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De acuerdo con la Constitución Española, ¿En cuál de las siguientes materias procedería la iniciativa legislativa popular para presentar una proposición de ley?. Para modificar la ley del régimen electoral general. Leyes en materias tributarias. Leyes en materia de vivienda. En materias relativas a la prerrogativa de gracia.

El artículo 150.2 de la Constitución Española establece que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, mediante una: Ley marco. Ley orgánica. Ley ordinaria. Ley de armonización.

Según lo establecido en el artículo 162 de la Constitución Española, NO sería un órgano legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad: El Presidente del Gobierno. El Defensor del Pueblo. El Ministerio Fiscal. La Asamblea de Extremadura.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO existe obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos: Las entidades sin personalidad jurídica. Los notarios y registradores para los trámites y actuaciones que realicen en el ejercicio de su actividad profesional. Quienes representen a un interesado que no esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración. Las personas jurídicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administración Común, las Administraciones públicas quedan exceptuadas de la obligación de dictar resolución expresa en los supuestos de: Prescripción. Caducidad del procedimiento. Terminación del procedimiento por pacto o convenio. Desistimiento de la solicitud.

Establece la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que el plazo máximo para resolver en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado se contará: Desde la fecha del acuerdo de iniciación. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de cualquier órgano administrativo. Desde que la Administración informe al interesado del plazo máximo establecido para la resolución, y notificación del procedimiento. Desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, ¿cuándo producirá la caducidad del procedimiento?. En los procedimientos iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. En los procedimientos iniciados a solicitud de persona interesada cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. Los procedimientos iniciados a solicitud de personas interesadas relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. En los procedimientos iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento, o en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO sería nulo de pleno derecho los actos administrativos: Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. Que tengan un contenido imposible. Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de recurso de inconstitucional. Que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.

Dispone el artículo 55 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que el órgano competente, con anterioridad al inicio del procedimiento, ¿podrá abrir un periodo de información o actuaciones previas?. Sí, se trata de una actuación cautelar que tiene como objetivo asegurar la eficacia de la resolución ulterior. Sí, se trata de una actuación previa al acuerdo de iniciación del procedimiento que tiene como objetivo determinar o no la conveniencia de iniciar el procedimiento. No, ya que primero se tendría que dictar el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo. Sí, se trata de una actuación para determinar la posibilidad de abrir un periodo de prueba.

De conformidad con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta INCORRECTA: Si el escrito de iniciación de un procedimiento se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes. Contra la resolución que declare la caducidad de un procedimiento procederán los recursos pertinentes. Todo interesado podrá desistir de su solicitud, pero nunca podrán renunciar a sus derechos.

De conformidad con lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la respuesta INCORRECTA: La resolución de un recurso de alzada pone fin a la vía administrativa. El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso potestativo de reposición. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el órgano competente para resolver un recurso de alzada dicta una resolución desestimatoria, contra esta resolución podrá los interesados interponer: El recurso de alzada ante el superior jerárquico. No cabrá otro recurso administrativo, en ningún caso. No cabrá otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos establecidos en el artículo 125.1. No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso potestativo de reposición.

De conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo tienen los posibles interesados para la interposición del recurso de reposición, si el acto NO fuera expreso?. Un mes. Tres meses. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. No cabe el recurso de reposición contra este tipo de actos.

En relación con la recusación regulada en el artículo 24 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Indique la respuesta INCORRECTA: Podrá promoverse la recusación por los interesados con carácter previo al inicio de la tramitación del procedimiento. Planteada la recusación, en el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

El artículo 27 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, dispone que: “Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una Ley”. Esta definición se corresponde con el siguiente principio de la potestad sancionadora: Proporcionalidad. Tipicidad. Prescripción. Irretroactividad.

