TEST 7

¿Qué implica la libertad de elección de la Administración respecto al régimen jurídico de su actuación?. La Administración puede optar libremente entre el Derecho público y el Derecho privado sin restricción alguna. La libertad de elección incluye la posibilidad de marginación completa del Derecho administrativo. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Cuál es la duración máxima del estado de alarma y qué se requiere para prorrogarlo?. No podrá exceder de treinta días y solo se podrá prorrogar con autorización del Senado. No podrá exceder de quince días y solo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados. No podrá exceder de quince días y se prorrogará automáticamente salvo que el Congreso lo revoque.

¿En qué ámbito se reconoce principalmente un espacio a la costumbre en el Derecho administrativo positivo?. En la regulación de los tributos estatales y la contratación pública. En el ámbito local (concejo abierto, aprovechamiento de bienes comunales) y en las comunidades de usuarios de aguas. En la tipificación de infracciones y sanciones administrativas de carácter general.

¿Qué diferencia tiene el reglamento frente a la ley en cuanto al control judicial?. El reglamento no puede ser impugnado por los particulares, a diferencia de la ley. Los particulares pueden impugnar directa o indirectamente ante los tribunales los reglamentos que les afecten, mientras que los particulares no pueden impugnar las leyes. El control del reglamento corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, al igual que ocurre con las leyes.

¿Qué es la "deslegalización" o "degradación de rango"?. El fenómeno por el cual el legislador eleva una norma reglamentaria al rango de ley. La situación en que el legislador deroga una ley sin sustituirla o determina que una regulación contenida en una disposición con rango de ley pasará a considerarse norma reglamentaria. El proceso por el que el Tribunal Constitucional declara inconstitucional una ley y la convierte en norma de rango reglamentario.

¿En qué se diferencia la reserva de ley en materia sancionadora de la existente en materia tributaria de conformidad con la STC 132/2001?. La reserva de ley en materia sancionadora es más flexible que la tributaria, lo que permite una mayor regulación autónoma de los municipios. Ambas reservas de ley son igualmente estrictas, sin diferencia alguna entre ellas. La reserva de ley en materia sancionadora (art. 25.1 CE) es más estricta que la existente en materia tributaria (arts. 33 y 133 CE).

¿A través de qué procedimiento se aprueban los "reglamentos técnicos" y dónde se publican?. Se aprueban directamente por los organismos de normalización privados y se publican en sus propios boletines. Se aprueban a través del procedimiento de elaboración de reglamentos regulado en el art. 24 de la Ley de Gobierno y se publican en el Boletín Oficial del Estado. Se aprueban por el Parlamento mediante ley y se publican en el Boletín Oficial del Estado.

¿Qué estableció la STC 61/1997 sobre la supletoriedad del derecho estatal?. Que la supletoriedad es un título competencial autónomo que permite al Estado dictar normas en cualquier materia. Que el legislador estatal puede dictar normas meramente supletorias en previsión de que las comunidades autónomas no regulen alguna cuestión. Que la supletoriedad no es un título competencial, por lo que el legislador estatal no puede dictar normas meramente supletorias.

¿A qué obliga el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) a los Jueces y Tribunales en relación con la interpretación conforme a la Constitución?. A plantear siempre la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional antes de aplicar cualquier ley. A interpretar y aplicar las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. A aplicar directamente la Constitución con preferencia a cualquier ley, sin necesidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad.

¿Cuáles son las dos variantes básicas de consejo consultivo jurídico autonómico?. Los que emiten dictámenes preceptivos y los que emiten dictámenes facultativos. Los que se limitan a funciones de carácter jurídico-administrativo y los que también asumen funciones de asesoramiento político-estatutario. Los de composición gubernamental y los de composición parlamentaria.

La personalidad jurídica de la Administración explica que esta pueda, entre otras cosas: Dictar leyes y normas con rango de ley. Ser titular de un patrimonio con el que responde de sus obligaciones. Quedar exenta del control de los tribunales.

