392015 IV 2

La terminación del procedimiento regulado en el artículo 84.2, indica que también se producirá con la imposibilidad material: De terminarlo, la resolución que se dicte no necesitará ser motivada. De continuarlo, pero se dictará resolución que deberá ser motivada en todo caso. De continuarlo, la resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso. De resolverlo, pero se dictará resolución que no necesitará ser motivada.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 85 establece respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores: Iniciado un procedimiento sancionador, aunque el infractor no reconozca su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Iniciado un procedimiento informativo, en ningún caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción. Iniciado un procedimiento regulador, en todo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de una sanción.

Según el artículo 85: Respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario, pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por el presunto responsable: En cualquier momento anterior al trámite de liquidación, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. En cualquier momento anterior al , implicará la terminación del procedimiento, incluido lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. En cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, incluido lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. En cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

El apartado 3 del artículo 85: En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos: El 10 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. El 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. El 30 % sobre el importe de la sanción propuesta, no siendo éstos acumulables entre sí. El 40 % sobre el importe de la sanción propuesta, no siendo éstos acumulables entre sí.

A la terminación del procedimiento administrativo cuando las Administraciones públicas celebran acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho Público como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y tengan por objeto satisfacer el Interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico especifico que, en su caso, prevea; se le denomina en la Ley 39/2015: Terminación extraordinaria. Terminación paccionada. Terminación convencional. Terminación contractual.

Según el artículo 86 (terminación convencional), las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas: Físicas. Jurídicas. De Derecho público y privado. De derecho público.

Los acuerdos de terminación convencional que versen sobre materias de la competencia directa de un órgano de una Comunidad Autónoma requerirán en todo caso la aprobación expresa de: El Presidente de dicha comunidad. El Consejo de Ministros u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma. El Consejo de Gobierno de dicha comunidad. El Consejo de Gobierno.

Según el artículo 86.5, en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar: La cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La cuantía de la indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. La cuantía y modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 44 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. El modo de indemnización de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

El artículo 87 nos habla de las Actuaciones complementarias. Estas actuaciones complementarias podrán ser resueltas por el órgano competente mediante un: Informe. Comunicado. Acuerdo motivado. Acuerdo votado.

El acuerdo de las actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo para formular alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Dicho plazo será de: Siete días. Ocho días. Nueve días. Diez días.

De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y respecto a la finalización del procedimiento, señale la respuesta CORRECTA: Antes de dictar resolución, el órgano competente para resolver podrá decidir, mediante acuerdo motivado, la realización de las actuaciones complementarias indispensables para resolver el procedimiento. En los procesos en materia de responsabilidad patrimonial, transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. En la terminación convencional del procedimiento, los acuerdos que se suscriban decidirán como quedan determinadas las competencias atribuidas a los órganos administrativos, y las responsabilidades que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento de los servicios públicos. En la resolución de los procedimientos sancionadores la resolución podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. El órgano competente para resolver notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.

Sin embargo, las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a: Diez días. Quince días. Veinte días. Treinta días.

El plazo para resolver un procedimiento administrativo con actuaciones complementarias será de: Quince días después de la terminación de las actuaciones. Quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones. No quedará suspendido hasta la terminación de las actuaciones. Será de veinte días después de la terminación de las actuaciones.

El artículo 88 nos habla del Contenido de las resoluciones de terminación. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá: El plazo de alegaciones. El plazo de subsanación. Todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas derivadas del mismo. Todas las cuestiones planteadas por el órgano al que va dirigido.

Según el artículo 88: Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a aquéllos por un plazo no superior a: Diez días. Quince días. Veinte días. Treinta días.

Indica la respuesta correcta según lo indicado en el artículo 88.2: En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, pudiendo agravar su situación inicial. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. En los procedimientos tramitados a solicitud de la Administración Pública, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será opuesta con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará: Por escrito. Electrónicamente. Tanto por escrito como telefónicamente. Tanto por escrito como electrónicamente.