Indique la respuesta INCORRECTA. En lo referente a la indemnización por responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, regulada en el artículo 34 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público: La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. Serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

De conformidad con el Decreto por el que se implanta el Sistema de Registro Único de la Comunidad Autónoma de Extremadura, indique la respuesta INCORRECTA: La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones podrá realizarse en el registro electrónico durante las veinticuatro horas de todos los días del año. No serán objeto de registro en el marco del Sistema de Registro Único los documentos de naturaleza publicitaria, comercial, informativa y análogos. Serán objeto de asiento y validación mecánica de salida y entrada interior, las comunicaciones y notificaciones que se produzcan entre órganos y unidades pertenecientes a un mismo Departamento, así como las que se produzcan entre los órganos y unidades de mismo organismo público vinculado o dependiente. Las oficinas que desarrollen las funciones de registro de solicitudes, escritos y comunicaciones solo podrán rechazar el registro de los mismos cuando en ellos no resulte identificado el emisor del documento o el órgano q que van dirigido si no es atendido el requerimiento de subsanación que se formulará por el personal de la oficina de registro en el acto de presentación.

Indique la respuesta INCORRECTA. Respecto a la práctica de notificaciones por medios electrónicos establece el artículo 55 del Decreto de Régimen Jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura: La notificación por medios electrónicos se entiende rechazada a todos los efectos si, una vez acreditada la constancia de la puesta a disposición de la persona interesada o de su representante, ha transcurrido un mes sin acceder a su contenido, salvo que, de oficio o a instancia del destinatario, se compruebe la imposibilidad técnica o material de acceder al mismo. Si la práctica de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ésta realizará la notificación por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción. En la medida en que existan varias formas de notificación electrónica disponibles, la persona interesada podrá elegir entre ellas, salvo que una norma imponga un tipo de notificación específica. Con el fin de facilitar la notificación, el interesado podrá comunicar a la Administración direcciones de correo electrónico y/o uno o varios números de teléfonos móviles, a los que ésta pueda enviar avisos auxiliares de que se ha realizado o, en su caso, intentado la notificación electrónica o de que ésta se encuentra pendiente.

Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales. 100.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado. 215.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. 140.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

De acuerdo con el artículo 44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el recurso especial en materia de contratación, señale la respuesta INCORRECTA: Los acuerdos de adjudicación podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter potestativo y será gratuito para los recurrentes. Los anuncios de licitación no podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación. No se dará este recurso en relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia.

De acuerdo con el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación con el Perfil del Contratante, señale la respuesta CORRECTA: No deberá publicarse los anuncios de información previa. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos semestralmente. Deberá publicarse el cargo de los miembros de las mesas de contratación y de los comités de expertos solamente en los contratos sujetos a Regulación Armonizada. La formalización de los encargos a medios propios cuyo importe fuera superior a 50.000 euros, IVA excluido, serán objeto de publicación en el perfil de contratante.

El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, regula su ámbito de aplicación y NO es cierto que: Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud. En la aplicación de este Estatuto al personal de investigación se podrán dictar normas singulares para adecuarlo a sus peculiaridades. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias y por todo lo previsto en el presente Estatuto. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

Los principios y fundamentos de actuación que ordenan la función pública extremeña, se regulan en el artículo 2 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, entre los que NO se encuentra: Objetividad, profesionalidad, integridad, neutralidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. Planificación, coordinación y gestión de los recursos humanos. Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos mediante la adecuación de la formación a las competencias requeridas para el desempeño de un puesto de trabajo y su proyección sobre la progresión profesional. Promoción de la estabilidad en el empleo público.

De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley NO podrá ejercer las actividades siguientes: El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que haya intervenido en los últimos cuatro años por razón del puesto público. La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, aunque no tengan relación con el sector. El desempeño, por sí o por persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas. La participación no superior al 10 por 100 en el capital de las Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público.

La promoción interna temporal se regula en el artículo 35 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario y, a tenor del mismo, NO es cierto: Se podrá ofrecer al personal estatutario, con carácter voluntario, el desempeño de funciones correspondientes a nombramientos de una categoría del mismo nivel de titulación o de nivel inferior. Durante el tiempo en que realice funciones en promoción interna temporal, el interesado se mantendrá en servicio activo en la categoría donde la desempeña. El ejercicio de funciones en promoción interna temporal podrá ser considerado como mérito en los sistemas de promoción interna. El ejercicio de funciones en promoción interna temporal supondrá la consolidación de derecho de carácter retributivo que corresponda.

