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Título del test:
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Descripción:
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Autor:
AVATAR

Fecha de Creación:
20/06/2021

Categoría:
Geografía

Número preguntas: 65
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Temario:
El órgano instructor durante los actos de instrucción, adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno respecto a los principios de: Proporcionalidad e igualdad de los interesados en el procedimiento. Eficacia y eficiencia durante la instrucción. Contradicción y de igualdad de los interesados en el procedimiento. Legalidad y proporcionalidad.
Transcurrido qué plazo desde que se inició el procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular: Cinco meses. Tres meses. Seis meses. Un mes.
¿Cuándo establece el art.78.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, que la Administración comunicará a los interesados el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas?: Con una antelación mínima de treinta días. Con antelación suficiente. Con una antelación mínima de quince días. Con una antelación mínima de veinte días.
Será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando las indemnizaciones reclamadas sean: De cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. De cuantía igual o superior a 30.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. De cuantía igual o superior a 25.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica. De cuantía igual o superior a 36.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica.
¿A quién corresponde establecer los órganos a quien atañe la resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en el caso de las Entidades de Derecho Público?: A los órganos correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local de donde radiquen. Al Ministerio de Hacienda. A quien determine en las normas de su régimen jurídico. Al Consejo de Ministros.
A tenor del art.80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el informe emitido fuera de plazo: Siempre, los informes emitidos fuera de plazo, y salvo que sea un juzgado de los Contencioso-Administrativo determine lo contrario, no se tendrá en cuenta para adoptar la oportuna resolución. Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. No será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución. Deberá ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
¿De quien será preceptivo su informe en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia?: Del Ministerio de Justicia. Del Consejo de Estado. Del Ministro de Administraciones Públicas. Del Consejo General del Poder Judicial.
¿En qué momento del procedimiento podrán los interesados aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio?: En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En cualquier momento del procedimiento, en virtud del principio de flexibilidad. Únicamente en la fase de alegaciones. Durante la fase de alegaciones y el trámite de audiencia.
Durante el trámite de audiencia, los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes, en un plazo de: No inferior a siete días ni superior a veinte. No inferior a diez días ni superior a quince. No superior a veinte días. No superior a treinta días.
El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas, de: Diez días. Quince días. Siete días. Veinte días.
La Administración aceptará de pleno el desestimiento o la renuncia, y declarará conclusión el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación: En el plazo de un mes desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. En el plazo de veinte días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. En el plazo de quince días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia. En el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
La resolución de un procedimiento administrativo: Ha de limitarse a lo solicitado por el interesado. No puede conceder otra cosa de lo solicitado. No puede conceder más de lo pedido. Debe resolver lo solicitado y cuanto se derive del propio expediente.
En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable: No pudiendo exceder de veinte días el plazo de su emisión. No pudiendo exceder de treinta días el plazo de su emisión. No pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. No pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión.
Señala la respuesta incorrecta respecto al inicio del procedimiento por denuncia: La presentación de una denuncia confiera, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. Denuncia es el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo. Cunado la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento. Las denuncias deberá expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
Señalar la respuesta incorrecta respecto al desistimiento y la renuncia: Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable. Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia efectuada por uno de ellos afectará a todos los demás. Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento. Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: Obligatorios pero no vinculantes. Facultativos y vinculantes. Facultativos y no vinculantes. Obligatorios y vinculantes.
El plazo para formular alegaciones previsto en el trámite de información pública, en ningún caso podrá ser inferior a: Treinta días. Veinte días. Quince días. Diez días.
¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación?: Ninguno. Extraordinario de revisión. Alzada. Reposición.
¿Cuándo se podrá prescindir del trámite de audiencia?: Cuando así lo declare expresamente la Administración. Únicamente en los procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 23.9 de la Ley de Régimen jurídico del Sector Público. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. Siempre será necesario agotar los tiempos previstos para el trámite de audiencia, de lo contrario podría dar lugar a la acumulación de lo actuado.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda. El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga. El Presidente del Gobierno. El Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga, previo informe favorable del Consejo de Estado.
Con carácter general, los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán, por el órgano que tramite el procedimiento: De oficio y a través de medios electrónicos. A instancia de parte y a través de medios electrónicos. De oficio o a instancia de parte y a través de cualquier medio que deje constancia de la resolución. Siempre de oficio y a través del medio que elija el administrado.
Salvo que una disposición el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, los informes será emitidos: A través de cualquier medio que permita su constancia y en el plazo de veinte días. A través de medios electrónicos y en plazo de veinte días. A través de medios electrónicos y en el plazo de diez días. A través de cualquier medio que permita su constancia y en el plazo de diez días.
Con respecto a la información pública: El órgano al que corresponde la instrucción del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un periodo de información pública. El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente y determinará el plazo para formular alegaciones. El periodo de información pública se publicará mediante un anuncio en el diario de la localidad a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde. La incomparecencia en este trámite impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento.
