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1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán de: a) Todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas. b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales. c) Los actos y resoluciones dictados por los Tribunales Económico -Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la vía económico-administrativa. d) La prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora de l Derecho de Reunión.

2. Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con los actos y disposiciones de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de: a) Personal, administración y gestión patrimonial. b) Recursos humanos, contratación y gestión económico-presupuestaria. c) Función pública, administración y gestión patrimonial. d) Personal, contratación y subvenciones.

3. Pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración Pública: a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, cuando una ley lo autorice expresamente. b) Los particulares cuando obren por delegación de ella. c) Los particulares cuando obren como meros agentes de ella. d) Los particulares cuando obren como mandatarios de ella.

4. De acuerdo con la LJCA, el plazo para interponer recurso de lesividad será de: a) Seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. b) Dos meses a contar desde la declaración de lesividad, con las excepciones previstas en el artículo 26 de la LJCA. c) Dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. d) Dos meses a contar desde el día de la notificación de la declaración de lesividad.

5. Los recursos directos contra disposiciones generales serán antepuestos para su votación y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo: a) Sin excepción alguna. b) Salvo el proceso especial de protección de derechos fundamentales. c) Salvo los procesos especiales. d) Cuando así lo considere el órgano jurisdiccional, a instancia de cualquiera de las partes.

6. De acuerdo con la LJCA, las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde: a) El día siguiente en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. b) El día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada. c) El día siguiente en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el Boletín Oficial del Estado. d) El día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo h ubiera sido la disposición anulada, salvo en los casos tasados que determina el artículo 68 de la LJCA.

7. La LJCA, al regular el procedimiento abreviado, contempla que el juez, en su caso, podrá adoptar la decisión que considere en relación con la adecuación del procedimiento por razón de la materia, de acuerdo con el artículo 78.9 de la LJCA, decisión frente a la que: a) Se dará recurso de súplica. b) Se dará recurso de apelación. c) Se dará recurso de reposición. d) No se dará recurso alguno. ANULADA.

8. Son apelables los autos dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos: a) Los que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares, en un solo efecto. b) Los recaídos en ejecución de sentencia, en ambos efectos. c) Los que declaren la admisión del recurso contencioso -administrativo o hagan imposible su continuación, en un sólo efecto. d) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artículo 8 de la LJCA, en un sólo efecto.

9. De acuerdo con la LJCA, contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión del recurso de casación : a) Cabrá recurso de reposición. b) Cabrá recurso de apelación en un solo efecto. c) Cabrá recurso de apelación en ambos efectos. d) No cabrá recurso alguno.

10. De acuerdo con la LJCA, la medida cautelar podrá denegarse cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de: a) Los intereses generales. b) Los derechos fundamentales o las libertades públicas. c) Los intereses económicos. d) Los servicios públicos.

11. Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan: a) En materia de tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga relativa a los funcionarios públicos. b) Entre las sociedades laborales o las cooperativas de trabajo asociado, y sus socios trabajadores, exclusivamente por la prestación de sus servicios. c) Sobre las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales. d) En materia de reclamaciones sobre responsabilidad patrimonial de las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.

12. En cuanto a la representación por los sindicatos, el artículo 20 de la LJS dispone que éstos: a) Podrán actuar en un proceso, en nombre e interés de los trabajadores con condición de afiliado acreditada, necesitando autorización expresa. b) Estarán siempre exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones ante el orden social. c) Gozarán siempre del beneficio legal de justicia gratuita. d) No podrán actuar en un proceso en nombre e interés de los funcionarios.

13. Será requisito previo para la tramitación del proceso laboral el intento de conciliación en los procesos que versen sobre: a) Disfrute de vacaciones. b) Movilidad geográfica. c) Impugnación de convenios colectivos. d) Impugnación de sanciones.

14. El plazo de que dispone el trabajador para la presentación de la demanda por despido: a) Es un plazo de treinta días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que se hubiera producido el despido. b) Es un plazo de caducidad a todos los efectos. c) No tendrá en cuenta los sábados, domingos y los festivos del domicilio del demandante. d) Su cómputo se suspenderá desde que tenga lugar el acto de celebración de la conciliación previa.

15. La comunicación de oficio que sostenga la ilegalidad del convenio en el caso de los procesos de impugnación de los convenios colectivos deberá contener: a) La relación de los terceros reclamantes, presuntamente lesionados. b) La indicación del interés de los terceros reclamantes, presuntamente lesionados, que se trata de proteger. c) La relación de las representaciones integrantes de la mesa negociadora del convenio impugnado. d) La acreditación de haberse registrado el convenio colectivo ante la oficina pública correspondiente.

16. Según el artículo 385 del Real Decreto Legislativo 1/ 2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, la oposición a la aprobación judicial del convenio deberá presentarse: a) En el plazo de cinco días, contados desde el día siguiente a la fecha de proclamación del resultado por el LAJ. b) En el plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la fecha de proclamación del resultado por el juez. c) En el plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la fecha de proclamación del resultado por el LAJ. En el plazo de cinco días, contados desde el día siguiente a la fecha de aprobación por el juez.

17. La celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, requieren: a) Autorización de las Cortes Generales, mediante ley orgánica. b) Autorización de las Cortes Generales, mediante ley ordinaria. c) Mera comunicación a las Cortes Generales. d) Autorización del Congreso, mediante ley orgánica.

