a lo mio

Con carácter general, quedan excluidos de la Ley 9/2017, los contratos de investigación y desarrollo, excepto una serie de contratos que estén incluidos en una serie de códigos y cumplan con unas condiciones; éstas últimas son: Que los ingresos los obtenga exclusivamente el poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su actividad. Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador. Que los beneficios pertenezcan en un cincuenta por ciento al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador. Que los beneficios pertenezcan exclusivamente al poder adjudicador para su utilización en el ejercicio de su propia actividad y en otras nuevas actividades, y que el servicio prestado sea remunerado íntegramente por el poder adjudicador.

Según dispone el artículo 17 de la Ley 9/2017, son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad dirigidas a la obtención de: Un resultado de obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado de obra o suministro, salvo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado distinto de una obra o suministro, salvo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. Un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

Quedan excluidos del ámbito de la Ley 9/2017, los convenios incluidos en el ámbito del artículo 346 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector: de la defensa y la seguridad. de la investigación y la divulgación. audiovisual. del medio ambiente.

Según dispone el artículo 18 de la Ley 9/2017, el contrato mixto: Únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de obra y al contrato de suministros. Únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de obra y al contrato de servicios. Únicamente puede contener prestaciones correspondientes al contrato de suministros y al contrato de servicios. Será aquel que contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de distinta clase.

Dispone el artículo 1 de la Ley 9/2017, que en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva: Criterios sociales y medioambientales aunque no guarde relación con el objeto del contrato. Criterios éticos y de transparencia siempre que guarde relación con el objeto del contrato. Criterios éticos y de transparencia aunque no guarde relación con el objeto del contrato. Criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato.

Respecto a los partidos políticos, organizaciones sindicales, y organizaciones empresariales y asociaciones profesionales, además de las fundaciones y asociaciones vinculadas a cualquiera de ellos, cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador y respecto de los contratos sujetos a regulación armonizada, deberán actuar conforme dispone el artículo 3 de la Ley 9/2017, a los siguientes principios: Publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia. Publicidad, concurrencia y no discriminación. Publicidad, concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación sin perjuicio del respeto a la autonomía de la voluntad y de la confidencialidad cuando sea procedente. Publicidad, no discriminación y confidencialidad.

Se entenderá que un contrato tiene carácter oneroso, según dispone el artículo 2 de la Ley 9/2017, en los casos en que: El contratista obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa. El contratante obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. El contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. El contratante obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa.

Según el artículo 2 de la Ley 9/2017, son contratos del sector público: Los contratos públicos, que celebren las Universidades privadas, en el ámbito de su actividad. Los contratos en los que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica. Los contratos gratuito, cualquiera que sea su naturaleza jurídica.

Están incluidos en el ámbito de la Ley 9/2017: La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral. Los que tengan por objeto la adquisición, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a servicios de comunicación audiovisual o servicios de comunicación radiofónica, que sean adjudicados por proveedores de dichos servicios. Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

No se consideran Administraciones Públicas según el artículo 3 de la Ley 9/2017: La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación. Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Es objeto de la Ley 9/2017, la regulación del régimen jurídico aplicable a: Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. Los efectos y cumplimiento de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar. Los efectos y cumplimiento de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público o privado que a través de los mismos se tratan de realizar. Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines institucionales de carácter público o privado que a través de los mismos se tratan de realizar.

Según el artículo 2.1 de la Ley 9/2017, son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y términos previstos en la misma: Los contratos no onerosos, de naturaleza jurídica pública, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley. Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley. Los contratos onerosos, de naturaleza jurídica-pública que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley. Los contratos no onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3 de esta ley.

¿Quiénes tendrán la consideración de beneficiarios según lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones?. La persona que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión. Siempre será una persona jurídica, siendo uno de sus miembros el responsable de la misma. Podrán serlo cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado con personalidad jurídica. Sólo personas físicas y jurídicas.

El artículo 8 de la Ley 38/2003, establece que con carácter previo al establecimiento de subvenciones, se deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones: Los objetivos y efectos que se pretenden. El plazo necesario para la consecución de los objetivos. Los costes y fuentes de financiación supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Los objetivos y efectos que se pretenden en su aplicación, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Señale el Régimen jurídico de las subvenciones: La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las restantes normas de derecho administrativo, y de forma supletoria, las normas de derecho privado. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sus disposiciones de desarrollo, las restantes normas de derecho administrativo, y, en su defecto, se aplicarán las normas de derecho privado. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo.

¿Qué se entiende por Administraciones públicas a los efectos de la Ley 38/2003, según el artículo 3?. La Administración General del Estado. La Administración General del Estado y sus Organismos autónomos. La Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Administración General del Estado, las entidades que integran la Administración Local y la Administración de las Comunidades Autónomas.

