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De conformidad con el artículo 75.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cualquier caso, ¿quién adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento?. El órgano que inicia el expediente. El órgano inspector. El órgano instructor.

De los grupos de actos que se enuncian a continuación, según el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sólo uno, no es nulo de pleno derecho: Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin. Los que tengan un contenido imposible. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

En atención a lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado/a, cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio deberá fundarse en la concurrencia de: Razones sobrevenidas y urgentes de interés público. Razones imperiosas de interés general. Razones de emergencia nacional.

Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá efectuarse: Dentro de los diez días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda. Dentro de los veinte días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que proceda.

Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza: Deberán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente. Podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente. Podrán refundirse en un único acto, a instancia de los/las interesados/as.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la publicación de los actos administrativos, se requiere cuando: Se separan del dictamen de órganos consultivos. Limitan derechos subjetivos. Existe una pluralidad indeterminada de destinatarios.

¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece los casos en los que debe motivarse un acto administrativo?. Artículo 56. Artículo 27. Artículo 35.

Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué implica la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas?. La nulidad de pleno derecho. La nulidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo. La anulabilidad del acto cuando así lo disponga la naturaleza del término o plazo.

Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: Economía y simplificación. Transparencia y publicidad. Eficacia y eficiencia.

De acuerdo con el art. 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la apertura del periodo de prueba dentro de un procedimiento administrativo tendrá un plazo de: No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a dos meses ni inferior a un mes. No superior a cuarenta y cinco días ni inferior a quince.

Siguiendo el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se dará al interesado, el denominado: Trámite de alegaciones. Trámite de audiencia. Trámite de conocimiento.

Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa: Se considerará inhábil salvo que una norma reglamentaria disponga otra cosa. Se considerará inhábil en todo caso. Se considerará hábil en todo caso.

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo: Se condiciona su validez y efectos a la fecha de recepción de la correspondiente notificación. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se reciba la correspondiente notificación, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

Desde la perspectiva administrativa, según lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones son: Una técnica de control. Una técnica de fomento. Una modalidad de gasto público.

La ordenación de un régimen jurídico común en la relación subvencional se inspira directamente en el artículo de la Constitución Española;. Art. 149.1.1ª. Art. 149.1.3ª. Art. 149.1.18ª.

Según lo que establece el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario de una subvención: Los condenados mediante sentencia a la pérdida de la posibilidad de obtener ayudas. Los que tengan la residencia fiscal fuera de España. Los que hayan dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.

Según el artículo 9.2 de La Ley 38/2003 General de Subvenciones, para poder otorgar una subvención: Deben aprobarse, con carácter previo a su otorgamiento, las normas que establezcan las bases reguladoras de concesión de la subvención. Debe publicarse en el Boletín Oficial del Estado la existencia de crédito adecuado y suficiente para la concesión de la subvención en cuestión. Deben aprobarse las bases reguladoras, una vez se ha tramitado el procedimiento de concesión.

Conforme a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en la gestión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva: La tramitación del expediente de gasto se inicia una vez publicada la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y abierto el plazo de presentación de solicitudes. El reconocimiento de la obligación es previo a la justificación de la aplicación de los fondos por el beneficiario y a la acreditación de que éste se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. El proceso de selección de los beneficiarios culmina con una resolución del órgano concedente, que llevará consigo el compromiso de gasto por el importe de las subvenciones concedidas.

Según el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, deben concederse por concurrencia competitiva las subvenciones: Con asignación nominal en los Presupuestos Generales del Estado. Las de cuantía impuesta por una norma de rango legal. Las que se concedan con criterios de valoración previamente fijados.

Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el gasto de subvenciones, ¿en qué momento debe efectuarse la aprobación del gasto?: Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva. Durante la instrucción del procedimiento de concesión. Con carácter previo a la convocatoria de la subvención.

De conformidad con la Ley General de Subvenciones, el beneficiario de una subvención: Puede ser una persona física o jurídica. Puede ser sólo una persona física. Ha de ser una persona jurídica necesariamente, ya que las personas físicas reciben ayudas, no subvenciones.

Tienen carácter de subvención pública, a los efectos de la Ley General de Subvenciones: Las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social. Las prestaciones por razón de terrorismo. La actividad subvencional de las Administraciones de las comunidades autónomas.

Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿cuál es el concepto de subvención?. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, cumpliendo una serie de requisitos. Toda disposición normativa realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, cumpliendo una serie de requisitos. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en la normativa de contratos, a favor de personas privadas, cumpliendo una serie de requisitos.

De acuerdo con el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el procedimiento de reintegro de subvenciones: Se iniciará de oficio y no interrumpe el plazo de prescripción de que dispone la Administración para exigir el reintegro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley General de Subvenciones. Se iniciará de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa del órgano concedente, a propuesta de la Intervención General o de otros órganos o de denuncia. Se iniciará de oficio por el órgano concedente, previa audiencia del interesado por un plazo no inferior a 15 días hábiles.

En atención a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es obligación de la entidad colaboradora: Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la ley 38/2003.

Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera “discriminación directa por razón de sexo”: Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Situación en la que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La ausencia de toda discriminación directa por razón de sexo cuando derive únicamente de la maternidad. La ausencia de toda discriminación indirecta por razón de sexo cuando derive únicamente del estado civil.

La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres define el acoso sexual como: Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Cualquier comportamiento realizado con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante y ofensivo. Cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

Los servicios y centros que integran el sistema asistencial previsto en Ley 16/2003, de prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, se clasifican en: Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Servicios Sociales, Centros de Salud y Centros de Acogida Inmediata. Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Centros de Acogida Inmediata, Casas de Acogida y Pisos Tutelados. Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas, Residencias y albergues y Casas de Acogida.

