43. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social

En relación con el bien jurídico protegido en los delitos contra la Hacienda Pública (Art. 305 CP), ¿cuál de las siguientes afirmaciones define con mayor precisión su naturaleza según la doctrina expuesta?. El bien jurídico es estrictamente el patrimonio de la Administración, entendiéndose este como la suma de bienes y derechos de titularidad pública. La norma tutela exclusivamente la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria para evitar el déficit público. Se protege el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, garantizando el flujo de ingresos indispensable para la prestación de servicios y el funcionamiento del Estado. El objeto de protección es la lealtad contable de las empresas frente a la administración tributaria.

Según el mecanismo de "regularización fiscal" como excusa absolutoria en los delitos contra la Hacienda Pública, ¿qué requisito temporal es indispensable para que la responsabilidad penal quede extinguida?. El pago debe realizarse antes de la celebración del juicio oral. El reconocimiento y pago de la deuda debe ser voluntario y completo, antes de que la Administración inicie una inspección formal o notifique el inicio de procedimientos.,. La regularización puede efectuarse en cualquier momento procesal, siempre que se satisfagan los intereses de demora. El pago debe realizarse dentro de los dos meses siguientes a la citación judicial como investigado.

¿Qué paradoja señala la doctrina al comparar la regulación del delito fiscal con el delito de frustración de la ejecución (Art. 257.3 CP)?. El delito fiscal tiene penas menores que el delito de frustración de la ejecución en todos los casos. La frustración de la ejecución permite la regularización en cualquier momento, a diferencia del delito fiscal. Mientras que eludir el tributo original permite la regularización (exención de pena), eludir el pago de la multa derivada de una condena por ese delito no admite dicha excusa y se castiga severamente. No existe diferencia alguna; ambos delitos permiten la extinción de la responsabilidad mediante el pago tardío.

En el ámbito de los delitos contra la Seguridad Social por fraude en las cotizaciones (Art. 307 CP), ¿qué efectos produce la regularización completa de la deuda antes de la actuación administrativa?. Atenúa la pena en uno o dos grados, pero no extingue la responsabilidad penal. Extingue la responsabilidad penal del fraude principal, pero mantiene la responsabilidad por las falsedades documentales instrumentales. Extingue la responsabilidad penal e incluye en dicho efecto exculpatorio a las falsedades instrumentales cometidas con el único fin de ocultar dicha deuda.,. Solo extingue la responsabilidad si el fraude es inferior a 120.000 euros.

Respecto a la coexistencia de los procedimientos penal y administrativo en los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, ¿cuál es la regla general?. El inicio de la causa penal paraliza automáticamente cualquier actuación de la Administración para el cobro de la deuda. La existencia de un proceso penal no paraliza la acción de cobro administrativo, salvo que el juez acuerde expresamente la suspensión previa prestación de garantía.,. La Administración debe esperar a la sentencia firme penal para iniciar la liquidación de la deuda. El procedimiento administrativo anula al penal si la Administración logra cobrar la deuda antes de la sentencia.

En el delito de fraude en la obtención de prestaciones de la Seguridad Social (Art. 307 ter CP), ¿cuál es el umbral económico de punibilidad y qué mecanismo de exención de responsabilidad se contempla?. El fraude debe superar los 120.000 € y se requiere confesión judicial. Cualquier importe es constitutivo de delito, pero el reintegro atenúa la pena. El fraude debe superar los 50.000 € y el reintegro total antes de la citación judicial extingue la responsabilidad penal. El fraude debe superar los 50.000 €, pero el reintegro solo sirve para evitar la prisión provisional.

Analizando el delito de fraude de subvenciones (Art. 308 CP), ¿en qué se diferencia fundamentalmente su mecanismo de reparación respecto a los delitos fiscales y contra la Seguridad Social?. En el fraude de subvenciones no existe ningún mecanismo de reparación que afecte a la pena. El reintegro en subvenciones extingue la responsabilidad penal (excusa absolutoria) igual que en el delito fiscal. El reintegro y confesión en subvenciones no extingue la pena, sino que la atenúa (rebaja en uno o dos grados).,. El fraude de subvenciones requiere un reintegro del doble de lo defraudado para eximir de responsabilidad.

Para que las falsedades instrumentales (contables o documentales) queden cubiertas por la regularización o reintegro voluntario, ¿qué condición específica deben cumplir?. Deben haber sido cometidas con posterioridad a la regularización para ocultar el rastro del dinero. Deben ser falsedades en documentos públicos, nunca en documentos privados o mercantiles. Deben haberse realizado con carácter previo a la regularización y con el único fin de cometer el fraude principal. No existe ninguna condición; todas las falsedades quedan perdonadas automáticamente.

¿Qué fundamento de política criminal justifica la existencia de la "puerta de retorno" (regularización/reintegro) en estos delitos?. La incapacidad técnica de los tribunales para juzgar delitos económicos complejos. La priorización pragmática de la recuperación de los fondos públicos y la reparación del daño sobre la imposición de una sanción penal.,. La necesidad de reducir la carga de trabajo de la Agencia Tributaria. El principio de intervención mínima, que impide sancionar a empresas que generan empleo.

