Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, será admitido: Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Todas son correctas.
Según la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, En los certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación»
Se entienden comprendidos los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. Se entienden comprendidos los de persona jurídica, pero no los de entidad sin personalidad jurídica. Se entienden comprendidos los de entidad sin personalidad jurídica, pero no los de persona jurídica. No se entienden comprendidos los de persona jurídica ni los de entidad sin personalidad jurídica.
El procedimiento que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas es... El general de la AGE. El común aplicable a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. El común aplicable cuando así lo establezca expresamente la legislación sectorial. El común aplicable a todas las Administraciones Públicas.
A tenor del artículo 2.4 de la LPACAP, se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la LPACAP: Las Corporaciones de Derecho Público. Las Administraciones que integran el sector público. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Todas las respuestas son correctas.
La LPACAP tiene por objeto, entre otros, regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas: Incluyendo el sancionador, con la excepción de la reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Excepto el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las Administraciones Públicas. Ninguna de las respuestas es correcta.
Según el artículo 1.2 de la LPACAP, podrán incluirse en el procedimiento trámites adicionales o distintos a los contemplados en ella: Cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento. Solo mediante ley. Todas las respuestas son correctas. De manera motivada.
Según el artículo 1.2 de la LPACAP, reglamentariamente podrán establecerse especialidades del procedimiento referidas a:
Los órganos competentes, plazos generales de los procedimientos, formas de iniciación, tramitación y terminación, publicación e informes a recabar. Los órganos competentes, plazos generales de los procedimientos, formas de iniciación, tramitación y terminación, no publicación por razón de materia e informes a recabar. Los órganos competentes, plazos propios del concreto procedimiento por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes a recabar. Los órganos competentes, plazos generales de los procedimientos, formas de iniciación, tramitación y terminación, no publicación por razón de materia e informes a omitir.
De conformidad con la Ley 39/2015, no tiene la consideración de Administraciones Públicas: La Administración General del Estado. La Administración de las Comunidades Autónomas. Los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas. Todas son Administraciones Públicas.
Según la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes puntos es INCORRECTO en relación a un expediente administrativo? a. Los expedientes administrativos tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. b. En los expedientes administrativos electrónicos deberá constar copia electrónica certificada de la resolución adoptada. c. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. d. La autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, no siendo admisible que un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.
Según el artículo 17 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar: a. Su consulta y conservación durante al menos 5 años desde su emisión. b. Su confidencialidad, integridad y conservación. c. Su autenticidad, integridad y conservación. d. Su consulta y conservación durante el perido de tiempo dispuesto en la normativa aplicable.
Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente: a. El texto íntegro de la resolución. b. El intento de notificación debidamente acreditado, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazos de reposición. c. El texto íntegro de la resolución, indicando si pone fin a la vía administrativa, recurso y plazos de interposición. d. El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.
Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables: a. Los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. b. Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. c. Los actos que incluyan contenido imposible. d. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los
órganos colegiados.
Para la tramitación simplificada, la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que en el procedimiento de responsabilidad patrimonial: a. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. b. Si una vez iniciado el procedimiento el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. c. Serán preceptivos en todo caso, además del trámite de audiencia al interesado, el informe del servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable y el dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. d. Si una vez iniciado el procedimiento el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado, previo informe del Jurado Provincial de Expropiación que habrá de ser emitido en el plazo de 5 días.
El recurso de alzada puede interponerse: a. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna en todo caso. b. Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. c. Ante el órgano competente para resolverlo en todo caso. d. Ante el Defensor del Pueblo.
Según la Ley 39/2015, con respecto a las notificaciones telemáticas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido en un plazo de: a. 10 días naturales. b. 10 días hábiles. c. 20 días naturales. d. En ningún caso se considerará rechazada si no se ha accedido a su contenido.
En los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante: a. El uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico avanzado. b. El uso de una firma electrónica basada en un certificado electrónico reconocido o cualificado. c. El uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado. d. El uso de un código seguro de verificación basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: a. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles b. Quienes representen a un interesado aunque este no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. c. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas como personas físicas. d. Las entidades sin ánimo de lucro.
El artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo A) no podrá exceder de 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. B) no podrá exceder de 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. C) no podrá exceder de 9 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. D) no podrá exceder de 12 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán: a) Vulnerar la Constitución. b) Vulnerar las leyes. c) Regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. d) Todas las anteriores son correctas.
De conformidad con la Ley 39/2015, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos, no es necesario que contengan: El período de tiempo por el cual se otorga el poder. Dirección y número de teléfono de apoderado. Fecha de inscripción. Tipo de poder según las facultades que otorgue.
No se consideraría interesado en el procedimiento administrativo... Quienes lo promueven como titulares de derechos legítimos colectivos Quien no habiendo iniciado el procedimiento tenga intereses que puedan resultar afectados por la resolución que en el mismo se adopte Un sindicato en los términos que la ley le reconozca El derecho-habiente del interesado cuando la condición de interesado derivase de una relación jurídica transmisible.
Según el artículo 6.1 de la LPACAP, los registros generales de apoderamientos: Anularán los registros particulares en cada Organismo, cuyos datos pasarán a inscribirse en el registro general a todos los efectos No impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo No impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites en cualquier Administración Pública No impedirán la existencia de registros particulares en cada Organismo donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites que sean generales a cualquier Administración.
¿Cuál de la siguiente información deberán contener, entre otras, los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos, conforme al artículo 6.3 de la LPACAP? Nombre, apellidos, denominación, documento nacional de identidad y número de identificación fiscal del poderdante Tipo de poder según las facultades que otorgue Motivo de la representación Todas las respuestas son correctas.
Según la Ley 39/2015, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Los que, habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento aún cuando haya recaído resolución definitiva. Todas son correctas.
De conformidad con la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados en el uso obligatorio de firma para (SEÑALE LA INCORRECTA): Renunciar a derechos. Interponer recursos. Formular solicitudes. Presentar alegaciones.
No necesariamente deberá acreditarse la representación conforme el art. 5 de la Ley 39/2015 Cuando se presente una declaración responsable Cuando se interponga un recurso Cuando se solicite información sobre un trámite ineludible en el procedimiento de que se trate Cuando se formule cualquier solicitud iniciadora de un procedimiento.
De conformidad con la Ley 39/2015, ¿quiénes podrán actuar por medio de representante? Todos. Los interesados. Aquellos interesados que tengan capacidad de obrar. Ninguna es correcta.
Según el artículo 5.7 de la LPACAP, las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de: Todas las transacciones físicas y electrónicas en representación de los interesados Determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados Ciertas transacciones físicas en representación de los interesados Todas las transacciones físicas en representación de los interesados.
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