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En cuanto al recurso potestativo de reposición, el artículo 123 de la ley 39/2015 prevé que. Los actos administrativos que ponga fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso- administrativo. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el órgano superior que los hubiera dictado de ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Todas las respuestas anteriores son falsas.

El plazo para interponer recursos de alzada es: Será de un mes, si el acto no fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a los todos los efectos. Será de un mes, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Será de 30 días, si el acto fuera expreso. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos. Todas las respuestas anteriores son falsas.

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados 4 y 5 del artículo 32, salvo que la sentencia disponga otra cosa, serán indemnizables los daños producidos en el plazo de: Los 2 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea. Los 5 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea. Los 2 años posteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea. Los 5 años anteriores a la fecha de la publicación de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carácter de norma contraria al derecho de la Unión Europea.

La indemnización de las lesiones producidas al particular ser calculará: Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa y demás normas aplicables. Ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. Todas son correctas.

La cuantía de la indemnización se calculará con referencia a: El día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado por el centro de investigaciones sociológicas, y de intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. La fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad sin perjuicio de su actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al índice de garantía de la competitividad, fijado por el centro de investigaciones sociológicas, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. El día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al índice de garantía de competitividad como fijado por el instituto Nacional de estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada. Todas son correctas.

Ponen fin a la vía administrativa (señala la incorrecta): La resoluciones de los recursos de alzada. La resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2. La resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico , en todo caso. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que contengan la consideración de finalizar finalizadores del procedimiento.

Ponen fin a la vía administrativa (señala la incorrecta): La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, siempre que se derive de la relación pública. La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora a lo que se refiere el artículo 90.4. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. Ninguna es incorrecta.

En el ámbito estatal ponen fin a la vía administrativa (señala la incorrecta): Los actos y resoluciones emanados de los ministros y los secretarios de estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares. Los actos y resoluciones emanados de los órganos directivos con nivel de director general o superior, en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. En los organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la administración general del estado, los actos y resoluciones emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o colegiados, de acuerdo con lo que establezca sus estatutos, salvo que por ley se establezca otra cosa. Los actos administrativos de los miembros y órganos que no pertenezcan al gobierno.

La interposición de recurso deberá expresar (señala la incorrecta): El nombre y apellido del recurrente, así como la identificación personal del mismo. El acto que se recurre, la razón de su impugnación y la legislación en que se base el recurso. Lugar, fecha, firma de recurrente, identificación del medio y, en caso, del lugar que se señale a efectos de notificaciones. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.

Como contenido necesario y especifico del escrito de recurso: Debe identificarse claramente el acto que se recurre y la razón de su impugnación. Habrán de consignarse, además, las demás peculiaridades que puedan exigir las disposiciones específicas de cada recurso. No exige el indicado que se exprese el tipo de recurso que se presenta, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Todas son correctas.

Serán causas de inadmisión del recurso las siguientes (señala la incorrecta): Ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma administración pública. Carecer de legitimación el recurrente. Tratarse de un acto no susceptible de recurso o haber transcurrido el plazo para su interposición. Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público y siempre que exista acuerdo con el interesado, la indemnización procedente podrá: Sustituirse por una compensación en especie. Será abonada mediante pagos periódicos. Sustituirse por una compensación variable y diferida. Sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos.

Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial, los particulares exigirán: Directamente a la administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicio causados por las autoridades y personal a un servicio. Directamente a las autoridades y personal al servicio de la administración pública de las indemnizaciones por los daños y perjuicio que hayan ocasionado. Indiferentemente a la administración pública correspondiente o a las autoridades y personal a su servicio las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por estas últimas. Ninguna es correcta.

La administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de sus autoridades y demás personas a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia grave: De oficio en vía penal, previa instrucción del correspondiente procedimiento. De oficio en vía administrativa, posteriormente a la instrucción del correspondiente procedimiento. De oficio en vía administrativa, previa instrucción del correspondiente procedimiento. De oficio en vía penal, posteriormente a la instrucción del correspondiente procedimiento.

Para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades al servicio de la administración, y en su caso, para su cuantificación, se ponderará: (señala la incorrecta): El resultado dañoso producido. El grado de culpabilidad. La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. La reincidencia en el acto doloso.

Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública, el plazo para realizar ALEGACIONES será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública como el plazo para la práctica de las PRUEBAS será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública el plazo para la AUDIENCIA será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refiere los artículos 106 y 107: No se podrá suspender la ejecución del acto. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuándo esta pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación. Cualquier órgano administrativo superior podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación. El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad podrá suspender la ejecución del acto, cuando lo estime conveniente.