Según el artículo 89 de la propuesta de resolución en los procedimientos de carácter sancionador: (indica la respuesta errónea). El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones. No será necesaria la formulación de la propuesta de resolución. Será necesaria la formulación de la propuesta de resolución. El órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados.

De acuerdo con lo indicado expresamente en el artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta incorrecta: En el caso de un procedimiento de carácter sancionador, una vez concluida la instrucción del procedimiento, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución que deberá ser notificada a los interesados. La propuesta de resolución deberá indicar la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes. En la propuesta de resolución se fijarán de forma motivada los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, se determinará la infracción que, en su caso, aquéllos constituyan, la persona o personas responsables y la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción del procedimiento se ponga de manifiesto, entre otras circunstancias, que el procedimiento, en cualquier momento, haya caducado. Cuando la instrucción concluya la inexistencia de infracción o responsabilidad y no se resuelva sobre la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones, la propuesta de resolución declarará dicha circunstancia.

Según el artículo 89 apartado 3, en la propuesta de resolución se fijará de forma motivada: (indica la respuesta errónea). Los hechos que se consideren aprobados y su exacta calificación jurídica. La persona o personas responsables y la sanción que se proponga. La valoración de los gastos que se le han ocasionado al interesado en el procedimiento. Las medidas provisionales que se hubieran adoptado.

Según el artículo 90: especialidades de la resolución en los procedimientos sancionadores, en dicha resolución no se podrán aceptar... La valoración de las pruebas practicadas. El contenido previsto en los artículos 88 y 89. Hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. Todas son correctas.

Según el artículo 90, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de: Cinco días. Diez días. Quince días. Veinte días.

La resolución de un procedimiento sancionador que ponga fin al procedimiento será: Ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Legislativa cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. Ejecutiva aun cuando haya un recurso ordinario en vía administrativa. Legislativa, aun cuando haya un recurso ordinario en vía administrativa.

Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará mediante un procedimiento: Administrativo común cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Complementario cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Sancionador, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva. Abreviado, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva.

Según el artículo 91, ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa ya que podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular?. Seis meses. Nueve meses. Diez meses. Doce meses.

En relación con los procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, el artículo 91 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que: Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular. Transcurridos tres meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. Todas son incorrectas.

Según el artículo 92, en el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: El diputado respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. El Ministro respectivo o por el Consejo General del Poder Judicial en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando un decreto así lo disponga.

Según el artículo 94: desistimiento y renuncia por los interesados: si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia, solo afectará a... Todos los interesados. A aquellos que la hubiesen formulado. Ninguno de los interesados. A uno de los interesados.

Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativa a caducidad y sus efectos. La caducidad no producirá por si sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. En los procedimientos iniciados de oficio, cuando se produzca su paralización por causa imputable al interesado, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. La caducidad no producirá la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero en los procedimientos caducados se interrumpirá el plazo de prescripción. En los procedimientos Iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa no imputable al mismo, se producirá la caducidad del procedimiento transcurridos tres meses.

Según el artículo 95: requisitos y efectos, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento transcurridos: Dos meses. Tres meses. Cuatro meses. Seis meses.

Los procedimientos caducados: No interrumpirán el plazo de prescripción. Interrumpirán el plazo de prescripción. No producirá la prescripción de las acciones del particular o de la Administración. Las dos de no son correctas.

La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común se contempla en el art. 96 de la Ley 39/2015 Dicho artículo aparece en el ... TÍTULO II. De la actividad de las Administraciones Públicas. TÍTULO IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común. TÍTULO V. De las disposiciones sobre la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. TÍTULO III. De los actos administrativos.

Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativa a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde la adopción del acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, quepa imponer una sanción pecuniaria. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria. Una vez acordada la tramitación simplificada del procedimiento, la Administración está obligada a continuar con la misma hasta su finalización.

Según el artículo 96.5 ¿Cuál de las siguientes no es una causa que justifique la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común?. Razones de interés público. Falta de complejidad del procedimiento. Escasa cuantía del asunto. Todas son causas justificativas del acuerdo de iniciación.