18. Según la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, se considera discriminación directa: a) Aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las características de la persona o personas discriminadas. b) Cuando una persona es discriminada de manera simultánea o consecutiva por dos o más causas de las previstas en esta ley. c) Cualquier conducta realizada por razón de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil,degradante, humillante u ofensivo. d) La denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad.

19. Tal como recoge la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, las candidaturas que se presenten para las elecciones a miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan como mínimo: a) El cincuenta por ciento. b) El cuarenta por ciento. c) El treinta por ciento. d) El cuarenta y cinco por ciento.

20. Indica el artículo 75 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que a los Subdelegados del Gobierno no les corresponde. a) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia. b) Coordinar la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el ámbito territorial de su competencia. c) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada. d) Elevar anualmente un informe al Gobierno sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas en el territorio en que desarrolla sus funciones.

21. Según el articulado de la Constitución Española ¿qué periodo mínimo de tiempo debe transcurrir para que, por regla general, con las salvedades del artículo 151, mediante la reforma de sus estatutos, las CCAA puedan ampliar sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149?: a) 3 años. b) 6 años. c) 4 años. d) 5 años.

22. Tal como indica el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el ejercicio de la función de control de la ejecución del presupuesto, el Tribunal de Cuentas asiste: a) A los Estados miembros y al Parlamento Europeo. Al Consejo y a los distintos Estados Miembros. c) Al Parlamento Europeo y al Banco Central Europeo. d) Al Parlamento Europeo y al Consejo.

23. Dentro de las competencias de la Unión Europea, sus instituciones podrán dictar actos comunitarios que serán obligatorios en todos sus elementos. Esta definición corresponde al siguiente acto jurídico: a) Dictamen. b) Decisión. c) Recomendación. d) Directiva.

24. Señale la respuesta incorrecta. Se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre las siguientes materias: a) Determinación y modificación de las demarcaciones judiciales, así como de su capitalidad. b) Leyes penales y normas sobre régimen penitenciario. c) Presupuestos Generales del Estado. d) Modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

25. De los recursos que se deduzcan en relación con las resoluciones dictadas en alzada por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos, conocerán en única instancia: a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. b) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo correspondiente a la provincia de cesión del tributo. c) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. d) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso - Administrativo.

26. En relación a la figura del juez de paz, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta: a) Es elegido por la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento entre las personas mayores de edad que figuran en su censo electoral. b) Es nombrado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma. c) Presta juramento de su cargo ante el juez de Primera Instancia e Instrucción del partido o el decano si hubiera varios. d) Es nombrado por un periodo de cuatro años.

27. A qué organismo corresponde llevar a cabo el seguimiento y evaluación del desarrollo y cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia: a) Al Consejo General del Poder Judicial. b) A la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados. c) Al Consejo General de la Abogacía. d) Al Ministerio Fiscal.

28. Según el Real Decreto 1184/2006, de 13 de octubre, por el que se regula la estructura, composición y funciones de la Comisión Nacional de Estadística Judicial, impulsar la aprobación de los planes estadísticos, generales y especiales de la Administración de Justicia, es una competencia que le corresponde: a) Al Instituto Nacional de Estadística. b) A la Comisión Nacional de Estadística Judicial. c) A la Fiscalía General del Estado. d) A Las Comunidades Autónomas con competencias en esa materia y, en su defecto, al Consejo General del Poder Judicial.

29. De acuerdo con el artículo 236 sexties, 3 de la LOPJ ¿a quién corresponde elaborar y actualizar los códigos de conducta destinados a contribuir a la correcta aplicación de la normativa de protección de datos personales en la oficina judicial y fiscal?: a) Al Ministerio de Justicia. b) Al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio Fiscal. c) A los Secretarios de Gobierno. d) A la Agencia Española de Protección de Datos.

30. De acuerdo con LOPJ, los LAJ, cuando así lo prevean las leyes procesales: a) Tienen competencia en materia de jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer. b) Tienen competencia en materia de conciliación, sin posibilidad de llevar a cabo la labor mediadora. c) Tienen competencia en la tramitación, pero no resolución de los procedimientos monitorios. d) Ejercen la totalidad de competencias en materia de ejecución.

31. No es una función de los médicos forenses. a) La asistencia técnica a Juzgados, Tribunales y Fiscalías en las materias de su disciplina profesional, emitiendo informes y dictámenes en el marco del proceso judicial o en las actuaciones de investigación criminal que aquellos soliciten. b) La asistencia o vigilancia facultativa de los detenidos, lesionados o enfermos, que se hallaren bajo la jurisdicción de Juzga dos, Tribunales y Fiscalías, en los supuestos y en la forma que d eterminen las leyes. c) La emisión de informes y dictámenes a solicitud del Registro Civil, en los supuestos y condiciones que determine el Ministerio. d) La emisión de informes y dictámenes, a solicitud de particulares en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

32. De acuerdo con la LOPJ, no le corresponde al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, la siguiente función. a) El registro y la clasificación de la correspondencia. b) Expedir, con conocimiento del LAJ, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados. c) La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico. d) La confección de las cédulas pertinentes para la práctica de los actos de comunicación que hubieran de realizarse.

33. Los funcionarios podrán disfrutar de licencias por asuntos propios sin derecho a retribución alguna, cuya duración acumulada no podrá, en ningún caso, exceder de: a) Tres meses cada dos años de servicios efectivos. b) Dos meses cada tres años de servicios efectivos. c) Dos meses por cada dos años de servicios efectivos. d) Tres meses por cada cuatro años de servicios efectivos.

