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1.- La fase en que se origina la política pública es la fase: a) De formulación. b) De evaluación. c) De implementación.

2.- Las políticas públicas se conocen como políticas de demanda cuando se dirigen a: a) Solventar un problema público basado en las carencias objetivas de una sociedad. b) Solventar un problema público basado en un nuevo modelo social. c) Apoyar una decisión subjetiva de los que, en nombre de la sociedad, califican dicho fenómeno de problema público.

3.- El Título III de la Ley 2/2010, de 11 de marzo de derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de la Gestión Pública se denomina: a) Evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. b) Las fases de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. c) La formulación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

4.- Desde un punto de vista orgánico la evaluación de las políticas públicas se enmarca competencialmente: a) En la Consejería de Economía y Hacienda. b) En la Consejería de La Presidencia. c) Directamente de la Vicepresidencia de la Junta.

5.- El Centro Directivo competente en materia de coordinación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas es: a) La Dirección General de Presupuestos y Fondos Comunitarios. b) La Dirección General de Relaciones con la sociedad civil. c) La Dirección General de Atención al Ciudadano y Calidad de los Servicios.

6.- Según el artículo 62 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, el momento de la evaluación de las políticas públicas podrá realizarse: a) En la fase de la planificación o programación. b) Durante la aplicación de la política pública fuera del periodo programado. c) Al inicio de la fase de formulación del Plan posterior.

7.- Según el artículo 61 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, las evaluaciones de las políticas públicas podrán tener en cuenta, entre otros, los siguientes extremos: a) Grado de colaboración interadministrativa en la elaboración, desarrollo y evaluación de la política. b) Porcentaje de participación ciudadana en la elaboración y desarrollo de la política. c) Problemas detectados y problemas que se pretenden resolver.

8.- Según el artículo 60 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la evaluación de las políticas públicas podrá realizarse: a) Por la propia Administración, sea con medios propios o contratando servicios de terceros. b) Externamente por entidades y organismos estatales. c) Por la propia Administración, sea con medios propios independientes o contratando una consultoría para ello.

9.- Según el artículo 59 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, la evaluación de las políticas públicas de la Administración de la Comunidad podrá: a) Abarcar materias completas de la competencia de la Administración autonómica. b) Limitarse a sectores heterogéneos de actuación. c) Abarcar materias susceptibles de competencia interadministrativa.

10.- El artículo 56 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, establece que la Administración autonómica impulsará una cultura de evaluación de la acción pública y, a tal fin establecerá: a) Los medios necesarios para la formulación, el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación de las políticas públicas que diseña y realiza, como de la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos. b) Las medidas necesarias para el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación, tanto de las políticas públicas que diseña y realiza, como de la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos. c) Las medidas necesarias para para la formulación, el desarrollo e implantación de un sistema de evaluación, tanto de las políticas públicas y privadas que se diseñan y realizan, como de la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos bajo el modelo EFQM.

11.- El artículo 56 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo, establece que el sistema de evaluación incorporará las medidas que permitan: a) Garantizar la consecución de las políticas públicas, de los planes y programas que se ejecutan así como de los servicios públicos que prestan los distintos centros, unidades y órganos de la Administración autonómica. b) Analizar la calidad y eficiencia de las políticas públicas, estrategias, directrices, planes y programas que se ejecutan para la consecución de los fines de esas políticas y de los servicios públicos que prestan los distintos centros, unidades y órganos de la Administración autonómica y local. c) Analizar la calidad, eficacia y eficiencia de las políticas públicas, de los planes y programas que se ejecutan para la consecución de los objetivos de esas políticas y de los servicios públicos que prestan los distintos centros, unidades y órganos de la Administración autonómica.

12.- Según el artículo 57 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo: a) La evaluación será integral y objetiva, y sus resultados, conclusiones y áreas de mejora serán públicos. b) La evaluación será amplia, integral y objetiva, y sus resultados, conclusiones y áreas de mejora serán concisos, públicos y transparentes. c) La evaluación será integral y objetiva, y sus resultados, conclusiones y áreas de mejora serán comprensivos del conjunto de problemas a resolver.

13.- Según el artículo 57 de la Ley 2/2010, de 11 de marzo la evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos supondrá la adopción y aplicación de modelos comúnmente aceptados, que permitan: a) Observar la desviación en los resultados obtenidos de las distintas unidades administrativas y el intercambio de experiencias. . b) El empleo de índices de medición estándares y comunes que permitan contrastar los elementos esenciales de la política pública. c) La comparación de sus resultados entre las distintas unidades administrativas o Administraciones públicas y el intercambio de experiencias.

