39/2015 - 1AI✦
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Título del Test:
![]() 39/2015 - 1 Descripción: 39/2015 - 1 |



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¿Cuál es el objeto principal de la Ley 39/2015?. Regular la contratación pública. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos y el procedimiento administrativo común. Establecer las bases del sistema educativo. Definir las competencias de las Comunidades Autónomas. ¿Qué comprende el sector público según la Ley 39/2015?. Solo la Administración General del Estado. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y el sector público institucional. Únicamente las empresas públicas. ¿Quiénes tienen la consideración de Administraciones Públicas según esta Ley?. Únicamente la Administración General del Estado. La Administración General del Estado, las CCAA, las Entidades Locales y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes. Solo los organismos públicos y entidades de derecho público. Las universidades públicas. A efectos de la Ley 39/2015, ¿quiénes tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas?. Solo las personas físicas mayores de edad. Las personas físicas o jurídicas con capacidad de obrar según el código civil, los menores de edad en ciertos casos y los grupos de afectados si la ley lo declara expresamente. Únicamente las personas jurídicas. Los menores de edad emancipados. Según el Artículo 4, ¿quiénes se consideran interesados en el procedimiento administrativo?. Solo quienes promuevan el procedimiento. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, los que sin haberlo iniciado tengan derechos afectados, y aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados y se personen en el procedimiento. Únicamente quienes tengan derechos que puedan resultar afectados. Solo las asociaciones y organizaciones representativas. ¿En qué casos las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales son consideradas interesadas?. Siempre. Cuando representen a un solo interesado. Cuando sean titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. Solo si son asociaciones sin ánimo de lucro. ¿Cómo pueden actuar los interesados ante las Administraciones Públicas?. Solo personalmente. Por medio de representante, salvo manifestación expresa en contra. Únicamente a través de un procurador. Solo si el interesado es una persona jurídica. ¿Qué medio se considera válido para acreditar la representación?. Solo un poder notarial. Cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. Únicamente un poder apud acta electrónico. Una declaración jurada del representante. ¿Cuál es la validez máxima de los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos?. Indefinida. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción. Dos años a contar desde la fecha de inscripción. Diez años a contar desde la fecha de inscripción. ¿Cuándo se considera que las actuaciones se efectuarán con el representante o interesado?. Siempre con el representante. Cuando en una solicitud figuren varios interesados, las actuaciones se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. Solo si el representante lo solicita. Cuando el representante tenga un poder general. Si durante la instrucción de un procedimiento no público se advierte la existencia de personas afectadas, ¿qué se debe hacer?. Ignorar la existencia de dichas personas. Comunicar a dichas personas la tramitación del procedimiento. Esperar a que ellas mismas se personen. Publicar un edicto informando de la existencia del procedimiento. ¿Cómo están obligadas las Administraciones Públicas a verificar la identidad de los interesados?. Mediante la comprobación del nombre y apellidos o denominación social, según corresponda. Solicitando una fotografía del interesado. Mediante una videollamada. Únicamente a través de certificado digital. ¿Qué sistemas se consideran válidos para la identificación electrónica ante las Administraciones Públicas?. Solo sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica. Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, sellos electrónicos, y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido. Exclusivamente el DNI electrónico. Solo sistemas de reconocimiento facial. ¿Qué medios se consideran válidos a efectos de firma electrónica cuando los interesados se relacionan electrónicamente?. Solo la firma cualificada. Sistemas de firma electrónica cualificada y avanzada, sellos electrónicos cualificados y avanzados, y otros sistemas que las Administraciones consideren válidos. Únicamente la firma biométrica. La firma manuscrita escaneada. ¿Para qué actuaciones las Administraciones Públicas requerirán el uso obligatorio de firma?. Solo para presentar solicitudes. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Únicamente para interponer recursos. Para cualquier actuación administrativa. ¿En qué casos las personas físicas podrán elegir libremente el medio de comunicación con las Administraciones Públicas?. Siempre. Salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. Solo si son personas jurídicas. Cuando el procedimiento sea simple. ¿Quiénes estarán obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas para cualquier trámite?. Solo las personas jurídicas. Las personas jurídicas, las entidades sin personalidad jurídica y quienes ejerzan una actividad profesional que requiera colegiación obligatoria. Únicamente los empleados públicos. Todos los ciudadanos. ¿Cuál es la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado?. La lengua cooficial de la Comunidad Autónoma. El castellano, sin perjuicio de que los interesados puedan usar la lengua cooficial si la hubiera. El inglés. La lengua que elija el interesado en todos los casos. ¿Qué contendrá el asiento en el registro electrónico?. Solo la fecha y hora de presentación. Nombre y apellidos del poderdante y apoderado, fecha de inscripción, período de tiempo del poder y tipo de poder. Únicamente el tipo de poder. El número de teléfono del apoderado. ¿Qué tipo de poderes se inscribirán en los registros electrónicos de apoderamientos?. Solo poderes generales. Poder general, poder para un organismo concreto, o poder para trámites especificados. Únicamente poderes para trámites específicos. Cualquier tipo de poder sin limitación. ¿Cuándo tendrán validez las copias auténticas realizadas por una Administración Pública?. Solo dentro de la misma Comunidad Autónoma. En las restantes Administraciones Públicas. Solo si son copias electrónicas. No tendrán validez. ¿Qué se entiende por 'digitalización' según la Ley?. Convertir un documento electrónico a papel. El proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel o no electrónico en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. Escanear un documento a baja resolución. Archivar documentos en formato PDF. ¿En qué plazo deberán expedirse las copias auténticas solicitadas por los interesados?. Treinta días. Quince días a contar desde la recepción de la solicitud. Diez días. No hay plazo establecido. ¿Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya obren en poder de la Administración?. No, siempre deben aportarlos de nuevo. Sí, salvo que el interesado se opusiera a su consulta. Solo si son documentos muy antiguos. No, a menos que sean documentos originales. ¿Cuándo se considerarán hábiles las horas para el cómputo de plazos?. Solo de 9 a 17h. Todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Únicamente las horas laborables. Solo las horas de oficina. ¿Qué días se excluyen en el cómputo de plazos señalados por días?. Solo los domingos. Los sábados, los domingos y los declarados festivos. Los fines de semana y los días de vacaciones oficiales. Solo los días festivos. ¿Cuándo se considerará presentado un documento en el registro electrónico si se presenta en día inhábil?. En el momento de su envío. En la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo norma que permita recepción en día inhábil. Se considerará presentado el día hábil anterior. Se considerará presentado el lunes siguiente. ¿En qué casos se podrá acordar la tramitación de urgencia de un procedimiento?. Solo si el interesado lo solicita. Cuando razones de interés público lo aconsejen, y reducirá los plazos a la mitad, salvo los de solicitudes y recursos. Cuando el procedimiento sea complejo. En cualquier procedimiento. ¿Cuándo serán motivados los actos administrativos?. Siempre. Solo cuando limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, resuelvan recursos, se separen de criterios anteriores, acuerden suspensión, rechacen pruebas, etc. Únicamente cuando sean actos sancionadores. Cuando el órgano competente lo decida. ¿Cuándo se presumirán válidos los actos de las Administraciones Públicas y producirán efectos?. Desde su publicación. Desde la fecha en que se dicten, salvo que se disponga otra cosa. Desde que sean notificados al interesado. Desde que transcurra un mes desde su dictado. ¿En qué plazo deberán ser cursadas las notificaciones a los interesados?. Veinte días. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Cinco días. Sin plazo establecido. ¿Cuándo se practicarán preferentemente las notificaciones?. Por correo postal. Por medios electrónicos, y en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Mediante anuncio en el tablón de edictos. Por comparecencia directa. ¿Cuándo NO se efectuarán por medios electrónicos ciertas notificaciones?. Cuando el acto sea muy importante. Cuando el acto vaya acompañado de elementos no susceptibles de conversión electrónica o contenga medios de pago como cheques. Si el interesado lo solicita. Solo si el acto es muy corto. ¿Qué ocurre si el interesado rechaza la notificación de una actuación administrativa?. Se anula la actuación. Se hace constar en el expediente, especificándose las circunstancias, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Se le vuelve a notificar inmediatamente. Se archiva el expediente. ¿Cuándo se realizará la notificación por anuncio publicado en el BOE?. Siempre. Cuando los interesados sean desconocidos, se ignore su lugar de notificación o no se hubiese podido practicar el intento de notificación. Solo para multas. Cuando el interesado no conteste en 24 horas. ¿Cuándo serán objeto de publicación los actos administrativos?. Solo si la ley lo exige. Cuando lo establezcan las normas reguladoras o lo aconsejen razones de interés público, así como en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. Únicamente para actos que afecten a muchas personas. Cuando el órgano competente lo decida arbitrariamente. ¿Cuáles son los casos de nulidad de pleno derecho de los actos de las Administraciones Públicas?. Incompetencia, contenido imposible, infracción penal y vicios de forma subsanables. Lesión de derechos constitucionales, incompetencia manifiesta, contenido imposible, infracción penal, vicios de procedimiento esencial, adquisición de derechos sin requisitos esenciales y otros previstos por ley. Solo vicios de procedimiento. Únicamente la falta de motivación. ¿Cuándo un defecto de forma determinará la anulabilidad de un acto?. Siempre. Cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. Solo si el defecto es grave. Cuando el defecto se produzca en la notificación. ¿Qué ocurre si se declara la nulidad o anulabilidad de una parte de un acto administrativo?. Se anula todo el acto. No implicará la de las partes independientes, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto no hubiera sido dictado. Se debe dictar un nuevo acto completo. No se puede anular solo una parte. ¿Qué principio rige la ejecución forzosa de los actos administrativos?. La rapidez. La proporcionalidad. La discrecionalidad. La inmediatez. ¿Cuáles son los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos?. Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas. Solo apremio sobre el patrimonio. Ejecución directa. Embargo preventivo. ¿Cuándo se podrá acordar la suspensión de la ejecución de un acto impugnado?. Siempre que lo solicite el recurrente. Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación o la impugnación se fundamente en causas de nulidad de pleno derecho. Solo si hay un error de cálculo. Cuando el acto sea desfavorable. ¿Contra qué actos no cabe recurso en vía administrativa?. Solo contra las resoluciones de recursos de alzada. Contra las disposiciones administrativas de carácter general. Contra los actos de trámite que no deciden el fondo del asunto. Contra los actos firmes. ¿Qué pone fin a la vía administrativa?. Solo la resolución del recurso de alzada. Las resoluciones de recursos de alzada, resoluciones de órganos sin superior jerárquico, acuerdos, pactos, convenios o contratos finalizadores, resolución de procedimientos de responsabilidad patrimonial, y otros supuestos legales. Únicamente los actos del Gobierno. La notificación de cualquier acto. ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso de alzada si el acto fuera expreso?. Seis meses. Un mes. Quince días. No hay plazo. ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada?. Un mes. Tres meses. Seis meses. No hay plazo máximo. ¿Cuándo se podrá interponer recurso extraordinario de revisión?. Contra cualquier acto firme. Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurran error de hecho en los documentos, aparezcan documentos esenciales posteriores, influyan documentos falsos o la resolución derive de conducta punible. Solo si hay un vicio de forma. Cuando el órgano competente lo decida. ¿Cuál es el plazo para interponer recurso extraordinario de revisión por error de hecho en los documentos?. Tres meses desde la notificación. Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. Un mes. No hay plazo. |