34. De acuerdo con el artículo 536 de la LOPJ, la negligencia en la custodia de documentos que dé lugar a su difusión o conocimientos indebidos se considerará falta: a) Grave. b) Menos grave. c) Muy grave. d) Grave o muy grave, dependiendo de diversas circunstancias enumeradas en la LOPJ.

35. De acuerdo con el artículo 538 de la LOPJ, los funcionarios a los que se sancione con traslado forzoso no podrán obtener nuevo destino en el municipio de origen durante: a) Tres años, cuando hubiese sido impuesta por falta grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta leve. b) Tres años, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta grave. c) Dos años, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta grave. d) Tres años, cuando hubiese sido impuesta por falta muy grave o grave, y durante uno, cuando hubiera correspondido a la comisión de una falta leve.

36. Podrán promover elecciones a delegados y Juntas de Personal, de acuerdo con el artículo 43 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: a) Los sindicatos más representativos a nivel provincial, cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. b) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 por 100 de los representantes a los que se refiere a este Estatuto en el conjunto del Sector Público. c) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 15 por 100 en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. d) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.

37. El órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo es: a) El Consejo Asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo. b) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. d) La Comisión de Coordinación Interterritorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.

38. Cuando una persona física no se halle en pleno uso de sus derechos civiles y no hubiere persona que legalmente le represente o asista para comparecer en juicio: a) El Ministerio Fiscal asumirá la representación y defensa de éste aun cuando se produzca nombramiento del defensor judicial. b) El LAJ nombrará, mediante decreto, un defensor judicial, que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona. c) Quedará en suspenso el procedimiento hasta que se proceda a la designación del defensor judicial, aunque conste la intervención del Ministerio Fiscal. d) El tribunal nombrará, mediante providencia, un defensor judicial, que asumirá su representación y defensa hasta que se designe a aquella persona.

39. Para cuál de las siguientes actuaciones no es necesario poder especial del procurador. a) Para allanarse. b) Para recibir notificaciones. c) Para transigir. d) Para renunciar.

40. Contra la resolución que deniegue la suspensión del asunto civil por prejudicialidad penal, se podrá interponer. a) Recurso de reposición. b) Recurso de apelación, sin perjuicio de reproducir la solicitud de suspensión durante la segunda instancia, y en su caso, durante la tramitación de los recursos extraordinarios por infracción procesal o casación. c) Recurso de queja. d) No cabe recurso contra dicha resolución.

41. Conforme el artículo 52 de la LEC, la competencia territorial en los juicios en materia de competencia desleal corresponderá. a) Al tribunal del domicilio o lugar de residencia del demandado, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante. b) Al tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviera en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante. c) Al tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviera en territorio español, el tribunal del lugar donde se produzcan sus efectos. d) Al tribunal del domicilio o lugar de residencia del demandado, o donde tenga su establecimiento, a elección del demandante, y cuando no los tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante.

42. Conforme el artículo 132 de la LEC, cuando se fije plazo para las actuaciones procesales se entenderá que se practican: a) Sin dilación. b) Cuando el tribunal lo determine, previa audiencia de las partes. c) Dentro del día hábil siguiente. d) Dentro del plazo señalado.

43. Según el artículo 134 de la LEC, la concurrencia de fuerza mayor para interrumpirse los plazos y demorar los términos: a) Habrá de ser apreciada por el LAJ mediante decreto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás. b) Habrá de ser apreciado por el LAJ mediante decreto, a instancia de las partes, con audiencia de las demás. c) Habrá de ser apreciado por el tribunal mediante auto, a instancia de las partes, con audiencia de las demás. d) Habrá de ser apreciado por el tribunal mediante auto, de oficio o a instancia de la parte que la sufrió, con audiencia de las demás por plazo de cinco días.

44. De acuerdo con el artículo 214.3 de la LEC, los errores materiales manifiestos y los aritméticos. a) Solo podrán ser rectificados de oficio dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. b) Podrán ser rectificados en cualquier momento. c) Solo podrán ser rectificados a instancia de parte, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la resolución. d) Podrán ser rectificados de oficio o a instancia de parte, dentro de los dos días hábiles siguientes a la notificación de la r esolución.

45. Conforme al artículo 198 de la LEC ¿cuál es el orden correcto en la votación de los asuntos en un órgano colegiado?. a) Votará primero el ponente y después los restantes magistrados, por el orden inverso a su antigüedad. El presidente votará el último. b) Votará primero el presidente y después los restantes magistrados por orden de antigüedad. El ponente votará el último. c) Votará primero el presidente y después los restantes magistrados por orden inverso a su antigüedad. El ponente votará el último. d) Votará primero el ponente y después los restantes magistrados, por el orden de antigüedad. El presidente votará el último.

46. Conforme a la Ley 29/2015 de 30 de julio de cooperación jurídica internacional en materia civil, la autoridad central española en esta materia es: a) El Ministerio de Justicia. b) El Consejo General del Poder Judicial. c) El Secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. d) El Presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo.

47. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, y según el artículo 5.2, el Archivo Judicial de Gestión podrá remitir al Archivo Judicial Territorial que le corresponda, aquellos asuntos que no estuviesen pendientes de actuación procesal alguna, tanto en fase declarativa como de ejecución, transcurridos: a) Cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos. b) Cinco años desde la última resolución dictada en los procedimientos o expedientes gubernativos. c) Menos de cinco años desde la incoación de los procedimientos o expedientes gubernativos. d) Menos de cinco años desde la última resolución dictada en los procedimientos o expedientes gubernativos.