Según el texto, ¿cuál es el umbral de cuantía defraudada necesario para que se configure el tipo delictivo en el fraude de subvenciones (Art. 308 CP)?. Superior a 120.000 euros. Superior a 50.000 euros. Superior a 10.000 euros. Superior a 100.000 euros.

Según el texto, ¿qué paradoja existe en la regulación penal al comparar la elusión de la deuda tributaria original con la elusión del pago de la obligación pecuniaria derivada de una condena por ese mismo delito fiscal?. La elusión de la deuda original se castiga más severamente porque es el origen del perjuicio al erario público. La elusión de la deuda tributaria original puede eximirse de pena mediante la regularización, pero eludir el pago de la condena derivada se castiga con mayor severidad, protegiendo así la autoridad de la Administración de Justicia. La regularización fiscal es aplicable a ambas conductas, tanto a la deuda original como a la obligación pecuniaria derivada de la condena. Ambas conductas se castigan con la misma severidad para garantizar la recaudación en todas sus fases.

¿Cuál es la diferencia fundamental en el efecto jurídico de la reparación del daño entre el delito fiscal y el delito de fraude de subvenciones, según la tabla comparativa?. En ambos delitos, la reparación del daño extingue completamente la responsabilidad criminal. En el delito fiscal la reparación atenúa la pena, mientras que en el fraude de subvenciones la extingue. En el delito fiscal la regularización voluntaria extingue la responsabilidad penal, mientras que en el fraude de subvenciones el reintegro solo la atenúa. La reparación del daño no tiene ningún efecto sobre la pena en el delito de fraude de subvenciones, solo en el delito fiscal.

En un caso de fraude en la obtención de prestaciones a la Seguridad Social que supera los 50.000 €, ¿qué acontecimiento específico marca el límite temporal para que el reintegro del dinero extinga la responsabilidad penal?. El momento en que la Tesorería General de la Seguridad Social liquida y exige el cobro de la deuda. La notificación del incicio del procedimiento administrativo por parte de la Inspección de la Seguridad Social. El transcurso de dos meses desde el inicio de la investigación administrativa. La citación judicial en calidad de investigado.

De acuerdo con los principios comunes, si una empresa regulariza voluntariamente una deuda con la Hacienda Pública, ¿qué ocurre con la responsabilidad penal por las falsedades contables cometidas para ocultar dicha deuda?. La responsabilidad por las falsedades se extingue, pero solo si no son irregularidades contables graves. La responsabilidad por las falsedades únicamente se atenúa, pero no llega a extinguirse por completo. La responsabilidad por las falsedades se extingue, siempre que estas tuvieran como único fin cometer el fraude principal que se regulariza. Se persiguen siempre de forma independiente, ya que la falsedad es un delito autónomo contra la fe pública.

¿Qué principio rige la relación entre el procedimiento penal por fraude a la Seguridad Social y el procedimiento administrativo de cobro de la deuda por parte de la Tesorería General?. El procedimiento penal tiene prioridad absoluta, y la Administración debe esperar a la sentencia firme para poder reclamar la deuda. El procedimiento administrativo se suspende automáticamente en cuanto se inicia el procedimiento penal, para evitar decisiones contradictorias. Ambos procedimientos avanzan de forma paralela y autónoma, salvo que un juez decrete la suspensión del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo solo puede continuar si el investigado presta una garantía, de lo contrario se suspende.

Además de la protección del patrimonio de las administraciones, ¿cuál es el bien jurídico fundamental que tutelan los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, según la introducción del texto?. La eficiencia y rapidez de la gestión recaudatoria de las administraciones públicas. El deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, como pilar del Estado del bienestar y del orden público económico. La veracidad de las declaraciones y documentos presentados por los ciudadanos ante la Administración. La capacidad sancionadora del Estado frente a los incumplimientos de los ciudadanos.

Para obtener la atenuación de la pena en el delito de fraude de subvenciones, ¿qué requisitos debe cumplir el responsable después de ser citado como investigado?. Reintegrar la totalidad de la subvención indebidamente obtenida en cualquier momento antes del juicio oral. Reconocer judicialmente los hechos, aunque no reintegre la subvención, dentro de los dos meses siguientes a la citación. Reintegrar la subvención y reconocer judicialmente los hechos antes de que transcurran dos meses desde su citación como investigado. Reintegrar al menos la mitad de la subvención y colaborar con la justicia durante todo el procedimiento.

La política criminal de la 'puerta de retorno' (regularización y reintegro) que extingue la responsabilidad penal se fundamenta en una priorización estratégica del legislador. ¿En qué consiste esta priorización?. Prioriza la simplificación de los procedimientos judiciales, evitando la carga de trabajo que suponen estos delitos. Prioriza el castigo ejemplar del infractor para disuadir futuras conductas fraudulentas. Prioriza la protección de la buena fe del contribuyente que comete un error, distinguiendolo del defraudador doloso. Prioriza la recuperación efectiva de los fondos públicos sobre la imposición de una pena privativa de libertad.