Las administraciones públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables: En cualquier momento. Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad. En los primeros 10 días del acto.

Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables siempre que tal revocación (señala la incorrecta): Constituya dispensa o exención permitida por las leyes. No se haga contraria al principio de igualdad o al interés público. No sea contraria al ordenamiento jurídico. Ninguna es correcta.

Las administraciones públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos: Mientras no haya transcurrido el plazo de preinscripción, de oficio. En cualquier momento, de oficio. Mientras no haya transcurrido el plazo de preinscripción, de oficio o a instancia de los interesados. En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los datos administrativos nulos y anulables: El consejo de ministros, respecto de sus propios actos y disposiciones y de los actos y disposiciones dictados por los ministros. En la administración general del estado, los ministros respecto de sus actos y disposiciones de los secretarios de estado y de los dictados por órganos directivos de su departamento no dependientes de una secretaría de estado. En la administración general del estado, los secretarios de estado, respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes. Todas son correctas.

En el ámbito estatal, serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos administrativos nulos y anulables como en los organismos públicos y entidades derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del Estado: Los órganos a los que estén adscritos los organismos públicos y entidades de derecho público, respecto de los órganos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. Los máximos órganos rectores de los organismos públicos y entidades de derecho público como al respecto de los actos y disposiciones dictados por los órganos de ellos dependientes. A y B son correctas. A y B son incorrectas.

La interposición de cualquier recurso: Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, suspenderá la ejecución del acto impugnado. No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.

El órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría el interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando: La ejecución pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación. La impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 47.1 de esta ley. A y B son correctas. A y B son incorrectas.

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la administración u organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto en el plazo de: 1 mes (se produce silencio positivo). 2 meses (se produce silencio positivo). 3 meses (se produce silencio positivo). 6 meses (se produce silencio positivo).

Según la ley 39/2015, 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de la administración públicas podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión: Contra actos firmes, cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. Contra actos firmes, que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia y se haya declarado asi en virtud de sentencia judicial firme. Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurra, entre otras circunstancias, que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. Todas son correctas.

El plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión, cuando al dictar el acto se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, es de: Dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de dos años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de un mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución impugnada. Dentro del plazo de cinco años siguientes a la ficha de notificación de la resolución impugnada.

Contra la resolución de un recurso de alzada, de acuerdo con la ley 39/2015. No cabrá en ningún otro recurso administrativo. No cabrá habrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el art. 125.1 LPAC. Sólo cabrá recurso de súplica. Sólo cabrá recurso de queja.

Contra la resoluciones y determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta ley podrán imponerse por los interesados: El recurso de alzada. Los recursos de alzada y potestativo de reposición. Los recursos de alzada y extraordinario de revisión. Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.

La leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en su puesto o ámbito sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos: De impugnación. De reclamación y conciliación. De meditación y arbitraje. Todas son correctas.

Actos que no ponen fin a la vía administrativa (actos recurribles) se puede interponer recurso de alzada: Deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. Actos administrativos definitivos, resoluciones que ponen fin al procedimiento resolviendo una instancia. Los que determinan imposibilidad de continuar el procedimiento, imposibilidad definitiva. Todas son correctas. Los que producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos de intereses legítimos.

Señala la correcta: Contra la disposición administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. ambas son correctas. Las reclamaciones económico-administrativas se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica. ambas son incorrectas.

El recurso extraordinario de revisión procederá: Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.1. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1. Contra los actos que no sean firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 120.1. Contra los actos firmes en vía administrativa cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.1.

Respecto al procedimiento por la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública, el plazo para la formulación de la PROPUESTA de resolución será de: 5 días desde la finalización del trámite de audiencia. 10 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. 5 días desde la finalización de la práctica de las pruebas. 10 días desde la finalización del trámite de audiencia.

Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública, el plazo para la RESOLUCIÓN por el órgano competente será de: 5 días. 10 días. 15 días. 20 días.

Respecto al procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administraciones públicas, la resolución declaratoria de responsabilidad: Pondrá fin a la vía administrativa. No se pondrá fin a la vía administrativa. Pondrá fin a la vía administrativa en determinados casos. Ninguna es correcta.

Se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente: La responsabilidad penal del personal al servicio de las administraciones públicas. La responsabilidad civil derivada del delito. A y B son correctas. A y B son incorrectas.