48. Quién acuerda la publicación de las relaciones de expedientes judiciales que vayan a ser objeto de expurgo, en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial de la comunidad autónoma, según el ámbito territorial del órgano judicial de los que procedan, conforme al artículo 16 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales : a) El secretario de la Junta de Expurgo. b) El director del Archivo Judicial Central. c) El presidente de la Junta de Expurgo. d) El órgano competente de cada Comunidad Autónoma.

49. Indique la respuesta correcta en relación con las diligencias preliminares reguladas en la LEC: a) Contra el auto que acuerde las diligencias no se dará recurso alguno. Contra el que las deniegue, cabrá recurso de apelación. b) Contra el decreto que acuerde las diligencias no se dará recurso alguno. Contra el que las deniegue, cabrá recurso de apelación. c) Contra la providencia que acuerde las diligencias no se dará recurso alguno. Contra la que las deniegue, cabrá recurso de apelación. d) Contra el auto que acuerde las diligencias cabrá recurso de reposición. Contra el que las deniegue, no cabrá recurso alguno.

50. Conforme a lo establecido en el artículo 296 de la LEC, ¿bajo la custodia de quién quedan los documentos y demás piezas de convicción en que consistan las pruebas anticipadas o que se obtengan como consecuencia de su práctica? : a) Bajo la custodia del magistrado-juez. b) Bajo la custodia del LAJ del tribunal. c) Bajo la custodia del Ministerio Fiscal. d) Bajo la custodia de la parte que haya solicitado la prueba anticipada, previa caución.

51. En la contestación a la demanda, en el juicio ordinario, de conformidad con lo establecido en la LEC, el demandado: a) Podrá formular la pretensión o pretensiones que crea que le competen respecto del demandante, por medio de reconvención. b) Podrá solicitar su absolución respecto de la pretensión o pretensiones de la demanda principal, debiendo considerarse así formulada reconvención. c) Podrá narrar los hechos de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el actor, no siendo necesario, en ningún caso, la admisión o negación de los hechos aducidos por el actor en su demanda. d) Propondrá la reconvención con antelación a la contestación, sin necesidad de acomodarse a lo que para la demanda se establece en el artículo 399 de la LEC.

52. La vista señalada por el LAJ en el juicio verbal, cuando ésta proceda, habrá de tener lugar: a) Dentro del plazo máximo de quince días. b) Dentro del plazo máximo de un mes. c) Dentro del plazo máximo de dos meses. d) Dentro del plazo máximo de tres meses.

53. En el juicio verbal, si a la vista señalada por el LAJ no asistiere el demandante: a) Se hará un nuevo señalamiento para la celebración de vista con citación de demandante y demandado bajo los apercibimientos y advertencias recogidos en el artículo 440. b) Si el demandado no alegara interés legítimo en la continuación del proceso, se le tendrá en el acto por desistido de la demanda, imponiéndole las costas causadas y condenándole a indemnizar al demandado comparecido. c) Si el demandado compareciere, en cualquier caso, se procederá a la celebración del juicio. d) Si el demandado no alegara interés legítimo en la continuación del proceso, se le tendrá en el acto por desistido de la demanda, imponiéndose las costas causadas por mitad y declarando finalizado el juicio.

54. En el procedimiento para la división de la herencia, presentado por el contador escrito firmado por el mismo comprensivo de las operaciones divisorias, el LAJ: a) Dará traslado a las partes de las operaciones divisorias, emplazándolas por diez días para que formulen oposición, pudiendo en dicho plazo examinar en la Oficina judicial los autos y las operaciones divisorias y obtener, a su costa, las copias que soliciten. b) Dará traslado a las partes de las operaciones divisorias, emplazándolas por veinte días para que formulen oposición, pudiendo en dicho plazo examinar en la Oficina judicial los autos y las operaciones divisorias y obtener, a su costa, las copias que soliciten. c) Tendrá a las partes por conformes en las operaciones divisorias, sin previo traslado a las mismas para su conocimiento, dictando seguidamente decreto aprobándolas y mandando protocolizarlas. d) Tendrá a las partes por conformes en las operaciones divisorias, previo traslado a las mismas por veinte días para su conocimiento, dictando seguidamente decreto aprobándolas y mandando protocolizarlas.

55. Conforme al artículo 799 de la LEC, el administrador del caudal hereditario rendirá cuenta justificada en los plazos que: a) El LAJ le señale, que serán proporcionados a la importancia y condiciones de caudal, sin que en ningún caso puedan exceder de un año. b) El tribunal le señale, que serán proporcionados a la importancia y condiciones de caudal, sin que en ningún caso puedan exceder de un año. c) El LAJ le señale mediante diligencia, que serán proporcionados a la importancia y condiciones de caudal, sin que en ningún caso puedan exceder de un año. d) El LAJ le señale mediante decreto, que serán proporcionados a la importancia y condiciones de c audal, sin que en ningún caso puedan exceder de un año.