De acuerdo con la regulación de la jornada complementaria que la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, es CORRECTO: Tendrá el carácter de jornada ordinaria y un límite máximo de 150 horas al año. Se determinará en la forma en que se establezca a través de la programación funcional del correspondiente centro. La duración máxima conjunta de los tiempos de trabajo correspondientes a la jornada complementaria y a la jornada especial será de 48 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Tendrá la condición y el tratamiento establecido para las horas extraordinarias.

La excedencia voluntaria, regulada en el artículo 67 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, podrá concederse: Cuando lo solicite por interés particular siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores y con un tiempo máximo de permanencia de dos años. Cuando lo solicite por agrupación familiar si su cónyuge reside en otra localidad fuera del ámbito del nombramiento del interesado, por haber obtenido y estar desempeñando plaza con carácter fijo como personal del Sistema Nacional de Salud, como funcionario de carrera o personal laboral de cualquier Administración pública y con un tiempo máximo de permanencia de dos años. De oficio cuando, finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de activo, incumplan la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de 30 días. De forma temporal, en los términos y con los efectos establecidos por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El artículo 41 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, establece los criterios generales del sistema retributivo y NO es cierto que: El sistema retributivo del personal estatutario se estructura en retribuciones básicas y retribuciones complementarias, responde a los principios de cualificación técnica y profesional y asegura el mantenimiento de un modelo común en relación con todas las retribuciones. Las retribuciones complementarias se orientan prioritariamente a la motivación del personal, a la incentivación de la actividad y la calidad del servicio, a la dedicación y a la consecución de los objetivos planificados. El personal estatutario no podrá percibir participación en los ingresos normativamente atribuidos a los servicios de salud como contraprestación de cualquier servicio. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación, sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción disciplinaria ni afecte al régimen de sus prestaciones sociales.

De acuerdo con el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tendrán la consideración de accidentes del trabajo: Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical. Las enfermedades que contraiga el trabajador durante su vida laboral. Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análogas, en los que intervenga el trabajador. Los que sufra el trabajador al ir o al volver de su lugar de residencia.

De acuerdo con el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para ser beneficiarios del subsidio de incapacidad temporal, además de reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, deberán acreditar: En la situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes por menstruación incapacitante secundaria, se exigirá periodo mínimo de cotización según la edad que tenga cumplida en el momento de inicio del descanso. En caso de accidente, sea o no de trabajo, no se exigirá ningún periodo previo de cotización. En la situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes por gestación de la mujer trabajadora, no se exigirá periodo mínimo de cotización. En el caso de enfermedad profesional, ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante.

De acuerdo con el Real Decreto Legisltativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con la prestación por nacimiento y cuidado del menor: Para el cálculo del subsidio, con carácter general, la base reguladora será la base de cotización por contingencias comunes del mes inmediatamente anterior al del hecho causante. A efecto de la prestación por nacimiento y cuidado del menor solo se consideran situaciones protegidas el nacimiento y la adopción. No se exigirá período mínimo de cotización si la persona trabajadora tiene menos de veintiún años de edad en la fecha del nacimiento. El derecho al subsidio por nacimiento y cuidado del menor no podrá ser denegado, anulado o suspendido.

El Real Decreto Legisltativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en su artículo 195 establece el periodo mínimo de cotización exigible para ser beneficiario de una prestación por incapacidad permanente: Si el sujeto causante tiene menos de treinta y un años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho causante de la pensión. Si el sujeto causante tiene más de treinta y un años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciocho años y la del hecho causante de la pensión. Si el sujeto causante tiene de treinta y un años de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho causante de la pensión. Si el sujeto causante tiene cumplidos treinta y un años de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciocho años y la del hecho causante de la pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años.

De acuerdo con el artículo, 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, se entenderá como: «Riesgo laboral» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos «potencialmente peligrosos» aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. «Daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones que puedan sufrirse en el lugar del trabajo. «Equipo de protección individual» cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, NO es un principio de la acción preventiva: Combatir los riesgos en su origen. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Evaluar los riesgos que se puedan evitar.

