en ningún caso por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales. No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no ejecutadas completamente. Ningún apartado anterior es correcto.

Según dispone el artículo 83 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el recurso de apelación contra las sentencias es admisible: En ambos efectos en todo caso. En ambos efectos, salvo en los casos en que la LRJCA disponga otra cosa. En un solo efecto. No cabe recurso de apelación contra las sentencias.

La interposición de un recurso de apelación, según dispone el artículo 84 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: No impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. Impedirá la ejecución provisional de la sentencia recurrida. La ejecución de la sentencia nunca puede ser provisional. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

Según el artículo 85 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, el recurso de apelación se interpondrá: : Ante el Juzgado que hubiera dictado la sentencia que se apele dentro de los quince días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Ante el Juzgado que hubiera dictado la sentencia que se apele dentro de los veinte días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Ante el Juzgado que hubiera dictado la sentencia que se apele dentro de los diez días siguientes al de su notificación, mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dentro de los quince días siguientes al de su notificación mediante escrito razonado que deberá contener las alegaciones en que se fundamente el recurso.

La diferencia entre el contrato de obras y el de concesión de obras es: En que en la concesión de obras el concesionario obtiene como contraprestación el derecho a explotar la obra, o bien dicho derecho acompañado del de percibir un precio. En que en la concesión de obras el concesionario debe subcontratar la ejecución de la obra. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. Las opciones a) y b) son correctas.

El contrato del sector público sujeto a regulación armonizada: Es aquél que supera exclusivamente los 2 millones de euros. Es el que es licitado de forma centralizada por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es un tipo de contrato de los regulados por la Ley de Contratos del Sector Público. Es exclusivamente, un contrato de servicio.

Según el artículo 24 de la Ley9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, los contratos del sector público: Están sometidos exclusivamente a un régimen jurídico de derecho privado. Están sometidos exclusivamente a un régimen jurídico de derecho administrativo . Podrán estar sometidos a un régimen jurídico de derecho administrativo o de derecho privado. Todas las opciones anteriores son correctas.

En los contratos del sector público: No puede incluirse ningún tipo de pacto, cláusulas o condiciones. Solo pueden incluirse pactos que no sean contrarios a los principios de buena administración. Pueden incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones. Podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principio de buen administración.

Un contrato que tenga por objeto la fabricación de una cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario y deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aún cuando esta se obligue a aportar , total o parcialmente, los materiales precisos es: Un contrato de obras. Un contrato mixto. Un contrato de suministro. Un contrato de servicios.

Son principios de la contratación del sector público: Libertad de acceso a las licitaciones. Publicidad y transparencia de los procedimientos. No discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. Todas las opciones anteriores son correctas.

NO forma parte del expediente de contratación: El pliego de cláusulas administrativas particulares. La resolución que acredita que el órgano de contratación no incurre en prohibición de contratar. El pliego de prescripciones técnicas. En los contratos de Servicios, el informe de insuficiencia de Medios.

Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (artículo 99) señale la afirmación incorrecta en relación con el objeto del contrato de los contratos del sector público: Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes. Podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan. Podrán reservarse lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. El objeto de los contratos del sector público, deberá ser determinado.

En el procedimiento abierto: Puede presentar una proposición cualquier empresario legalmente inscrito en el Registro Mercantil. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con los licitadores. Todo empresario interesado podrá presentar una proposición, quedando admitida la negociación de los términos del contrato con los licitadores. La LCSP no regula el procedimiento abierto.

NO es un procedimiento de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas: La subasta. El procedimiento abierto simplificado. El procedimiento abierto. El procedimiento negociado.

La Mesa de Contratación: Es nombrada por el Director General competente. Es un órgano de asistencia del órgano de contratación cuando éste no sea una Junta de Contratación. Sus miembros son nombrados siempre por el Ministro de Hacienda y Función Pública. Solo está constituida por un Presidente y por un Secretario.

La adjudicación de los contratos administrativos se efectuará: Aplicando únicamente criterios de naturaleza objetiva. Utilizando criterios cualitativos y objetivos cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada. Utilizando solo el precio. Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio.

Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado con: Los costes. La calidad. El medioambiente. En ningún caso se puede utilizar un solo criterio de adjudicación.

En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja: NO podrá excluirla del procedimiento de licitación en ningún caso. Podrá excluirla sin necesidad de tramitar procedimiento alguno. En todo caso hay que excluirla del procedimiento de licitación. Solo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del procedimiento que establece el artículo 149 de la LCSP.

En relación con las Mesas de Contratación, señala la respuesta incorrecta: Los miembros de la mesa serán nombrados por el órgano de contratación. En los procedimientos restringidos, la constitución de la Mesa será preceptiva, salvo cuando la competencia para contratar corresponda a una Junta de contratación. En ningún caso podrán formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las ofertas los cargos públicos representativos, ni el personal eventual o interino. Es un órgano de asistencia al órgano de contratación.

Cuando en un procedimiento abierto el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio: La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de treinta días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. La adjudicación deberá recaer en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares. La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de diez días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.

Los contratos que celebren las Administraciones Públicas: Se registrarán en el Registro de Contratos Públicos. Se formalizarán a través de su publicación en el perfil del contratante. Deberán formalizarse en documento administrativo. NO se formalizan.

La formalización de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberá publicarse: En el perfil de contratante del órgano de contratación. Todas las formalizaciones siempre en el Diario Oficial de la Unión Europea. Todas las formalizaciones, siempre en el Boletín Oficial del Estado. No es necesario publicarlos.

En los supuestos en que proceda, la fórmula aplicable de revisión de precios de los contratos del sector público: Deberá estar detallada en el Pliego de clausulas Administrativas. Deberá estar detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas. NO hace falta detallar fórmula alguna. Solo se detallará en el contrato.

Pueden ser objeto de recurso especial en materia de contratación: Exclusivamente los actos de trámite. Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales. Los anuncios de licitación, los pliegos, los documentos contractuales, determinados actos de trámite y los acuerdos de adjudicación. Exclusivamente los Acuerdos de Adjudicación.

Los contratos administrativos podrán ser modificados durante su vigencia: Cuando esté previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares, en los términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Cuando esté previsto en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el de prescripciones técnicas. Cuando así lo acuerden conjuntamente el contratista y el órgano de contratación. Los contratos administrativos no podrán ser modificados en ningún caso.

Son Prerrogativas de la Administración pública en los contratos administrativos, dentro de los límites establecidos por la Ley 9/2017: Interpretarlos y Resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Modificarlos por razones de interés público. Acordar su resolución y determinar los efectos de esta. Todas las opciones anteriores son correctas.

Según la LCSP, los contratos públicos podrán modificarse durante su ejecución por circunstancias sobrevenidas, y en los términos regulados en la ley, que: El órgano de contratación haya establecido en el pliego. Estén regulados en el documento de formalización. Una Administración diligente no hubiera podido prever. Nunca.

Con carácter general, ¿ cuándo se perfeccionan los contratos administrativos de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 ?. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su formalización. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con la adjudicación realizada por el órgano de contratación competente cualquiera que sea el procedimiento o la forma de adjudicación. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con la liquidación del contrato tras su finalización. Con la propuesta de adjudicación efectuada por la Mesa de Contratación.

Según La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el perfil del contratante deberá contener podrá incluir : Información de tipo general que permita relacionarse con el órgano de contratación. Informaciones, anuncios y documentos generales tales como las instrucciones internas de contratación y modelos de documentos. Información particular relativa a los contratos que celebre. las tres opciones anteriores son correctas.

Señale lo que NO es cierto respecto a la Plataforma del Sector Público. El acceso a los interesados se efectuará a través de un portal único. Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales deberán dar publicidad a sus procedimientos de contratación a través de la Plataforma de Contratos del Estado. Es una Plataforma Electrónica que permite dar publicidad a través de Internet de los contratos del Sector Público Estatal. La plataforma deberá contar con un sistema de sellado en tiempo que permita acreditar fehacientemente el inicio de la difusión de la información.