56. Respecto del proceso monitorio regulado en la LEC, señale la respuesta correcta: a) Las partes actuarán desde su primer acto en este proceso con asistencia de abogado y representadas por procur ador. b) La petición inicial del procedimiento monitorio deberá ir firmada por procurador y abogado. c) El escrito de oposición deberá ir firmado por abogado y procurador cuando su intervención fuere necesaria por razón de la cuantía. d) Para la presentación del escrito de oposición no será preciso en ningún caso valerse de procurador y abogado.

57. En el juicio cambiario previsto en la LEC, una vez presentado escrito de oposición por el deudor en el plazo establecido, el LAJ: a) Dará traslado al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de diez días, pudiendo las partes, en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación, solicitar la celebración de vista, siguiendo los trámites previstos para el juicio verbal. b) Dará traslado al acreedor para que lo impugne por escrito en el plazo de veinte días, pudiendo en el escrito de impugnació n solicitar la celebración de vista. c) Señalará la celebración de vista que tendrá lugar en el plazo de diez días, en cuyo acto el acreedor podrá oralmente, en s u caso, formular su impugnación conforme a los motivos legalmente previstos. d) Señalará la celebración de vista que tendrá lugar en el plazo de veinte días, en cuyo acto el acreedor podrá oralmente, en su caso, formular su impugnación conforme a los motivos legalmente previstos.

58. Están legitimados para promover los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad regulados en la LEC: a) La propia persona interesada, su cónyuge no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, su descendiente o ascendiente o hermano. b) La propia persona interesada, su cónyuge esté o no separado de hecho o legalmente o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable y su descendiente o ascendiente o hermano siempre que convivan con el interesado. c) Solamente la propia persona interesada. d) Solamente el Ministerio Fiscal.

59. En los procesos matrimoniales, de conformidad con lo establecido en el artículo 770 de la LEC, la reconvención se propondrá con la contestación a la demanda: a) Disponiendo el actor del plazo de 10 días para contestarla. b) Pudiendo el actor en el plazo de 20 días contestarla. c) Pudiendo el actor contestarla verbalmente en todo caso en el acto de la vista. d) Disponiendo el actor del plazo de 30 días para contestarla solo en el caso de que el cónyuge demandado de nulidad pretenda las eparación.

60. La solicitud de beneficio de mayoría de edad que inste el mayor de 16 años sujeto a tutela se tramita: a) Como un expediente de jurisdicción voluntaria que se tramita ante los órganos jurisdiccionales conforme a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. b) Como un expediente de jurisdicción voluntaria que se tramita ante el registro civil conforme a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. c) Como un proceso declarativo que se tramita ante los órganos jurisdiccionales siguiendo las normas del juicio verbal conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. d) Como un expediente de jurisdicción voluntaria que se tramita por notarios y registradores con las competencias atribuidas siguiendo las normas de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

61. Respecto de la competencia del tribunal de la primera instancia durante la tramitación del recurso de apelación, según el artículo 462 de la LEC: a) La jurisdicción del tribunal que hubiere dictado la resolución recurrida se limitará a las actuaciones relativas a la ejecución provisional de la resolución apelada. b) El tribunal que hubiere dictado la resolución recurrida perderá la jurisdicció n sobre el procedimiento en el que se haya dictado la resolución objeto de recurso. c) La jurisdicción del tribunal que hubiere dictado la resolución recurrida se limitará a las actuaciones relativas a la ejecución definitiva de la resolución apelada. d) El tribunal que hubiere dictado la resolución recurrida no perderá, en ningún caso, la jurisdicción sobre el procedimiento en el que se haya dictado la resolución objeto de recurso.

62. De acuerdo con lo establecido en el artículo 450 de la LEC, todo recurrente podrá desistir: a) De cualquier recurso en todo caso y momento de su tramitación antes de que sobre él recaiga resolución. b) Del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto del recurso de casación una vez señalado día para su deliberación, votación y fallo. c) Del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto del recurso de casación una vez señalado día para la celebra ción de vista. d) Del recurso antes de que sobre él recaiga resolución, excepto del recurso de casación de tramitación preferente por razón de su materia.

63. El recurso de casación, conforme el artículo 479 de la LEC, se interpondrá: a) Ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia dentro del plazo de veinte días contados des de el día siguiente a la notificación de la resolución que se impugne. b) Ante la Sala Primera del Tribunal Supremo dentro del plazo de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución que se impugne. c) Ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro de veinte días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla. d) Ante el tribunal que haya dictado la resolución que se impugne dentro de treinta días contados desde el día siguiente a la notificación de aquélla.

64. En caso de no interponer demanda ejecutiva, ¿en qué plazo caduca la acción ejecutiva fundada en una resolución del tribunal que apruebe un acuerdo alcanzado en el proceso, de conformidad con lo establecido en la LEC?: a) Dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la resolución, a excepción de que el ejecutante acreditara la imposibilidad de su interposición dentro de dicho plazo por causa de fuerza mayor. b) Dentro de los diez años siguientes a la firmeza de la resolución. c) Dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la resolución. d) No caduca nunca.

65. Contra el decreto que dicte el LAJ imponiendo multas coercitivas periódicas al ejecutado que no respondiere debidamente al requerimiento para que manifestara bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, conforme a la LEC, cabe interponer: a) Recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que conozca de la ejecución. b) Recurso de reposición, sin efecto suspensivo, ante el Tribunal que conozca de la ejecución. c) No cabrá recurso alguno. d) Recurso directo de revisión, en ambos efectos, ante el Tribunal que conozca de la ejecución.

