3er IV

.... .

.....

Suerte!!. .

Según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias propias de los municipios…. Solo pueden ser determinadas por ley. Serán ejecutadas de la forma que reglamentariamente se determine. No pueden ser objeto de regulación por otras administraciones porque atentarían contra la autonomía municipal. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: En las oficinas de asistencia en materia de registros. En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respecto del cómputo de plazos, ¿Cuál de estas afirmaciones es la incorrecta?. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará hábil en todo caso. Todas las respuestas anteriores son correctas.

De acuerdo con la legislación en vigor ¿Cuál de los siguientes derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas ha quedado modificado por la disposición final 1.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre?. A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración. Al acceso a la información pública, archivos y registros. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas.

En su artículo 40, la Ley 39/2015 introduce un nuevo apartado respecto de las notificaciones: Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

El derecho a la protección de la salud está recogido en la Constitución Española: Dentro de la sección primera del capítulo segundo del título I, dedicada a los derechos fundamentales y las libertades públicas. Dentro del artículo 10, dedicado a los derechos y deberes fundamentales. Dentro de la sección segunda del capítulo segundo del título I, dedicada a los derechos y deberes de los ciudadanos. Dentro del capítulo tercero del título I, dedicado a los principios rectores de la política social y económica.

La Constitución Española establece, sobre la Seguridad Social: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales y sanitarias suficientes ante situaciones de necesidad. Los poderes públicos mantendrán un régimen mixto público y privado de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales y sanitarias suficientes ante situaciones de necesidad. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad. Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sanitarias suficientes ante situaciones de necesidad.

La administración puede establecer los plazos de los procedimientos por: Horas, días, meses y años. Sólo contando los días hábiles incluidos los festivos. Sólo contando los días naturales, dejando fuera los sábados. Sólo puede contar días y no horas.

Las Corts Valencianas están constituidas: Por un número de diputados y diputadas no inferior a 75. Por un número de diputados y diputadas no inferior a 85. Por un número de diputados y diputadas no inferior a 95. Por un número de diputados y diputadas no inferior a 99.

La iniciación de un procedimiento administrativo de oficio se realiza por: Tras una denuncia de la ciudadanía. El órgano o la unidad administrativa competente. Por una orden de una persona superior jerárquica. Las respuestas a), b) y c) son correctas.

El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, se denomina: Procedimiento administrativo. Expediente administrativo. Oficios administrativos. Instrucción del procedimiento administrativo.

El periodo de exposición pública de la aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento será de: Séis meses. Quince días hábiles. Cincuenta días hábiles. No se expone nunca.

A quien corresponde la función de recaudación en un Ayuntamiento. A la Diputación Provincial. A los Concejales. A la Tesorería. A la Secretaría.

Los Ayuntamientos aprueban su presupuesto: Cada seis meses. Anualmente. Cada 3 años. No lo aprueban nunca.

Quién es el órgano competente para aprobar inicialmente el presupuesto del Ayuntamiento: El Pleno. La Junta de Gobierno Local. La Comisión Informativa. El Alcalde.

La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno del Ayuntamiento deberá realizarse antes de: El 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. El 1 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse. Cuando el Alcalde del Ayuntamiento lo considere. Cuando esté finalizado.

Se puede prorrogar el presupuesto de un Ayuntamiento: No. Si. Nunca. Algunas veces.

La denominada Ley Reguladora de las Haciendas Locales es el: Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley. Real Decreto Legislativo 2/2020 de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley. Real Decreto Legislativo 2/2021, de 5 de marzo, por el que se aprueba la Ley. Real Decreto Legislativo 2/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley.

De conformidad con la Ley 7/85 (LRBRL), cuando los miembros del órgano colegiado voten en contra o se abstengan: En ningún caso les exime de responsabilidad respecto de los acuerdos adoptados. Quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos. Habrán de reflejar en acta su voto particular. Serán excluidos de la siguiente votación sobre acuerdos de similar naturaleza.

De conformidad con la Ley 7/85 (LRBRL), podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado: En ningún caso. Cuando así lo solicite la mitad más uno de los miembros del órgano colegiado. Sí, pueden grabarse. Obligatoriamente en formato MP4 o similar.

Las ordenanzas cuya aprobación definitiva sea competencia de los entes locales: Se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Se publicarán exclusivamente tanto en el tablón de edictos como en la sede electrónica de la entidad local. Se publicarán exclusivamente en la sede electrónica de la entidad local.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas: Siempre deberán ser firmados electrónicamente. Sólo requieren firma electrónica si forman parte de un expediente administrativo. No requieren firma electrónica los documentos que se publiquen con carácter meramente informativo. Sólo requieren firma electrónica si forman parte de un expediente judicial.

El plazo de interposición del recurso potestativo de reposición contra un acto expreso es de: Treinta días. Un mes. Quince días. Dos meses.

Según el artículo 2.2 de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones establecidas en ella son de aplicación: Solo a las personas, físicas o jurídicas de nacionalidad española, que se encuentren o actúen en territorio español. A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. A toda persona, física o jurídica, de nacionalidad española, con independencia del territorio donde actúe. Únicamente a las personas físicas, que se encuentren o actúen en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia.

Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, ¿cuándo se entiende rechazada la notificación electrónica?. Pasados 10 días hábiles desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Pasados 15 días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Pasados 10 días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido. Pasados 15 días hábiles desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

Según el artículo 30.6 de la Ley 39/2015, cuando un día fuese hábil en la sede del órgano administrativo autor del acto e inhábil en el municipio en que residiese el interesado, se considerará: Hábil. Inhábil en todo caso. Inhábil en determinados casos. Inhábil si es festivo nacional únicamente.

Según el artículo 64 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el Gobierno aprobará un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella: Al inicio de cada legislatura. Cada año. Cada dos años. Cada tres años.

- Según el artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué órgano colegiado de consulta y asesoramiento crea esta ley, con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo?. El Instituto de la Mujer. El Consejo de Participación de la Mujer. El Consejo Nacional de la Mujer. El Consejo de la Mujer.

Según el artículo 1 de la Ley 39/2015, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley: Solo mediante Ley. En ningún caso. Por Real Decreto del Consejo de Ministros. Por Orden Ministerial de Hacienda y Función Pública.

Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, NO se consideran interesados en el procedimiento: Los que, sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. Aquellos cuyos intereses legítimos puedan resultar afectados por la resolución aun cuando no se personen en el procedimiento. Todos los anteriores se consideran interesados en el procedimiento administrativo.

Señale la afirmación correcta respecto del plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa, en un procedimiento iniciado de oficio, el cual se contará, de conformidad con lo que establece el art. 21 de la Ley 39/2015: Desde la fecha de la notificación el acuerdo de inicio al interesado. Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha de la denuncia administrativa. Desde la fecha de la primera actuación de la Administración con el interesado.

De acuerdo con la Ley 39/2015, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa NO podrá exceder de: 2 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 3 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 5 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 6 meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿quién está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas?. Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones para la gestión de sus asuntos personales. Las personas físicas. Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la apertura de un periodo de prueba tiene que ser por un plazo: No superior a treinta días ni inferior a diez. No superior a veinte días ni inferior a diez. No superior a treinta días ni inferior a cinco. No superior a quince días ni inferior a diez.

¿Qué sistemas permiten a la ciudadanía identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas?. Sistemas basados en certificados electrónicos y reconocimiento facial. Sistemas de clave consensuada y hash. Sistemas basados en certificados electrónicos y de clave concertada. Firma manuscrita digitalizada.

- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo: 9.3 de la Constitución Española. 14 de la Constitución Española. 18.4 de la Constitución Española. 35.1 de la Constitución Española.

Según establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales del fallecido y, en su caso, su rectificación o supresión: Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares. Las personas vinculadas al fallecido por razones de hecho. Sus herederos. Todas son correcta.

Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este, estarán sujetas al deber de: Custodia. Cuidado. Confidencialidad. Sigilo.

Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que este acepta: Necesariamente mediante una declaración, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Mediante una probable acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. Mediante una declaración o probable acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen.

Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento, cuando sea: Mayor de 13 años. Mayor de 14 años. Mayor de 16 años. Mayor de 18 años.

Según el artículo 21 RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales podrán exigir tasas por: Abastecimiento de aguas en fuentes públicas. Protección civil. Limpieza de la vía pública. Instalaciones deportivas municipales.

- Según el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ¿cuál de los siguientes NO constituye un recurso para un Ayuntamiento?. Las subvenciones. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. Las participaciones en los tributos de las provincias. El producto de operaciones de crédito.

EL RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, al disponer en su art. 172 que “Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados […]”está recogiendo el conocido como principio de: Anualidad. Especialidad. Unidad. Publicidad.

Según la Ley de Transparencia, cuando la solicitud de acceso a la información no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de: 15 días. 10 días. 5 días. Ninguna es correcta.

EL RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dispone en su art. 17 que “Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos […], se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante”: Veinte días hábiles como mínimo. Veinte días naturales, como máximo. Treinta días, como mínimo. Quince días, como mínimo.

Según la Ley de Transparencia se inadmitirán a trámite las solicitudes: Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Todas son correctas.

Según el artículo 17 de la LBRL, las competencias propias de los municipios se ejercen: En régimen de autonomía. En régimen de independencia. En régimen de coordinación. Ninguna de las anteriores en correcta.

Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva entidad local y se aplican conforme: Al principio de solidaridad interterritorial. Al principio de justicia social. A los principios de residencia efectiva y de territorialidad. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas y del resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas: la situación de equilibrio o superávit estructural. la posición de equilibrio financiero. ninguna de las respuestas anteriores es correcta. las respuestas a y b son ciertas.

Al presupuesto general se unirán como anexos: Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de tres años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cinco años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. Todas las respuestas son correctas.

El presupuesto de la Entidad Local será formado: Por la Junta de Gobierno. Por el equipo económico de la Entidad Local. Por su Presidente. Por la mitad más uno de los concejales.

Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto: Antes del día primero de enero del ejercicio siguiente. Antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. Antes del día primero de febrero del ejercicio siguiente. Antes del día primero de abril del ejercicio siguiente.