Las mujeres víctimas de violencia de género, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, tendrán: Acceso prioritario a una vivienda social en virtud de los informes sociales que así lo acrediten y aconsejen. Acceso prioritario a una vivienda privada en virtud de los informes educativos que así lo aconsejen. Acceso restringido a una vivienda social en virtud de los informes sociales que así lo desaconsejen.

El principio de igualdad ocupa un lugar destacado en nuestro ordenamiento jurídico, siendo recogido en diversas normas estatales entre las que destacamos: Constitución Española de 1978, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Ley Orgánica 8/2014, de 30 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Real Decreto-ley 6/2009, de 4 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Constitución Española de 1978, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Constitución Española de 1978, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

El IV Plan Municipal de igualdad de oportunidades entre hombres y Mujeres de Santa Cruz de Tenerife (2022-2027) tiene como principios orientadores que guían su implementación: enfoque de género e interseccional, empoderamiento de las mujeres, estrategia de enfoque dual, la participación y la innovación. enfoque de género e interseccional, empoderamiento de las mujeres, estrategia de enfoque dual, la participación y la salud. enfoque de género e interseccional, empoderamiento de las mujeres y hombres, la participación de las personas y la innovación.

El Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, que incluya los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución: Al inicio de cada legislatura. Cada 2 años. Cada año.

La capacidad y legitimación para intervenir en los procesos civiles, sociales y contencioso-administrativos que versen sobre la defensa del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres corresponden: Exclusivamente a las personas físicas con interés legítimo. A las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las Leyes reguladoras de estos procesos. Únicamente la persona acosada y sus familiares de hasta segundo grado estarán legitimados.

El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y Mujeres se creó en España en el año: 2000. 2001. 2002.

La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres tiene como ámbito de aplicación, tal y como se establece en el artículo 2.2 letra b): A las entidades que integran la Administración local, tanto ayuntamientos como sus organismos autónomos, excluyendo los cabildos. A las entidades que integran la administración local, tanto ayuntamientos como cabildos, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades. A las entidades que integran la administración local, tanto ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes, como cabildos, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones, y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades.

Señala cuál de los siguientes NO es uno criterios generales de actuación de los Poderes Públicos señalados en el artículo 14 la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,. La adopción de los mecanismos necesarios para mejorar el conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres con el fin de evitar segregación laboral y diferencias retributivas. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones entre particulares. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.

La Constitución no define la noción de servicios sociales. No obstante, el artículo 1 establece que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, reconociendo ya el carácter social de nuestro Estado. Esto comporta: La protección y promoción de la justicia social y el bienestar social de los ciudadanos. La intervención de los poderes públicos para remover las condiciones necesarias para la realización de la libertad y la igualdad. La intervención de los poderes públicos para promover los obstáculos necesarios para la realización de la libertad y la igualdad.

Si bien la Constitución Española no reconoce de forma directa el derecho a los servicios sociales, éstos aparecen implícitamente en su articulado. Así, realizando una valoración integradora en el preámbulo de la Ley Canaria de SS.SS se citan los siguientes artículos: Artículos 1, 9.2, 10.1, 14, 39, 40.1, 48, 49, 50 y 53.3 CE. Artículos 1, 10.2, 14, 39, 43, 45, 47, 51, 52 CE. Artículos 1, 10, 15, 38, 43, 48, 49, 50, 51 CE.

. Dada la ausencia de una Ley General de Servicios Sociales, en 1988, para determinar los mínimos protegibles y superar la tradicional indefinición de los servicios asistenciales el Estado impulsó la promoción de la red de servicios sociales municipales, a través de la figura de: La Comisión de Cooperación Interautonómica de Acción Social. La Comisión de Cooperación Interautonómica de Acción Social. Convenio-Programa; Plan Concertado para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

¿A qué Administración le corresponde la gestión de los equipamientos para el desarrollo de las prestaciones del plan concertado?. A la Administración central. A la Administración autonómica. A las corporaciones locales.

¿Qué servicio incluido en las prestaciones básicas del Plan Concertado está destinado a facilitar el desarrollo o mantener la autonomía personal y prevenir situaciones de deterioro?. Servicio de alojamiento alternativo. Servicio de ayuda a domicilio. Servicio de inserción social.

¿Cuál es el objetivo de la prestación de prevención e inserción social?. Prevenir las situaciones de marginación y sus causas a través del fomento de la participación y de la integración de las personas en exclusión o en riesgo de exclusión social. Lograr que las personas alcancen una situación de convivencial mediante formas alternativas a la convivencia familiar. Dar a conocer a los ciudadanos tanto sus derechos como los recursos existentes y los procedimientos para dar respuesta a la inserción social.

Las comunidades autónomas han asumido competencias en “asistencia social” en virtud del artículo: 148.1.18 CE. 148.1.19 CE. 148.1.20 CE.

De conformidad con el artículo 29 del Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre: Se garantiza el derecho efectivo a la privacidad y protección de datos personales. Se garantiza por los poderes públicos canarios el deber de información integral de los servicios y prestaciones a su cargo. Los poderes públicos canarios establecerán, en la forma que determine la reglamentariamente se determine, planes de atención que garanticen los derechos dispuestos en el presente Estatuto.

Qué derecho reconoce el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre,. A la protección de la salud, seguridad. A acceder a una renta de ciudadanía. El derecho a una vivienda digna.