66. Señale la respuesta incorrecta. En el procedimiento de apremio de la LEC, para valorar los bienes, el LAJ encargado de la ejecución designará perito tasador: a) De entre los que presten servicio en la Administración de Justicia. b) De entre los servicios técnicos dependientes de las Administraciones Públicas que dispongan de personal cualificado y hayan asumido el compromiso de colaborar, a estos efectos, con la Administración de Justicia. c) De entre los Colegios profesionales inscritos en el Registro creado a estos efectos, de peritos colaboradores con la Administración de Justicia. d) De entre las personas físicas o jurídicas que figuren en una relación formada con las listas que suministren las entidades públicas competentes para conferir habilitaciones para la valoración de bienes.

67. Señale la respuesta incorrecta. Según dispone el artículo 706 de la LEC, en el caso de la ejecución no dineraria, cuando el hacer a que obligue el título ejecutivo no sea personalísimo: a) El ejecutado podrá consignar el coste de dicho hacer aportando valoración de un perito tasador. b) El ejecutado podrá llevarlo a cabo en el plazo señalado por el LAJ. c) El ejecutante podrá pedir que se le faculte para encargarlo a un tercero, a costa del ejecutado. d) El ejecutante podrá reclamar el resarcimiento de daños y perjuicios.

68. Conforme a lo dispuesto en el artículo 713 de la LEC, presentado el escrito de solicitud de determinación judicial de daños y perjuicios sufridos. a) El LAJ dará traslado a quien hubiere de abonar los daños y perjuicios para que, en el plazo de veinte días, conteste lo que estime conveniente. b) Si el deudor manifiesta su conformidad, el juez aprobará la liquidación mediante auto que contenga la relación de los daños y perjuicios y su importe. c) Si el deudor deja pasar el plazo sin evacuar el traslado conferido por el LAJ, no se entenderá que presta su conformidad a los hechos alegados por el ejecutante. d) Se entenderá que el deudor presta su conformidad si se limita a negar genéricamente la existencia de daños y perjuicios.

69. Respecto a la solicitud de medidas cautelares de conformidad con lo dispuesto en el artículo 730 de la LEC. a) Se solicitarán antes de la demanda principal bastando con alegar razones de urgencia o necesidad. b) Se solicitarán siempre junto con la demanda principal. c) Las ya acordadas quedarán sin efecto si la demanda no se presentare ante el mismo Tribunal que conoció de la solicitud de aquéllas en el mes siguiente a su adopción. d) Podrán solicitarse incluso pendiente un recurso cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos.

70. En relación con la caución sustitutoria de las medidas cautelares reguladas en la LEC: a) Contra el auto que resuelva denegar caución sustitutoria cabe recurso de apelación. b) El auto que resuelva sobre la caución sustitutoria será dictado en diez días. c) Para la resolución sobre la solicitud de caución sustitutoria será pertinente, en todo caso, la celebración de una vista. d) La solicitud de caución sustitutoria no podrá formularse una vez la medida cautelar ya se hubiese adoptado.

71. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que: a) El vencedor fuera titular del derecho de asistencia jurídica gratuita. b) El tribunal aprecie y razone, que el caso era jurídicamente dudoso, para lo que se tendrá en cuenta la legislación aplicada. c) El tribunal aprecie y razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho. d) El tribunal declare la temeridad del litigante vencedor.

72. Se consideran costas según el artículo 241 de la LEC, la parte de los gastos del proceso que se refieran al pago de: a) Certificaciones reclamadas por el tribunal a registros y protocolos públicos. b) La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los procesos de ejecución de las hipotecas cuando se dirijan contra el avalista. c) La tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los procesos de ejecución de las hipotecas constituidas para la adquisición de vivienda habitual. d) Depósitos necesarios para la presentación de recursos.

73. De conformidad con el artículo 245 de la LEC, la tasación de costas podrá ser impugnada en el plazo máximo de: a) Tres días. b) Cinco días. c) Diez días. d) Veinte días.

74. La inspección ordinaria de los Registros Consulares se ejercerá por: a) El Ministerio de Justicia. b) El Director General de los Registros y del Notariado. c) El Jefe de la Misión Diplomática. d) Un funcionario diplomático o consular.

75. ¿En qué plazo son recurribles en vía gubernativa las decisiones del encargado del Registro, de acuerdo con la Ley de 8 de junio de 1957 sobre el Registro Civil?. a) 15 días. b) 30 días. c) 5 días. d) 10 días. ANULADA.

76. La anotación caducará, según el artículo 150 del Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el reglamento de la ley del registro civil: a) La anotación no caduca. b) A los tres años. c) A los cinco años. d) A los cuatro años.

77. El registro civil tiene restringida su publicidad para: a) Las declaraciones de incapacidad. b) La filiación adoptiva. c) El matrimonio civil. d) Las declaraciones de concurso.

78. Según el artículo 12 de la LECrim, los autos de inhibición dictados por los jueces de instrucción de la jurisdicción ordinaria, tan pronto les conste que la jurisdicción especial competente instruye causa sobre el mismo delito: a) No son recurribles. b) Son apelables ante el Tribunal Superior de Justicia. c) Son recurribles en reforma. d) Son apelables ante la respectiva Audiencia.

79. La competencia territorial, en el caso de que se trate de delitos cuya instrucción o conocimiento corresponda al juez de violencia sobre la mujer, vendrá determinada con carácter general, sin perjuicio de la adopción de orden de protección o medidas urgentes: a) Por el lugar de comisión del hecho delictivo. b) Por el lugar del domicilio de la víctima. c) Por el lugar del domicilio del investigado. d) Por el lugar del último domicilio conyugal.