La información que se publique en la plataforma de contratos del sector público: Será en estándares abiertos y reutilizables. No será en estándares abiertos y reutilizables. No hace falta publicar información en la Plataforma de contratos del sector público. Es indiferente.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (ROLECE), acredita las condiciones de aptitud de los empresarios para contratar con: Solo con la Administración General del Estado. Solo con la Administración de las Comunidades Autónomas. Con las Administraciones Públicas del Estado y de las Comunidades Autónomas. Con las Administraciones públicas demás organismos y entidad es del sector público.

Según la LCSP, para participar en licitaciones por el procedimiento abierto simplificado, los licitadores deberán: Estar inscritos en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Haber participado, al menos, en una licitación por el mismo procedimiento. Estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o cuando proceda, en el Registro oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma, en la fecha final de presentación de ofertas, siendo también admisible la proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentación de las ofertas. No hace falta estar inscrito en el Registro Oficial de licitadores y Empresas Clasificadas.

Con carácter general, el acceso a la información del perfil de contratante será. Libre. Restringida. Sometida a identificación previa. No es accesible.

Señale la respuesta correcta: Los datos relativos a las prohibiciones de contratar a que se refiere el articulo 73.2 de la LCSP: NO se harán constar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Se harán constar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público. Se harán constar en determinadas ocasiones. Solo se hacen constar los datos relativos a las clasificaciones otorgadas.

En el Registro de Contratos del sector público se inscribirán: Solo los datos básicos de los contratos adjudicados por la Administración pública Estatal. Exclusivamente los datos básicos de los contratos adjudicados por la Administración de las Comunidades Autónomas. Los datos básicos de los contratos adjudicados por entidades del sector público aunque no estén sujetas a la LCSP. Los datos básicos de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones publicas y demás entidades del sector público sujetas a la LCSP.

El sistema de la Seguridad Social está integrado por: El Régimen General y el Régimen Especial. El Régimen General y los Regímenes Especiales. El Régimen Nacional y el Régimen Autonómico. El Régimen General y el Régimen Nacional.

Señale la respuesta correcta: La Seguridad Social se estructura en un Régimen General, en unos Regímenes Especiales y en unos Sistemas Especiales. La Seguridad Social en su nivel contributivo se estructura en un Régimen General y en unos Regímenes Especiales. El Régimen General de la Seguridad Social se estructura en unos Regímenes Especiales y en unos Sistemas Especiales. La Seguridad Social se estructura en unos Sistemas Especiales.

Señale cuál de los siguientes no es considerado un Régimen Especial a tenor de la Ley de la Seguridad Social: Funcionarios públicos, civiles y militares. Trabajadores del mar. Estudiantes. Trabajadores por cuenta ajena.

¿Existen otros regímenes además del Régimen General?. Sí, se llaman regímenes específicos. Si, son regímenes para jóvenes que estudian y trabajan lejos de sus ciudades. Sí, son los regímenes especiales, por ejemplo: autónomos, trabajadores que realicen labores agrícolas, trabajadores en empresas relacionadas con la minería, etc. No existen otros regímenes distintos al Régimen General.

De acuerdo a lo previsto en el artículo 12 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad, no tendrán la consideración de trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: El cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando no convivan en su hogar y no estén a su cargo. El cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. El cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo. El cónyuge y descendientes en todo caso.

La remuneración que obtengan los trabajadores en concepto de horas extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: No estará sujeta a una cotización adicional, y no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones. Estará sujeta a una cotización adicional, destinada a incrementar los ingresos del Estado, y que no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones. Estará sujeta a una cotización adicional, destinada a incrementar los recursos generales del sistema de la Seguridad Social, y no será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones. Estará sujeta a una cotización adicional y será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.

La obligación de solicitar la afiliación en el caso de trabajadores por cuenta ajena corresponde: Al propio trabajador. Al empresario, respecto a los trabajadores que ingresen a su servicio y no se encuentren ya afiliados. Al trabajador o al empresario indistintamente. A la Inspección de Trabajo.

El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o suspendido.... Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia únicamente. Cuando el beneficiario trabaje por cuenta ajena únicamente. Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena. En ningún caso puede ser denegado, anulado o suspendido.