La vigente Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, sustituye a la anterior Ley Autonómica de Servicios Sociales: Ley 1/1996, de 7 de mayo, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ley 8/1995, de 6 de abril, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias detalla los derechos que asisten a las personas que acceden a los servicios sociales, y los derechos específicos de las personas usuarias de centros y servicios de atención diurna/nocturna y estancia residencial en sus artículos: Artículos 8 y 9. Artículos 12 y 13. Artículos 10 y 11.

De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, ostenta, en materia de servicios sociales, la competencia: Delegada. Exclusiva. Prioritaria.

El régimen jurídico en Canarias, en materia de servicios sociales, está conformado por una prolija normativa en la materia, siendo actualmente la normativa de referencia: Ley 16/2019, de 3 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Ley 15/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.

Crear, organizar y gestionar los servicios sociales de atención especializada para el acogimiento familiar, declaración de desamparo y constitución de la tutela de las personas menores, es competencia de: Los Cabildos Insulares. El Consejo de Gobierno de Canarias. La Consejería competente en materia de Servicios Sociales.

Establecer los criterios y estándares mínimos de calidad, de los diversos servicios sociales es una competencia que corresponde: A la Consejería competente en materia de Servicios Sociales. Al Consejo de Gobierno de Canarias. Al Consejo General de Servicios Sociales.

Aprobar el Plan Estratégico de Servicios Sociales o cualquier otro instrumento de planificación, y planes sectoriales de ámbito autonómico, compete al Consejo de Gobierno de Canarias quien habrá de remitirlo al Parlamento Autonómico para su pronunciamiento expreso, teniendo en cuenta las propuestas de: El Comité de Ética de Los Servicios Sociales. El Consejo General de Servicios Sociales y Conferencia Sectorial de Servicios Sociales. Los Consejos Insulares y municipales de Servicios Sociales.

La financiación de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, se garantizarán mediante convenios de colaboración, entre las administraciones públicas competentes responsables del sistema público Canario de Servicios Sociales: Anuales. Preferentemente bianuales. Preferentemente cuatrienales.

El Gobierno de Canarias garantizará los porcentajes de financiación referidos en el art. 56 de La Ley de Servicios Sociales de Canarias en relación a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, desde la entrada en vigor de la Ley en el plazo de: Plazo máximo de doce años. Plazo máximo de cuatro años. Plazo máximo de un año.

Corresponde al Consejo General de Servicios Sociales, entre sus funciones: Favorecer la colaboración y cooperación de las administraciones públicas canarias. El seguimiento y control de la ejecución de los planes y del catálogo de servicios y prestaciones. Garantizar la coherencia, complementariedad y funcionamiento integrado del sistema público de servicios sociales.

Adscrito a la Consejería competente en materia de políticas sociales, el máximo órgano consultivo y de participación en materia de servicios sociales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, es: El Comité de Ética de los Servicios Sociales. La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales. El Consejo General de Servicios Sociales.

Los Consejos Insulares y Municipales de Servicio Sociales, de acuerdo a la Ley Canaria de Servicios Sociales, son: Órganos de participación. Instrumentos de Coordinación Interadministrativa. Estructuras de colaboración y cooperación de carácter social.

La composición, organización y funcionamiento del Consejo General de Servicios Sociales de Canarias, se regula reglamentariamente por: Decreto 8/1988, de 22 de enero. Decreto 5/1995, de 27 de enero. Decreto 8/1990, de 12 de enero.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, el objeto de esta es (señalar la incorrecta): Promover y garantizar el derecho de acceso a un sistema público de derechos sociales y hacer efectivo el derecho subjetivo a los servicios y prestaciones sociales de responsabilidad privada. Configurar un sistema público de servicios sociales. Ordenar y regular el papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales.

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, ésta es de aplicación a: Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, las entidades vinculadas dependientes de estas, y las entidades privadas que colaboren con ellas en el marco del sistema canario de servicios sociales. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias y las entidades vinculadas dependientes de estas. Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, el derecho de acceso a las prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales puede ser reclamado: Vía administrativa exclusivamente. Vía administrativa y judicialmente. Exclusivamente vía contencioso administrativa.

De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, el sistema público de servicios sociales de Canarias configura el derecho de acceso a las prestaciones de este como un derecho: Legitimo. Subjetivo. Objetivo.

De acuerdo con el artículo 7 Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, son principios rectores del sistema público de servicios de Canarias: Responsabilidad público - privada y universalidad. Equidad poblacional y proximidad. Planificación y evaluación.

De acuerdo con el artículo 8 Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, pueden ser titulares de servicios, recursos y centros de servicios sociales: Las personas físicas y jurídicas. Las personas físicas y las personas jurídicas legalmente constituidas, de carácter público o privado, que contemplen entre sus fines la prestación de servicios sociales. Las administraciones públicas.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, no es un derecho de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales: El recibir atención, siempre que lo requiera, en el propio domicilio familiar. El acceso y seguimiento, por vía telemática, a su expediente. El conocer la valoración y diagnóstico técnico y a un itinerario individualizado de su situación y del tipo de intervención que se les asigne y, dentro de los plazos que reglamentariamente se determinen, a disponer de la misma en un lenguaje claro y comprensible.

El artículo 16 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias establece que la actualización del catálogo de servicios y prestaciones se realizará: Al menos cada 2 años. Al menos cada 3 años. No se establece ningún plazo.

Con carácter general el acceso al sistema público de servicios sociales, según establece el artículo 19 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, tendrá lugar a través de: El Servicio de Información, orientación y valoración. Los Centros de Servicios Sociales. Los Servicios sociales de atención primaria y comunitaria.

Conforme al artículo 24 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, son niveles de actuación del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias: Los Servicios Sociales de Atención Básica y Servicios Sociales de Atención Especializada. Servicios Sociales de Atención Primaria y Comunitaria y Servicios Sociales Especializados. Los Servicios Sociales de Atención Básica y Servicios Sociales Comunitarios.