14.- El ámbito de aplicación de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas en la Administración General del Estado es: a) La Administración General del Estado. b) La Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes. c) El sector público estatal.

15.-Según el preámbulo de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal tiene amplia experiencia en: a) La evaluación de las políticas públicas. b) La evaluación ex post de revisión del gasto público. c) la elaboración de informes relativos a la desviación fiscal.

16.- Según el artículo 3 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, la fiscalización de la actividad económico-financiera de la Administración General del Estado correspondiente a sus políticas públicas se realizará por: a) La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. b) El Tribunal de Cuentas. c) La Intervención General de la Administración del Estado.

17.- En el ámbito de la Administración General del Estado, la evaluación de políticas públicas tendrá como objetivos finales: a) Objetivar y protocolizar el proceso de toma de decisiones públicas, sugiriendo recomendaciones sobre su diseño e implementación. b) Mejorar la planificación y los instrumentos de la acción pública. c) Impulsar la innovación en la actuación del sector público y privado haciendo confluir sus intereses.

18.- En el ámbito de la Administración General del Estado, en su formulación, las políticas públicas atenderán a los siguientes criterios de valor público para su evaluación: a) Sostenibilidad financiera y sometimiento al marco plurianual. b) Ética pública: Valores constitucionales y de servicio público. c) Fomento de las medidas tendentes a corregir el problema de la despoblación.

19.- En el ámbito de la Administración General del Estado, el Informe de evaluabilidad es un documento técnico que: a) cumple con el deber de verificar la calidad y precisión del diagnóstico realizado,. b) demuestra la viabilidad, coherencia y consistencia del diseño elaborado, la claridad, suficiencia y accesibilidad del sistema de información y evaluación previsto. c) Ambas son correctas.

20.- Según el artículo 2.7 de la Ley 27/2022 de 20 de diciembre, un indicador es: a) Un dato o información, individual o agrupada, que permite medir el progreso o efectos de una política pública. b) Un índice, individual o agrupada, que permite diseñar, medir el progreso o efectos de una política pública. c) Una variable cualitativa que permite el conocimiento exacto de un hecho agrupadamente.

21.- Se creará como órgano colegiado de naturaleza participativa y de carácter consultivo y asesor, adscrito a la Administración General del Estado a través del ministerio competente en materia de función pública en relación con la evaluación de políticas públicas: a) la Comisión Interministerial de Evaluación de Políticas Públicas. b) La Conferencia sectorial de Evaluación de Políticas Públicas. c) El Consejo General de Evaluación.

22.- Una política pública: a) Afecta al conjunto de los ciudadanos. b) Se adopta para un ámbito territorial. c) Se adopta para un determinado ámbito de actividad territorial o sectorial.

23.- Una política pública incorpora: a) Una multiplicidad de acciones y decisiones de una pluralidad de actores públicos. b) Una multiplicidad de acciones y decisiones de una pluralidad de actores institucionales y no institucionales. c) Un conjunto de decisiones públicas y privadas que favorecen la consecución de los interés públicos.

24.- La tipología de las Políticas Públicas por categorías funcionales es la siguiente: a) Políticas regulativas, redistributivas, distributivas y constitutivas. b) Políticas regulativas, sociales, distributivas y constitutivas. c) Políticas regulativas, sociales, redistributivas, distributivas y constitutivas.

25.- Señale cual de estas políticas es menos conflictiva en la “arena de la política”: a) Las políticas reguladoras. b) las políticas redistributivas. c) Las políticas distributivas.

26.- Las políticas constituyentes son aquellas que: . a) Tienen que ver en la ordenación constitucional y, por tanto, con las reformas en marca institucional en el que se desarrolla la política. b) Crean un espacio nuevo de interlocución entre agentes conforme un nuevo orden social. c) Se restringen al ámbito de la organización de las instituciones.

27.- Los niveles de participación necesarios para legitimar a una Administración son: a) Información, consulta y deliberación. b) Información, comunicación y deliberación. c) Información, comunicación, consulta y deliberación.