El artículo 17 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, regula los equipos de trabajo y medios de protección. Señale la respuesta CORRECTA: Los trabajadores adoptarán las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse. La utilización del equipo de trabajo queda reservada a los encargados de dicha utilización. Los equipos protección individual podrán utilizarse cuando no existan medidas de protección colectiva para minimizar los riesgos. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad o salud de los trabajadores deberá prohibir su utilización.

La Ley General de Sanidad establece que, los usuarios sin derecho a la asistencia de los Servicios de Salud, podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de pacientes privados, de acuerdo, entre otros, con el siguiente criterio: En la atención primaria se les aplicará las mismas normas sobre asignación de equipos que al resto de los usuarios, pero no la libre elección. La facturación por la atención de estos pacientes será efectuada por las respectivas administraciones de los Centros, tomando como base los costes efectivos. El ingreso en centros hospitalarios se efectuará a través de la unidad específica de admisión del paciente privado. El sistema de acceso y hospitalización será diferenciado en función de la condición del paciente.

Según la Ley General de Sanidad la competencia relativa a “la determinación con carácter general de las condiciones y requisitos técnicos mínimos para la aprobación y homologación de las instalaciones y equipos de los centros y servicios” le corresponde a: La Administración del Estado. Las Comunidades Autónomas. Las Corporaciones Locales. Al Sistema Nacional de Salud.

La Ley General de Sanidad establece en relación al Área de Salud que: En cada Área existirá una red integrada de hospitales del sector público. Alberga la estructura física de consultas y servicios asistenciales personales correspondientes a la población en que se ubica. Está dirigida por un órgano propio, donde deberán participar las Corporaciones Locales en ellas situadas con una representación no inferior al 60 por 100, dentro de las directrices y programas generales sanitarios establecidos por la Comunidad Autónoma. Se delimitarán teniendo en cuenta, entre otros, factores climatológicos y de dotación de vías y medios de comunicación.

De acuerdo con el artículo 34.2 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, el Consejo de Dirección de Área estará compuesto, entre otros, por: Cuatro representantes de los municipios del área de salud, elegidos por y entre ellos. Tres representantes del Servicio Extremeño de Salud en el área, que serán los responsables de las áreas relacionadas con los recursos humanos, la gestión económica y financiera, y la asistencia sanitaria y sociosanitaria. El Director de Régimen Económico de Área. El Director de Salud de Área, que actuará como presidente.

De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, en relación con la atención primaria, señala la respuesta CORRECTA: Sus trabajadores desarrollan sus funciones en las áreas de salud. Todos los núcleos de población superior a cien habitantes dispondrán de un consultorio local. La Junta de Extremadura, a través de la Consejería responsable en materia de sanidad, establecerá las características mínimas de los centros de atención primaria. Se prestará en los hospitales, así como en otros centros extrahospitalarios de la red asistencial.

Según el artículo 60 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, es un órgano de coordinación del Servicio Extremeño de Salud, señala la respuesta CORRECTA: El Consejo General. El Consejo de Dirección. El Director Gerente. La Dirección General de Planificación Económica.

De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 10/2001, de 28 de junio, de Salud de Extremadura, señala la respuesta INCORRECTA: Todos los centros y servicios sanitarios integrados o adscritos al Servicio Extremeño de Salud de Extremadura deberán ajustarse a los criterios y disposiciones que, en materia de contabilidad, se establezcan reglamentariamente. En la elaboración del Plan de Contabilidad Pública se prestará especial atención a la contabilidad analítica. El Servicio Extremeño de Salud estará sometido al régimen de contabilidad pública en los términos que se disponen en la Ley 3/1985, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Será competencia de la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura la aprobación, en su caso, del Plan de Contabilidad Pública de la Gerencia y del Sistema Sanitario Público de Extremadura.

Según el artículo 8 ter de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, la cartera común suplementaria del Sistema Nacional de Salud incluirá las siguientes prestaciones, señale la respuesta INCORRECTA: Prestación farmacéutica. Prestación con productos dietéticos. El transporte sanitario urgente. Prestación ortoprotésica.

