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Señale la respuesta correcta. Según el Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social: La escolarización de las personas con discapacidad se producirá en centros de educación especial cuando existan necesidades educativas especiales. El centro educativo se decide exclusivamente por las administraciones educativas. Son funciones específicas de los servicios de orientación educativa apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión y, especialmente, en las funciones de orientación, evaluación e intervención educativa. La tipología del centro queda a la libre elección de los padres o tutores legales de la persona con discapacidad.

Señale la respuesta correcta. El Real Decreto legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, reconoce el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y establece que las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial serán de aplicación: Solo si la discapacidad está oficialmente reconocida. Solo a discapacidades de carácter permanente. Únicamente en el ámbito laboral. Aunque no exista reconocimiento oficial de la discapacidad o sea transitoria.

¿Qué función tiene el informe social de entorno en el procedimiento de reconocimiento según el Decreto Ley 14/2025, que modifica el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas?. Solo sirve para confirmar el domicilio del solicitante sin apreciar el entorno social. Garantizar una valoración integral y contextualizada de la situación social de la persona solicitante. Es un documento opcional que no afecta la resolución del reconocimiento. Sustituye al informe médico en el proceso de valoración del grado de dependencia.

Señale la respuesta correcta. Respecto a las actuaciones que corresponden a la Administración de la Generalitat, recogidas en la Ley 11/2003 sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad: Aprobar un Plan Integral de Actuación para las personas con discapacidad, de carácter trienal con dotación presupuestaria propia. Los objetivos del Plan de Integral de Actuación deben ser orientar, consolidar y establecer prioridades en las actuaciones e inversiones de carácter exclusivamente públicas. Investigar, formar, sensibilizar y difundir en la realidad que presenta el sector social de las personas con discapacidad. Establecer los criterios de calidad que han de cumplir exclusivamente los centros privados que actúen en el ámbito de las personas con discapacidad.

Señale la respuesta correcta. Según la Ley 3/2024, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, ¿cuál es el plazo establecido para aprobar un reglamento que definirá los criterios establecidos en el ámbito de aplicación de esta Ley?. Un año desde la publicación de esta norma. Dos años desde la publicación. Seis meses desde su publicación. No se establece un plazo concreto.

Señale la respuesta correcta. ¿Qué cambio legal permitió la intervención regular de psicólogos y trabajadores sociales en procesos judiciales de familia?. El Real decreto 1322/81 de constitución de los juzgados de familia. El Decreto 87/2017 del Consell sobre la estructura de la Conselleria de Justicia. La Ley 15/2005 que modificó aspectos del Código Civil. La Ley 1/2004 contra la violencia de género.

Señale la respuesta correcta. Según el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, ¿Cuál es el plazo máximo para emitir un informe del equipo técnico?. 5 días. 10 días, prorrogable hasta un mes. 15 días, sin posibilidad de prórroga. 30 días.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 26 del Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas, las prestaciones económicas reguladas en el presente decreto se devengarán. Mensualmente y serán abonadas mediante transferencia bancaria a una cuenta de titularidad de la persona beneficiaria, en los cinco primeros días del mes siguiente al de la prestación del servicio. Trimestralmente y serán abonadas mediante transferencia bancaria a una cuenta de titularidad de la persona beneficiaria, en los cinco primeros días del mes siguiente al de la prestación del servicio. Anualmente y serán abonadas mediante transferencia bancaria a una cuenta de titularidad de la persona beneficiaria, en los cinco primeros días del mes siguiente al de la prestación del servicio. Semestralmente serán abonadas mediante transferencia bancaria a una cuenta de titularidad de la persona beneficiaria, en los cinco primeros días del mes siguiente al de la prestación del servicio.

Señale la respuesta correcta. Según la OMS, ¿qué elemento NO forma parte de los ejes centrales del maltrato hacia personas mayores?. Un vínculo, a priori significativo y personalizado que genera expectativa de confianza. La intencionalidad o no intencionalidad (falta de acción u omisión). El resultado de daño o riesgo significativo de daño. Autonomía económica de la persona mayor.

¿Cuánto es el nivel mínimo de protección garantizado por la Administración General del Estado para las personas con Grado III+ de dependencia extrema? Seleccione una de las siguientes respuestas posibles. 3.600 euros al mes. 4.930 euros al mes. 9.859 euros al mes. 2.274 euros al mes.

De acuerdo con la Ley 8/2024, de 30 de diciembre, de accesibilidad universal de la Comunitat Valenciana, en el ámbito de los centros y servicios sociales, ¿qué consecuencia específica se establece si no se realizan los ajustes razonables exigidos en el plazo requerido?. La conselleria debe elaborar un plan anual de actuaciones e inversiones para subsanar la deficiencia. El cierre del centro o la clausura del servicio como medida cautelar, además de proseguir el procedimiento sancionador. Se iniciará el procedimiento sancionador, pero no se podrá cerrar el centro hasta que este finalice. Se debe impulsar la teleasistencia como alternativa para los usuarios afectados.