La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas: Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal será necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

Los recursos de alzada y reposición tienen carácter de: Recursos excepcionales. Recursos ordinarios. Recursos especiales. Recursos directos.

De conformidad con el artículo 114 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ponen fin a la vía administrativa: La resoluciones de los recursos de alzada. La resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que la ley establezca lo contrario. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. Todas las respuestas son correctas. Las resoluciones de los procedimientos que se refiere el art.112.2. Las demás resoluciones de órganos administrativos, cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos del artículo 47.1. En cualquier momento anterior al trámite de audiencia, por iniciativa propia, y previo dictamen favorable del consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable el consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento anterior del trámite de audiencia, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad Autónoma, si lo hubiere. En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad autónoma, si lo hubiere.

Las Administraciones Públicas podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el artículo 47.2: De oficio o a solicitud del interesado como previo dictamen favorable del consejo u órgano consultivo equivalente de la comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable o no del consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio, previo dictamen favorable del consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad Autónoma si lo hubiere. De oficio o a solicitud del interesado, previo dictamen favorable o no del consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad Autónoma si lo hubiere.

El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar dictamen del consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuándo: La misma no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1. Carezca manifiestamente de fundamento. En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. Todas son correctas.

Respecto a la revisión de disposiciones y actos nulos cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurrido del plazo: De 1 mes desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 2 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 3 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. De 6 meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.

Respecto a revisión de disposiciones y actos nulos si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución: Se producirá la invalidez del mismo. Se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo. Se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo. Se producirá la caducidad del mismo.

Interpuesto un recurso de alzada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución, se un establece la ley 39/2015 como será de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 4 meses.

El recurso de reposición, si el acto no fuera expreso, podrá interponerse, de acuerdo con lo dispuesto por la ley 39/2015: En cualquier momento. En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En cualquier momento a partir del día en que coma de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Nada dice la LPAC al respecto, olvido que ha sido denunciado doctrinalmente.

Interpuesto un recurso de reposición, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será según establece la ley 39/2015, de: 1 mes. 2 meses. 3 meses. 4 meses.

El recurso de alzada podrá fundarse, según dispone el artículo 112 de la ley 39/2015: En cualquiera de los motivos de nulidad previstos en el artículo 47 de dicha ley. En cualquiera de los motivos de anulabilidad previstos en el artículo 48 de dicha ley. En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previsto en los artículos 47 y 48 de dicha ley. Ninguna es correcta.

Contra los actos firmes envía administrativa podrá interponerse el recurso de revisión, según la ley 39/2015. De carácter extraordinario. Ante el órgano administrativo que los dictó. Son correctas ambas. Ninguna de las anteriores correcta.

Según el artículo 112.3 de la ley 39/2015, contra las disposiciones administrativas de carácter general: No cabe recurso de alzada. No cabrá recurso en vía administrativa. Cabe recurso potestativo de reposición. Se podrá interponer recurso de alzada o reposición.

Las administraciones públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: Los actos favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos no favorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público. Los actos no favorables para los interesados que no sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previo a su declaración de lesividad para el interés público.

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido: 6 meses desde que se dictó el acto administrativo. 1 año desde que se dictó el acto administrativo. 2 años desde que se dictó el acto administrativo. 4 años desde que se dictó el acto administrativo.

La declaración de lesividad: Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo. Requerirá previo dictamen favorable del consejo de estado u órgano consultivo equivalente de la comunidad Autónoma, si lo hubiere. Exigirá la oportuna autorización por el órgano competente en materia de hacienda pública. Requerirá en todo caso la aprobación expresa del consejo del ministro u órgano equivalente de las comunidades autónomas.

La declaración de lesividad: Podrá ser objeto de los recursos que se estimen pertinentes. Podrá ser recurrible en alzada. Podrá ser recurrible potestativo en reposición. No será susceptible de recurso.

Se producirá la caducidad del mismo cuando desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad hubieran transcurrido: 3 meses. 6 meses. 2 años. 6 años.

Respecto a la declaración de lesividad (señale la incorrecta): Podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos. Si el acto proviniera de la administración General del Estado, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de la administración competente en la materia. Si el acto proviniera de la Comunidad Autónoma, la declaración de lesividad se adoptará por el órgano de cada Administración competente en la materia. Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración local, la declaración de lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en efecto de este, por el órgano colegiado inferior de la entidad.