Según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de información y autonomía del paciente, ¿puede un médico actuar profesionalmente sin informar antes al paciente?: Solo en situaciones de urgencia vital. Solo en ausencia de personas vinculadas al paciente. Cuando por razones objetivas, el conocimiento de su situación por parte de una persona pueda perjudicar de manera grave a su salud. No se contempla ningún estado de necesidad terapéutica de no informar.

¿Para el ejercicio de qué derecho prevé la Ley de Información y autonomía al paciente que tiene que ser compatible con el correcto ejercicio de la práctica médica y respetuoso con las normas de funcionamiento del centro?: El acceso a los datos personales obtenidos en la atención sanitaria. A que sean respetados sus valores morales y culturales, así como sus convicciones religiosas y filosóficas. El derecho a que se limite la grabación y difusión de imágenes mediante fotografías, vídeos y otros medios que permitan su identificación como destinatarios de atenciones sanitarias. Derecho a que se garantice la posibilidad de limitar la presencia de investigadores, estudiantes u otros profesionales que no tengan una responsabilidad directa en la atención.

¿Qué plazo máximo se establece en el artículo 7 de la Orden de 26 de noviembre de 2003 para contestar una reclamación al interesado?. 1 mes, pudiendo prorrogarse un mes más. 1 mes, pudiendo prorrogarse en 20 días más si las actuaciones se encuentran en curso. 30 días, pudiendo prorrogarse en 20 días más si las actuaciones se encuentran en curso. 2 meses, pudiendo prorrogarse un mes más.

El Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura dará cuenta anualmente de la gestión realizada presentando una Memoria ante uno de los siguientes órganos: A la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Extremadura. A la Comisión de Política Social de la Asamblea de Extremadura. Al Servicio Extremeño de Salud. Al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

En materias objeto de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura, corresponde al titular de la Consejería competente en materia de Hacienda: Elaborar y someter a la aprobación del Consejo de Gobierno el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Administrar, gestionar y recaudar los derechos económicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La determinación de las directrices básicas de la política económica y financiera de la Comunidad Autónoma. La presentación de los proyectos de ley que impliquen aumento de gasto público o disminución de los ingresos, dentro del mismo ejercicio presupuestario.

El artículo 19bis.2 de la Ley de Hacienda establece que responderán solidariamente del pago de deudas derivadas de la obligación de reintegro de subvenciones y de pagos indebidos, del pago de sanciones pecuniarias y de cualquier otra deuda no tributaria que se rija por el derecho público: Los administradores de hecho o derecho de las sociedades mercantiles cuando hubieran adoptado acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos. Los administradores de hecho o derecho de las sociedades mercantiles cuando hubiesen consentido el incumplimiento de quienes dependan de ellos. Las personas o entidades que sean causantes o colaboren activamente en la realización de infracciones administrativas. Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general, cuando no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados.

Señale la respuesta CORRECTA sobre los intereses de demora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura: Las cantidades adeudadas a la Hacienda Pública de Extremadura devengarán el interés de demora desde el día de su vencimiento. El interés de demora resultará de la aplicación, para cada año, del interés legal fijado en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio. En los supuestos de reintegro de subvenciones se devengará el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos del Estado incrementado en un 25 %, salvo que la propia Ley de Presupuestos establezca uno diferente. En los supuestos de reintegro de subvenciones se devengará el interés legal fijado en la Ley de Presupuestos del Estado incrementado en un 50 %, salvo que la propia Ley de Presupuestos establezca uno mayor.

Señale la respuesta INCORRECTA sobre el derecho de acceso, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá acordar motivadamente la inadmisión de la solicitud. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.

Según dispone expresamente la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales: El hecho de que el tratamiento de datos personales esté limitado no deberá constar en el sistema de información del responsable. b) El derecho de portabilidad se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679. Al ejercer el derecho de rectificación el afectado no deberá indicar necesariamente en su totalidad a que datos se refiere y la corrección que haya de realizarse.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿en qué caso podrá fundarse en su consentimiento el tratamiento de los datos personales de un menor de edad?. En ningún caso. Excepcionalmente, desde los 12 años si está emancipado. Solo a partir de los 16 años. Únicamente cuando sea mayor de 14 años.