80. Según el artículo 16 de la LECrim, sin perjuicio de las excepciones legalmente establecidas, con carácter general: a) La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. b) La jurisdicción especial será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a la jurisdicción ordinaria, aun cuando los demás sean aforados. c) La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, aunque ninguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. d) La jurisdicción especial será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que ninguno esté sujeto a ella, y ninguno de los demás sean aforados.

81. Si la víctima de un delito no hubiera renunciado a su derecho y se persona una vez transcurrido el término para formular escrito de acusación. a) Podrá ejercitar solamente la acción civil, hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas. b) Podrá ejercitar la acción penal, hasta el inicio del juicio oral adhiriéndose al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas. c) Podrá ejercitar la acción penal, hasta el inicio del juicio oral sin necesidad de adherirse al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o del resto de las acusaciones personadas. d) Ya no podrá ejercitar la acción penal, toda vez que el plazo para ello ha precluido.

82. Según el artículo 112 de la LECrim, si se hubiere renunciado previamente a la acción civil, si las consecuencias del delito son más graves de las que se preveían en el momento de la renuncia, o ésta pudo estar condicionada: a) Se podrá revocar la renuncia por resolución judicial, a solicitud de la persona dañada o perjudicada, oídas las partes, siempre que se formule antes del trámite de calificación de delito. b) No se podrá revocar la renuncia, toda vez que constituye un acto personalísimo. c) Se podrá revocar la renuncia por resolución judicial, a solicitud de la persona dañada o perjudicada sin que sea necesario oír a las partes, siempre que se formule antes del trámite de calificación de delito. d) Se podrá revocar la renuncia por resolución judicial, a solicitud de la persona dañada o perjudicada, oídas las partes, siempre que se formule antes del trámite de la vista.

83. Si se ejercita sólo la acción civil que nace de un delito perseguible por querella particular y se renuncia a la misma: a) No se extingue la acción penal. b) Se extingue desde luego la acción penal. c) Se extingue la acción penal, sólo si el Ministerio Fiscal informa favorablemente. d) No se extingue la acción penal si el Ministerio Fiscal informa favorablemente.

84. De conformidad con el artículo 518 de la LECrim, los autos en que se decrete o deniegue la prisión o excarcelación: a) No son recurribles. b) Son apelables en ambos efectos. c) Son apelables en el efecto devolutivo. d) Son apelables en el efecto suspensivo.

85 El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros, así como su apertura y examen, con carácter general, por un plazo de: a) Hasta tres meses prorrogables por iguales o inferiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses. b) Hasta seis meses prorrogables por iguales o inferiores períodos hasta un máximo de doce meses. c) Hasta tres meses prorrogables por iguales períodos hasta un máximo de doce meses. d) Hasta seis meses prorrogables por iguales períodos hasta un máximo de dieciocho meses.

86 De acuerdo con el artículo 588 septies c de la LECrim, la duración máxima de la medida relativa a registros remotos sobre equipos informáticos será de: a) Un mes, sin que exista posibilidad de prórroga. b) Tres meses, prorrogables por iguales períodos hasta un máximo de seis meses. c) Un mes, prorrogable por iguales períodos hasta un máximo de tres meses. d) Tres meses, sin que exista posibilidad de prórroga.

87. Abierto el juicio oral, ¿qué plazo establece el artículo 649 de la LECrim para que el Ministerio Fiscal y/o el acusador privado, en los casos que proceda, califique por escrito los hechos?. a) Tres días. b) Diez días. c) Siete días. d) Cinco días.

88. En los artículos de previo pronunciamiento, según el artículo 672 de la LECrim: a) Se admitirán todos los medios de prueba previstos en la LECrim. b) No se admitirá la prueba testifical. c) No se admitirá la prueba pericial. d) Se admitirá sólo la prueba documental.

89. Según el artículo 723 de la LECrim, la sustanciación de los incidentes de recusación de los peritos tendrá lugar precisamente: a) En el tiempo que media desde la admisión de las pruebas propuestas po r las partes hasta la apertura de las sesiones. b) Durante el acto de la vista, como cuestión previa. c) En el período que media desde el escrito de acusación hasta el dictado del auto de apertura de juicio oral. d) En cualquier momento, siempre que se realice antes de la celebración de la vista.

90. Contra los autos del artículo 748 de la LECrim que acuerden la suspensión del juicio oral: a) Cabe recurso de reforma. b) No cabe recurso. c) Cabe recurso de apelación. d) Cabe recurso de queja.

91. Si la urgencia lo requiere, la citación para juicios rápidos realizada por Policía Judicial podrá efectuarse. a) Por cualquier medio de comunicación, salvo verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido escrito en el acta. b) Por cualquier medio de comunicación, salvo por vía telemática, sin perjuicio de dejar constancia en el atestado. c) Por cualquier medio de comunicación, incluso verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia de su contenido en el acta. d) Por escrito y en cualquier idioma, salvo verbalmente, sin perjuicio de dejar constancia fehaciente de su contenido en el atestado.

92. Dispone el artículo 22 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, que el magistrado-presidente, señalada vista de la excusa, advertencia o recusación, citando a las partes y practicadas las diligencias propuestas, resolverá: a) Dentro del día siguiente. b) Dentro de los tres días siguientes. c) Dentro de los cinco días siguientes. d) Dentro de los diez días siguientes.