En el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito en su artículo 8, Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo, en su primer párrafo, dice lo siguiente: El acceso por parte de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas será siempre gratuito y universal. Estos servicios deberán garantizarse antes, durante y por un período de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal. El acceso por parte de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas será siempre público y gratuito. Estos servicios deberán garantizarse antes, durante y por un período de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal. El acceso por parte de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas será siempre gratuito y confidencial. Estos servicios deberán garantizarse antes, durante y por un período de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal. El acceso por parte de las víctimas a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administraciones Públicas y por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas será siempre libre, gratuito y confidencial. Estos servicios deberán garantizarse antes, durante y por un período de tiempo adecuado después de la conclusión del proceso penal.

En el Decreto Ley 7/2024, de 9 de julio, del Consell, de simplificación administrativa de la Generalitat, el Artículo 86, Modificación de la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en lo relativo a solicitud y documentación, dice que para tramitar las ayudas reguladas en dicha orden será necesaria: Cuando se aleguen responsabilidades familiares y exista, o no, convivencia, documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social extendido a nombre de la solicitante en la que aparezca el familiar a cargo como persona beneficiaria. Cuando se aleguen responsabilidades familiares y exista convivencia, documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social extendido a nombre de la solicitante en la que aparezca el familiar a cargo como persona beneficiaria. Si no existe convivencia, convenio o resolución judicial en el que la solicitante quede obligada a la prestación de alimentos. Cuando se aleguen responsabilidades familiares y exista convivencia, documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social extendido a nombre de la solicitante en la que aparezca el familiar a cargo como persona beneficiaria. Si no existe convivencia, libro de familia. Cuando se aleguen responsabilidades familiares y exista convivencia, documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social extendido a nombre de la solicitante en la que aparezca el familiar a cargo como persona beneficiaria. Si no existe convivencia, certificado de nacimiento.

En la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la CV, artículo 16, Derecho a indemnizaciones por causa de muerte, punto 1, apartado a), cuando la víctima mortal sea la mujer víctima de violencia de género, subapartado i) dice lo siguiente. Las personas ascendientes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En defecto de estas, las personas descendientes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En defecto de estas, las personas en segundo grado en línea colateral de la mujer víctima. Las personas descendientes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En defecto de estas, las personas ascendentes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En defecto de estas, las personas en segundo grado en línea ascendente de la mujer víctima. Las personas descendientes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En defecto de estas, las personas ascendentes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En defecto de estas, las personas en segundo grado en línea colateral de la mujer víctima. Las personas descendientes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En defecto de estas, las personas ascendentes en primer grado en línea recta de la mujer víctima. En defecto de estas, las personas en segundo grado en línea descendente de la mujer víctima.

En la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la CV, en el artículo 64, Centros Mujer, 1er párrafo, dice lo siguiente: Son centros Mujer, dependientes de la Generalitat, aquellos donde se preste una atención integral especializada y personalizada a las mujeres víctimas de malos tratos físicos o psíquicos, abusos o agresiones sexuales y acoso sexual en el ámbito laboral o educativo. Son centros Mujer, dependientes de la Generalitat, aquellos donde se preste una atención integral especializada y personalizada a las mujeres víctimas de violencia física o psíquica, abusos o agresiones sexuales y acoso sexual en el ámbito laboral o educativo. Son centros Mujer, dependientes de la Generalitat, aquellos donde se preste una atención integral especializada y exclusiva a las mujeres víctimas de malos tratos físicos o psíquicos, abusos o agresiones sexuales y acoso sexual en el ámbito laboral o educativo. Son centros Mujer, dependientes de la Generalitat, aquellos donde se preste una atención integral especializada y exclusiva a las mujeres víctimas de malos tratos físicos o psíquicos, abusos o agresiones sexuales y acoso sexual en el ámbito familiar, laboral o educativo.

Señala la respuesta INCORRECTA. Respecto a los órganos de gobierno del Consejo Valenciano de Personas Mayores, la Ley 9/2004, de 7 de diciembre, de la Generalitat, del Consejo Valenciano de Personas Mayores, establece lo siguiente: La condición de miembro del Consejo se perderá por pérdida de la condición política de valenciano. La condición de miembro del Consejo se perderá por incurrir en causa de incompatibilidad, no resuelta en el plazo máximo de 20 días. Fallecimiento o inhabilitación declarada por resolución judicial firme. La condición de miembro del Consejo se perderá por renuncia expresa.

Señale la respuesta correcta. La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, tiene por objeto: Configurar el marco jurídico de actuación de los poderes públicos valencianos en el ámbito de los servicios sociales, dado su carácter de interés general para la CV. Establecer el marco de participación para que los servicios sociales sean prestados con los criterios, requisitos y estándares óptimos de calidad, eficiencia y accesibilidad. Promover la inclusión en el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales garantizando, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, el derecho objetivo al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. Regular y ordenar las formas de colaboración para garantizar la adecuada financiación económica del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, entre las diferentes entidades supramunicipales y la Generalitat.

Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 24 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV. Los departamentos de servicios sociales son las demarcaciones territoriales en las que se organizan las funciones propias de la atención secundaria, de acuerdo con los principios de coordinación, trabajo en red e interdisciplinariedad con la atención primaria. Los departamentos de servicios sociales estarán formados por una o varias áreas de servicios sociales, agrupadas de acuerdo con lo establecido en el Mapa de servicios sociales de la CV, atendiendo a criterios de proximidad, accesibilidad, funcionalidad, equidad, eficacia, eficiencia y equidad territorial. Los departamentos de servicios sociales de varias provincias serán coordinados y supervisados por la dirección territorial correspondiente de la Conselleria competente en servicios sociales. Las personas supervisoras de departamentos tendrán la consideración de personal de atención directa y junto con la unidad administrativa y técnica de apoyo, supervisará la correcta implantación y desarrollo del conjunto de prestaciones del Catálogo de prestaciones del SPVSS que se despliegan en estas demarcaciones.