¿Cuál de los siguientes supuestos se consideran subvenciones, de acuerdo con la Ley 38/2003?. Los beneficios fiscales y de cotización a la Seguridad Social. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial. El crédito oficial, en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario parte de los intereses de la operación de préstamo. Las prestaciones como consecuencia de actos de terrorismo.

En el caso de la cesión de datos prevista en el apartado 5 del artículo 20 de la Ley 38/2003, se instrumentará la interrelación de la Base de Datos Nacional de Subvenciones con otras bases de datos. ¿Qué deberá asegurarse en estos casos respecto de los datos cedidos?. El acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos. El acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y conservación de los datos. El acceso, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos. El acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad y trazabilidad de los datos.

Según el artículo 10 de la Ley 38/2003, ¿cuáles son los órganos competentes para conceder subvenciones?. Los Ministros. El Consejo de Ministros. Los Ministros y Secretarios de Estado en la Administración General del Estado y los presidentes o directores de los organismos y entidades públicas vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado. El Consejo de Ministros y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas las subvenciones convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la Administración del Estado publicará en su página web: Las convocatorias de subvenciones. Las subvenciones concedidas y no concedidas. Todas las sanciones impuestas por infracciones. Podrán ser publicadas las subvenciones concedidas cuando la publicación de los datos del beneficiario pueda ser contraria a la salvaguarda del honor e intimidad personal, siempre que impere el interés general.

¿Cómo será considerada la infracción del deber de secreto por parte de las autoridades y del personal al servicio de las Administraciones Públicas que tengan conocimiento de los datos contenidos en la Base de Datos?. Se considerará falta disciplinaria grave. Con independencia de las responsabilidades penales o civiles, la infracción se considerará siempre falta disciplinaria muy grave. Se podrá considerar falta disciplinaria grave o muy grave, según la gravedad de los hechos. Se considerará falta disciplinaria leve o grave, con independencia de las responsabilidades penales o civiles que puedan corresponder.

¿Quiénes serán responsables de suministrar la información de forma exacta, completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido, según dispone el artículo 20 de la Ley 38/2003?. En el sector público estatal, los titulares de los órganos, organismos y demás entidades que concedan subvenciones y ayudas. En las Comunidades autónomas, la Intervención General del Estado. En las Entidades Locales, los órganos competentes en materia económica-financiera. En las Comunidades autónomas, la Intervención General del Estado y de la propia Comunidad Autónoma u órgano que designe la propia Comunidad autónoma.

Finalidades de la Base de Datos Nacional de subvenciones, según el artículo 20 de la Ley 38/2003: Promover la transparencia, servir como instrumento para la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas. Dar transparencia a las subvenciones concedidas a nivel estatal. Su función principal es dar publicidad. su función principal es servir como instrumento para la lucha contra el fraude de subvenciones y ayudas públicas.

Respecto al concepto de subvención, ¿qué se entiende según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 38/2003?. Toda disposición dineraria. Toda disposición dineraria realizada por cualquiera de los sujetos que formen parte del Sector Público. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas y que cumpla una serie de requisitos. Toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos que formen parte del Sector Público, a favor de personas públicas o privadas y que cumpla una serie de requisitos.

Señala el artículo 3.4 de la Ley 38/2003, que será igualmente aplicable esta ley a las siguientes subvenciones: Las establecidas en materias cuya regulación plena les corresponda a las Comunidades Autónomas y cuya gestión sea su competencia total. Las establecidas en materias cuya regulación plena o básica corresponda al Estado y cuya gestión sea competencia total o parcial de otras Administraciones Públicas. Aquellas en cuya tramitación sólo intervengan órganos de la Administración General del Estado o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquélla. Aquellas en cuya tramitación sólo intervengan órganos de la Administración General de las Comunidades Autónomas o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquéllas.

¿Cuál es el objeto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones?. La regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas. La regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por Órganos y Autoridades Públicas en el ámbito de sus competencias. La regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias. La regulación del régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por las Administraciones que forman parte del Sector Publico.

De acuerdo con el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora, no podrán obtener a la condición de beneficiario o entidad colaboradora: Las personas o entidades que hayan sido sancionadas con multas administrativas. Las personas o entidades que hayan solicitado la declaración de concurso voluntario. Las personas o entidades que lleven 6 meses sin hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Las personas o entidades que hayan sido condenadas mediante sentencia firme en los últimos 4 años por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.

¿Qué carácter tiene la información incluida en la Base de Datos Nacional de Subvenciones?. En todo caso, carácter reservado. Carácter público. Carácter reservado, sin que pueda ser cedida o comunicada a terceros, salvo determinadas excepciones. Carácter reservado y exclusivo.