28.- Llevar a cabo actuaciones encaminadas a fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones públicas permite a los poderes públicos: a) Mejorar la toma de decisiones públicas y privadas en tanto que se dispone y se valoran las opiniones ciudadanas. b) Legitimar las decisiones públicas ante el resto de la sociedad, especialmente a los que no han participado. c) Incrementar la eficacia y la eficiencia de los procesos de toma de decisiones.

29.- Una red de actores de las políticas públicas es: a) Un entramado de actores institucionales, políticos y sociales que hacen frente a una tarea o programa de actuación específico. b) Un entramado de actores públicos en sus diferentes ámbitos territoriales y funcionales que hacen frente a una tarea o programa de actuación específico. c) Un entramado de actores institucionales, políticos y sociales que se encargan de la aprobación de la política pública.

30.- Cada política pública: a) Genera su propio entramado de organizaciones e intereses. b) Sigue un protocolo determinado de representación institucional. c) Utiliza el entramado de los Grupos de presión debidamente regulados.

31.- La precisión, falta de ambigüedad, unidad, estricta subordinación y continuidad son características del modelo: a) Burocrático. b) Gerencial. c) De Estado de derecho.

32.- El derecho político de petición está regulado: a) En los artículos 29 y 77 de la Constitución. b) En los artículos 29 y 65 de la Constitución. c) No está regulado en la Constitución.

33.- Una de las características esenciales del modelo de toma decisiones racional estricto es: a) Buscar los medios los medios a su alcance para alcanzar objetivos. b) Cuestionar y preguntar sobre el orden de prioridades en sus propios valores y en los consiguientes objetivos. c) Escoger aquella opción que maximice beneficios minimizando costes.

34.- El modelo de toma decisiones racional estricto es: . a) Prescriptivo y descriptivo. b) Un modelo de criterios de selección de medios escasos. c) Resultado de un ajuste de intereses.

35.- El modelo de toma decisiones racional estricto es un modelo de: a) Comportamiento positivo porque lo esencial para quien debe decidir es concentrarse en el problema, en el contenido de las alternativas y las preferencias y en la elección de un buen criterio adecuado a ese contenido. b) Comportamiento negativo porque lo esencial es decidir cual son las decisiones a desechar como consecuencia de la ponderación de intereses y disponibilidad de recursos. c) Comportamiento neutro porque está basado en decisiones sin connotaciones que impliquen una optimización de resultados.

36.- La teoría del decisor racional estricto descansa, pues, en el siguiente postulado: a) En cualquier circunstancia hay un criterio objetivo cuyo valor a veces no es compartido por todo el mundo aun siendo razonable. b) Las preferencias son ambiguas y estables. c) El decisor conoce o puede conocer todas las alternativas posibles.

37.- Que los criterios de elección sean escasos es una característica del modelo de tomar decisiones: a) Racional estricto. b) Racional limitado. c) Incremental.

38.- Una crítica al modelo de decisión racional estricto es que : a) La lógica de la actuación administrativa se encuentra muchas veces alejada de los motivos de maximización de los intereses individuales o colectivos. b) El tiempo y los recursos no son escasos y el grado de conocimiento es total . c) El decisor siempre conoce o puede conocer toda la información y las alternativas posibles.

39.- El modelo de toma decisiones incremental parte de la hipótesis de que las decisiones son el resultado de: a) Presiones, compromisos, coaliciones y negociaciones entre una pluralidad de actores que se encuentran en situaciones de interdependencia. b) Una decisión unilateral del poder político debidamente participada. c) Una racionalidad limitada.

40.- El modelo de toma de decisiones que se basa en el término clave de casualidad es el modelo: a) Racional limitado. b) Incremental. c) Modelo Papelera.

41.- La evidencia es el rasgo característico del modelo de toma de decisiones: a) Incremental. b) Racional estricto. c) PBE.

42.- Cuando la decisión resulta más fruto del encuentro casual entre problemas, soluciones y participantes, que de un plan o estrategia definidos estamos hablando de un modelo de toma de decisiones: a) Incremental. b) Modelo PBE. c) Modelo papelera.

43.- (SEÑALE LA INCORRECTA) Es una característica esencial de un problema público: a) La independencia. b) Subjetividad. c) Dinamismo.

44.- Un tema es susceptible de ser considerado un problema público cuando: a) Ha adquirido características de problemática general. b) La cuestión provoca una seria situación emotiva que atrae la atención de los medios de comunicación. c) Cuando un tema tiene unas dimensiones y efectos muy limitados .