Señale la respuesta correcta. En la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, se establece que la actualización de la Cartera de prestaciones del Sistema Público Valenciano de SS: Se realizará mediante decreto-ley del Consell, al menos trimestralmente, a propuesta de la conselleria competente en materia de servicios sociales. Se realizará mediante decreto del Consell, al menos bienalmente, a propuesta de la conselleria competente en materia de servicios sociales. Se realizará mediante decreto-ley del Consell, al menos anualmente, a propuesta de la conselleria competente en materia de servicios sociales. Se realizará mediante Orden del Consell, bienalmente, a propuesta de la conselleria competente en materia de servicios sociales.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 94 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, la participación cívica: En el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales se articulará por medio de los órganos de participación ciudadana y de los procedimientos participativos que establece esta ley, la participación en el ámbito de los centros, el voluntariado social o cualquier otra acción que sea pertinente. Las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociosanitarios garantizarán la existencia de vías efectivas que faciliten la participación cívica en la planificación, el funcionamiento y la evaluación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. El objeto de la participación cívica será mejorar los procesos participativos en la toma de decisiones y priorizar el sistema a las necesidades de las personas usuarias de los servicios sociales. La composición de órganos de participación preverá la presencia de las administraciones locales y las entidades profesionales, y de todas las organizaciones sindicales y empresariales de la CV.

Señale la respuesta correcta. A los efectos de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la Comunitat, se considera urgencia social: Aquella situación de carácter excepcional o extraordinario y puntual que requiera una actuación inmediata por parte de los equipos profesionales de servicios sociales, sin la cual podría producirse un agravamiento o un deterioro de la situación de vulnerabilidad de la persona o, en su caso, la unidad de convivencia. Aquella situación de carácter excepcional que provoca situaciones de vulnerabilidad y desprotección social sobrevenidas e inesperadas. Aquella situación prolongada o no que puede ser considerada como urgente y prioritaria que requiera de una actuación extraordinaria por parte de los equipos profesionales de servicios sociales. Situaciones de emergencia social accidentes, catástrofes o estados de vulnerabilidad y desprotección social sobrevenidas e inesperadas.

Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 116 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, con respecto a la calidad de los servicios en los servicios sociales: Los niveles de calidad serán exigibles a todas las prestaciones del Sistema Público Valenciano de SS y se podrán fijar respecto a los recursos materiales y equipamientos, los recursos humanos y los procesos de gestión. Para desarrollar los procesos de certificación de la calidad en el Sistema Público Valenciano de SS se contará con Autoridades de Certificación. Para asegurar el desarrollo y la aplicación de los procesos de calidad, en el plan estratégico de servicios sociales de la CV se incluirá la estrategia de calidad. Corresponde a la Conselleria competente en materia de servicios sociales, en colaboración con las entidades locales, la mejora continua de la calidad de los servicios.

Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 131, de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, el personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, estará autorizado a: Visitar el domicilio de las personas beneficiarias de prestaciones para verificar la calidad de la asistencia y la atención prestada, y poder comprobar los requisitos y las condiciones necesarias, con la solicitud previa de permiso y con el consentimiento de sus titulares. Acceder a todas las instalaciones y a la documentación para la comprobación de los requisitos de las entidades de servicios sociales, y valorar su adecuación a la normativa que les resulte aplicable. Acceder a la historia social única de las personas usuarias de algunos de los servicios sociales regulados en esta ley, con objeto de garantizar la atención residencial y asistencial adecuada. Realizar el cierre y el cese de la actividad de los servicios que no disponen de la autorización de funcionamiento preceptiva, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 58, relativo a la autorización.

Señala la respuesta correcta. De acuerdo exclusivamente con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del Sistema Público Valenciano de SS. Las personas interesadas en cualquiera de los procedimientos administrativos que se regulan en los títulos I y II de este decreto deberán comunicarse con la administración exclusivamente mediante la utilización de medios electrónicos. Incorpora la posibilidad de presentación de solicitudes, declaraciones responsables y comunicaciones mediante documentos electrónicos normalizados. Si las personas físicas o jurídicas presentan escritos, comunicaciones o documentación en soporte no electrónico, serán requeridas por la Administración para que subsanen, en el plazo de cinco días, a través de su presentación electrónica. La tramitación electrónica regulada en este decreto tendrá carácter voluntario para las personas interesadas.

Señala la respuesta correcta. El Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del Sistema Público Valenciano de SS, establece que en el caso de que la oficina técnica responsable de proyectos y obras informe que la documentación técnica presentada es deficiente o incorrecta, lo comunicará al órgano competente en materia de autorización para que este requiera a la persona física o jurídica interesada a subsanar las deficiencias indicadas en dicho informe en el plazo máximo de: Un mes. Tres meses. Diez días. Veinte días.

Señala la respuesta correcta. Según el Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la CV por entidades de iniciativa social, es un principio general de la acción concertada: La participación activa de las personas que utilizan los servicios. La solidaridad. La eficiencia presupuestaria. Todas son correctas.