Conforme dispone el artículo 23 de la Ley 8/2011, de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura: Todos los Proyectos de ley que apruebe el Consejo de Gobierno podrán incorporar un informe sobre su impacto por razón de género, por parte de quien reglamentariamente se determine. Toda propuesta de ley presentada en la Asamblea de Extremadura, requerirá, antes de la discusión parlamentaria, su remisión a la Junta de Extremadura, quien dictaminará en el plazo de un dos meses. El informe de evaluación de impacto de género podrá ir acompañado de indicadores pertinentes en género. Los reglamentos y los planes que elabore el Consejo de Gobierno requeriran, antes de su aprobación, la emisión de un informe de evaluación del impacto de género por parte de quien reglamentariamente se determine.

La situación que se encuentra una persona que, en atención a su sexo, sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación homóloga, es entendida como: Discriminación directa. Discriminación indirecta. Trato desfavorable. Acoso por razón de sexo.

Cuál de las siguientes es una función de la Red de Oficinas de igualdad y la Violencia de género: Ejecución, animación y promoción de campañas de sensibilización que tengan como objetivo la modificación de actitudes discriminatorias y estereotipos sexistas, así como la prevención de la violencia de género dirigidas al conjunto de la ciudadanía. Impulso de la investigación básica y aplicada, sobre igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género en los ámbitos universitario y especializado. Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de igualdad entre mujeres y hombres del personal de su Administración y propuesta del tipo de formación requerido en cada caso, así como los criterios y prioridades de acceso a aquélla. Impulso a la incorporación, promoción y estabilidad de las mujeres en la actividad laboral, profesional y empresarial.

El derecho a la protección de la salud en la Constitución Española se encuentra recogido en: En el Capítulo Primero del Título I, de los derechos y deberes fundamentales. En la Sección 1ª, de los derechos fundamentales y de las libertades Públicas, del Capítulo Segundo, del Título I, de los derechos y deberes fundamentales. En la Sección 2ª, de los derechos y deberes de los ciudadanos, del Capítulo Segundo, del Título I, de los derechos y deberes fundamentales. En el Capítulo Tercero, de los principios rectores de la política social y económica, del Título I, de los derechos y deberes fundamentales.

Según lo establecido en su artículo 9, la Constitución Española NO garantiza: El principio de legalidad. La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras restrictivas de derechos individuales. La arbitrariedad de los poderes públicos. La publicidad de las normas.

De acuerdo con lo previsto en el punto 2 del artículo 55 de la Constitución Española ¿qué derecho puede ser suspendido para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas?: A entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Derecho a la libertad y a la seguridad. Al secreto de las comunicaciones. A no ser obligadas a declarar.

¿En cuál de estas materias, contempladas en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, la Comunidad Autónoma solo puede ejercer la potestad reglamentaria organizativa y la adopción de planes, programas, medidas, decisiones y actos?. En materias en las que ejerce la competencia exclusiva. En materias en las que ejerce la competencia de desarrollo normativo y de ejecución. En materias en las que ejerce la competencia de ejecución. En todas las competencias que encuentran contempladas en el título I del Estatuto.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura contempla que el Decreto Legislativo: Es una norma con rango de ley dictada por la Junta de Extremadura por delegación del Pleno de la Asamblea. Es una disposición legislativa provisional dictada por la Junta de Extremadura. Tiene la facultad de dictar normas con carácter retroactivo. Queda derogado si en el plazo improrrogable de un mes desde su publicación oficial no es convalidado por la Asamblea, tras su debate y en votación de totalidad.

Según el Estatuto de Autonomía, ¿a quién le corresponde la potestad expropiatoria?. A la Asamblea de Extremadura. Al Consejo de Gobierno de Extremadura. A un órgano propio de la Junta. A la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, regula los derechos del personal estatutario de los servicios de salud, siendo considerado como individual el derecho: Al encuadramiento en el Régimen Especial de la Seguridad Social, con los derechos y obligaciones que de ello se derivan. A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como sobre riesgos generales en el centro sanitario o derivados del trabajo habitual. A disponer de servicios de prevención y de órganos representativos en materia de seguridad laboral. A la huelga, garantizándose en todo caso el mantenimiento de los servicios que resulten esenciales para la atención sanitaria a la población.