La audiencia al interesado es: Puede no darse en determinados supuestos tasados. Potestativa siempre. Obligatoria en todo caso. Obligatoria en ocasiones.
En el procedimiento administrativo, las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo: No superior a quince días. No superior a veinte días. No inferior a quince días. De entre diez y veinte días.
¿Cuándo podrán los interesados alegar los defectos de tramitación, como los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto?: En cualquier momento. Siempre durante el periodo de emisión de informes. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. Únicamente durante el periodo de prueba.
Pueden dar lugar las alegaciones que presenten los interesados por defectos de tramitación que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites, a algún tipo de responsabilidad: No. Si, a responsabilidad penal y disciplinaria. Si, a responsabilidad penal. Si, a responsabilidad disciplinaria.
Cuando lo considere necesario, el instructor del procedimiento, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba: Por un plazo no superior a treinta días. Por un plazo no superior a veinte días. Por un plazo no superior a quince días. Por una plazo no superior a diez días.
¿Cuántas disposiciones tiene la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: Cinco Disposiciones Adicionales, cuatro Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y cinco Disposiciones Finales. Siete Disposiciones Adicionales, cinco Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y siete Disposiciones Finales. Siete Disposiciones Adicionales, cuatro Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y cinco Disposiciones Finales. Cinco Disposiciones Adicionales, cinco Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y siete Disposiciones Finales.
Transcurrido cuánto sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado: Treinta días. Tres meses. Doces meses. Veinticuatro meses.
Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo, a fin de que puedan practicarse cuantas pruebas juzguen pertinentes, acordará la apertura de un periodo de prueba: Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a quince. Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a cinco. Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a siete. Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez.
Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho, cuya valoración se realizará de acuerdo con los criterios establecidos en: La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. El Real Decreto de 14 de septiembre de 1982, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
¿En qué plazo máximo será evacuado el informe por el órgano preceptivo en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración Pública?: Dos meses. Un mes. Tres meses. Veinte días naturales.
En el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, el plazo para dictar resolución quedará suspendido por el tiempo que medie entre la solicitud, del informe y su recepción, no pudiendo exceder dicho plazo de: Tres meses. Dos meses. Un mes. Veinte días naturales.
Los gastos de la práctica de las pruebas corren a cargo de: De la Administración Pública. Se reparten proporcionalmente. Del interesado. Del interesado y de la Administración Pública, según los casos.
¿Qué instrumento utilizará las Administraciones Públicas para verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo?: El correspondiente registro administrativo. El Documento Nacional de identidad o un documento identificativo equivalente. El registro Electrónico de la Administración. Únicamente se aceptará la verificación a través del Documento Nacional de Identidad.
¿Cuál de los siguientes sistemas no sería admitido para que los interesados puedan identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas?: Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de timbre electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación".
Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, señalar la respuesta incorrecta: Plazo máximo de duración de los procedimientos de su competencia. Efectos del silencio administrativo. Una relación de los procedimientos de su compentencia. Plazo máximo de notificación de los actos que pongan término a los procedimientos.
La Administraciones Públicas están obligadas a informar a los interesados de: Los efectos de la caducidad. El plazo máximo establecido para la instrucción del procedimiento. La fecha en la que la solicitud iniciadora del procedimiento ha sido recibida por el órgano competente. El plazo máximo establecido para la comunicación de los actos que pongan término al procedimiento.
Las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la comunicación que se dirigirá al interesado dentro del plazo de: Los siete días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su resolución. Los quince días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su resolución. Los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. Los treinta días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.
¿A qué órgano deberán dirigir los interesados la solicitud para la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas?: Al órgano que emitió el documento original. Al superior jerárquico del órgano que emitió el documento original. A cualquiera de los dos anteriores, indistintamente. Al cualquier órgano que preste servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros.
Cuando con carácter excepcional, y de acuerdo con lo previsto en la Ley, la Administración solicitará al interesado la prestación de un documento original. Señalar la respuesta incorrecta: De estar en formato papel el documento original, el interesado deberá obtener una copia auténtica que reflejará expresamente esta circunstancia. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas. Cuando existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, pero en ningún caso podrán requerir la exhibición del documento original. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
Contra el acuerdo que declare la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo: Podrá ser objeto de recurso, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No cabrá recurso alguno, pero podrá plantearse cualquier cuestión relativa a su procedencia en el recurso que se interponga contra la resolución que ponga fin al procedimiento. No cabrá recurso alguno. Ninguna respuesta es correcta.
En caso de que en la resolución de un recurso administrativo se desestimen las prestaciones formuladas en el mismo: La desestimación implicará inadmisión. La desestimación serán total. La desestimación será parcial. La desestimación podrá ser total o parcial.
¿La resolución de un recurso administrativo puede agravar la situación inicial del recurrente?: No, en ningún caso. Sí. Sí, cuando existan circunstancias que así lo justifiquen. Sí, pero únicamente cuando se decida sobre cuestiones de fondo, nunca de forma.