Señala la respuesta INCORRECTA. Respecto al acogimiento familiar especializado grado 1, las personas y familias que se ofrecen para realizar acogimientos especializados, el Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar establece lo siguiente: No es requisito que tengan una formación superior, siempre que estén cualificadas para ello. Deberán siempre contar con una formación superior. Deberán estar cualificadas con una formación superior, que guarde relación con el ámbito sanitario, sociocomunitario o socioeducativo. Deberán estar cualificadas con una formación superior, que guarden relación con el ámbito sanitario, sociocomunitario o socioeducativo que resulte pertinente y adecuado al perfil de las niñas, niños y adolescentes indicados susceptibles de acogimiento especializado, según el Decreto.

Señale la respuesta correcta. Respecto a la Comisión Permanente del Consejo Valenciano de Personas Mayores, la Ley 9/2004, de 7 de diciembre, de la Generalitat, del Consejo Valenciano de Personas Mayores, indica: La Comisión Permanente adoptará sus acuerdos cuando estén presentes, al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo caso, el presidente y el secretario o quien, legalmente, les sustituya. Sólo se podrán adoptar acuerdos sobre los puntos fijados en el orden del día, en cualquier caso. Todos los acuerdos se adoptarán por la mayoría simple más uno de los asistentes, dirimiendo los empates el voto del presidente. La Comisión Permanente se reunirá al menos una vez al semestre y de forma extraordinaria cuando sea convocada por la Presidencia o a petición de un tercio de sus miembros.

Señala la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 4/25, de 22 de mayo, de voluntariado de la CV, se consideran ámbitos de actuación del voluntariado, entre otros, los siguientes: Voluntariado ambiental, intergeneracional, digital. Voluntariado educativo, en materia de consumo, de acogida. Voluntariado de protección civil, europeo, corporativo. Voluntariado mercantil, financiero y bursátil.

Según la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. ¿Qué obligación tienen los centros de servicios sociales hacia las personas mayores LGTBI?. Los centros, servicios y programas de servicios sociales destinados a personas mayores, tanto públicos como privados, garantizarán el derecho a la no discriminación de personas en atención a su orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar, ya sea en su individualidad como en su relación sentimental. Reservar un cupo de plazas específico. Proporcionar únicamente actividades recreativas. No tienen obligaciones específicas.

El objeto principal de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión es: Regular el subsidio estatal por desempleo. Establecer el régimen jurídico de la renta valenciana de inclusión. Crear un sistema de pensiones asistenciales. Fomentar exclusivamente la vivienda social.

¿Según el artículo 71 del Decreto 27/2023 por el que se regulan la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de SS. ¿Cuál de los siguientes servicios se adscribe a la atención secundaria dentro del Sistema Público Valenciano de SS?. La teleasistencia. El servicio de ayuda a domicilio. El servicio de centro de día y de noche. El servicio de atención residencial.

Respecto al acuerdo de inclusión, previsto en el artículo 22 de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión: Es un documento unilateral de la administración que impone las obligaciones a la persona titular. Se elabora de forma conjunta entre los servicios sociales y la persona titular, con compromisos mutuos. Se limita al ámbito laboral, sin incluir aspectos sociales o educativos. Tiene una vigencia máxima de seis meses y no puede renovarse.

¿Según el Decreto 19/2018 por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la CV, para que se reconozca y se mantenga la condición de familia monoparental o en situación de monoparentalidad, cada persona descendiente debe cumplir una de las condiciones siguientes: No depender económicamente de la unidad familiar. Tener reconocido un grado inferior al 33 por ciento de discapacidad, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. Las personas integrantes de la unidad familiar deben tener su residencia efectiva en algún municipio de la CV con un período mínimo de 6 meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Ser menor de 26 años.

Según el Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la CV, ¿cuál es el plazo máximo para resolver y notificar la solicitud del título de familia monoparental?. No depender económicamente de la unidad familiar. Tener reconocido un grado inferior al 33 por ciento de discapacidad, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. Las personas integrantes de la unidad familiar deben tener su residencia efectiva en algún municipio de la CV con un período mínimo de 6 meses ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud. Ser menor de 26 años.

En el marco del Título III sobre la coordinación en los equipos de servicios sociales, del Decreto 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales, ¿qué función NO corresponde a la Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento de Prestaciones Económicas?. Garantizar el mantenimiento de criterios homogéneos en la resolución de las ayudas. Asumir un carácter preceptivo en su constitución y desarrollo. Tener conocimiento de las prestaciones económicas prescritas y concedidas por trámite de urgencia. Supervisar la ejecución y realizar evaluaciones continuas del contrato programa en su ámbito territorial.

Cuál es la responsabilidad de la persona profesional de asistencia terapéutica infantil según el Decreto Ley 14/2025 que modifica el Decreto 62/2017 de 19 de mayo del Consell por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas?. Tiene un rol de asistencia y acompañamiento en hospitales, apoyo personal y familiar, intervención bio-psico-social individualizada y centrada en la persona, mediador social con iguales y entorno. Realizar únicamente tareas administrativas en centros educativos sin contacto directo con menores. Preparar planes de estudio sin intervención en la rehabilitación o acompañamiento individualizado. Impulsar todas las capacidades y fortalezas en la primera etapa de vida, mejorando habilidades y fomentando la integración y rehabilitación de las condiciones neurofísicas centrados en su inclusión y desarrollo integral.

