45. Delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo

Según la naturaleza jurídica del bien protegido en los delitos urbanísticos, ¿cómo se clasifica la tipificación de estas conductas en el Código Penal?. Como delitos contra el patrimonio, tutelando exclusivamente la propiedad privada frente a invasiones ilegítimas. Como delitos contra la Administración Pública, protegiendo únicamente el honor de los funcionarios. Como delitos contra la sociedad, protegiendo un interés colectivo supraindividual consistente en la utilización racional del suelo. Como delitos contra el orden socioeconómico, centrados exclusivamente en la competencia desleal entre constructores.

En relación con la estructura normativa de los delitos urbanísticos (art. 319 CP), ¿qué implicación práctica tiene su configuración como "norma penal en blanco"?. Que el juez penal tiene plena libertad para definir qué conductas son delito basándose únicamente en su criterio moral. Que el tipo penal describe íntegramente la conducta prohibida sin necesidad de acudir a otras leyes. Que para determinar la existencia del delito es imprescindible completar el precepto penal acudiendo a la normativa administrativa y urbanística extrapenal. Que la sanción penal queda en suspenso (en blanco) hasta que la Administración decida si impone una multa.

Respecto a los sujetos activos en el delito de construcciones ilegales (art. 319 CP), ¿a quiénes identifica la doctrina y la ley como principales responsables?. Exclusivamente a los propietarios del terreno, independientemente de quién ejecute la obra. Únicamente a los funcionarios públicos que conceden las licencias. A los promotores, constructores y técnicos directores, extendiéndose a cualquier particular que realice materialmente la construcción. Solamente a los arquitectos colegiados, excluyendo a los promotores que financian la obra.

Para que se consume el tipo objetivo del delito de construcción ilegal (art. 319 CP), ¿qué característica debe tener la obra realizada?. Debe ser una obra simplemente "no autorizada" por falta de trámite, aunque sea legalizable posteriormente. Debe ser una construcción "no autorizable" (ilegalidad material insubsanable) realizada sobre suelo no urbanizable. Basta con que sea una obra estéticamente discordante con el entorno, aunque cumpla la normativa de edificabilidad. Debe realizarse en suelo urbano consolidado excediendo la altura permitida en más de un 50%.

En el ámbito del tipo subjetivo del delito del art. 319 CP, ¿qué consecuencia jurídica tiene la apreciación de un error de tipo (vencible o invencible) sobre la clasificación del suelo?. La conducta se castigará siempre como delito imprudente, aplicándose la pena inferior en grado. El error es irrelevante en este tipo de delitos, ya que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. La conducta se considerará atípica, dado que este delito exige dolo y no admite la comisión imprudente. Se mantiene la responsabilidad penal, pero se sustituye la pena de prisión por una multa administrativa.

¿Qué requisito subjetivo específico exige el artículo 320 CP para que una autoridad o funcionario incurra en prevaricación urbanística?. Que actúe con negligencia grave o desconocimiento inexcusable de la normativa. Que actúe "a sabiendas de su injusticia", es decir, con plena conciencia y voluntad deliberada de contravenir la legalidad. Basta con que la resolución sea objetivamente ilegal, sin necesidad de probar la intencionalidad del funcionario. Que actúe con dolo eventual, asumiendo el riesgo de que la resolución podría ser incorrecta.

Según el artículo 320 CP, ¿cuál de las siguientes conductas omisivas se considera una modalidad de prevaricación urbanística sancionable?. La omisión de saludar a los ciudadanos durante el horario de atención al público. No asistir a los plenos del ayuntamiento donde se debaten temas urbanísticos. Omitir la realización de inspecciones de carácter obligatorio o silenciar la infracción de normas tras una inspección. La falta de actualización de la página web municipal con los últimos planes urbanísticos.

En un escenario donde un concejal vota a favor de una licencia ilegal, ¿qué bien jurídico específico se vulnera además de la ordenación del territorio?. El derecho a la vivienda digna de los futuros compradores. La confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la Administración y el principio de legalidad en la función pública. El patrimonio histórico de la localidad. La libre competencia entre empresas constructoras.

Respecto a la demolición de la obra ilegal como consecuencia jurídica (art. 319.3 CP), ¿qué medida de protección establece la ley para los terceros de buena fe?. La prohibición absoluta de demoler la obra si hay terceros habitándola. La obligación del Estado de indemnizar a los terceros antes de iniciar el juicio penal. La facultad del juez de condicionar temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de las indemnizaciones debidas. La conversión automática de la pena de demolición en una multa para el autor del delito.

¿Qué establece el Código Penal respecto a los beneficios económicos obtenidos por la comisión de un delito urbanístico?. Que tributarán al tipo máximo del IRPF en el ejercicio correspondiente. Que el autor podrá conservarlos si procede a la restauración voluntaria de la realidad física alterada. Que se destinarán a financiar los gastos de defensa jurídica de los imputados. El decomiso obligatorio de las ganancias, independientemente de las transformaciones que hayan experimentado.

Según el texto, ¿por qué la tipificación de los delitos urbanísticos se considera una necesidad estratégica que justifica la intervención del Derecho Penal?. Porque las construcciones ilegales siempre implican un perjuicio económico directo para la Administración Pública. Porque estos delitos siempre están vinculados a la corrupción de funcionarios públicos, lo que exige una respuesta penal. Porque es la única forma de sancionar a los promotores, ya que las multas administrativas son insuficientes. Porque protegen un bien jurídico de naturaleza colectiva, como es la ordenación racional del territorio, considerándose un perjuicio social que atenta contra el interés de la comunidad.