El acto de convalidación de actos anulables producirá efectos: Desde su fecha. A partir del día siguiente al que fue dictado. Retroactivos, en lo que se refiere a los beneficios del interesado. La respuestas "a" y "c" son correctas.
En relación al recurso potestativo de reposición regulado en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, indicar la respuesta incorrecta: El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
Una vez dictada una resolución, siendo ésta firme en vía administrativa, aparecen documentos de valor esencial para la decisión del asunto que evidencien el error de la resolución. En este caso, el interesado podrá interponer recurso extraordinario de revisión: Tanto si los documentos son anteriores o posteriores a la fecha en la que se dicta la resolución recurrida. Únicamente en caso de que, poniéndose de manifiesto los documentos con posterioridad a la fecha en que se dicte la resolución, el interesado prueba ante la Administración que la aportación anterior de los mismos no fue posible. Únicamente si los documentos aparecen con anterioridad a la fecha en la que se dicta la resolución. En el plazo de 4 años a contar desde la fecha en que se tiene conocimiento de tales documentos.
¿Cuándo podrán los interesados alegar los defectos de tramitación?: En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia. En la audiencia. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. En todo momento.
Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, señale la afirmación correcta: En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. En cualquier tipo de procedimiento, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes no vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien. En todos los procedimientos, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos que substancien. En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
¿En qué plazo a partir de la entrada en vigor de la Ley 39/2015 se deberían adecuar a la misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos procedimientos normativos que sean incompatibles con ella?: No existe plazo. En el plazo de seis meses. En el plazo de dos años. En el plazo de un año.
Señalar la respuesta incorrecta en relación al trámite de audiencia que se podrá otorgar a los ciudadanos en caso de que un proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento afecte a sus derechos e intereses legítimos: La audiencia deberá realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su opinión, para lo cual deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios, que serán claros, concisos y reunir toda la información precisa para poder pronunciarse sobre la materia. Podrá recabarse la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relación con su objeto. El centro directivo competente publicará el texto de la norma en el portal web correspondiente con carácter previo a la audiencia de los afectados. El trámite de audiencia excluye la posibilidad de sustanciar consulta pública.
Podrá omitir la consulta pública previa a la elaboración de un proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento cuando: Concurran razones graves de interés público que lo justifiquen. La propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad económica. La propuesta normativa no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios. Todas las respuestas son correctas.
Las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado: Siempre que lo consideren necesario. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija. Excepcionalmente, cuando existan dudas derivadas de la calidad de la copia. Las respuestas "b" y "c" son correctas.
En el supuesto de que una Administración Pública, para realizar un determinado trámite o procedimiento, admite como sistemas de identificación electrónica los sistemas clave concertada, ¿Qué sistema podrán utilizar los interesados a efectos de su identificación electrónica para ese trámite o procedimiento?: Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la "Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación". Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Todas las respuestas son correctas.
¿Podrán las Administraciones Públicas admitir los sistemas de identificación contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas como sistema de firma?: Sí, en todo caso. Sí, cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable. Sí, cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. Las respuestas "b" y "c" son correctas.
De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será motivadas, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho propuestas de resolución de: Los procedimientos de arbitraje. Los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos. Los procedimientos de revisión de oficio de recursos administrativos. Los procedimientos de carácter sancionador.
Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos: Cuando la eficacia esté supeditada a su publicación o notificación. Cuando la eficacia esté supeditada a su aprobación superior. Cuando así lo exija el contenido del acto. Ninguna respuesta es correcta.
¿Qué Título de la Ley 39/2015, de 1 de octubre lleva como rúbrica " De los interesados en el procedimiento"?: Título IV. Título III. Título V. Título I.
Al señalar, "Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste", nos referimos a la figura de: Conversión de actos viciados. Convalidación de actos viciados. Sustitución de actos viciados. Conservación de actos viciados.
Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, el órgano competente para realizar la convalidación del acto administrativo viciado es: El que instó a la convalidación. El que dictó el viciado. El superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Cualquiera de los anteriores.
De acuerdo con lo dispuesto en el art.77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando el instructor del procedimiento lo considere necesario podrá decidir la apertura de un periodo extraordinario de prueba: A petición del Abogado del Estado. A petición del Ministerio Fiscal. De oficio. A petición del interesado.
¿Cuántos artículos contiene la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?: 169. 133. 130. 150.
En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por: El Ministerio respectivo en los casos estipulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre o cuando una ley lo disponga. Los órganos judiciales competentes en el ámbito estatal en los casos estipulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre o cuando una ley así lo disponga. En Consejo de Ministros en los casos estipulados en la Ley 40/2015, de 1 de octubre o cuando una ley así lo disponga. Las respuestas "a" y "c" son correctas.
Antes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el procedimiento administrativo común se regulaba: En la Ley 30/1990, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En la Ley 42/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En la Ley 40/2015, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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