De conformidad con lo establecido en la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la CV ¿quién tiene asignada entre sus funciones la conservación y custodia de los expedientes de mediación?. El Centro de Mediación de la CV. La Generalitat a través de la conselleria competente en materia de mediación. Las entidades mediadoras. El Consejo Asesor de Mediación de la CV.

Según se establece en el artículo 27 de la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la CV, las personas mediadoras tendrán derecho a: Recibir una compensación económica u honorarios por su actuación profesional y el reintegro de los gastos que se hayan generado en el desempeño de su función, incluso en el caso de que se trate de empleados públicos en el ejercicio de su función pública. Recibir una compensación económica u honorarios por su actuación profesional y el reintegro de los gastos que se hayan generado en el desempeño de su función, siempre que no se trate de empleados públicos en el ejercicio de su función pública. Recibir únicamente por su actuación profesional, el reintegro de los gastos que se hayan generado en el desempeño de su función, siempre que no se trate de empleados públicos en el ejercicio de su función pública. Recibir únicamente por su actuación profesional, el reintegro de los gastos que se hayan generado en el desempeño de su función, incluso en el caso de que se trate de empleados públicos en el ejercicio de su función pública.

En relación con el deber de confidencialidad al que se hace referencia en la Ley 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la CV, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, según el texto?. La infracción del deber de confidencialidad puede ser excusada totalmente si se hace con fines estadísticos. Las sesiones de mediación podrán grabarse sin autorización si el fin es solo de investigación o divulgación científica. El deber de confidencialidad solo puede excepcionarse cuando así lo prevea la legislación estatal. El deber de confidencialidad se extiende a todas las personas e instituciones públicas o privadas que intervengan en la mediación.

¿Cuál es el objeto principal de la Ley 8/2024, de 30 de diciembre, de accesibilidad universal de la CV?. Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, en orden a conseguir la vida autónoma, participativa e independiente de todas las personas, con independencia de su condición física, sensorial, intelectual y cognitiva. Definir los diferentes tipos de discapacidad y dificultades especiales que existen. Regular exclusivamente el acceso a centros sanitarios y educativos para personas con discapacidad. Establecer un plan de inversiones en infraestructuras y centros de la red de atención primaria.

¿Qué se entiende por “Accesibilidad universal” en el marco de la Ley 8/2024, de 30 de diciembre, de accesibilidad universal de la CV?. La actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen los entornos para ser usados por todas las personas. La condición que deben cumplir los entornos, procesos, herramientas y dispositivos, para ser practicables, comprensibles y utilizables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad. La característica de los entornos, procesos, actividades, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que permiten la fácil comprensión y la comunicación. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada.

¿Qué documento debe acompañar la solicitud para el reconocimiento del grado de dependencia según el Decreto Ley 14/2025, que modifica el Decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas?. El ejemplar original de informe/informes de salud en el que consten los datos de la persona solicitante, así como los del facultativo que lo emite y firma. Un certificado de empadronamiento extendido por la conselleria competente sin informe médico. Una documentación donde conste la declaración de voluntad de la persona sin comprobación médica. Solo debe acompañar la solicitud de reconocimiento sin necesidad de ningún documento médico.

De conformidad con el Decreto 126/2022, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se crean y regulan los comités de ética del Sistema Público Valenciano de SS, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la función de los Comités de Ética ante discrepancias de criterio?. Los Comités de Ética de zona o de centro pueden emitir dictámenes, siempre y cuando lo hagan por unanimidad. Ante eventuales discrepancias entre los diversos comités, prevalecerá el criterio del Comité de Ética de Zona, ya que son los más cercanos a los casos. El Comité de Ética de los SS de la CV es el único órgano competente para emitir dictámenes, prevaleciendo su criterio ante discrepancias. El resto de comités (distintos al autonómico) pueden emitir dictámenes, pero tienen la obligación de elevarlos al Comité de Ética de la CV para su ratificación.

¿Cuál de las siguientes funciones tiene atribuida, por el Decreto 126/2022, de 30 de septiembre, del Consell, por el que se crean y regulan los comités de ética del Sistema Público Valenciano de SS, el Comité de Ética de los Servicios Sociales de la CV?. Emitir juicios sobre la responsabilidad de los profesionales implicados en un caso. Proponer sanciones ante conflictos éticos graves. Adoptar decisiones de carácter vinculante para resolver dilemas éticos. Elaborar y proponer un Código Ético para los SS valencianos.

La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, señala la protección especial de los hijos e hijas menores de edad de víctimas de violencia de género prevista en el ordenamiento jurídico como: Un ámbito de aplicación, según el artículo 2. Un principio rector, según el artículo 3. Una línea de actuación, según el artículo 4. Una de las políticas integrales, según el artículo 5.

La Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, con respecto al derecho de relación y convivencia, establece que. Los poderes públicos deben velar por la protección del principio de corresponsabilidad en el cuidado y la educación de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Los poderes públicos deben velar por la protección del principio de coparentalidad en el cuidado y la educación de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Los poderes públicos deben velar por la protección del principio de cooperación en el cuidado y la educación de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Los poderes públicos deben velar por la protección del principio de coordinación en el cuidado y la educación de los niños, de las niñas y de los adolescentes.

Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes llevará a cabo su labor en el ámbito: Familiar. Educativo. Sanitario. De los servicios sociales.

¿Qué artículo de la Ley 39/2006 establece que las comunidades autónomas deben determinar los órganos de valoración de la situación de dependencia? Señale la respuesta correcta: Artículo 11. Artículo 27. Artículo 49. Artículo 34.

Señale la opción INCORRECTA. En el Título IV de la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, se establece que, en materia de atención socioeducativa de personas menores de edad en conflicto con la ley, además de los principios recogidos en el artículo 3 de dicha ley, se observarán los siguientes: La garantía del derecho a ser informada, en formato accesible y comprensible, de los derechos que les corresponden, en particular los previstos en la Ley orgánica 5/2000 y en los tratados internacionales de los que España sea parte, especialmente la Convención de derechos del niño, con la asistencia y apoyos necesarios para ejercerlos durante la ejecución de las medidas judiciales. El carácter estrictamente colegiado y jerárquico en la toma de decisiones que afecten o puedan afectar a la persona menor de edad. La inmediatez, a fin de garantizar la eficacia educativa de las medidas aplicadas, evitando demoras indebidas y arbitrando los medios que faciliten este fin. La accesibilidad universal.

Señale la opción correcta. Según la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, se denominan programas de medio abierto aquellos destinados a la ejecución de alguna de las siguientes medidas previstas en la Ley 5/2000: Tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, y realización de tareas socioeducativas. Tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, ayudas a la emancipación, y realización de tareas socioeducativas. Tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, y actuaciones dirigidas a la inserción laboral. Tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, y preparación para la vida independiente.

Señale la opción INCORRECTA respecto a lo que establece la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, sobre las residencias socioeducativas para personas menores de edad en conflicto con la ley: Estas residencias serán de titularidad y gestión de la Generalitat. Excepcionalmente podrán concertarse con otras entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. Todas las residencias socioeducativas deberán disponer de un proyecto global, que recoja la identidad de la residencia, el proyecto técnico de actuación y las normas de funcionamiento y convivencia. Corresponde a la directora o al director de la residencia ejercer la tutela de las personas menores de edad internadas en él, de acuerdo con la legislación vigente. La conselleria competente en materia de la ejecución de las medidas de responsabilidad penal de personas menores de edad supervisará las residencias socioeducativas al menos una vez al semestre y siempre que así lo exijan las circunstancias.

De acuerdo con la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, proteger la imagen del menor desde su nacimiento hasta después de su fallecimiento es: Uno de los principios y criterios generales de interpretación del interés superior del menor. Un derecho a la atención integral. Uno de los fines perseguidos por las disposiciones de esta Ley. Un deber de comunicación de contenidos ilícitos en Internet.

La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia establece que promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos es una de las funciones encomendadas: Al Delegado o Delegada de protección. Al Coordinador o Coordinadora de bienestar y protección. Al Defensor o Defensora del menor. A los agentes de protección.

Respecto a la tramitación de ofrecimientos de adopción nacional la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, establece que: Se iniciará de oficio el procedimiento de declaración de idoneidad, siendo el plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento de nueve meses. Se iniciará a solicitud de la persona interesada el procedimiento de declaración de idoneidad, dando prioridad a los ofrecimientos para la adopción abierta y a aquellos otros que supongan una alternativa familiar para las niñas, niños o adolescentes con menos posibilidades de ser adoptados. Se iniciará a solicitud de la persona interesada el procedimiento de declaración de idoneidad, siendo el plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento de nueve meses. El inicio de la tramitación se ordenará atendiendo al proyecto adoptivo contemplado en el ofrecimiento, dando prioridad a los ofrecimientos para la adopción abierta y a aquellos otros que supongan una alternativa familiar para las niñas, niños, o adolescentes con menos posibilidades de ser adoptados.

En el Decreto 165/2016, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se crea y regula la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito, en su Artículo 10. Asistencia a la víctima, punto 3, dice lo siguiente: La asistencia comprenderá las siguientes fases: a) Acogida-orientación. b) Recogida de datos. c) Intervención. d) Seguimiento. La asistencia comprenderá las siguientes fases: a) Acogida. b) Orientación. c) Intervención. d) Seguimiento. La asistencia comprenderá las siguientes fases: a) Acogida-orientación. b) Información. c) Intervención. d) Seguimiento. La asistencia comprenderá las siguientes fases: a) Acogida-orientación. b) Información. c) Intervención. d) Mediación.

Señale la respuesta INCORRECTA. Sobre el reconocimiento y titulares de derechos recogidos en el Estatuto de las Personas con Discapacidad (Ley 11/2003): Serán titulares de los derechos las personas con discapacidad y nacionalidad española que tengan o adquieran su vecindad administrativa en cualquier municipio de la CV. Los extranjeros que, teniendo discapacidad, residan legalmente, temporal o permanentemente en España, conforme a la legislación de extranjería, y tengan o adquieran su vecindad administrativa en cualquier municipio de la CV. Las personas con discapacidad y nacionalidad española con independencia de su vecindad administrativa. El disfrute de los derechos reconocidos en esta ley a las personas con discapacidad o con movilidad reducida o necesidad de apoyo generalizado por motivo de su discapacidad, requerirá de la correspondiente acreditación de tales circunstancias, mediante resolución de los órganos administrativos que tengan atribuida la competencia para la valoración y calificación de las discapacidades.