De conformidad con el artículo 96 de la Ley 39/2015, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos: Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, en veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Salvo que resulte obligada su tramitación ordinaria, en veinte días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Salvo que resulte obligada su tramitación ordinaria, en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

En el artículo 96, nos dicen: es cierto que... La tramitación simplificada del procedimiento la acuerdan las distintas Administraciones Públicas. El acuerdo sólo se puede adoptar de oficio. El acuerdo de tramitación sólo se puede acordar a solicitud del interesado. El acuerdo de tramitación sólo se puede acordar a solicitud del interesado, nunca de oficio, previo examen de la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos para el asunto de que se trate.

¿Cuándo podrán las Administraciones Públicas acordar la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, según establece el artículo 96.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas deberán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas deberán acordar, únicamente de oficio, la tramitación simplificada del procedimiento. Cuando se trate de procedimientos que consten de un único trámite y así esté permitido por el ordenamiento jurídico. Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.

Según el artículo 96.3: Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de las razones previstas, podrá desestimar dicha solicitud de tramitación de procedimiento simplificado, en el plazo de ... Cinco días. Diez días. Quince días. Dos días.

En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, si una vez iniciado el procedimiento administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento de servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización, podrá acordar de oficio: La suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado. La suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento negociado sin publicidad. La suspensión del procedimiento general y la iniciación de un contrato menor. La suspensión del procedimiento general y el archivo de las actuaciones.

Contra la decisión anterior cabe... Recurso de alzada. Recurso de reposición. El nuevo recurso de tramitación. No cabe recurso alguno.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: (artículo 96.6). 1 mes, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. 2 meses, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. Quince días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

Conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en: 15 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. 30 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. 45 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento. 60 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

No aparecerá entre los trámites del procedimiento administrativo simplificado... Inicio del procedimiento. Informe del servicio jurídico, cuando sea preceptivo. Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Todos aparecerían.

En el procedimiento administrativo simplificado ... Se pueden formular alegaciones al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. Se pueden formular alegaciones al inicio del procedimiento durante el plazo de diez días. No se pueden formular alegaciones. Hay un plazo de entre cinco y diez días para formular alegaciones instruido el procedimiento y antes de emitir propuesta de resolución.

En el procedimiento administrativo simplificado... No hay trámite de audiencia. El trámite de audiencia tiene una duración más breve que en el procedimiento ordinario. Sólo se contempla el trámite de audiencia si la resolución va a ser desfavorable para el interesado. Ninguna es correcta.

Según el artículo 96, las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento administrativo: Solo de oficio. A solicitud del interesado. De oficio o a solicitud del interesado. Cuando por razones de interés público así lo aconsejen.

Según el artículo 97, en relación con la actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares, las Administraciones Públicas: No iniciaran ninguna actuación material sin autorización judicial. No iniciaran ninguna actuación material sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamente jurídico. a y b son correctas. Solo podrán iniciar actuaciones materiales cuando se trate de una ejecución subsidiaria.

Según al apartado 2 del artículo 97, el órgano que ordene un acto de ejecución material de resoluciones: Estará obligado a publicar en el diario correspondiente la actuación administrativa. Estará obligado a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa. Deberá llevar a cabo las mismas de conformidad con la Ley 40/2015. Ninguna es correcta.

Según el artículo 98, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos: (indica la respuesta incorrecta). Salvo que una disposición establezca lo contrario. Salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto. Salvo que se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Salvo que así lo indique el interesado.

Según el artículo 99, las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos: Sin requisito alguno. Salvo en los supuestos en que reglamentariamente así se establezca. Salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley, o cuando la Constitución o la Ley exijan la intervención de un órgano judicial. Todas son correctas.

La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará respetando siempre el principio de: Racionalidad. Nacionalidad. Proporcionalidad. Ejecutoriedad.

El artículo 100 de la LPACAP regula los medios de ejecución forzosa. Indique la respuesta correcta: Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. La ejecución forzosa se efectuará respetando siempre el principio de igualdad. Uno de los medios de ejecución forzosa es la multa delictiva. Uno de los medios de ejecución forzosa es la compulsión sobre el patrimonio.