¿Cuál es la consecuencia práctica más importante de que los delitos urbanísticos estén configurados como 'normas penales en blanco'?. Que las penas aplicables pueden variar significativamente dependiendo de la Comunidad Autónoma donde se cometa el delito. Que para determinar si una conducta es delictiva, es indispensable acudir a la normativa administrativa (autonómia y local) sobre ordenación del territorio. Que solo los funcionarios públicos especializados en urbanismo puden ser acusador de estos delitos. Que el elemento del dolo es irrelevante, ya que la ilegalidad se determina objetivamente por la normativa administrativa.

En el delito de construcción ilegal del artículo 319 CP, ¿qué distingue una obra 'no autorizable' de una meramente 'no autorizada'?. Una obra "no autorizable" es intrínsecamente contraria al planeamiento y nunca podría ser legalizada, mientras que una "no autorizada" solo carece de un permiso que podría obtenerse a posteriori. Una obre "no autorizada" es la realizada en suelo no urbanizable, mientras que la "no autorizable" se realiza en suelo urbano pero sin licencia. La "no autorizable" es cometida por promotores profesionales y la "no autorizada" por particulares sin conocimientos técnicos. No hay diferencia penal relevante; ambos conceptos se usan para describir cualquier construcción sin la licencia preceptiva.

Un promotor es acusado de construir en suelo no urbanizable. Alega que un empleado del ayuntamiento le dijo verbalmente que 'no habría problema'. ¿Por qué esta defensa sobre el error sería analizada con especial rigor por un tribunal?. Porque el dolo en este delito se presume siempre y no admite prueba en contrario. Porque el delito de construcción ilegal no admite la comisión por error, solo la imprudente. Porque la comunicación verbal de un empleado no tiene ninguna validez y demuestra la mala fe del promotor. Porque la condición profesional del promotor crea una presunción de conocimiento de la normativa que exige una diligencia mayor a la de un particular.

¿Cuál de las siguientes conductas NO constituye una modalidad del delito de prevaricación urbanística del artículo 320 CP?. Un arquitecto municipal emite un informe favorable sobre un proyecto de urbanización a sabiendas de que incumple la normativa del suelo. Un técnico municipal retrasa injustificadamente la tramitación de una licencia urbanística para perjudicar a un promotor. Un funcionario encargado de las inspecciones omite deliberadamente visitar una zona donde sabe que están cometiendo ilegalidades. Un concejal a favor de aprobar una licencia a sabiendas de que los informes técnicos la declaran manifiestamente ilegal.

¿Qué elemento subjetivo específico se exige para condenar a una autoridad por el delito de prevaricación urbanística del artículo 320 CP?. Una negligencia grave o desonocimiento inexcusable de la normativa urbanística aplicable. La obtención de un beneficio económico directo para sí mismo o para un tercero. Que actúe "a sabiendas de su injusticia", es decir, con plena conciencia y voluntad de contravenir la legalidad urbanística. Que la decisión ilegal haya sido previamente advertida por el Secretario o el Interventor municipal.

Además de las penas de prisión o multa, ¿qué medida de carácter obligatorio establece el Código Penal respecto a los beneficios económicos obtenidos de un delito urbanístico?. La inversión de las ganancias en proyectos de restauración medioambiental en el mismo municipio. El decomiso de las ganancias obtenidas, independientemente de las transformaciones que haya podido experimentar. El pago de una indemnización a la Administración por el daño moral causado a la confianza de los ciudadanos. La imposición de una multa adicional equivalente el triple del valor del suelo afectado.

En el caso de que se ordene la demolición de una edificación ilegal donde viven compradores de buena fe, ¿qué mecanismo de protección prevé la ley para ellos?. La Administración Pública está obligada a realojar a los compradores en viviendas de protección oficial. Los compradores no tienen ninguna protección, ya que debieron verificar la legalidad de la vivienda antes de comprar. El juez puede sancionar la ejecución de la demolición a que se garantice el pago de las indemnizaciones debidas a los afectados. Se prohíbe la demolición de la obra para proteger el derecho a la vivienda de los compradores.

Un particular construye una pequeña caseta de aperos en su finca rústica, creyendo erróneamente que por sus reducidas dimensiones no requería licencia. La finca está en suelo no urbanizable. ¿Por qué es probable que su conducta no sea considerada delictiva según el artículo 319 CP?. Porque los técnicos directores de la obra son los únicos responsables penales. Porque el delito del artículo 319 solo se aplica a obras de urbanización y no a edificaciones aisladas. Porque podría apreciarse un error de tipo sobre la necesidad de autorización, lo que excluiría el dolo requerido por el delito. Porque al tratarse de una construcción menor, la demolición sería una medida desproporcionada.

De acuerdo con la guía de estudio, ¿cuál es el bien jurídico que se protege principalmente en los delitos sobre la ordenación del territorio?. La potestad sancionadora de la Administración Pública en materia de urbanismo. El patrimonio histórico y paisajístico del Estado, exclusivamente. Los intereses económicos de los propietarios de terrenos colindantes a loa construcción ilegal. La correcta y racional utilización del suelo conforme a los planes urbanísticos democráticamente establecidos.