Señale la respuesta correcta. Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, la planificación y evaluación de las prestaciones en el sistema público Valenciano de servicios sociales es un principio rector. De gestión de carácter territorial, administrativo y organizacional. De carácter metodológico. Orientador de la intervención. De carácter general y transversal.

Señale la respuesta correcta. Según la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV: Los servicios sociales valencianos están formados por el conjunto de prestaciones, centros y programas de titularidad pública, destinados a la prevención y atención de las necesidades personales y sociales, como garantía de la inclusión social. Los servicios sociales valencianos están formados por el conjunto de prestaciones y servicios, de titularidad pública y privada, así como por los planes, estrategias y proyectos destinados a la prevención, promoción de la autonomía personal de carácter integral y atención de las necesidades personales, familiares y sociales, así como la garantía de la inclusión social. Los servicios sociales valencianos están conformados por una red articulada de servicios de responsabilidad pública y privada que constituye una estructura funcional, territorial y competencialmente integrada. Los servicios sociales valencianos tienen carácter de servicio público especial, porque de este se derivan prestaciones indispensables para satisfacer las necesidades básicas personales y mejorar las condiciones de la calidad de vida de la ciudadanía.

Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, el Servicio de acción comunitaria: Desarrollará la prevención, intervención y promoción de la convivencia en la comunidad de referencia. Debe promocionar actuaciones preferentes hacia la interculturalidad y el acoso y ciberacoso sexual, entre otros. Este servicio se debe potenciar especialmente en los espacios urbanos calificados de vulnerables. Debe desarrollar actuaciones referentes a prevención de los delitos de odio, la sensibilización hacia el respeto de la diversidad social y cultural, entre otros.

Señale la respuesta correcta. El Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de SS, en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, establece que la Garantía de ingresos básicos: Es una prestación económica garantizada que tiene por objeto la adquisición o acceso a un servicio de atención, de carácter personal y periódico. Es una prestación económica garantizada que tiene por objeto paliar temporalmente la ausencia o la insuficiencia de ingresos, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente. Es una prestación económica garantizada que tiene por objeto dar apoyo a la promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia y garantizar el derecho a vivir de forma independiente. Es una prestación económica garantizada que tiene por objeto mejorar las situaciones de vulnerabilidad económica, social, laboral y cultural de las personas, para facilitar su inclusión social y la cobertura de sus necesidades básicas.

Según el Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la CV, ¿Cuándo una familia monoparental se considera de categoría especial?. Si cuentan con una persona descendiente. Que los ingresos anuales de la unidad familiar, incluidas las pensiones de alimentos, divididos por el número de unidades de consumo calculados conforme al artículo 2, no superan el 100 % del IPREM vigente calculado en doce mensualidades. Que una persona descendiente tenga reconocido un grado de discapacidad inferior al 33 por ciento, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez. Que la persona que encabeza la unidad familiar no tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento, la incapacidad permanente absoluta o la gran invalidez.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 39 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la CV, la Cartera de prestaciones del Sistema Público Valenciano de SS: Será aprobada por orden de la Conselleria de SS después de consultar al Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales, y tras el dictamen preceptivo del Comité Econòmic i Social de la CV. Será aprobada por decreto del Consell después de consultar al Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales, y tras el dictamen preceptivo del Comité Econòmic i Social de la CV. Es el instrumento por el cual se identifica y determina el conjunto de características solo de las prestaciones garantizadas del Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de SS. Es el instrumento por el cual se determina el conjunto de características de las prestaciones económicas del Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de SS.

Señale la respuesta correcta. Según lo dispuesto en artículo 74 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de los servicios sociales inclusivos de la Comunitat, sobre el derecho de acceso de las personas usuarias a la historia social única: Todas las personas del Sistema Público Valenciano de SS deben tener una historia social única, vinculada al número de registro del sistema de información poblacional, que deberá ser iniciado siempre y en todo caso en la atención primaria del Sistema Público Valenciano de SS. Las personas de servicios sociales, indirectamente o por medio de representación acreditada debidamente, tienen el derecho de acceso a los documentos y los datos de su historia social única y a obtener copia de estos en formato accesible. En el supuesto de las personas menores de edad o con capacidad modificada judicialmente, sólo podrán ejercer el derecho de acceso la persona titular de la patria potestad o tutela. En el caso de personas usuarias de servicios sociales difuntas, solo se facilitará el acceso a la historia social única a personas herederas por razones familiares o de hecho, salvo que la persona fallecida lo haya prohibido expresamente y así se acredite.

Señala la respuesta INCORRECTA. El Decreto 59/2019, de 12 de abril, de ordenación del Sistema Público Valenciano de SS, establece que: Cuando se proceda a la cancelación de un número registral, dicho número se podrá asignar a una nueva persona titular, servicio o centro. La inscripción de las personas físicas o jurídicas titulares de actividades de servicios sociales no comportará, por sí sola, la autorización de los centros registrados. El órgano competente en materia de inscripción de titulares de actividades de servicios sociales comunicará a la persona física o jurídica solicitante, en el plazo de un mes siguiente a la recepción de la solicitud, el plazo máximo establecido para la resolución y notificación del procedimiento. La inscripción de las personas físicas o jurídicas titulares de actividades de servicios sociales comportará, por sí sola, la autorización de los centros registrados.

Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 3/2024, para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible: El plazo máximo para resolver una revisión del grado de discapacidad solicitada por una persona con ELA será de tres meses. La resolución de calificación del grado de dependencia otorgará un Grado I desde el diagnóstico de la enfermedad. La revisión del grado de dependencia deberá producirse en el plazo máximo de tres meses desde el diagnóstico de la enfermedad. La revisión del grado de discapacidad podrá solicitarse en cualquier momento a instancia de la persona interesada incluida en el ámbito de aplicación de esta norma.

Señala la respuesta correcta. El Decreto 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la CV por entidades de iniciativa social, indica respecto a las indemnizaciones legales por despido del personal directamente vinculado al servicio o centro concertado que tengan su origen en la decisión de la Administración de rescindir servicios, centros y plazas, cuya responsabilidad sea ajena a los titulares de las entidades concertadas que: Serán asumidas siempre por la Administración. Serán asumidas por la entidad concertada pudiendo ser resarcidas por la Administración, en cualquier caso. En el caso de ser una decisión unilateral de la Administración, será asumida por ésta, en cualquier caso. La Administración no resarcirá a la entidad si ésta ha incumplido los requisitos de la normativa laboral.

Señala la respuesta INCORRECTA. Con relación al Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar: El acogimiento especializado únicamente podrá ser formalizado con personas y familias que hayan sido declaradas aptas para acoger en esta modalidad y reúnan los requisitos establecidos. Cuando la guarda de la persona menor de edad haya sido atribuida a un hogar, o residencia o institución dedicada a ello, la formación y valoración de la persona o familia que se ofrezca para las salidas de estancias, fines de semana y vacaciones podrá ser realizada por personal técnico del centro. El carácter especializado del acogimiento se reconocerá siempre previamente a su formalización o respecto a acogimientos ya formalizados. Podrán ser acogidas con carácter especializado grupos de niñas, niños y adolescentes.

Indique la respuesta INCORRECTA acerca del reconocimiento de la situación de discapacidad de las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, recogido en la Ley 3/2024: Se considerará, a todos los efectos, que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma que sean pensionistas de la Seguridad Social y tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. Se considerará también, a todos los efectos, que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley que tengan reconocida la situación de dependencia. Se considerará, a todos los efectos, que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta norma que sean pensionistas de clases pasivas y tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. Se considerará también, a todos los efectos, que presentan una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento las personas incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley que tengan reconocida la situación de dependencia en Grado I.

Señala la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 4/25, de 22 de mayo, de voluntariado de la CV, es un deber de las entidades de voluntariado: Seleccionar a las personas voluntarias sin discriminación alguna. Suspender la colaboración voluntaria de las personas que infrinjan su compromiso de colaboración. Incorporar la figura de la persona coordinadora de voluntariado de acuerdo con las normas de funcionamiento interno definidas por la entidad. Concurrir a las medidas de apoyo y fomento para la actividad voluntaria.

En el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, en su artículo 17, Objetivos de las Oficinas, dice lo siguiente: Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como objetivo general prestar una asistencia universal, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como objetivo general prestar una asistencia de carácter público, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicoterapéutico y social. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas tienen como objetivo general prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas como consecuencia del delito y dar respuesta a las necesidades específicas en el ámbito jurídico, psicológico y social.

Señale la respuesta correcta. Según el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores Qué profesionales integran el equipo técnico y cuál es su función principal?. Psicólogos, educadores y trabajadores sociales que asisten técnicamente a jueces y Ministerio Fiscal, y apoyan al menor desde la detención. Abogados y jueces especializados que representan legalmente al menor. Personal de seguridad especializado en la vigilancia de los centros de internamiento. Policías especializados en delitos cometidos por menores.

De acuerdo con el artículo 18 de la Constitución, la entrada en domicilio sin consentimiento, ni resolución judicial solo es legítima: En casos de urgencia administrativa. Cuando exista peligro grave para bienes jurídicos colectivos. En supuestos de flagrante delito. Cuando lo autorice la autoridad gubernativa.

Según la Constitución, ¿las asociaciones podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades?. No. Sí, en virtud de resolución judicial motivada. Sí, en virtud de resolución administrativa motivada. Sí, en virtud de resolución administrativa o judicial justificada en las causas excepcionales previstas en la propia Constitución.

No serán leyes orgánicas, de acuerdo con lo previsto en la Constitución: Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Las que aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Las que aprueben los Estatutos de Autonomía. Las que aprueben el régimen electoral general.

Según la Constitución, ¿la reforma constitucional debe someterse a referéndum para su ratificación?. Sí, en todo caso. Sólo si afecta al Título Preliminar, al Título I o al Título II. Sólo si afecta a derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título I. Cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Según la Constitución, ¿qué órgano judicial es el competente para exigir la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno?. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional.

Según el artículo 114 de la Constitución, ¿qué ocurre cuando el Congreso de los Diputados niega su confianza al Gobierno?. El Gobierno presenta su dimisión ante el Rey. El presidente del Gobierno presenta su dimisión al Presidente del Congreso y se convocan elecciones de forma automática. El Presidente del Gobierno disuelve las Cámaras. El Congreso propone inmediatamente un nuevo Presidente del Gobierno.