Conforme al artículo 25 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, la titularidad de los servicios sociales de atención primaria y comunitaria corresponde: A la provincia. A la isla. A los municipios.

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias en qué nivel del sistema público de servicios sociales se sitúa el trabajador social como profesional de referencia: En los servicios sociales especializados. En los servicios sociales de atención primaria y comunitaria. Tanto en servicios sociales especializados como en atención primaria y comunitaria.

Entre las competencias municipales que establece el artículo 50 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, no se encuentra: Definir las áreas básicas de servicios sociales de su ámbito territorial. Gestionar las secciones municipales del registro único de entidades y servicios de su ámbito territorial. Participar en la elaboración del catálogo de servicios y prestaciones.

La tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social AROPE se creó a efectos de medir la pobreza relativa en Europa, en el año: 2010. 2012. 2014.

La Tasa AROPE (nueva definición de 2021) se define como aquella población incluida en al menos uno de estos criterios del riesgo de pobreza o exclusión social, que son: Riesgo de pobreza, carencia material y social severa y baja intensidad en el empleo. Riesgo de pobreza, carencia material y baja intensidad en el empleo. Riesgo de privación material y sinhogarismo.

De conformidad con el “XII Informe: El Estado de la pobreza en España. Seguimiento de los indicadores de la Agenda UE 2030. 2015 – 2021. Canarias.”, el porcentaje de población en Canarias en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año 2021 fue del: 37,2%. 37,5%. 37,8%.

La Renta Canaria de Ciudadanía viene a sustituir la Prestación Canaria de Inserción (PCI), habiendo quedado derogadas: Únicamente la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción. Únicamente el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción. La Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción, y sus modificaciones legislativas; así como el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la prestación canaria de inserción, y sus modificaciones reglamentarias.

La resolución por la que se procede de oficio al traspaso de los expedientes de la Prestación Canaria de Inserción a la Renta Canaria de Ciudadanía es: La resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración de 14 de febrero de 2023. La resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración de 13 de abril de 2023. La resolución del Director General de Derechos Sociales e Inmigración de 13 de marzo de 2023.

En relación con la renta canaria de la ciudadanía: Solo podrá concederse una prestación por unidad de convivencia. Se podrán conceder tantas prestaciones como personas haya en la unidad de convivencia. Se concederán como máximo dos prestaciones por unidad de convivencia.

Si actualmente el ciudadano ya cobra la Prestación Canaria de Inserción, ¿debe solicitar la renta canaria de ciudadanía?. Si, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley. No, se realizará de oficio un traspaso de nóminas por la Consejería de Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias. Sí, no habiéndose establecido plazo para ello.

A efectos de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, se define la situación de exclusión social: Estado de grave carencia personal y familiar, por cuanto no pueden cubrir necesidades básicas de alimentación y vivienda. Situación de pérdida de inclusión de las personas en el conjunto de la sociedad, que incluye no sólo la falta de ingresos económicos y su alejamiento del mercado de trabajo, sino también un debilitamiento de los lazos sociales, un descenso de la participación social y una pérdida de derechos sociales. Situación de vulnerabilidad o fragilidad al no percibir ningún recurso económico y haber agotado, igualmente, el resto de prestaciones del sistema público por razón de desempleo.

La Ley 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta Canaria de Ciudadanía, define las situaciones de exclusión, vulnerabilidad social y pobreza, en su artículo: Artículo 1. Artículo 2. Artículo 3.

El acceso a los programas y servicios de inclusión social y/o inserción laboral, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía, se iniciará: Directamente una vez reconocido el derecho a la renta de ciudadanía. Una vez suscrito convenio de inclusión social. Mediante diagnóstico social de los servicios sociales municipales.

Mediante qué se hace efectivo el derecho a la atención de las personas en situación de dependencia: Mediante atención directa y residencial según grado de dependencia y carta de servicios según requisitos de cada Comunidad Autónoma. Mediante la creación de un sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y la garantía por la Administración General del Estado en cualquier parte del territorio español. Mediante recursos adecuados a las necesidades personales según el grado de dependencia en cada Comunidad Autónoma.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia se fundamenta en los principios de: Universalidad, equidad y accesibilidad. Participación, igualdad y protección social. Sensibilización, protección y estadísticas.

¿Cuál de las siguientes funciones NO es competencia municipal en materia de dependencia, según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia?. Participar en la gestión de los servicios de atención a las personas en situación de dependencia, de acuerdo con la normativa de sus respectivas Comunidades Autónomas y dentro de las competencias que la legislación vigente les atribuye. Asegurar la elaboración de los correspondientes Programas Individuales de Atención. Participar en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia.

Marque cuál de las siguientes opciones NO se contempla como titular de derechos en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. Menores de 3 años acreditados en situación de dependencia, de acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional decimotercera de la citada Ley. Menores de cinco años acreditados en situación de dependencia, con un periodo de residencia superior a 3 años.

En el Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que recoge la Ley 39/2006, las personas beneficiarias de las prestaciones de dependencia: Participarán en la financiación del servicio, dependiendo, exclusivamente, del tipo de servicio que se le preste. Participarán en la financiación de las prestaciones, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal. Participarán sólo para dar información cuando así lo precise el Sistema de Dependencia.

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ¿tiene como objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes?. Verdadero. Falso. Verdadero, siempre y cuando se aplique con criterios de gratuidad en la prestación de servicios.