Según el artículo 100, ¿cuál de los siguientes modos, son medios de ejecución forzosa de las Administraciones Públicas?. Apremio sobre el patrimonio. Compulsión sobre los bienes. Multa retroactiva. Todas son correctas.

Los medios de ejecución forzosa previstos en el artículo 100 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre son: Ejecución subsidiaria. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas. Apremio sobre el patrimonio. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas. Apremio sobre el patrimonio. Ejecución subsidiaria. Multa coercitiva. Compulsión sobre las personas. Apremio sobre el patrimonio. Ejecución subsidiaria. Multa coercitiva.

Si leemos el artículo 100, ¿Cuál no es un medio de ejecución forzosa que disponen las Administraciones Públicas?. Apremio sobre el patrimonio. Compulsión sobre los bienes. Ejecución subsidiaria. Multa coercitiva.

Según el artículo 100, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad y si fueran varios los medios de ejecución admisibles: Se elegirá el más adecuado al tipo de ejecución. Se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. El órgano competente decidirá cuál de los medios admisible corresponde aplicar. Todas son correctas.

Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares que requieran autorización de su titular, las Administraciones Públicas: Deberán obtener el consentimiento del titular en todo caso. Podrán instar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para hacer efectivas las medidas adoptadas directamente. Deberán obtener el consentimiento del titular o, en su defecto, la oportuna autorización judicial. Podrán reclamar a la policía judicial la ejecución de las medidas adoptadas.

De conformidad con lo establecido en el capítulo VII del Título IV de a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en virtud de un acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida: Habrá lugar a ejecución subsidiaria. Podrá ser ejecutado por compulsión sobre las personas. Se seguirá el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio. Se impondrán multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.

De acuerdo con el artículo 102.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, qué medio de ejecución forzosa se aplicaría cuando se trate de actos que, por no ser personalísimos, puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado: La multa coercitiva. La ejecución coercitiva. La ejecución subsidiaria. La compulsión sobre las personas.

Las Administraciones Públicas, según el artículo 102, realizaran el acto: Por si o a través de las personas que determinen, a costa del obligado. Por si o a través de las personas que determinen, a costa de la Administración. Siempre a través del obligado y a costa del mismo. Por si o a través del obligado y a costa del mismo.

El importe de los daños, gastos y perjuicios: Podrá liquidarse de forma provisional y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación definitiva. Deberá liquidarse de forma definitiva y realizarse antes de la ejecución, a reserva de la liquidación preventiva. Deberá realizarse tras la ejecución y podrá liquidarse de forma provisional, a reserva de la liquidación preventiva. Ninguna es correcta.

Según el artículo 103, cuando así lo autoricen las leyes, y en la forma y cuantía que estas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución: De determinados actos, imponer multas coercitivas, que no podrán ser reiteradas en el tiempo. De determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. De cualquier acto, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado. De cualquier acto, imponer compulsión sobre las personas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la ejecución de determinados actos, se podrán imponer multas coercitivas en alguno de los siguientes supuestos: Actos cuya ejecución no pueda el obligado encargar a otra persona. Actos personalísimos que no puedan ser objeto de una sanción administrativa. Actos en que, procediendo la compulsión directa sobre la persona del obligado, la Administración no la estimara conveniente. Actos resolutorios que ya tengan impuesta una sanción sobre ellos.

La multa coercitiva es: (artículo 103.2). Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas. Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.

Según el artículo 104, los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar: Serán ejecutados por compulsión directa sobre las personas en todo caso. Podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice. Deberán ser ejecutados mediante multa coercitiva en todos los casos en que la ley lo permita. Ninguna es correcta.

Según el apartado 2 del artículo 104, si tratándose de obligaciones personalísimas de hacer, no se realizase la prestación, el obligado deberá resarcir los daños y perjuicios, a cuya liquidación y cobro se procederá: En vía de apremio extrajudicial. En vía judicial. En vía administrativa. Ninguna es correcta.

Según el artículo 105, contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido: Únicamente se admitirán a trámite las acciones posesorias. No se admitirán a trámite acciones posesorias. No se admitirá a trámite ninguna acción. Todas son falsas.