93. De conformidad con la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en relación con el artículo 15 bis de la LECrim, en el caso de que se trate de algunos de los delitos cuya instrucción o conocimiento corresponda al juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada: a) Por el lugar del domicilio de la víctima, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes qu e pudiera adoptar el juez del lugar de comisión de los hechos. b) Por el lugar del domicilio donde fuere detenido el agresor, sin perjuicio de la adopción de la orden de protección, o de medidas urgentes que pudiera adoptar el juez del lugar de comisión de los hechos. c) Por el lugar de comisión del delito, salvo para la adopción de la orden de protección o de medidas urgentes que pudiere adoptar el juez de guardia. d) Por el lugar que manifieste la víctima, sin perjuicio de la orden de protección o de medidas urgentes que pudiere adoptar el juez del lugar del domicilio del agresor.

94. Las medidas restrictivas de derechos del artículo 68 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, deberán adoptarse mediante auto motivado: a) No siendo necesaria la intervención del Ministerio Fiscal y debiendo respetar los principios de legalidad y tutela judicial efectiva. b) En todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios de contradicción, audiencia y defensa. c) En todo caso, con intervención del Ministerio Fiscal y respeto de los principios acusatorio, de legalidad y proporcionalidad. d) No siendo necesaria en determinados casos la intervención del Ministerio Fiscal y debiendo respetar los princi pios de contradicción y tutela judicial efectiva.

95. De conformidad con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, las acciones u omisiones imprudentes: a) No podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado. b) Podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado. c) Deberán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado. d) No podrán ser sancionadas con trabajos en beneficio de la comunidad.

96. Según la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, un delito grave sancionado en el Código Penal con pena superior a diez años, prescribirá: a) A los tres años. b) A los cinco años. c) A los dos años. d) A los diez años.

97. De conformidad con el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, la medida de permanencia de fin de semana prescribirá: a) A los tres años. b) A los dos años. c) A los seis meses. d) Al año.

98. Señale la respuesta incorrecta en relación con la sentencia dictada en los procesos por delitos leves regulados en la LECrim: a) Se notificará a los ofendidos y perjudicados por el delito leve, aunque no s e hayan mostrado parte en el procedimiento. b) Puede ser recurrida en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación. c) Contra la sentencia que se dicte en segunda instancia cabe recurso de queja. d) Contra ella cabe recurso de apelación.

99. Sobre el recurso de revisión de sentencias firmes regulado en los artículos 954 y siguientes de la LECrim: a) La Sala, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes, autorizará o denegará la interposición del recurso. b) El auto que deniegue la interposición del recurso no es susceptible de recurso alguno. c) Autorizado el recurso, el promovente dispondrá de veinte días para su interposición. d) La Sala no podrá ordenar la práctica de diligencias.

100. En relación con los recursos que cabe interponer contra las resoluciones del juez de Vigilancia Penitenciaria. a) Las resoluciones del juez de Vigilancia Penitenciaria en materia de ejecución de penas serán recurribles en apelación ante el superior jerárquico. b) Las resoluciones del juez de Vigi lancia Penitenciaria en lo referente al régimen penitenciario serán recurribles en apelación ante el tribunal sentenciador. c) Contra las resoluciones del juez de Vigilancia Penitenciaria en que se deniegue la admisión de un recurso de apelación, no cabe recurso. d) Contra todos los autos que dicte el juez de Vigilancia Penitenciaria cabe recurso de reforma.

101. De acuerdo con el artículo 105 de la LJCA, son causas de utilidad pública o de interés social para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme: a) El peligro cierto de alteración muy grave del libre ejercicio de los derechos fundamentales. b) El peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos. c) El temor fundado de conflicto armado o el quebranto de la soberanía nacional. d) El temor fundado de revueltas y/o violencia callejera grave.

102 Del enjuiciamiento de las acciones civiles y penales, respectivamente, dirigidas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte, conocerá. a) La Sala Primera y Segunda del Tribunal Supremo. b) La Sala Segunda y Tercera del Tribunal Supremo. c) La Sala Primera y Tercera del Tribunal Supremo. d) Las Salas Segunda y Quinta del Tribunal Supremo.

103. Conforme el artículo 53 de la LEC cuando se ejerciten conjuntamente varias acciones frente a una o varias personas será tribunal competente, el del lugar correspondiente: a) A la acción que sea de fundamento de las demás; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente. b) A aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas; en su defecto, el del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción que sea de fundamento de las demás. c) A la acción que sea de fundamento de las demás; en su defecto, aquel del lugar que corresponda a la acción más importante cuantitativamente y, en último término, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas. d) A la acción más importante cuantitativamente; en su defecto, aquel que deba conocer del mayor número de las acciones acumuladas y, en último término, el del lugar que corresponda a la acción que sea de fundamento de las demás.

104 De conformidad con el artículo 334 de la LECrim, la persona afectada por la incautación de armas, instrumentos o efectos del delito. a) Podrá recurrir el auto que notifica la adopción de la medida en cualquier momento ante el juez de instrucción. b) Podrá recurrir el decreto que notifica la adopción de la medida en cualquier momento ante el juez de instrucción. c) No podrá recurrir la resolución judicial. d) Podrá recurrir en el plazo máximo de los tres días siguientes el auto que notifica la medida ante el juez de instrucción.