¿Qué organización definía a los cuidados de larga duración como el sistema de actividades llevados a cabo por cuidadores informales (familia, amigos o vecinos) o profesionales (sanitarios, sociales u otros), o ambos para conseguir que una persona que no sea totalmente capaz de cuidar de sí misma mantenga la mejor calidad de vida posible, de acuerdo con sus preferencias individuales, realización personal y dignidad humana?. La Organización Mundial de la Salud. La Organización Internacional de la Dependencia. El Consejo de Europa.

Según la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, un menor extranjero no acompañado: No podrá ser titular de los derechos recogidas en esa Ley. Podrá ser titular de los derechos recogidas en esa Ley conforme a lo establecido en las leyes del menor vigentes, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, así como en los tratados internacionales. Solo podrá ser titular si acredita la residencia actual en territorio español al menos 1 año.

El programa individual de atención a las personas en situación de dependencia: Será revisado anualmente. Será revisado con motivo del cambio de residencia a otra Comunidad Autónoma. Será revisado en la forma que determine y con la periodicidad que prevean las Cortes Generales.

Es un principio que inspira la Ley 39/2006, de 14 de diciembre: La personalización de la atención. La separación de las personas dependientes del entorno en el que desarrollan su vida. La descentralización administrativa.

De conformidad la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, la prioridad en el acceso a los servicios viene determinada en primer lugar por: La edad del solicitante. El grado de dependencia. El tiempo que se encuentra en situación de dependencia.

¿Cuál de las siguientes NO es una competencia de los ayuntamientos según el artículo 12 de la ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores?. La detección de situaciones de riesgo para los menores, en coordinación con los centros y unidades escolares y sanitarias de su ámbito territorial. La declaración de la situación de riesgo, adoptando las medidas necesarias para la protección de los menores. La prestación de los servicios especializados de atención al menor.

Cuando el órgano municipal competente dicta una resolución de declaración de la situación de riesgo de un/a menor, éste la deberá notificar: A quienes ejerzan las funciones parentales y comunicarse al órgano competente en materia de atención a los menores de la Administración autonómica. A quienes ejerzan las funciones parentales, al servicio competente del Cabildo Insular y de la Comunidad Autónoma. A quienes ejerzan las funciones parentales, comunicarse al órgano competente en materia de atención a los menores de la Administración autonómica y al Centro escolar.

Según la ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores, las entidades municipales de Canarias ejercerán las competencias que integran funciones de: Información, promoción, detección, prevención e integración sociofamiliar de los/as menores. Información, promoción y desamparo de los/as menores. Información, prevención e integración en acogimiento sociofamiliar de los/as menores.

Se considerará situación de desamparo de una persona menor de edad: La que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos en exclusiva por la mujer gestante, por consumo abusivo o trastorno mental, que pudiera perjudicar la vida del menor. En esta situación el menor necesitaría asistencia moral, física y psicológica. Aquella en la que, a causa de circunstancias, carencias o conflictos familiares, sociales o educativos, la persona menor de edad se vea perjudicada en su desarrollo personal, familiar, social o educativo, en su bienestar o en sus derechos de forma que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían su declaración de situación de desamparo y la asunción de la tutela por ministerio de la ley, sea precisa la intervención de la administración pública competente, para eliminar, reducir o compensar las dificultades o inadaptación que le afectan y evitar su desamparo y exclusión social, sin tener que ser separado de su entorno familiar. La que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material.

El artículo 13 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación con los derechos de las personas menores de edad, establece que: Tendrán derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto familiar y social. Tendrán derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su personalidad y su bienestar en el contexto intrafamiliar, así como escolar. Tendrán derecho a recibir la atención integral necesaria para el desarrollo de su identidad y su bienestar en el contexto escolar.

De conformidad con el artículo 1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ésta tiene por objeto: Garantizar exclusivamente los derechos fundamentales de los niños y adolescentes hasta los 11 años, a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad. Garantizar exclusivamente los derechos fundamentales de las niñas a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad. Garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad.

Según la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, preferentemente, por: Profesionales de la educación social y del trabajo social, y cuando sea necesario de la logopedia, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia. Profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia. Profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y de magisterio, especializados en casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia.

La resolución de inicio de un expediente de riesgo de un menor, según establece el Reglamento del procedimiento para las Declaraciones de Riesgo de Menores del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se notificará a: Progenitores y/o a quienes ejerzan las funciones parentales y al/la menor que tuviera juicio suficiente o hubiera cumplido los 12 años de edad, en el plazo de 10 días desde la fecha de la misma. En el mismo plazo, la misma resolución se comunicará al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como al Ministerio Fiscal. Progenitores y/o a quienes ejerzan las funciones parentales en el plazo de 10 días desde la fecha de la misma y en el plazo de 20 días se comunicará al Ministerio Fiscal. Progenitores y/o a quienes ejerzan las funciones parentales y al/la menor que tuviera juicio suficiente o hubiera cumplido los 12 años de edad, en el plazo de 10 días desde la fecha de la misma. En el plazo de 30 días, la misma resolución se comunicará al órgano competente de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La finalidad de la ley 1/1997, de 7 de febrero, de atención integral a los menores es: Garantizar la atención integral a los menores en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Garantizar la dotación de recursos y servicios en las distintas administraciones para llevar a cabo las medidas de prevención de situaciones de riesgo y de amparo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Garantizar la distribución de funciones y competencias de atención a los menores de las Administraciones Públicas canarias.

Según establece el artículo 22 de la Ley Orgánica 8/2021, las administraciones públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias, campañas y acciones concretas de información evaluables y basadas en la evidencia, destinadas a concienciar a la sociedad acerca del derecho de los niños, niñas y adolescentes a recibir un buen trato. Estas campañas se realizarán de modo: Accesible, diferenciando por tramos de tiempo. Privado, diferenciado por niveles. Accesible, diferenciando por tramos de edad.