¿Cuáles son los principios por los que se rigen la gestión de las subvenciones públicas, según la Ley 38/2003?. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. Eficacia en la asignación y utilización de los recursos. Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración concedente. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

¿Cuál es el órgano competente para autorizar la concesión de subvenciones de cuantía superior a 12 millones de euros?. Será necesario acuerdo del Consejo de Ministros o, en el caso de que así lo establezca la normativa reguladora de la subvención, de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, junto con la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

El contenido de la Ley 38/2003, ¿resulta de aplicación a los organismos y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas a las Administraciones Públicas?. No, puesto que no forman parte del concepto de Administración Pública contenido en la propia Ley. Serán únicamente de aplicación los principios de gestión y los de información. Se aplicarán cuando las subvenciones que otorguen sean consecuencia del ejercicio de potestades administrativas. Se aplicarán, únicamente, a los organismos y demás entidades de Derecho Público dependientes de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Respecto a las facultades para conceder subvenciones a las que se refiere el artículo 10 de la Ley 38/2003, señale la respuesta correcta: Podrán ser objeto de desconcentración mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros. Podrán ser objeto de delegación, según disponga el órgano competente. En ningún caso podrán delegarse dichas facultades. Podrán ser objeto de desconcentración siempre que se determine mediante decreto del Consejo de Ministros.

Dispone el artículo 2 de la Ley 38/2003, que no están comprendidas en el ámbito de aplicación: Las aportaciones dinerarias en concepto de cuotas. Las aportaciones dinerarias en concepto de cuotas, tanto ordinarias como extraordinarias, que realicen las entidades que integran la Administración Local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la LBRL. Las aportaciones dinerarias en concepto de cuotas sólo de carácter extraordinarias, que realicen las entidades que integran la Administración Local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la LBRL. Las aportaciones dinerarias en concepto de cuotas sólo de carácter ordinarias que realicen las entidades que integran la Administración Local a favor de las asociaciones a que se refiere la disposición adicional quinta de la LBRL.

¿Qué establece el artículo 21 de la Ley 38/2003, respecto al Régimen de garantías?. El Régimen de las garantías y medios de constitución que tengan que constituirse se establecerá según lo desarrollado en esta Ley y en su normativa de desarrollo. El Régimen de garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se establecerá reglamentariamente. Sólo lo referente a los medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se establecerán reglamentariamente. El Régimen de garantías, medios de constitución, depósito y cancelación que tengan que constituir los beneficiarios o las entidades colaboradoras se establecerá conforme a lo dispuesto en el instrumento jurídico de creación.

¿Cuál es el órgano responsable de la administración y custodia de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, según dispone la Ley 38/2003?. El Consejo Económico y Social. El Consejo de Estado. La Intervención General de la Administración del Estado. El Tribunal de Cuentas.

Señale la respuesta correcta, según lo regulado en el artículo 3 de la Ley 38/2003, relativo al ámbito de aplicación subjetivo: Esta Ley no será de aplicación a las aportaciones gratuitas en ningún caso. Sólo se aplicará esta Ley a las aportaciones gratuitas que no tengan relación directa con el objeto de la actividad contenido en la norma de creación o en sus estatutos. En todo caso, las aportaciones gratuitas habrán de tener relación directa con el objeto de la actividad contenido en la norma de creación o en sus estatutos. Serán de aplicación los principios de gestión a todas las entregas dinerarias sin contraprestación.

¿Quién es el órgano responsable de la administración y custodia de la Base de Datos Nacional de subvenciones?. Quién se determine en cada base reguladora de cada subvención. El Tribunal de Cuentas. El Tribunal de cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado. La Intervención General de la Administración del Estado.

El artículo 2 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía establece que a los efectos de la presente ley, se entiende por información pública: Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título o que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones por alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

El artículo 7 a) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía establece que el derecho a la publicidad activa consiste en: El derecho de cualquier persona a acceder, en los términos previstos en esta ley, a los contenidos o documentos que obren en poder de cualesquiera de las personas y entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. El derecho de la persona solicitante a que sean motivadas las resoluciones que inadmitan a trámite la solicitud de acceso, que denieguen el acceso, que concedan el acceso tanto parcial como a través de una modalidad distinta a la solicitada, así como las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de una tercera persona interesada. El derecho a utilizar la información obtenida sin necesidad de autorización previa y sin más limitaciones de las que deriven de esta u otras leyes. El derecho de cualquier persona a que los poderes públicos publiquen, en cumplimiento de la presente ley, de forma periódica y actualizada, la información veraz cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece en su artículo 14 que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para, marque la respuesta errónea: La defensa. Los intereses económicos y comerciales. La protección del medio ambiente. La intimidad personal y familiar.