45.- Siguiendo un orden lógico y cronológico, desde el punto de vista político, el problema público nace a través de: a) Su incorporación en el programa político de un partido. b) Una cuestión burocrática o de política presupuestaria que trasciende. c) Une necesidad de imperiosa urgencia.

46.- Para que un determinado tema o cuestión reciba la atención necesaria en la dinámica de formación de la agenda se puede considerar: a) El grado de apoyo que el tema o cuestión puede recabar. b) Su significación económica, es decir, su nivel de impacto presupuestario. c) La imposibilidad de tener una solución viable a corto plazo.

47.- Extrapolar las líneas de tendencia históricas y actuales utilizando casos paralelos, series temporales o las comparaciones entre políticas seguidas en el pasado ante problemas de características similares a los planteados en el presente es una: a) Proyección. b) Predicción,. c) Conjetura.

48.- En una política pública el análisis de la prospectiva debe basarse en: a) Un conjunto de asunciones o datos que nos permitan estimar las consecuencias de las políticas existentes, o anticipar sus posibles contenidos o el nivel de apoyo con el que previsiblemente contarán. b) Un conjunto de hipótesis que nos permitan estimar las causas de las políticas existentes, o anticipar sus posibles consecuencias. c) Un conjunto de factores proyectables y previsibles que nos permitan anticipar las soluciones.

49.- (SEÑALAR LA INCORRECTA) La evaluación de impacto en otras políticas públicas consiste en: a) Analizar los efectos de las diferentes alternativas de acción en la zona externa a la prevista como objetivo. b) Considerar los efectos externos que puedan obligarnos a modificar los criterios de elección entre alternativas de acción. c) Plantear alternativas de acción que eliminen el efecto interdependiente de los problemas público.

50.- Los efectos de las posibles acciones de una política pública sobre otra pueden ser: a) Positivos o negativos. b) Positivos, neutros o negativos. c) No puede haber efectos de una política pública sobre otra.

51.- La evaluación del impacto ha mostrado una relevancia importante en el proceso de elaboración de normas y, en particular: a) En el informe de necesidad y oportunidad. b) En la memoria de análisis de impacto normativo. c) En el trámite de participación, audiencia e información pública.

52.- Las políticas palanca o políticas aceleradoras son aquellas que: a) Siendo trasversales en su formulación e implementación, tienen efectos de impulso o tracción en políticas específicas. b) Siendo trasversales en su formulación, implementación y evaluación tienen efectos de impulso o tracción en políticas específicas. c) Siendo trasversales en su implementación, tienen efectos de impulso o tracción en políticas específicas.

53.- El órgano directivo del Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030, adscrito a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 que se encarga de prestar apoyo técnico a la Secretaría de Estado en sus funciones, así como evaluar las políticas palanca y su impacto se denomina: . a) Dirección General de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030. b) Dirección General para el desarrollo de la Agenda 2030. c) Dirección General de Políticas Públicas.

54.- Según la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, son aspectos técnicos comunes del diseño de las políticas públicas los siguientes componentes: a) Identificación y definición del problema, grado de compromiso, resultados de la política pública y la lógica que sustenta su implementación. b) Elementos colaborativos en el diseño y la implementación, como la cocreación, la construcción con la ciudadanía, en partenariados, o coparticipación. c) Grado de implicación que se aporta.

55.- Según el artículo 5 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, las políticas públicas deberán: a) Estar formuladas mediante proyecciones en todos sus aspectos técnicos,. b) Estar basadas en evidencias. c) Responder a las necesidades de las instituciones públicas, identificar su valor público y/o privado a partir de criterios y definir una métrica que permita su formulación.

56.- Según el artículo 8 de la Ley 27/2022, de 20 de diciembre, la evaluación de una política pública, a efectos de esta ley, es: a) El proceso sistemático y razonado de generación de conocimiento, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información, encaminado a la comprensión global de una política pública, para alcanzar un juicio valorativo, basado en evidencias, respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos. b) El proceso sistemático y razonado de control de resultados, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información y los datos, encaminado a la medición global de una política pública, para alcanzar un juicio valorativo, basado en resultados, respecto de su diseño, puesta en práctica y efectos. c) El proceso sistemático y protocolizado, a partir de la recopilación, análisis e interpretación de información y datos, encaminado a la comprensión global o sectorial de un aspecto concreto de una política pública, para alcanzar un juicio contrastado, basado en evidencias, respecto de su diseño, formulación, implementación e impactos.