Se considera que el/la menor se encuentra en situación de riesgo cuando: a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, no se está perjudicando su desarrollo personal o social, y no hay gravedad suficiente para justificar la separación del menor de su familia. a causa de sus circunstancias familiares, se está perjudicando su desarrollo personal o social, alcanzado la gravedad suficiente para la separación del menor de su familia. a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia.

En las situaciones de riesgo, la actuación administrativa se dirigirá a procurar las necesidades básicas del menor, mejorando su medio familiar, y, concretamente, se orientará a obtener: La disminución de los factores de riesgo y la promoción de los factores de protección del menor y su familia, así como el seguimiento de la evolución del menor en su familia. Exclusivamente el seguimiento de la evolución de la persona menor de edad en el ámbito escolar. La promoción de la salud de la familia.

Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, las administraciones públicas deberán proporcionar a las familias el apoyo necesario para prevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora con medidas que deberán estar enfocadas a: Adoptar programas dirigidos a la promoción de formas positivas de aprendizaje, así como a erradicar el castigo con violencia física o psicológica en el ámbito familiar. Crear los servicios no esenciales de información y apoyo profesional a los niños, niñas y adolescentes a fin de que no tengan la capacidad necesaria para detectar precozmente y rechazar cualquier forma de violencia, con especial atención a los problemas de las niñas y adolescentes que por género y edad sean víctimas de cualquier tipo de discriminación directa o indirecta. Establecer un programa de formación educativa en la línea con la actividad docente clásica del artículo 27 de la Constitución, aprobado por profesorado y profesionales del magisterio.

La Ley 3/1996 de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones tiene por objeto: Regular el sistema de ayudas económicas que le corresponden a los mayores residentes en Canarias a través del Consejo Canario de los Mayores. Crear un sistema de participación social y de protección de los derechos de los mayores residentes en Canarias a través del Consejo Canario de los Mayores. Apoyar un sistema alternativo de autoempleo para personas mayores residentes en Canarias a través del Consejo Canario de los Mayores.

En Canarias el instrumento de participación activa de las personas mayores en la vida comunitaria y, especialmente, en la defensa de sus derechos y calidad de vida; cuyo objeto es materializar la colaboración y participación del movimiento asociativo de las personas mayores en las políticas de atención, inserción social y calidad de vida es: Consejo Regional de mayores de Canarias. Consejo Canario de la Tercera Edad. Consejo Canario de los Mayores.

Los Servicios Sociales dirigidos a las personas mayores en España se pueden englobar en cuatro grandes categorías: Servicios de Atención Domiciliaria, de Atención Diurna, de Atención Residencial y de Participación Social. Servicios de Atención Preventiva, de Atención Permanente, de Atención temprana y de Atención Semi-Permanente. Servicios de Atención Diurna, de Atención Nocturna, de Atención Domiciliaria y de Atención Permanente.

El Consejo Estatal de las Personas Mayores es un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo de la Administración General del Estado y tiene, entre otras, las siguientes funciones: Fomentar el desarrollo del asociacionismo y la participación de las personas mayores en la sociedad. Establecer sistemas de cooperación entre los poderes privados y las organizaciones sindicales. Ninguna de las anteriores es correcta.

El edadismo se refiere a la forma de pensar (estereotipos), sentir (prejuicios) y actuar (discriminación) con respecto a los demás o a nosotras/os mismas/os por razón de la edad. Hay tres estrategias que funcionan para reducir o eliminar el edadismo, según la Organización Mundial de la Salud: Las políticas y la legislación, las actividades educativas y las intervenciones intergeneracionales. Las políticas y la legislación, las actividades deportivas y las intervenciones intergeneracionales. Las intervenciones educativas, las actividades deportivas y las intervenciones sociales.

Según la Ordenanza Municipal reguladora de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es causa de extinción del Servicio de Ayuda a Domicilio: No abonar el importe de la tarifa exigible, en el plazo establecido. Traslado temporal de la persona beneficiaria a casa de familiares u otras personas allegadas. Superar el periodo de suspensión temporal (seis meses) sin reanudarse el servicio, excepto ingreso hospitalario.

El servicio de teleasistencia que contempla la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia es compatible con: El servicio de prevención de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía personal, de ayuda a domicilio y de centro de día y de noche. Los servicios de atención residencial y los alojamientos especiales. La prestación económica para cuidados en el entorno familiar.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, señala que el servicio de ayuda a domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función, y podrán ser los siguientes: Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria y servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar. Servicios relacionados solo con la atención de las necesidades domésticas o del hogar. Servicios exclusivamente de atención personal en la realización de las actividades diarias de higiene personal.

El envejecimiento saludable lo define la Organización Mundial de la Salud como ‘el proceso de fomentar y mantener la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez’. La capacidad funcional está determinada por: La capacidad intrínseca de una persona (o sea, sus capacidades físicas y mentales), el entorno en el que vive (entendido en el sentido más amplio e incluidos los entornos físicos, sociales y políticos) y la integración entre esos elementos. La capacidad intrínseca de una persona (o sea, sus capacidades físicas y mentales) y el entorno en el que nace (entendido en el sentido más amplio). La capacidad extrínseca de una persona y el entorno en el que vive (entendido en el sentido más amplio e incluidos los entornos físicos, sociales y sindicales).

¿Cuál es un órgano consultivo de participación institucional del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia?. El Consejo Estatal de Personas Mayores. El Consejo Internacional de la Discapacidad. El Consejo Internacional de Personas Mayores.

El texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre establece que son personas con discapacidad: Aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Aquellas cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Aquellas que tengan reconocido un grado de minusvalía superior al 66%.

El principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona es: Inclusión social. Accesibilidad universal. Normalización.

De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad: Superior al 33 por ciento. Igual o superior al 33 por ciento. Igual o superior al 50 por ciento.

Las calificaciones y valoraciones de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado discapacidad responderá a: Criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público y en todo el territorio del Estado. Criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público solo en el territorio de la Comunidad Autónoma. Criterios técnicos unificados, basados en la evidencia disponible, y tendrán validez ante cualquier organismo público únicamente en el municipio de residencia de la persona con discapacidad.

Según el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, ¿a quién corresponde el reconocimiento y revisión de grado de discapacidad así como el reconocimiento de la necesidad de concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como de la dificultad para utilizar transportes públicos colectivos, a efectos de las prestaciones, servicios o beneficios públicos establecidos?. Corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas. Corresponderá a los órganos competentes del municipio. Corresponderá a los órganos competentes de la administración estatal.

La Administración competente podrá acordar la tramitación urgente del procedimiento de reconocimiento de grado de discapacidad, de oficio o a instancia de la persona interesada, con o sin medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, cuando concurran razones de interés público que así lo aconsejen, entre otras las relacionadas con: La salud, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria. La salud, la violencia de género u otras de índole humanitaria. La salud, la violencia de género, la esperanza de vida u otras de índole humanitaria.

La competencia de resolver sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la aprobación del correspondiente programa individual de atención que determine los servicios y prestaciones que puedan corresponder a la persona interesada, según la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. Corresponde al Consejo Municipal de Servicios sociales. Corresponde a la consejería competente en materia de servicios sociales del Gobierno de Canarias. Corresponde al Comité de Ética de los Servicios Sociales.

Toda conducta no deseada relacionada con la discapacidad de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo se denomina: Acoso. Discriminación indirecta. Discriminación directa.

El principio en virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para las personas con discapacidad, sino que comprenden las políticas y líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las necesidades y demandas de las personas con discapacidad. Diseño universal o diseño para todas las personas. Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Medidas de acción positiva.

De acuerdo con los planteamientos del modelo universal de explicación de la discapacidad, las políticas sociales se deberán hacer considerando que: Todas las personas pueden tener en algún momento una discapacidad. Es necesario hacer políticas diferentes según se dirijan a las personas con o sin discapacidad. Solo algunas personas tienen discapacidad por lo que deben de ser prioritarias.

La Administración competente, según el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad ¿cuándo dictará y notificará resolución sobre el reconocimiento del grado de discapacidad?. En el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de evaluación. En el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. En el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha de presentación de la solicitud.

A efectos de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, la Accesibilidad universal: Es la actividad por la que se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Es el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida en igualdad de condiciones, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona. Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Según el modo de percepción de las prestaciones económicas de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, estás podrán ser: En efectivo o en especie. Directas o Indirectas. A corto o a largo plazo.

A los efectos de ponderar la insuficiencia de recursos económicos de las personas beneficiarias de las prestaciones económicas de Asistencia Social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se toma como referente: La cuantía del Salario Mínimo (SMI) vigente. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)vigente. La cuantía de Renta Garantizada (RCC) vigente.

Por las especiales circunstancias de emergencia social y/o necesidad que motivan el derecho a las prestaciones económicas de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, las personas beneficiarias quedan exoneradas del cumplimiento de: La obligación de someterse a las actuaciones de comprobación. La obligación de conservar los documentos justificativos. La obligación de no hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Los importes máximos para los distintos conceptos de las prestaciones económicas de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife,. Se determinan anualmente en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento. Los importes máximos para los distintos conceptos de ayudas, serán los que se detallan en el Anexo Único de las Bases Reguladoras. No se contemplan importes máximos para los distintos conceptos.

El plazo de presentación de solicitudes de prestaciones económicas de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es: Del 1 de enero y hasta el 31 de octubre de cada año natural. Del 1 de marzo y hasta el 31 de diciembre de cada año natural. No se determina plazo para la presentación de solicitudes.

En las Bases reguladoras de las prestaciones económicas de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se entenderá, con carácter general, por unidad familiar a la unidad de convivencia en los términos fijados en: El artículo 9 de la Ley 16/2019, de 2 de mayo de Servicios Sociales de Canarias. El artículo 4 de la Ley 1/2007, de 17 de enero, reguladora de la Prestación Canaria de Inserción. El artículo 9, de la Ley 1/2007, de 17 de enero, reguladora de la Prestación Canaria de Inserción.

Las prestaciones económicas de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, orientadas a atender gastos de suministros del hogar, tienen la consideración de: Prestaciones orientadas a atender necesidades derivadas del desarrollo de programas de intervención. Prestaciones destinadas a atender necesidades básicas. Prestaciones orientadas a atender necesidades extraordinarias.

Las prestaciones económicas de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, orientadas a evitar desahucios o a facilitar el acceso a la vivienda en situaciones de carencia real o potencial, tienen la consideración de: Prestaciones destinadas a atender necesidades básicas. Prestaciones orientadas a atender necesidades extraordinarias. Prestaciones orientadas a atender necesidades derivadas del desarrollo de programas de intervención.