Resulta posible afirmar que: La Constitución no se refiere en absoluto a la Administración de las Comunidades Autónomas. En la Constitución apenas se menciona la Administración de las Comunidades Autónomas, aunque sí se hace en el artículo 151 de forma indirecta cuando, refiriéndose a las Comunidades Autónomas de mayor autonomía, dice que el Consejo de Gobierno dirige la actividad de la Administración; y también en el artículo 152, cuando consagra la existencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, que será la competente para conocer de la actividad de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su potestad reglamentaria. En la Constitución se regula detalladamente la Administración de las Comunidades Autónomas de mayor autonomía, en su artículo 151; asimismo, en el artículo 152, se consagra la existencia de la jurisdicción contencioso-administrativa, que será la competente para conocer de la actividad de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su potestad reglamentaria.

¿A qué órganos colegiados NO se aplica la regulación básica sobre órganos colegiados contenida en la LRJSP?. A los órganos colegiados de los organismos autónomos. A los órganos colegiados del Gobierno de la Nación, entre otros. A los órganos colegiados con más de veinte miembros.

De acuerdo con lo previsto en la LRJSP, las resoluciones administrativas que se adopten por delegación, se considerarán dictadas: Por el órgano delegado. Por el órgano delegante. Por el órgano superior jerárquico del delegante.

¿Cuáles es el elemento o elementos esenciales que requiere la descentralización?. La autonomía en el funcionamiento, exclusivamente. La atribución de competencias sobre las que decidir, exclusivamente. La autonomía en el funcionamiento y la atribución de competencias sobre las que decidir.

¿Para qué cargo o cargos cabe la excepción del requisito de pertenecer a un cuerpo funcionarial del subgrupo A1?. Para los directores generales. Para los subsecretarios y los secretarios generales técnicos. Para los directores generales y los secretarios generales técnicos.

Con carácter general, las entidades públicas empresariales pueden ser definidas como: entidades de derecho público que tienen encomendado el ejercicio de actividades de contenido económico a cambio de una contraprestación, cometido que algunas veces combinan con el ejercicio de potestades administrativas. entidades de derecho privado que tienen encomendado el ejercicio de actividades de contenido económico a cambio de una contraprestación, cometido que algunas veces combinan con el ejercicio de potestades administrativas. ntidades de derecho privado que tienen encomendado el ejercicio de actividades de contenido económico a cambio de una contraprestación, y que en ningún caso pueden combinar con el ejercicio de potestades administrativas.

¿Qué sucede cuando un Ministro pretende apartarse del dictamen del Consejo de Estado?. Hay que solicitar un segundo dictamen al Consejo de Estado. La decisión del Ministro debe motivarse suficientemente por escrito. Ha de intervenir el Consejo de Ministros.

En relación con las competencias delegadas de los municipios puede afirmarse que las administraciones delegantes: pueden dirigir y controlar su ejercicio con criterios de oportunidad. pueden dirigir y controlar su ejercicio, aunque sólo con criterios de legalidad, nunca de oportunidad. en ningún caso pueden dirigir ni controlar su ejercicio.

En los municipios de gran población, las funciones ejecutivas y administrativas que el Pleno pierde (en relación con las que ostenta en los municipios de régimen general) pasan fundamentalmente: Al Alcalde. A la Junta de Gobierno Local. A las comisiones del Pleno.

¿Qué estableció la STC 150/1998 en relación con la potestad de autoorganización de las comunidades autónomas?. Que las comunidades autónomas podían incluir libremente jueces o magistrados en órganos administrativos autonómicos. Que la composición del Jurado Provincial de Expropiación prevista en el art. 32 de la Ley de Expropiación Forzosa (LEF) constituye una norma básica que deben respetar todas las comunidades autónomas. Que las comunidades autónomas carecían de competencia para incluir a jueces o magistrados en órganos administrativos autonómicos, pues el art. 149.1.5 CE atribuye al Estado la competencia sobre la Administración de Justicia.

En relación con el principio de jerarquía entre órganos de una Administración Pública puede afirmarse que: el principio de jerarquía ha conseguido primar sobre las garantías de los particulares al haberse mantenido el carácter obligatorio del recurso de alzada frente a la pretensión de eliminar el carácter preceptivo de este recurso por considerarlo una carga administrativa inútil, ya que en la mayoría de los casos el órgano superior se limita a ratificar el juicio del inferior competente. las garantías de los particulares han conseguido primar sobre el principio de jerarquía al haberse suprimido el carácter obligatorio del recurso de alzada. las garantías de los particulares han conseguido primar sobre el principio de jerarquía al haberse suprimido el carácter obligatorio del recurso de alzada, salvo en relación con las entidades locales, en que sigue siendo obligatorio.