TE6-CON

Según el artículo 14 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en un contrato de concesión de obras, el derecho de explotación de las obras debe implicar la transferencia al concesionario: del riesgo operacional, abarcando el riesgo de demanda o riesgo de suministro o ambos. riesgo operacional, si así se considera oportuno. riesgo operacional abarcando el riesgo de suministro por parte de la administración, si es que se diese. b y c son correctas.

De conformidad con lo establecido en el art.3 de la LCSP, tienen, entre otras, consideración de sector público: la AGE, CCAA, las ciudades de Ceuta y Mella y las EELL. las entidades gestoras y servicios comunes de la SS. los OOAA, Universidades Públicas y Autoridades Administrativas independientes. todas son correctas.

En el art. 44 se establece que serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación: Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil euros. Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos. Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros. Todas son correctas.

Según el artículo 13 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural, a efectos de esta ley, de acuerdo con el art. 13, se consideran: Obras. Concesiones de obras. Realización de servicios. Todas son correctas.

Según el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la prórroga de un contrato se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que: Su preaviso se produzca al menos con 2 meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato. Su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Su preaviso se produzca al menos con 1 mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor. Su preaviso se produzca al menos con 1 mes de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

De acuerdo con el art. 50 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, el procedimiento del recurso especial, se iniciará: mediante escrito. mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles. mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de diez días hábiles. mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles.

Según el artículo 45 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se recoge que el Presidente del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales: deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo, relacionado directamente con la contratación pública. deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años. deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo igual o superior a quince años. deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo igual o superior a diez años.

Según el artículo 26 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se recoge que los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador: Tienen la consideración de contrato administrativo. Tienen la consideración de contratos privados. A y b son correctas, dependiendo las circunstancias. Ninguna es correcta.

Según el artículo 117 de la Ley 9/17 de Contratos del Sector Público, completado el expediente de contratación... se dictará resolución motivada por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. se dictará resolución por el órgano de contratación disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. se dictará resolución motivada por el órgano de contratación disponiendo la apertura del procedimiento de adjudicación. ninguna es correcta.

De conformidad con el artículo 118 de la LCSP, se consideran contratos menores, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal: Los contratos de obras de valor estimado inferior a 50.000 euros. Los contratos de servicios de valor estimado inferior a 20.000 euros. Los contratos de suministro de valor estimado inferior a 20.000 euros. Los contratos de servicios de valor estimado inferior a 15.000 euros.

Según el artículo 77 de la LCSP, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras o de servicios de los poderes adjudicadores, en el caso de: Contratos de obras y servicios cuyo importe total, IVA incluido, sea igual o inferior a 500.000 euros. Contratos de obras y servicios cuyo valor estimado sea superior a 500.000 euros. Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros. Contratos de obras cuyo importe total, IVA excluido, sea inferior a 500.000 euros.

Según el artículo 71 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ¿qué ocurre si una empresa de 50 trabajadores o más no cumple con la obligación de tener al menos un 2% de empleados con discapacidad?. Puede recibir una multa administrativa. Se le prohíbe contratar con el sector público. Debe presentar una declaración de exención. No ocurre nada.

Según lo establecido en el artículo 87 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la solvencia económica y financiera del empresario/a podrá acreditarse por: La cuenta de pérdidas y ganancias referida al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles. Un justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido, en los casos en que resulte apropiado. Una relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de la capacidad financiera.

De conformidad con el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el importe de la garantía provisional no podrá ser superior a un: 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución. 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido y el régimen de su devolución.

Según el artículo 18 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, cuando un contrato mixto comprenda prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios, se atenderá a: Las normas relativas a los contratos de obras. Las normas relativas a los contratos de suministros. Las normas relativas a los contratos de servicios. El carácter de la prestación principal.

Según establece el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios personificados necesitarán autorización del Consejo de Ministros, en el caso de los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador: Cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea superior a seis millones de euros. Cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea igual o superior a doce millones de euros. Cuando el importe del gasto que se derive del encargo, sea superior a tres millones de euros. Cuando Las modificaciones de encargos autorizados por el Consejo de Ministros sean iguales o superiores al 20 % del importe del encargo.

Según el artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en contratos menores de obras debe añadirse…. El plan de seguridad y salud del contratista. El presupuesto de las obras. La certificación final del director de obra. La relación de subcontratistas prevista.

Según el art. 20 de la LCSP, ¿cuál será el valor estimado de los contratos de concesión de servicios para tener la consideración de sujetos a regulación armonizada?. Igual o superior a 5.404.000 €, IVA excluido. Superior a 5.350.000 €, IVA excluido. Superior a 5.350.000 €, IVA incluido. Igual o superior a 5.350.000 €, IVA incluido.

Según el artículo 20 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, un contrato de servicios sociales celebrado por un poder adjudicador está sujeto a regulación armonizada cuando: Su valor estimado sea igual o superior a 5.225.000 euros. Su valor estimado sea igual o superior a 750.000 euros. Su valor estimado sea igual o superior a 209.000 euros. Su valor estimado sea igual o superior a 135.000 euros.

Según el artículo 103 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, la revisión de precios tendrá lugar: Cuando se hubiese ejecutado el 20% y hubieran transcurrido 1 año desde su formalización. Cuando se hubiese ejecutado el 40% y hubieran transcurrido 3 años. Cuando se hubiese ejecutado el 40% y hubieran transcurrido 2 años desde su formalización. Ninguna es correcta.