En los casos de iniciación de oficio, corresponde la iniciación del expediente administrativo para la concesión de las prestaciones económicas de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. A la Presidencia del Instituto Municipal de Atención Social. A la Dirección-Gerencia del Instituto Municipal de Atención Social. A la Alcaldía Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

En los casos iniciados a petición de persona interesada, la solicitud de la prestación económica de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, será necesario: Habrá de formalizarse en modelo de solicitud genérica del Ayuntamiento. Habrá de formalizarse en modelo normalizado. Habrá de formalizarse en modelo normalizado y visado por trabajador/a social del IMAS.

El plazo ordinario para la presentación de documentación de control `para verificar que las prestaciones han sido destinadas al fin para el que resultaron concedidas, será de: Quince (15) días, contados a partir de la percepción de la ayuda por parte de la persona beneficiara. Un (1) mes, contados a partir de la percepción de la ayuda por parte de la persona beneficiara. Tres (3) meses, contados a partir de la percepción de la ayuda por parte de la persona beneficiara.

¿A partir de qué plazo, se entenderá desestimada la solicitud de prestación económica de asistencia social del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en caso de que no recaiga resolución expresa?. Seis meses. Tres meses. Dos meses.

Las Bases específicas que regulan las ayudas individuales para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife publicadas en el BOP nº 99/2021 de 18 de agosto tienen por objeto: Regular las condiciones para la concesión de las ayudas individuales para personas con discapacidad y los menores de edad que estén en proceso de obtenerla y que carezcan de recursos económicos suficientes y que reúnan, además, los requisitos establecidos en la Base 4ª de las citadas bases. Regular las condiciones para la concesión de las ayudas individuales para personas con discapacidad y los menores de edad solamente cuando ya cuenten con dicha calificación y que carezcan de recursos económicos suficientes y que reúnan, además, los requisitos establecidos en la Base 5ª da las citas bases. Regular las condiciones para la concesión de las ayudas individuales para personas con discapacidad y los menores de edad que estén en proceso de obtenerla y que tengan recursos económicos suficientes y que reúnan, además, los requisitos establecidos en la Base 6ª de las citadas bases.

Regular las condiciones para la concesión de las ayudas individuales para personas con discapacidad y los menores de edad que estén en proceso de obtenerla y que tengan recursos económicos suficientes y que reúnan, además, los requisitos establecidos en la Base 6ª de las citadas bases. Directas o indirectas. En efectivo o en especie. A corto o a largo plazo.

¿En las Bases específicas que regulan las ayudas individuales para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, existen límites en las cuantías?. Sí existen unos importes máximos para los distintos tipos y conceptos de ayudas y se establecen en el Anexo I de las Bases. No hay importes máximos para los distintos tipos y conceptos de ayuda. Sí existen unos importes máximos para los distintos tipos y conceptos de ayudas si bien no se establecen los mismos en las Bases.

Señala cuál de los siguientes requisitos NO se contempla que deben reunir las personas solicitantes de las ayudas individuales para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación en el municipio de Santa Cruz de Tenerife: Estar empadronadas y ser residente en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. No disponer la persona solicitante ni su unidad familiar de ingresos netos per cápita superiores a (2) veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples vigente para cada ejercicio presupuestario. Ostentar la condición legal de personas con discapacidad con una antigüedad de al menos dos años anteriores a la solicitud de la ayuda.

En las ayudas individuales para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación, tienen la consideración de Ayudas Básicas aquellas que se encuentran destinadas a la cobertura de las siguientes prestaciones: Ayudas básicas de rehabilitación, de asistencia especializada, de accesibilidad y movilidad y ayudas para comedor escolar. Ayudas básicas de rehabilitación, de asistencia especializada, de accesibilidad y movilidad y ayudas para la formación, la recuperación formativa e inclusión laboral. Ayudas básicas de rehabilitación, de asistencia especializada, de accesibilidad y movilidad y ayudas para la asistencia fuera de la isla.

Señala qué concepto se incluye en la modalidad de ayudas básicas de asistencia especializadas, en las ayudas individuales para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: Desempeño y mejora del desarrollo de la autonomía personal. Aumento de la capacidad de desplazamiento y movilidad de la persona con discapacidad. Comunicación y potenciación de las relaciones con el entorno.

En las ayudas individuales para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación dentro de las ayudas básicas de accesibilidad y movilidad en la modalidad de eliminación de barreras físicas: No podrán concederse ayudas por el mismo tipo de adaptación, en un periodo de 10 años, salvo que en dicho plazo se hayan modificado negativamente las circunstancias que sirvieron de base a la concesión de la anterior subvención. No podrán concederse ayudas por el mismo tipo de adaptación, en un período de cinco años, salvo que en dicho plazo se hayan modificado negativamente las circunstancias que sirvieron de base a la concesión de la anterior subvención. Sí podrán concederse ayudas por el mismo tipo de adaptación sin que haya trascurrido periodo alguno ni se hayan modificado negativamente las circunstancias que sirvieron de base a la concesión de la anterior subvención.

El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas individuales para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación del municipio de Santa Cruz de Tenerife, se encontrará anualmente abierto en el periodo de tiempo comprendido entre: El 1 de enero y el 31 de octubre de cada año natural. El 1 de julio y el 31 de diciembre de cada año natural. El 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año natural.

Para la concesión de las ayudas económicas para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el informe técnico emitido por el/la trabajador/a social competente en materia de atención a personas con discapacidad: Es preceptivo. No es preceptivo ni vinculante. No es preceptivo, pero si vinculante.

Corresponde la ordenación e instrucción de los expedientes de concesión de las ayudas económicas para personas con discapacidad y menores en proceso de obtener dicha calificación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a: La Sección de Programas Sectorial- Discapacidad. La Sección de Programas Comunitarios- Discapacidad. La Sección de Igualdad- Discapacidad.