De acuerdo con el artículo 20, la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, establece que la falta de incorporación al servicio dentro de plazo cuando sea imputable al interesado y no obedezca a causas justificadas, producirá: El desistimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de ese concreto proceso selectivo. La renuncia a su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de ese concreto proceso selectivo. El decaimiento de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de ese concreto proceso selectivo. La caducidad de su derecho a obtener la condición de personal estatutario fijo como consecuencia de ese concreto proceso selectivo.

La Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, en relación con pérdida de la condición de personal estatutario fijo, indique la respuesta CORRECTA: La pérdida de la nacionalidad española, o de la de otro Estado tomada en consideración para el nombramiento, determina la pérdida de la condición de personal estatutario, salvo que sucesivamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado de la Unión Europea. La pérdida de la nacionalidad española, o de la de otro Estado tomada en consideración para el nombramiento, determina la pérdida de la condición de personal estatutario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a acceder a tal condición. En el caso de pérdida de la condición de personal estatutario como consecuencia de pérdida de la nacionalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición si acredita que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado que otorgue el derecho a acceder a tal condición. En el caso de pérdida de la condición de personal estatutario como consecuencia de pérdida de la nacionalidad, el interesado podrá recuperar dicha condición si acredita que sucesivamente se adquiera la nacionalidad de otro Estado de la Unión Europea.

De acuerdo con la Ley de Salud de Extremadura, en relación con el Defensor de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, señale la respuesta CORRECTA: El Defensor de los Usuarios será designado por el Consejo Regional de Consumidores y Usuarios. Será designado por un periodo de cuatro años. El Defensor de los Usuarios dará cuenta de sus actividades semestralmente a la Comisión de Política Social de la Asamblea de Extremadura y al Consejo Extremeño de Salud. Reglamentariamente la Junta de Extremadura establecerá la estructura del órgano, así como las incompatibilidades, situación administrativa y régimen que le sea de aplicación.

De acuerdo con el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, señale la respuesta CORRECTA: El nombramiento y cese de la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos corresponderá al titular de la Consejería competente en materia sanitaria a propuesta del Director Gerente. El Director General de Asistencia Sanitaria velará por el cumplimiento de la normativa alimentaria en materia de higiene, registro, control e inspección de alimentos. El nombramiento y cese del Director General de Asistencia Sanitaria corresponderá al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura a propuesta del titular de la Consejería competente en materia sanitaria. El Consejo de Dirección estará presidido por el titular de la Consejería competente en materia sanitaria, y formarán parte de este los Altos Cargos del Servicio Extremeño de Salud y los Gerentes de Área de Salud.

De acuerdo con el Decreto 221/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Organismo Autónomo Servicio Extremeño de Salud, señale la respuesta CORRECTA: La pertenencia al Consejo General del Servicio Extremeño de Salud tendrá carácter retribuido. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de su titular, corresponderá al responsable del órgano competente en materia de planificación sanitaria de la Comunidad Autónoma asumir la presidencia del Consejo General. A las sesiones del Consejo General asistirá el Director Gerente del Servicio Extremeño de Salud, con voz y voto. El Consejo funcionará siempre en pleno, debiendo reunirse, al menos semestralmente, con carácter ordinario.

Respecto a los medios de ejecución forzosa previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?. Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el más restrictivo de la libertad individual. Podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal. La multa coercitiva es independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas. Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por ser personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la desviación de poder es un vicio que hace al acto administrativo: Nulo de pleno derecho. Inexistente. Invalidante. Anulable.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Salud de Extremadura, indique cual de las siguientes es una competencia de la Junta de Extremadura con relación al Sistema Sanitario Público. Ordenación y regulación de las funciones de policía sanitaria mortuoria. La aprobación del Plan de Salud de Extremadura. Inspección de todos los centros, servicios, prestaciones y establecimientos sanitarios y sociosanitarios de Extremadura, así como el control de sus actividades de promoción y publicidad. Vigilar, inspeccionar y evaluar las actividades del Sistema Sanitario Público de Extremadura, y su adecuación al Plan de Salud.